Todos los de la red que vendía lotes para urbanizaciones ilegales en Bogotá fueron a prisión.

 

Tras largas jornadas de judicialización, un juez cobijó con medida de aseguramiento a 16 de los 18 miembros de la banda ‘los Tierreros’ –dos ya estaban en la cárcel por otros delitos–, quienes, según la Fiscalía, estafaron a unas 1.200 familias a través de la venta ilegal de lotes para construcciones piratas en el sur de Bogotá.

 

Las investigaciones adelantadas por la Sijín de la Policía y la Fiscalía permitieron establecer el papel de cada uno de los integrantes de esta red, que actuaba desde el 2006 mediante la apropiación ilegal de hectáreas de la hacienda Los Molinos, situada en la localidad de Rafael Uribe, y dividida en dos grandes sectores: La Laguna y La Ladrillera.

 

Producto de estas acciones ilegales, 160 familias que estaban en 87 viviendas de la urbanización ilegal fueron desalojadas en enero del 2012. El Distrito ha entregado 50 casas en Bosa y Usme y las otras 37 están en proceso de entrega, gracias a una orden de reubicación de la Corte Constitucional.

 

Los movimientos ilegales

 

Las pruebas documentales y múltiples testimonios sitúan en la cabeza del organigrama a Héctor Hernando García Ruiz, alias el ‘Sargento’ (exmiembro de las Fuerzas Militares), quien, según los expedientes, era el encargado de planear las apropiaciones falsas de los terrenos a través de la intimidación a los cuidanderos de las tierras.

 

En compañía de Iván Olimpo Garzón y Luis Álvaro Hernández Parrado, alias ‘Barbas’ (también preso por tentativa de homicidio), al parecer obligaban a los vigilantes de los terrenos a firmar documentos de compraventa que les cedía a ellos los derechos de posesión de cerca de 13 hectáreas. Lo anterior, con la intención de presentar estos papeles en caso de eventuales órdenes de desalojo, lo cual les daba tiempo de seguir actuando mientras se verificaba la veracidad de los documentos.

 

Posteriormente, entraban al organigrama los topógrafos, quienes, de acuerdo con las indagaciones, eran los encargados de hacer los planos y de lotear los terrenos que después iban a ser vendidos: José Fernando Valero Gutiérrez y Moisés Bernal Collazo. Cada lote tenía un precio de entre 5 y 16 millones de pesos. La misión de digitalizar los planos estaba en manos del ingeniero de sistemas César Augusto Vega, quien también vendía lotes.

 

Para llevar la contabilidad de los negocios ilegales, ‘los Tierreros’ contaban con María Doris Novoa. Esta mujer, según la Sijín, lideraba las reuniones entre los socios de los predios ilegales y cobraba cuotas a los compradores de las tierras para supuestos gastos de maquinaria y combustible. La otra mujer capturada es Carmen Elisa Morales Gallo, accionista y presuntamente una de las encargadas de amenazar a los cuidanderos contratados por los dueños reales de la hacienda Los Molinos, de acuerdo con la Policía.

 

Las trabas

 

Con el ánimo de despistar a las autoridades, ‘los Tierreros’ fingían traspasos entre ellos mismos. La Sijín señala a José William Peña, Luis Jairo Bohórquez Vergara, Rodrigo Arcila Guevara y Félix Bermúdez Roldán como los responsables de firmar promesas de compraventa como si fueran dueños de las tierras. Este último iba a las notarías para autenticar los papeles. Y como nuevos ‘propietarios’ de los lotes figuraban nombres como Joaquín Espitia y Jorge Édison Uscátegui, alias el ‘Mono’.

 

Justamente, el refuerzo de esta estrategia estaba en manos de Carmen Julio Soledad, quien decía ser abogado. Él radicaba los falsos procesos de pertenencia en juzgados e inspecciones de Policía y cobraba por tramitar las falsas escrituras. Asimismo, el jurista Argemiro Sarta elaboraba falsas promesas de compraventa, según la Fiscalía. Finalmente, en la red también aparecen Orlando Barinas Ríos y Ángel María Hernández, quienes habrían cobrado comisiones por las ventas de los lotes.

