• +58 212 2388195
  • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • Lunes - Viernes 8:00 am - 4:00 pm

El anuncio se hizo después de que casi 600 desplazados intentaran tomarse un predio en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal.

 

Los principales motivos por los que alrededor de 600 desplazados intentaron tomarse el pasado domingo un predio en el suroriente de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal, fueron el incumplimiento con la oferta de vivienda para la población víctima del conflicto armado y la ausencia de canales de interlocución.

 

Por tal motivo, Ana Teresa Bernal, directora de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, entidad ligada a la Secretaría Distrital de Integración Social, propuso una mesa permanente entre el Gobierno Nacional y la Administración Distrital, para dar solución a esta problemática.

 

El Gobierno Nacional, a través de Beatriz Uribe Botero, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hasta el 25 de abril de 2012, en febrero de ese año y ante la Corte Constitucional ofreció brindar 40.000 subsidios de vivienda para las víctimas del desplazamiento forzado en Bogotá.

 

El Plan de Desarrollo propuesto por la cartera, que apostaba a esas 40.000 viviendas para la población, vio esfumado el proyecto luego de la promulgación de la Ley 1537 de vivienda gratuita.

 

‘‘De ese compromiso sólo queda que la ciudad está sometida a los cupos que el Gobierno nacional ha otorgado en el marco de la vivienda gratuita, sin que exista además un proceso de coordinación o concertación sobre los criterios de selección, priorización y enfoque diferencial’’, se indicó desde la Alta Consejería.

 

Las víctimas, en un pliego entregado en el marco del Cabildo de Vivienda, realizado el pasado 19 de septiembre de 2014, plantearon un Programa Especial de Viviendas Gratuitas para víctimas del conflicto armado interno; que se garantizara el cumplimiento de los 14 derechos de retorno y reubicación, con la ejecución del Programa Especial de Viviendas Gratuitas para víctimas del conflicto armado; la inclusión y asignación del presupuesto al programa de vivienda en el Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018, y en el presupuesto correspondiente; entre otros puntos.

 

"La vivienda es un factor determinante en la reconstrucción de un proyecto de vida, y es imprescindible en un proceso de reparación para quienes lo perdieron todo. Sólo un proceso que integre variables como vivienda, indemnización, estabilización económica y emocional, acompañado de otras medidas se contribuirá de manera clara y concreta a la construcción de la Paz.", manifestó Ana Teresa Bernal.

 

Así mismo, entra en la discusión la iniciativa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de construir 372 unidades de vivienda para desplazados por la violencia en la ciudad en zonas como el Parque el Virrey, el Centro Comercial Andino y el Centro Comercial Centro 93, un proyecto que costará alrededor de $30.000 millones, destinados para construir edificios de entre cuatro y siete pisos, parqueaderos subterráneos y zonas comerciales.

 

 

 


REDACCIÓN BOGOTÁ / El Espectador

Página Web – 2015/01/19

Fuente: http://www.elespectador.com


La idea es dejar sin efecto la licencia para suspender la obra de manera inmediata.

 

El personero de Bogotá, Ricardo María Cañón Prieto, presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la invasión de una porción del área protegida del humedal La Conejera, que integra la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA), representado en 238,12 metros cuadrados, debido a la construcción de estacionamientos y áreas sociales de la Urbanización Fontanar del Río A-1, etapa VIII.

 

El ente de control a través de un comunicado de prensa informó que solicitó al Tribunal que decrete en forma inmediata la suspensión de la licencia como medida cautelar e impida cualquier tipo de construcción, obra o actividad actual o futura, que atente o amenace contra la conservación o existencia de la zonas protegidas del humedal, de acuerdo con las delimitaciones correspondientes.

 

La demanda fue presentada contra la Alcaldía Mayor, la Alcaldía Local de Suba, las Secretarías de Ambiente y Planeación, la Curaduría Urbana No. 2, la CAR, los Ministerios de Vivienda y Ambiente y la Constructora Praga Servicios Inmobiliarios S.A, dueña del proyecto.

 

“La firma Praga Servicios Inmobiliarios obtuvo licencia de construcción el 6 de junio de 2014 para edificar la Urbanización Fontanar del Rio, que compromete parte del humedal La Conejera en el norte de la ciudad, desconociéndose el orden normativo superior relativo a la protección especial de los humedales y el medio ambiente, afectando gravemente la decisión los derechos colectivos de los capitalinos”, señala el ente de control.

 

La demanda tiene soporte no sólo en los estudios realizados por la Personería que demuestran la afectación parcial del humedal La Conejera, sino en los diferentes documentos del Acueducto de Bogotá y el Fopae, que advierten la invasión, configurándose en una amenaza y daño a los derechos colectivos.

