El Concejo estudia un proyecto de acuerdo para suspender temporalmente las obras, pues el municipio no da abasto con la cobertura de servicios públicos y vías.
Soacha está cansada de ser el patio trasero de Bogotá, de ser esa especie de cuarto de San Alejo al que se manda a los más pobres sin que haya el más mínimo asomo de planeación. Con esta preocupación, el Concejo del municipio tomó cartas en el asunto y discute un proyecto de acuerdo que promete generar un álgido debate en torno a la construcción y planificación urbana.
Se trata de una iniciativa que propone suspender temporalmente las construcciones actuales y futuras, los planes parciales, las licencias de urbanismo y las licencias de construcción para viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP) en el municipio. Además, que se revisen las otorgadas en los últimos 14 años, por carecer de un hábitat humano sostenible.
La idea, promovida por la presidenta del Concejo de Soacha, Soraya Escobar, y el concejal José Martín Peñuela, tiene argumentos como que en el municipio se han autorizando construcciones de unidades habitacionales en todo su territorio, “sin tener en cuenta que muchas casas se levantaron en zonas de riesgo y sin tener en cuenta el alto déficit del municipio en materia de servicios públicos, transporte, salud, educación, seguridad, espacio público, recreación, deporte, entre otros”. Como consecuencia, la administración ha tenido que reubicar familias.
Pero el Concejo no tendrá una tarea fácil. Su visión afrontará un fuerte debate con los contradictores de la idea. Uno de los gremios de la construcción que ya sentó su posición fue Camacol. En junio Martha Moreno, la gerente de este sector para Bogotá y Cundinamarca, le envió un oficio a la Comisión del Plan del Concejo (que estudia el proyecto), en el que le recordó que las “licencias hasta hoy expedidas, han cumplido los requisitos de ley, para la construcción de vivienda en Soacha”. También argumenta que suspender las obras para las que ya hay actos administrativos “ocasionaría un grave perjuicio a los titulares de las licencias”, e incluso esto sería una “ilegalidad”.
Cabe recordar que este argumento de ilegalidad fue uno de los que llevaron a los abogados de Camacol a pedir la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá que el alcalde Gustavo Petro había decretado en agosto de 2013. Como consecuencia, el Consejo de Estado suspendió el POT provisionalmente y hay quienes creen que será definitivo.
A pesar del gigante al que se enfrenta, la presidenta del Concejo dice que continuará con el proyecto. “No se puede más. No se ha hecho una planeación juiciosa, no hay vías, ni un hospital de tercer nivel para atender a casi 1’300.000 habitantes que llegarán a Soacha por las 220.000 viviendas aprobadas para construir hasta 2019”.
En este debate el Concejo no tendrá una tarea fácil. De hecho, el propio Ministerio de Vivienda solicitó a la Procuraduría intervenir en este proceso. El Ministerio Público, en su carta de citación a la Comisión del Plan del Concejo, le recordó a la corporación que los funcionarios públicos son responsables jurídicamente tanto por omisión como por extralimitación de sus funciones. Se sabe que en la reunión, el delegado de la Procuraduría reconoció la legitimidad de la preocupación de los concejales, pero sugirió cambiar algunos de los términos del proyecto.
En 2011, en el Concejo se propuso una medida similar que generó llamadas de alto nivel desde el Gobierno Nacional y terminó en un consejo de ministros junto a los concejales. Luego se sepultó la propuesta, justo cuando la Nación preparaba la firma de la ley 1469, para promover la oferta de suelo y el acceso a la vivienda en los municipios, previo a la promesa de las 100.000 casas gratis, donde uno de los proyectos consentidos en Soacha era el de Ciudad Verde.
Consenso entre autoridades
Desde el año pasado el alcalde Juan Carlos Nemocón habló de su preocupación por los crecientes planes de vivienda en Soacha para los próximos ocho años y dijo que en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial no se permitiría construir más metros cuadrados. También el personero Henry Sosa ha dicho a este diario que en las crisis tienen responsabilidad las anteriores administraciones por autorizar miles de viviendas sin contar con que el alcantarillado no da abasto y menos las vías, pues muchas se han construido con la promesa de futuras ampliaciones de avenidas hacia Bogotá.
Las tutelas
Los habitantes de Soacha también se han expresado sobre el tema de la vivienda a través de tutelas interpuestas contra entidades estatales. Es el caso de los residentes del conjunto Portal Tierra Blanca, que sienten violados sus derechos fundamentales debido a que la constructora Construmax prometía en su publicidad aspectos muy distintos a los de las casas entregadas. Uno de ellos es la ausencia de agua potable, que se surte entonces por medio de carrotanques, y la falta de contadores para los servicios de agua y energía, con los cuales las cajas de compensación puedan entregarles a estas personas los subsidios de vivienda que solicitaron y que están a punto de vencerse por estos requisitos.
VERÓNICA TÉLLEZ OLIVEROS / El Espectador
Página Web – 2014/07/23
Fuente: http://www.elespectador.com
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