• +58 212 2388195
  • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • Lunes - Viernes 8:00 am - 4:00 pm

En enero de 2014, cuando la crisis del grupo constructor antioqueño CDO se concentraba fundamentalmente en el colapso de la torre 6 de su edificio Space y en la demolición de la torre 5, la atención integral de esa emergencia social y económica comprometía recursos del orden de 62.000 millones de pesos. Sin embargo, cuando las deficiencias estructurales afectaron en total a 11 proyectos, el estimativo de la atención integral de esas contingencias saltó a 220.000 millones de pesos, según el dato revelado el pasado fin de semana a elcolombiano.com por fuentes de la Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo con lo establecido por este diario, el mayor o menor costo de la crisis dependerá de la manera como se resuelvan por la vía judicial o mediante conciliaciones las pretensiones de las partes.

De un lado, el conglomerado empresarial creado por el dirigente conservador, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno, defiende el criterio de que los proyectos afectados pueden repotenciarse o rehabilitarse, llevándolos inclusive no a las normas de sismorresistencia vigentes al momento del diseño de las obras, sino a las exigencias de regulaciones más modernas.

En tal caso, la factura para CDO sería menor, pues cálculos de finales de enero de este año indicaban que la sola repotenciación de los siguientes 10 proyectos costaría del orden de 51.000 millones de pesos: Space, Continental Towers, Asensi, Altos de San Juan 7-23, Alcalá Etapa 1, Punta Luna 3, Acuarela del Norte, Cerezos de Calasania, Colores de Calasania, Punta Luna 1 y San Miguel del Rosario.

Pero otra es la posición de las familias que hoy tienen en vilo la recuperación de sus patrimonios. Por ejemplo, mediante una acción de grupo, presentada a través de Javier Tamayo Jaramillo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia los propietarios de Asensi y Space rechazan la propuesta de rehabilitación de los inmuebles y quieren que les paguen sus propiedades, con todo y perjuicios económicos y morales. En la misma tónica están 64 de las 74 familias residentes de Continental Towers, que acudieron al abogado Fernando Londoño Quijano para que instaure contra CDO un pleito estimado en 22.400 millones de pesos, incluyendo también daños.

Temas de este tenor serán tratados el miércoles, 16 de julio, durante la reunión que en la Alcaldía de Medellín sostendrán las familias afectadas con la Superintendencia de Sociedades, que se ha comprometido a velar por la protección de los activos de CDO para atender las obligaciones con los acreedores.

 


GERMÁN JIMÉNEZ MORALES / El Colombiano

Página Web - 2014/07/14

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Organismos de atención de emergencia y prevención de desastres del departamento evalúan los daños y cuantifican las afectaciones en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó.

 

Más de 1.000 personas damnificadas, decenas de viviendas afectadas y varios árboles caídos fueron algunas afectaciones que generó un vendaval que azotó en las últimas horas a los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó en el Urabá antioqueño.

 

De acuerdo con las autoridades, la población más afectada por el fenómeno fue Apartadó, donde las fuertes lluvias destecharon viviendas, ocasionaron la caída de cerca de 300 árboles y obligaron a suspender el fluido eléctrico municipal tras la caída de varios postes de energía.

 

“Aproximadamente hay 200 familias afectadas, lo que implica que cerca de 1.000 personas resultaron damnificadas; por ello, estamos destinando ayudas humanitarias para los afectados”, explicó a Noticias Caracol Gonzalo Giraldo Aguirre, alcalde de Apartadó.

 

A raíz del vendaval, seis personas tuvieron que ser trasladadas al hospital de Apartadó, mientras que los parques Ortiz y La Martina resultaron averiados por la caída de los árboles.

 

Entretanto, los organismos de socorro adelantan la cuantificación de los daños de cara a hacer el censo oficial de damnificados. Sumado a ello, las autoridades evalúan las pérdidas que dejó el vendaval en las plantaciones bananeras de Apartadó.

 

Asimismo, en el municipio de Carepa dos militares resultaron heridos luego de que les cayera un rayo; mientras que en los corregimientos Río Grande, Nueva Colonia y Currulao en Turbo los organismos de socorro reportaron afectaciones a varias viviendas.