 

La Personería explica que “la acción constitucional busca la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos, la defensa de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación. Además, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente”.

 

 

 


REDACCIÓN BOGOTÁ / El Espectador

Página Web – 2015/01/16

Fuente: http://www.elespectador.com


Distrito demandará licencia al creer que se debió consultar prórroga para edificar en cerros.

 

La Secretaría de Hábitat anunció que demandará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la prórroga de la licencia de construcción del proyecto Cerro Verde, que pretende edificar cerca de 200 apartamentos en una franja de los cerros orientales de la ciudad. Dicho permiso fue expedido por la Curaduría 4 de Bogotá, en junio del año pasado.

 

Esta decisión la tomó luego de que la Comisión de Veeduría de las Curadurías, conformada por representates de Hábitat, la Personería de Bogotá, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Sociedad Colombiana de Ingenieros evaluaron el trámite de expedición de la prórroga de la licencia del proyecto ubicado en los cerros orientales.

 

El grupo de funcionarios también tomó otras tres decisiones. Una de estas es que la comisión le pedirá nuevamente a Planeación que “revise si con la expedición de la prórroga (...) existe fraude” de las decisiones judiciales tomadas por el Consejo de Estado el 5 de noviembre de 2013, cuando el alto tribunal determinó que hacia el futuro no se podrían conceder nuevas licencias de construcción en los cerros orientales, porque según Hábitat “existen pruebas en el expediente del proyecto de que el propietario conocía de la existencia de la reserva forestal de los cerros”.

 

También le solicitará a la curadora urbana n.º 4, Olga Lucía López Medina, que explique los motivos por los cuales expidió la prórroga de la licencia sin haber tenido en cuenta el decreto distrital 222 de 2014, medida que expidió el Distrito para dar cumplimiento al fallo del Consejo.

 

En el artículo noveno de esta disposición se explica que las curadurías no pueden expedir licencias en este lugar hasta que no se tenga un plan de manejo para la franja de adecuación, que es la zona entre la construcciones y la reserva. “La curadora tenía que consultar a Planeación, que es la máxima autoridad en estos casos en la ciudad, para saber si el proyecto tenía derechos adquiridos que le permitieran construir en el terreno”, explica Mónica Garzón, vocera de la Secretaría Distrital de Hábitat.

 

De acuerdo con la respuesta que les dé la curadora, la comisión establecerá la pertinencia de someter ante la Procuraduría General de Nación la procedencia de una investigación disciplinaria.

 

Por último, Hábitat también le solicitó a la Alcaldía Local de Chapinero suspender de manera preventiva las obras en caso de que sean iniciadas por la constructora en el terreno, teniendo en cuenta el concepto de Planeación del año pasado, en el cual explica por qué esta área no puede ser apta para la construcción.

 

La argumentación del Distrito también se basa en que la constructora no entregó las obras de urbanismo que le avalaba la licencia; por lo tanto, no tiene derechos adquiridos para continuar con la prórroga de su licencia.

 

En 1994, la constructora comenzó un proceso de recuperación forestal en las canteras que antes se situaban en este sector. Por su parte, la constructora ha manifestado que se mantiene firme en asegurar que su licencia es legal y que están dispuestos a ofrecer la información que el Distrito requiera.

 

En otras ocasiones, la constructora ha alegado que Planeación Distrital no se pude basar en observaciones de ahora, sino en las pruebas que presentó Cerro Verde en el 2006, cuando inició el trámite de prórroga de la licencia ante la Curaduría 4.

 

Según documentos que conoció EL TIEMPO, la constructora ejecutó unas obras de explanación y entregó en un acta otras al Distrito. Según anunció Hábitat, también se están evaluando estos documentos.

 

Otro de los argumentos jurídicos a los que se aferra el proyecto es que el mismo decreto 222 del 2014 respeta el hecho de que el fallo del Consejo de Estado mantenga los derechos adquiridos de quienes tenían licencias previas a este.

Esta razón, aseguró la constructora, le permitió a la curadora darle seguimiento a la solicitud de la prórroga. Esto lo refuta Planeación en su concepto, en el que deja claro que por no tener obras materializadas, Cerro Verde no tiene derechos adquiridos.

 

BOGOTÁ

 

En este momento, la Secretaría de Planeación Distrital revisa casi un centenar de licencias que tenían permisos de construcción antes de la delimitación del Ministerio de Medio Ambiente y de las medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

´

 

 


BOGOTÁ / El Tiempo

Página Web – 2015/01/15

Fuente: http://www.eltiempo.com


Distrito intensificó operativos. Desalojo de 150 familias que invadieron terreno por segunda vez.

