Crear un fondo de plusvalía, cuyos recursos se destinen a las necesidades ciudadanas; proporcionar mayor gestión del riesgo; ofrecer respuestas a necesidades en vivienda, seguridad y servicios públicos; y desarrollar más pedagogía para dar a conocer el plan y sus alcances, son algunas de las propuestas hechas por la comunidad frente al futuro Plan de Ordenamiento Territorial, POT, para Medellín.

Ayer se realizó por invitación del Concejo de Medellín un cabildo abierto en el teatro Pablo Tobón Uribe, en el que voceros de la comunidad manifestaron sus propuestas e inquietudes frente al POT que se encuentra en estudio y discusión por esa misma corporación, con meta de cierre fijada en octubre.

Martín Román, asesor de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, señaló que se debe crear y reglamentar un fondo de plusvalía y que la destinación de esos recursos sea para el mejoramiento integral de los barrios y para la conservación de la ruralidad y de los ecosistemas estratégicos.

Para el asesor, la comunidad debe comprender claramente qué es el POT para deliberar y tomar decisiones críticas frente a él. "Espacios como este cabildo abierto, son muy importantes, pero se deben generar otros para que "el plan sea realmente un pacto de ciudad".

Gestión Integral del Riesgo

Jairo Maya, miembro de la Mesa de vivienda y servicios públicos de la Comuna 8, apuntó que se requiere una gestión integral del riesgo, mejoramiento integral de barrios, seguridad alimentaria y un tratamiento integral del borde urbano rural.

"Nos catalogan como zonas de alto riesgo no recuperable sin ningún tipo de argumento técnico sostenible" dijo.

Se requiere para Medellín, un plan integral a corto, mediano y largo plazo, de la gestión del riesgo y el cambio climático, pues no se cuenta con una herramienta técnica de ese tipo, agregó Maya.

En ese mismo sentido se pronunció Juan Fernando Zapata, politólogo y miembro de la Fundación Sumapaz, al señalar que es necesario un estudio microzonificado del riesgo para saber quienes pueden vivir o no en ese sector: " No es que el barrio está en riesgo y nos vamos todos, es analizar la situación del riesgo casa por casa, cuadra por cuadra".

Además, dijo Maya, según las directrices de Planeación, Medellín puede crecer hasta los dos mil metros, y nosotros estamos más o menos en los 1.900 y se debe dotar a los barrios que carecen de servicios públicos. Son barrios ubicados a menos de cinco minutos del Centro. También un cinturón alimentario donde la población pueda abastecerse, especialmente las personas que llegan huyendo de la violencia.

"Faltan servicios públicos, agua potable y alcantarillado en sectores de los barrios Llanaditas parte alta, Golondrinas, El Faro, Altos de la Torre y el Pacífico", señaló, Maya.

Los índices de morbilidad son altos especialmente en la población infantil, por la mala calidad del agua, en una ciudad que es pionera en la prestación de los servicios públicos, remató el líder ciudadano.

Vivienda adecuada

Juan Fernando Zapata, politólogo y miembro de la Fundación Sumapaz, aseveró que el barrio debe considerarse como el núcleo central para la planeación y el desarrollo.

También piden viviendas adecuadas, fabricadas con materiales indicados y con acceso a los servicios públicos. "Con el POT se debe generar una política pública para que las personas puedan solventar los servicios, subsidios si es necesario", expresó.

Solicitan de igual forma, legalizar predios en diferentes zonas de la ciudad. "Tenemos predios que no se van a caer, que están bien construidos, pero que no están legalizados. Según un estudio de la Universidad Nacional, publicado en 2005 y la Corporación Colombo- Suiza, un 60 % de Manrique está sin legalizar.

Producción en la ruralidad

Armando Cano, vocero de la comunidad, señaló que el área rural necesita más espacio para su producción agrícola. En su concepto en el Plan se contemplan 618 hectáreas las cuales no son suficientes para más de 50 mil campesinos ubicados en los cinco corregimientos.

Las 618 hectáreas son inferiores a las 4 mil hectáreas destinadas al sector agroforestal. "Debemos darle prelación a la producción agrícola frente a la producción para la gran industria, pues el campesino de Medellín está en vía de extinción", explicó.

William Betancur, vocero de la Fundación Betancur, pidió prestar más atención al Centro de Medellín y buscar una solución a los vendedores ambulantes. "Podrían ubicarse en la Plaza Minorista, con condiciones dignas para trabajar.