 

 

 


REDACCIÓN NACIONAL / El Espectador

Página Web – 2014/07/10

Fuente: http://www.elespectador.com


La Secretaría de Planeación dio a conocer los pasos a seguir para cumplir con el fallo del Consejo de Estado que ordenó la protección de esta reserva capitalina.

 

Modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), adecuar zonas no ocupadas para recreación, reubicar a las familias residentes en zonas de alto riego y legalizar urbanizaciones son algunas de las acciones que llevará a cabo la administración distrital para acatar la sentencia del Consejo de Estado, que ordenó la protección de los cerros orientales de Bogotá.

 

El plan de acción fue presentado por la Secretaría de Planeación. Allí se expusieron los puntos clave, que se desarrollarán durante los próximos dos años. “Este plan es la segunda parte de las decisiones que ha tomado el Distrito para cumplir con el fallo. Se asignaron las actividades, cada una con una entidad responsable y un cronograma mes a mes”, afirmó Liliana Ospina, Subsecretaria Distrital de Planeación.

 

La primera de ellas será un diagnóstico, que realizará las secretarías distritales de Planeación, Hábitat y Hacienda, para definir la proyección de financiación y el aprovechamiento de las áreas de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones y bosques que actualmente no están ocupadas por asentamientos y que pueden ser aprovechadas para la recreación de los ciudadanos.

 

En segundo lugar, el Distrito hará un seguimiento juicioso de las licencias de construcción que fueron aprobadas en el borde oriental. “Se realizará un análisis de la legalidad de las licencias urbanísticas que están en los cerros orientales. Así se reconocerá cuales pueden seguir adelante con la licencia y en qué casos no”, agregó Liliana Ospina.

 

La reubicación de las familias que viven en zonas de alto riesgo es uno de los puntos prioritarios en este plan de acción. Para 2015 se espera comenzar el traslado de familias cuyas viviendas están en zonas de riesgo o presentan fallas en sus estructuras. Las entidades encargadas de ejecutar esta tarea son el IDIGER (Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático) , la Secretaría de Hábitat y Caja de la Vivienda Popular.

 

Así mismo, se tiene planeado precisar cuál es el límite entre el perímetro urbano y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. En los próximos 18 meses se legalizarán todas las urbanizaciones que colindan con esta zona, para que los propietarios tengan el reconocimiento de sus viviendas y los barrios cuenten con todos los servicios públicos. Quienes no formalicen su situación se verán obligados a asumir las medidas de control, preventivas y policivas, que serán establecidas por la Secretaria de Gobierno y de Hábitat. Por último, las secretarías de Ambiente y Hacienda serán las encargadas de elaborar y ejecutar un proyecto que permita conservar y recuperar todos los recursos hídricos y la biodiversidad que existe en el pulmón de la ciudad.

 

Vale la pena recordar que en noviembre de 2013 el Consejo de Estado expidió un fallo ordenando la protección de los cerros orientales. Con la decisión del alto tribunal quedó resuelta la disputa entre el Ministerio de Ambiente y un grupo de ciudadanos que luchó durante años por preservar este pulmón. En 2005, el Ministerio levantó la reserva de cerca de 1.000 hectáreas de los cerros, en donde ya existían asentamientos. Un año más tarde, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a los ciudadanos y anuló la decisión del Ministerio de Ambiente.

 

El Consejo de Estado, sin embargo, dejó en firme la decisión del Ministerio, argumentando que ya existían 65 barrios construidos en la reserva de 1.000 hectáreas. Dentro de la franja se encuentran urbanizaciones construidas en las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y Chapinero.

 

La zona de conservación se mantuvo en 8.237 hectáreas. Ahora es obligación del Distrito adecuar un POT que sea compatible con el fallo del alto tribunal. En la Secretaría de Planeación evalúan la presentación de una modificación del POT ante el Concejo Distrital en los próximos meses, esto si el Consejo de Estado no levanta la suspensión del POT decretado por el alcalde Gustavo Petro en 2013, el cual sí es compatible con el fallo que ordena la protección de los cerros.

