Todos los de la red que vendía lotes para urbanizaciones ilegales en Bogotá fueron a prisión.
Tras largas jornadas de judicialización, un juez cobijó con medida de aseguramiento a 16 de los 18 miembros de la banda ‘los Tierreros’ –dos ya estaban en la cárcel por otros delitos–, quienes, según la Fiscalía, estafaron a unas 1.200 familias a través de la venta ilegal de lotes para construcciones piratas en el sur de Bogotá.
Las investigaciones adelantadas por la Sijín de la Policía y la Fiscalía permitieron establecer el papel de cada uno de los integrantes de esta red, que actuaba desde el 2006 mediante la apropiación ilegal de hectáreas de la hacienda Los Molinos, situada en la localidad de Rafael Uribe, y dividida en dos grandes sectores: La Laguna y La Ladrillera.
Producto de estas acciones ilegales, 160 familias que estaban en 87 viviendas de la urbanización ilegal fueron desalojadas en enero del 2012. El Distrito ha entregado 50 casas en Bosa y Usme y las otras 37 están en proceso de entrega, gracias a una orden de reubicación de la Corte Constitucional.
Los movimientos ilegales
Las pruebas documentales y múltiples testimonios sitúan en la cabeza del organigrama a Héctor Hernando García Ruiz, alias el ‘Sargento’ (exmiembro de las Fuerzas Militares), quien, según los expedientes, era el encargado de planear las apropiaciones falsas de los terrenos a través de la intimidación a los cuidanderos de las tierras.
En compañía de Iván Olimpo Garzón y Luis Álvaro Hernández Parrado, alias ‘Barbas’ (también preso por tentativa de homicidio), al parecer obligaban a los vigilantes de los terrenos a firmar documentos de compraventa que les cedía a ellos los derechos de posesión de cerca de 13 hectáreas. Lo anterior, con la intención de presentar estos papeles en caso de eventuales órdenes de desalojo, lo cual les daba tiempo de seguir actuando mientras se verificaba la veracidad de los documentos.
Posteriormente, entraban al organigrama los topógrafos, quienes, de acuerdo con las indagaciones, eran los encargados de hacer los planos y de lotear los terrenos que después iban a ser vendidos: José Fernando Valero Gutiérrez y Moisés Bernal Collazo. Cada lote tenía un precio de entre 5 y 16 millones de pesos. La misión de digitalizar los planos estaba en manos del ingeniero de sistemas César Augusto Vega, quien también vendía lotes.
Para llevar la contabilidad de los negocios ilegales, ‘los Tierreros’ contaban con María Doris Novoa. Esta mujer, según la Sijín, lideraba las reuniones entre los socios de los predios ilegales y cobraba cuotas a los compradores de las tierras para supuestos gastos de maquinaria y combustible. La otra mujer capturada es Carmen Elisa Morales Gallo, accionista y presuntamente una de las encargadas de amenazar a los cuidanderos contratados por los dueños reales de la hacienda Los Molinos, de acuerdo con la Policía.
Las trabas
Con el ánimo de despistar a las autoridades, ‘los Tierreros’ fingían traspasos entre ellos mismos. La Sijín señala a José William Peña, Luis Jairo Bohórquez Vergara, Rodrigo Arcila Guevara y Félix Bermúdez Roldán como los responsables de firmar promesas de compraventa como si fueran dueños de las tierras. Este último iba a las notarías para autenticar los papeles. Y como nuevos ‘propietarios’ de los lotes figuraban nombres como Joaquín Espitia y Jorge Édison Uscátegui, alias el ‘Mono’.
Justamente, el refuerzo de esta estrategia estaba en manos de Carmen Julio Soledad, quien decía ser abogado. Él radicaba los falsos procesos de pertenencia en juzgados e inspecciones de Policía y cobraba por tramitar las falsas escrituras. Asimismo, el jurista Argemiro Sarta elaboraba falsas promesas de compraventa, según la Fiscalía. Finalmente, en la red también aparecen Orlando Barinas Ríos y Ángel María Hernández, quienes habrían cobrado comisiones por las ventas de los lotes.
Tres, a casa por cárcel
Las capturas de ‘los Tierreros’ se efectuaron en Bogotá, Cali, Fusagasugá (Cundinamarca) y en el Meta. De ellos cinco aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía: Iván Olimpo Garzón, María Doris Novoa Reina, Félix Bermúdez Roldán, Carmen Elisa Morales y Moisés Bernal Collazo.
Todos fueron enviados a la cárcel, excepto María Doris Novoa, José Fernando Valero Gutiérrez y Orlando Barinas Ríos, a los que el juez les otorgó detención domiciliaria. La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa, hurto, fraude procesal, urbanización ilegal, fraude a resolución judicial, falsedad en documento privado e invasión de tierras. De ser hallados culpables pagarían entre 8 y 16 años de cárcel.
El Tiempo
Página Web - 2014/03/06
Fuente: http://www.eltiempo.com