El estudio que determinará por qué razón el 12 de octubre de 2013 colapsó la torre 6 del edificio Space, en el barrio El Poblado, será entregado a finales de septiembre de este año a la Alcaldía de Medellín por los expertos de la Universidad de los Andes.
Así lo señaló a este diario Diego Restrepo Isaza, gerente del programa Vivienda Segura de la administración local, quien explicó que el retraso en la entrega del informe técnico se debió, a su turno, a la investigación forense que realizó en el sitio del desastre la Fiscalía General de la Nación, un tiempo durante el cual se impidió el acceso de terceros, incluyendo a los técnicos de la Uniandes.
Por eso, los expertos solo pudieron tomar en julio las muestras para los análisis de los suelos, que serán analizadas en los laboratorios, y que complementarán los estudios que ya culminaron sobre los aspectos estructurales de la edificación.
El documento que entregue Uniandes tendrá varios destinatarios. Según Restrepo Isaza, el mismo servirá para que la propia Alcaldía revise e implemente los correctivos de rigor, en caso de que algunos de sus procesos terminen también involucrados en este siniestro.
Otra copia irá a las manos de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Personería. También lo recibirán las familias víctimas de Space. El funcionario explica que el 50 por ciento de los propietarios de las torres 1 a 4 aún no logra una conciliación o arreglo con la constructora Lérida CDO ni con el grupo empresarial que la respalda. En tal situación están cerca de 40 propietarios de inmuebles que tienen pendientes sus reclamaciones. Igual pasa con los familiares del joven universitario que murió con el colapso de la torre 6 y con un grupo de arrendatarios que tampoco ha conciliado sus pretensiones.
Nada en repotenciación
“En materia de repotenciación de los proyectos afectados de CDO no hay nada definido”, afirmó Restrepo Isaza. Tan solo en los casos de Cerezos y Colores de Calasania se han presentado las solicitudes de rehabilitación ante la curaduría.
Según reveló el funcionario, la definición de este aspecto pasa primero por la solución de varios vacíos e inconsistencias de tipo legal, que se están abordando a nivel del Gobierno Nacional con la Comisión de Sismorresistencia.
Como ejemplo mencionó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordena las rehabilitaciones, pero resulta que las licencias las deben pedir los propietarios y estos últimos, en muchos casos consultados por la Alcaldía, están en contra de esa opción. Sin embargo, de otra parte, la Ley 675 obliga a la realización de las rehabilitaciones.
¿Y la demolición?
La entrega del estudio de la Universidad de los Andes sobre las causas del colapso de la torre 6 de Space, nada tiene que ver con el cumplimiento de la orden de demolición de las torres 1 a 4 , que fue impartida por el Inspector de Policía 14 de El Poblado.
“La orden hay que acatarla”, le manifestó a este diario Carlos Alberto Gil Valencia, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD).
Por ello, y dado que el liquidador de la empresa Lérida CDO ha manifestado que no tiene recursos para realizar la implosión del resto de Space, la Alcaldía de Medellín viene adelantando conversaciones con la empresa Atila Demoliciones para cumplir, en el mes de septiembre, la decisión del inspector de Policía.
Ese trabajo cuesta cerca de 700 millones de pesos, a los que se deben sumar gastos adicionales, como el plan de manejo ambiental y la recolección de escombros. Todo esto, al final, la Alcaldía se lo facturará a Lérida CDO.
Germán Jiménez Morales / El Colombiano
Página Web - 2014/08/25
Fuente: http://www.elcolombiano.com/