 

 

 


REDACCIÓN BOGOTÁ / El Espectador

Página Web – 2014/07/10

Fuente: http://www.elespectador.com


Encargado de liquidar CDO advirtió que si se demuele Space la negociación será compleja.

 

El panorama para los propietarios de apartamentos de lo que queda del conjunto residencial Space sigue siendo oscuro.

 

Sin lograr un acuerdo con las directivas de CDO, ayer esta empresa inició su liquidación, dentro de la cual declararon la insolvencia financiera.

 

Al frente del proceso está Marco Tulio Zapata, quien para empezar cuestionó la orden de demolición del conjunto decretada por la Alcaldía y aseguró que si esa estructura –evacuada tras el desplome de la torre 6 en octubre pasado– es rehabilitada se pagará el valor de las viviendas y la constructora quedará con ellas. De lo contrario no habría recursos para ejecutar los acuerdos.

 

¿Qué viene al liquidar?

 

Lo que buscamos es, a través del grupo económico, conformar una fiducia para que con un patrimonio autónomo vamos generando los fondos para atender las obligaciones de la sociedad en liquidación.

 

¿Por qué cree que CDO busca desviar sus dineros?

 

No es que se estén desviando dineros. Simplemente la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial para lo cual, como liquidador, voy a atender trámites necesarios de la Ley 1116 que regula el proceso.

En esto daremos un tiempo a las personas que se consideran acreedoras de la sociedad y, una vez se presenten, se solicitará autorización con base en la valoración de activos. Es para saber cómo se cancela.

 

¿Y quién responderá a los propietarios?

 

La sociedad en liquidación no tiene compromiso directo con los compradores de Space porque la empresa vendió esas propiedades hace tiempo y lo que se quiere es que ese patrimonio autónomo adquiera ese derecho a través de las otras firmas conformadas, pero no de la empresa en liquidación.

 

¿Entonces con quién negociarán los afectados?

 

La liquidación va a solicitar autorización a la Superintendencia de Sociedades para adelantar las transacciones y apenas se soliciten los fondos disponibles, con base al patrimonio autónomo constituido, se dará inicio al cumplimiento de la ley.

 

¿Qué pasa si hay implosión?

 

El municipio dice que se debe hacer implosión inmediata de Space. La empresa tiene un concepto técnico de firmas especializadas que dicen que las construcciones se pueden repotenciar.

 

Pero la orden de demoler se basó en el concepto técnico

 

El arreglo inicial al que se había llegado con el municipio es que se permitiría la negociación de todo con base en que, después de que la empresa cancelara las compras de los apartamentos, se podía rehabilitar la estructura. Pero ahora dicen que se tiene que demoler y eso crea una pérdida patrimonial grande.

 

¿Con cuántas personas ha habido acuerdo?

 

Antes del proceso de liquidación se hicieron arreglos, pero varios propietarios solicitaron directamente, a través de un abogado, que se presentara la demanda. Ahora, para hacer una transacción, requiero que primero me autorice la Superintendencia. La sociedad es distinta y por eso el trámite es diferente.

 

¿Están dilatando el proceso?

 

Es un proceso completamente serio y no es cierto lo que dicen algunos propietarios sobre que se está dilatando para sacar dineros al exterior. Doy fe de que se cumplen los compromisos.

 

¿Cuánto deben a afectados?

 

No conozco la parte financiera de la empresa.

 

¿Hay todavía plata para responderle a las personas?

 

Cuando una empresa está en problemas y observa que va a haber cesación de pagos porque ya agotó los recursos propios, solicita la liquidación. Pero para eso se constituyó patrimonio autónomo y esta va a responder con la compra de esos derechos.

 

El problema es que si el Municipio no hace caso a los conceptos técnicos de que la estructura se puede repotenciar, las pérdidas serán demasiado grandes. Otra cosa es restaurar los apartamentos y poner los refuerzos necesarios. Ya la empresa verá que hace con las viviendas.

 

Rechazan intento de rehabilitar el Space

 

La Alcaldía de Medellín se mantuvo en su decisión de demoler las torres 1 a 4 de Space, tal y como lo recomendó la Universidad de los Andes. De hecho, el plazo para que CDO justificará la no presentación del plan de implosión vence hoy.