 

La invasión sistemática de lotes en Ciudad Bolívar tiene alarmadas a las autoridades del Distrito que este miércoles hicieron un recorrido para identificar los puntos más críticos en los sectores de Alpes, Bella Flor y Caracolí, esta última una zona de riesgo por remoción en masa de la montaña.

 

De hecho, este miércoles se inició el desalojo de 150 familias del sector de La Estrella, que habían sido sacadas del lugar el viernes pasado, pero volvieron a invadir los lotes recuperados por la Policía y la alcaldía.

 

La Administración tiene detectados unos 700 lotes invadidos en los sectores de Bella Flor La Torre, Alpes y Brisas del Volador. La ocupación ocurrió hace alrededor de cuatro meses y todavía no han edificado en ladrillo y cemento.

 

En cambio hay otros sectores como El Recuerdo, en el que hay unos 500 lotes invadidos, y el Paraíso, donde la ocupación ocurrió hace al menos dos años. Quienes se adueñaron de lotes que no les pertenecían ya construyeron con ladrillo y cemento.

 

El Gobierno distrital está intensificando la intervención de las distintas entidades relacionadas con el tema para desalojar a los ocupantes de los sectores más recientes y evitar que se consoliden las invasiones. Muchos de los sitios ocupados arbitrariamente son zonas rurales de la localidad de Ciudad Bolívar, en la parte alta de la montaña.

 

Otro de los lugares que preocupa a la Administración es el sector de Caracolí. De allí fueron reubicadas 492 familias debido a que ese sector está declarado como de alto riesgo por remoción en masa. Ese proceso terminó hace un mes con la demolición de las viviendas, pero esta semana se detectó que entre 40 y 50 nuevas familias llegaron al lugar a ocupar los terrenos donde estaban las antiguas casas.

 

Intensifican operativos

 

El Distrito está evaluando qué hacer con los invasores más recientes para evitar que el fenómeno se siga extendiendo. En el caso de Caracolí, la medida que se impone es no permitir la ocupación del terreno, pues al tratarse de una zona de remoción en masa, no existe la posibilidad de que se permita el uso de vivienda en el sector.

 

En otras zonas, como Alpes y Bella Flor, si bien no están catalogadas como zonas de riesgo, sí son sectores con dificultades para llevar servicios públicos por la altura, y además, la Administración tiene información de que hay organizaciones delincuenciales que promueven la ocupación, y permitir que la gente se quede sería tanto como legalizar la acción delictiva de los piratas.

 

 

 


El Tiempo

Página Web – 2015/01/14

Fuente: http://www.eltiempo.com


El próximo jueves 22 de enero, se rifarán las primeras viviendas del proyecto Plaza de la Hoja, ubicado en el centro de Bogotá.

 

Durante un acto público en el que participarán el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, se hará la rifa de la primera etapa de las viviendas de interés prioritario (VIP) de la ‘Plaza de la Hoja’, ubicado en la Carrera 32 con Calle 18, diagonal al centro comercial Calima, y que tiene 457 viviendas destinadas a víctimas del conflicto armado.

 

Además de las viviendas, se entregará un jardín infantil para los hijos de las víctimas del conflicto, además de varios metros de espacio público para fomentar las organizaciones de los vecinos que habiten el lugar.

 

Este miércoles la empresa Metrovivienda, que promueve la construcción y adquisición de VIP en Bogotá, informó que ya fue construido el primer ‘muro verde’, que hace parte de un diseño exclusivo de la Plaza de la Hoja y que obedece a una iniciativa ambiental para que la construcción no afecte al medio ambiente.

 

El muro verde ubicado en la fachada de Plaza de La Hoja, sobre la Avenida NQS, tiene un área de 300 metros cuadrados, tuvo un valor cercano a los 250 millones de pesos y es el primero que se implementa en un proyecto de vivienda de interés prioritario.

 

Nicolás Corso Salamanca, gerente general de Metrovivienda, manifestó que “el muro verde, junto con el jardín infantil ‘Chavito de La Hoja’, el espacio público y el urbanismo, traerá altísimas ventajas a quienes vivirán en Plaza de La Hoja. La próxima semana, con el sorteo de las viviendas que harán los gobiernos distrital y nacional, conoceremos a las familias víctimas del conflicto beneficiadas. Será un verdadero privilegio reconocerlas con uno de los mejores proyectos de vivienda social que se desarrollan en el país’’.

 

 

 

 


REDACCIÓN BOGOTÁ / El Espectador

Página Web – 2015/01/14

Fuente: http://www.elespectador.com