Lorena Alvarez Sosa, miembro de la Mesa Diálogo Campo Ciudad, explicó que se solicita la inclusión del enfoque de género. Ciudades seguras para las mujeres, equipamientos, infraestructura en deportes pensada en las mujeres. "Los espacios de recreación son pensados en los hombres, dijo

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El estudio que determinará por qué razón el 12 de octubre de 2013 colapsó la torre 6 del edificio Space, en el barrio El Poblado, será entregado a finales de septiembre de este año a la Alcaldía de Medellín por los expertos de la Universidad de los Andes.

 

Así lo señaló a este diario Diego Restrepo Isaza, gerente del programa Vivienda Segura de la administración local, quien explicó que el retraso en la entrega del informe técnico se debió, a su turno, a la investigación forense que realizó en el sitio del desastre la Fiscalía General de la Nación, un tiempo durante el cual se impidió el acceso de terceros, incluyendo a los técnicos de la Uniandes.

 

Por eso, los expertos solo pudieron tomar en julio las muestras para los análisis de los suelos, que serán analizadas en los laboratorios, y que complementarán los estudios que ya culminaron sobre los aspectos estructurales de la edificación.

 

El documento que entregue Uniandes tendrá varios destinatarios. Según Restrepo Isaza, el mismo servirá para que la propia Alcaldía revise e implemente los correctivos de rigor, en caso de que algunos de sus procesos terminen también involucrados en este siniestro.

 

Otra copia irá a las manos de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Personería. También lo recibirán las familias víctimas de Space. El funcionario explica que el 50 por ciento de los propietarios de las torres 1 a 4 aún no logra una conciliación o arreglo con la constructora Lérida CDO ni con el grupo empresarial que la respalda. En tal situación están cerca de 40 propietarios de inmuebles que tienen pendientes sus reclamaciones. Igual pasa con los familiares del joven universitario que murió con el colapso de la torre 6 y con un grupo de arrendatarios que tampoco ha conciliado sus pretensiones.

 

Nada en repotenciación

“En materia de repotenciación de los proyectos afectados de CDO no hay nada definido”, afirmó Restrepo Isaza. Tan solo en los casos de Cerezos y Colores de Calasania se han presentado las solicitudes de rehabilitación ante la curaduría.

 

Según reveló el funcionario, la definición de este aspecto pasa primero por la solución de varios vacíos e inconsistencias de tipo legal, que se están abordando a nivel del Gobierno Nacional con la Comisión de Sismorresistencia.

 

Como ejemplo mencionó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordena las rehabilitaciones, pero resulta que las licencias las deben pedir los propietarios y estos últimos, en muchos casos consultados por la Alcaldía, están en contra de esa opción. Sin embargo, de otra parte, la Ley 675 obliga a la realización de las rehabilitaciones.

 

¿Y la demolición?

La entrega del estudio de la Universidad de los Andes sobre las causas del colapso de la torre 6 de Space, nada tiene que ver con el cumplimiento de la orden de demolición de las torres 1 a 4 , que fue impartida por el Inspector de Policía 14 de El Poblado.

 

“La orden hay que acatarla”, le manifestó a este diario Carlos Alberto Gil Valencia, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD).

 

Por ello, y dado que el liquidador de la empresa Lérida CDO ha manifestado que no tiene recursos para realizar la implosión del resto de Space, la Alcaldía de Medellín viene adelantando conversaciones con la empresa Atila Demoliciones para cumplir, en el mes de septiembre, la decisión del inspector de Policía.

 

Ese trabajo cuesta cerca de 700 millones de pesos, a los que se deben sumar gastos adicionales, como el plan de manejo ambiental y la recolección de escombros. Todo esto, al final, la Alcaldía se lo facturará a Lérida CDO.

 

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Germán Jiménez Morales / El Colombiano

Página Web - 2014/08/25

Fuente: http://www.elcolombiano.com/

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Un estudio de vulnerabilidad sísmica del ingeniero Roberto Rochel Awad sobre el estado del edificio San Miguel del Rosario, en el barrio Villahermosa, sostiene que por lo menos cuatro columnas de esa estructura están trabajando en el límite de su capacidad y sin factor de seguridad.

Esa es una de las conclusiones del estudio contratado por los copropietarios de ese conjunto residencial construido por CDO con los diseños estructurales de Jorge Aristizábal Ochoa, el mismo ingeniero calculista de proyectos como Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasania.

Según el informe, el espesor de las columnas "es insuficiente para darle el anclaje apropiado al refuerzo de las vigas", la estructura no cumple con la derivas y el concreto no cumpliría con las especificaciones de la norma de sismo resistencia, entre otras inconsistencias.