 

El secretario de Gobierno, Wilson López, fue enfático en afirmar que el desmonte de la estructura lo hará la Alcaldía cuando el Comité de Riesgo lo determine.

 

Entre tanto, Carlos Alberto Ruiz, uno de los propietarios de un apartamento de Space, afirmó que lo que pretenden las directivas de la empresa de la familia Villegas es pagarles un valor irrisorio por las viviendas aprovechándose de que están repotenciadas. Añadió que la determinación de declararse en quiebra es la estrategia de los abogados de la constructora.

 

“Esto será un nuevo caso Interbolsa. Lo que están haciendo es ‘despatrimonializándose’ y ganando tiempo. Pero las autoridades se los han permitido”, anotó Ruiz.

 

La demolición de las 4 fases en pie de Space tendría un costo cercano a los 5.000 millones de pesos y según el liquidador Marco Zapata, la empresa no tendría recursos para pagarla.

 

 

 


VÍCTOR ANDRÉS ÁLVAREZ C. / El Tiempo

Página Web – 2014/07/09

Fuente: http://www.eltiempo.com


El ministro de Vivienda lamentó que CDO no entregara el plan de demolición en los términos de Ley.

 

Con el nuevo incumplimiento de CDO en la entrega del plan para la demolición de las torres 1 a 4 del Space a las autoridades, esa constructora no solo está evadiendo responsabilidades, sino que tendría que asumir sanciones pecuniarias y hasta penales.

 

La firma propiedad de la familia Villegas, tenía plazo hasta el pasado jueves para presentar su propuesta de desmonte de la estructura ante el Inspector de Policía número 14A.

 

Ahora, esta dependencia los notificará del incumplimiento y les dará otros tres días, que vencen el miércoles, para que justifiquen el silencio. Cumplido este último plazo la Alcaldía procederá al desmonte y pasará cuenta de cobro a la constructora.

 

Esa omisión desató el rechazo no solo de los propietarios de viviendas en el conjunto residencial, sino de la Administración y del mismo ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien confesó que desde un tiempo atrás no saben nada de las directivas de la polémica firma.

 

“Lo más idóneo es que CDO pueda implosionar lo que queda del Space, porque ellos son quienes generaron el hecho jurídico. Además deben responderle a las familias y buscar conciliar con ellas”, afirmó el ministro.

 

La orden de demolición fue impartida por la Alcaldía de Medellín, luego de que un estudio de la Universidad de los Andes –contratado por el Gobierno local– confirmara que el conjunto no cumplía con las normas de sismorresistencia y no era seguro habitarlo.

 

No obstante, las directivas de CDO, rechazaron el informe de la institución educativa y presentaron un proyecto para la rehabilitación de la unidad residencial, que también fue negado por los expertos de Bogotá.

 

“El estudio demostró, en sus dos fases, que no cumplía con normas de sismorresistencia y que representaba riesgo ante cualquier sismo, como el que ayer sucedió en México. Por eso respaldamos la decisión de la Alcaldía de implosionar y tomar acciones policivas y administrativas”, anotó Henao.

 

Para la Alcaldía el incumplimiento de CDO también revistió una acción decepcionante. Wilson López, secretario de Gobierno, confirmó que la constructora no compareció a notificarse de la resolución y tampoco hizo su propuesta de desmonte ni el plan para la ejecución.

 

“En este momento la comunicación de ellos con la Administración es ninguna. Ahora el Dagrd definirá los tiempos para la planeación y desmonte”, aseveró López.

 

Para cumplir con los tiempos y las sugerencias de la Universidad de los Andes de demolición, las autoridades antioqueñas tienen listas sanciones por no comparecer y acatar las órdenes de Policía.

 

Estas medidas, según López, son de tipo pecuniario y otras que son consecuencia de violar la orden de Policía y el Código Penal.

 

“Seguimos firmes en proceder a la demolición. Ahora se solicitará la recomendación al Comité Municipal de Riesgo y en ese momento este hará el desmonte de las torres 1 a 4 con cuenta a CDO”, enfatizó López.

 

 

 

 


VÍCTOR ANDRÉS ÁLVAREZ C. / El Tiempo

Página Web – 2014/07/08

Fuente: http://www.eltiempo.com