 

Tres, a casa por cárcel

 

Las capturas de ‘los Tierreros’ se efectuaron en Bogotá, Cali, Fusagasugá (Cundinamarca) y en el Meta. De ellos cinco aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía: Iván Olimpo Garzón, María Doris Novoa Reina, Félix Bermúdez Roldán, Carmen Elisa Morales y Moisés Bernal Collazo.

 

Todos fueron enviados a la cárcel, excepto María Doris Novoa, José Fernando Valero Gutiérrez y Orlando Barinas Ríos, a los que el juez les otorgó detención domiciliaria. La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa, hurto, fraude procesal, urbanización ilegal, fraude a resolución judicial, falsedad en documento privado e invasión de tierras. De ser hallados culpables pagarían entre 8 y 16 años de cárcel.

 

 

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El Tiempo

Página Web - 2014/03/06

Fuente: http://www.eltiempo.com

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Esteban Barros confiesa que después de la tragedia del edificio Space en El Poblado, de Medellín, no duerme tranquilo porque en su apartamento, comprado a la constructora CDO, en el Parque Residencial Alcalá en el municipio de Bello, le están apareciendo fisuras y en uno de los parqueaderos de la unidad no se pueden estacionar carros, porque se nota un hundimiento.

 

Seis pisos más arriba del de Esteban, la familia de Sara Zabala vive la misma pesadilla al ver las grietas en su vivienda que día a día, según ella, se agrandan y aparecen unas nuevas. Ambos clientes de CDO confiesan que están asustados.

 

Este proyecto, ubicado en la vía vieja a Machado, en Bello, una vez fue terminada la mitad de la primera de 4 torres dobles proyectadas, de 19 pisos y 70 apartamentos cada una, empezó a ser ocupado, en obra negra, por 14 familias en julio de 2013. Luego llegaron otras 8, que aunque se les recomendó no habitarlos, lo hicieron porque no tenían como pagar el arriendo en otra parte ni las cuotas al banco.

 

Estas personas, en principio, el único inconveniente que notaron fue el del desnivel de los pisos. Luego aparecieron las fisuras y de ellas les informaron a los ingenieros de la obra, quienes dijeron que se trataba de un asentamiento normal.

 

Pero el drama apareció el 12 de octubre de 2013 cuando se cayó la torre 6 de Space, también edificada por CDO.

 

Por eso informaron de lo que estaba pasando a la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio de Bello, que envió ingenieros, quienes determinaron clausurar el parqueadero del primer piso, porque notaron que las losas, al parecer, no cumplían con las normas de construcción y ordenaron que allí no se estacionaran carros y, además, no se podía seguir ocupando el edificio, hasta que se hicieran los estudios de patología por parte de CDO.

 

Esteban, quien representa a las 22 familias, dijo que están esperando los resultados y si se comprueban las fallas, no aceptarán una repotenciación.

 

Nicolás Rave, director de Gestión del Riesgo de Bello, indicó que no pueden hacer nada, porque la unidad no la han entregado, pero Planeación ordenó suspender la ocupación, hasta tanto se conozcan los estudios estructurales.

 

Una secretaria de Bepamar CDO S.A.S. dijo que nos comunicaría con la ingeniera encargada de la obra, pero al cierre de esta edición no fue posible hablar con ella.

 

 

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RODRIGO MARTÍNEZ ARANGO / El Colombiano

Página Web - 2014/03/05

Fuente: http://www.elcolombiano.com

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Dijo el gerente de Aguas de Manizales frente al caso de 97 familias que viven sin el vital líquido.