Además, agrega que algunas losas del edificio de 17 pisos fueron construidas con un espesor inferior al reglamentario y "no se encontraron en la memoria los cálculos estructurales que justifiquen tener un espesor inferior al mínimo exigido".

Carlos Alberto Gil, director del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), dijo que el informe llegó a esa dependencia la semana anterior y en este momento se analiza su contenido para adoptar una decisión de acuerdo con el nivel de riesgo del edificio.

"A mediados de semana recibimos el estudio del profesor Rochel, lo vamos a verificar con él y también estamos esperando que CDO nos entregue sus propios informes sobre ese edificio", dijo Gil.

Esos otros estudios ordenados por la constructora deberían llegar a manos del Dagrd antes de finalizar la semana. Con base en el análisis de ambos conceptos técnicos ese organismo tomaría una decisión.

"Cualquier decisión la vamos a socializar, le vamos a dar el mismo tratamiento que a los otros edificios. Vamos a hablarles de cómo encontramos el edificio y cuáles serán las recomendaciones", dijo el funcionario.

El edificio permanece habitado y desde octubre de 2013, días después del colapso de Space, los residentes de la edificación manifestaron sus inquietudes por la presencia de grietas y fisuras en apartamentos y zonas comunes.

El director del Dagrd explicó que desde ese momento se adelantaron inspecciones visuales, pero dijo que recomendar una eventual evacuación depende de las conclusiones que arroje el análisis de los estudios de la constructora y los copropietarios.

 

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Juan David Ortiz Franco / El Colombiano

Página Web - 2014/08/25

Fuente: http://www.elcolombiano.com/

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La cartera señala que han sido entregadas ocho urbanizaciones de 12 para el departamento. Admite retrasos en Bogotá.

El llamado de atención que hizo la Contraloría por la baja ejecución del programa de vivienda gratuita no fue bien recibido por el Ministerio de Vivienda, que a través de un oficio respondió los cuestionamientos que hizo el ente de control fiscal.

 

Como lo contó El Espectador, la Contraloría realizó un informe en el que concluyó que, por lo menos en Bogotá y Cundinamarca no se han cumplido las metas de construcción de viviendas de interés social y prioritario. Según el documento, en la capital sólo se han asignado 4.837 de los 8.110 cupos que le correspondieron al Distrito. Mientras que en Cundinamarca, 43 municipios se quedaron sin proyectos de vivienda.

 

Sin embargo, el ministerio hizo observaciones al informe de la Contraloría. En relación al déficit de vivienda en el departamento señaló que “la cifra de 215.663 hogares en déficit habitacional, que señala la Contraloría, corresponde al total de hogares que tenían alguna carencia de vivienda según el censo de 2005. De acuerdo con cifras del 2013 del DANE, se estima que el déficit en Cundinamarca es de apena de 26.709 hogares. “En este sentido, no serían necesarios $9,2 billones para resolver el déficit de casas”.

 

Frente a la ejecución de proyectos, el ministerio sostuvo que existe avances importantes en varios municipios donde muchos proyectos ya han terminado, Por ejemplo: “los proyectos Vida Nueva y Torrentes, con 768 y 984 viviendas respectivamente, en Soacha; la urbanización San Jacinto, con 327 viviendas, en Tocaima; Valle del Sol, con 608 viviendas, en Girardot; San José de la Vega , con 136 viviendas, en Nemocón; la urbanización La Esperanza 1 , con 180 viviendas, en Simijaca; Villa Diana Carolina etapa III, con 115 viviendas, en Ricaurte, y la urbanización Villa del Sol, con 150 viviendas, en Pacho”.

 

No obstante, el ministerio también se pronunció sobre proyectos como “Un nuevo techo firme bajo el cielo”, en Fusagasugá, el cual no se cumplió. Tampoco fue entregada la urbanización prometida en Guachetá, conocida como Sol Naciente, que según la Contraloría no se terminó. Dice el ministerio que estos proyectos “se ejecutan bajo la responsabilidad de cada una de las alcaldías municipales”.

 

En el caso de Bogotá, Minvivienda señala que los proyectos Villa Karen, con 406 viviendas, y Las Margaritas, con 1.248, se encuentran en ejecución. De acuerdo con el viceministro Guillermo Herrera, “el Distrito Capital se comprometió a ejecutar 15 proyectos adicionales, que suman 1.897 viviendas, y que no han iniciado. El pasado 30 de julio se le solicitó al Distrito incrementar los esfuerzos para mejorar la ejecución de los proyectos en la capital”.

 

 

 

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REDACCIÓN BOGOTÁ / El Espectador

Página Web – 2014/08/22

Fuente: http://www.elespectador.com

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