 

El gerente de Aguas de Manizales, Juan David Arango, aseguró que, técnicamente, sí es posible no solo implementar los servicios de acueducto y alcantarillado en el barrio Bajo Villa Jardín, sino también “reducir la condición del riesgo”.

 

“Va a ser importante como argumento paralelo a la sentencia jurídica (que ordenó la reubicación de las familias o su desalojo), además del ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que definiría con mayor claridad esas zonas”, añadió Arango.

 

Sin embargo, el funcionario aclaró que antes de tomar cualquier decisión sobre este predio, propiedad de la Caja de la Vivienda Popular (CVP) en Manizales, y que 97 familias invadieron hace 17 años, “hay que superar ese obstáculo jurídico, nosotros no podríamos entrar a contradecir un fallo”.

 

Se estima que las obras tendrían un costo de 770 millones de pesos, 200 para el acueducto y 570 para el alcantarillado. “Esto no es muy complejo, y la zona tiene una condición topográfica favorable”, explicó el gerente.

 

Para el sábado 15 de marzo está planeada la próxima visita de Aguas de Manizales al barrio “para mostrarle a la comunidad que el proyecto es viable técnicamente. Además, porque nos angustia que la gente no pueda tener agua, eso genera problemas sociales y de salud”.

 

Pero el caso del barrio Bajo Villa Jardín no es el único en Manizales.

 

De hecho, según el último censo que tiene la empresa Aguas de Manizales, en la ciudad hay unas 6.000 familias que viven en zonas de invasión, de alto riesgo o mitigable, “y gran la mayoría tampoco tiene servicio de acueducto”, dijo Arango.

 

Para la profesional delegada del medio ambiente en la Personería de Manizales, Tulia Hernández, esto no solo es un problema entre el municipio o un privado y un grupo de ciudadanos, “nos enfrentamos a un tema de vulnerabilidad de las familias que carecen de un techo (…) habría que preguntarse si el municipio está atendiendo esa demanda”.

 

Añadió que en la Personería hay un expediente con varios casos de invasión, como en Granjas de Estambul, el bajo Sinaí, El Cafetal, El Potrerillo y Mateguadua.

 

 

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El Tiempo

Página Web - 2014/03/06

Fuente: http://www.eltiempo.com

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Los afectados de la zona rural y urbana necesitan tejas de zinc para arreglar las casas.

 

El fuerte vendaval que se registró en Quípama dejó sin techo a 32 familias del casco urbano, media casa sepulta en la vereda Hachita y sin agua a toda población.

 

El aguacero también generó el cierre de la vía Quípama - Pacho; Quípama Otanche y con una retroexcavadora intentan dar paso en la zona.

 

“Por el momento los afectados permanecen en la casa de familiares mientras llegan las ayudas del Gobierno departamental, pues se necesitan frazadas, colchonetas, alimentos y tejas de zinc, además del suministro de gasolina para la maquinaria”, explicó Juan Bustos Coronado, secretario de Gobierno de Quípama.

 

Ante la situación, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se reunió para definir una serie de tareas que les permita identificar a los afectados de la zona rural.

 

“Con el apoyo de la Defensa Civil, la Policía y el Concejo nos desplazaremos a las veredas El Parque, Itoco Norte y Sur, Palmar, Macanal, Humbo y Hachita para realizar un censo”, comentó el secretario de Gobierno de esa población.

 

Por su parte Alirio Rozo Millán, director del Comité Departamental del Riego aseguró que le enviarán combustible a Quípama y al municipio de La Victoria, que también resultó afectado con el invierno para que puedan trabajar con la maquinaria del municipio y de esa manera habilitar el paso de las vías que quedaron tapadas por los derrumbes.

 

“Estamos en toda la disposición para prestarle ayuda a estas dos poblaciones en materia de combustible y las ayudas humanitarias que requieran”, indicó Alirio Rozo Millán.

 

 

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El Tiempo

Página Web - 2014/02/25

Fuente: http://www.eltiempo.com

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