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$ 4 billones fueron para adquirir inmuebles. Construcción y arreglos ocupan el resto de la torta.

 

En la última década, 9,8 billones de pesos de las cesantías que cerca de 6 millones de trabajadores colombianos tienen ahorrados en los fondos privados se destinaron a comprar, construir o reparar viviendas.

 

Del total, 4 billones fueron para adquisición del inmueble y el resto a construcción y mejoramiento de vivienda, según Asofondos, gremio de las administradoras de fondos privadas (AFP) del país.

 

Solo el año pasado, los trabajadores destinaron con similares propósitos 1,6 billones de pesos. El 21,6 por ciento fue para construcción y reparación, y 25,9 por ciento para compra de vivienda.

 

Aunque las cesantías son consideradas como un ahorro clave en el evento de que una persona pierda su trabajo, la ley permite que el trabajador pueda hacer uso parcial o total de estas siempre y cuando se destinen para compra o mejoramiento de la vivienda o educación.

 

Asofondos también destacó que las cesantías también sirvieron el año pasado para respaldar créditos para adquisición de vivienda de interés social (VIS) por 2,95 billones de pesos.

 

“Vale la pena recordar que de los cerca de 6 millones de trabajadores afiliados a los fondos privados de cesantías, cerca del 83 por ciento gana menos de dos salarios mínimos (644.350 pesos), precisamente el segmento donde hay mayor demanda por este tipo de créditos. Se destacaron los meses de marzo, abril y mayo del año anterior, cuando se produjeron los mayores desembolsos de créditos VIS para la adquisición de vivienda popular”, indicó el gremio.

 

Arriendo subsidiado sin opción de compra

 

Los constructores propusieron que el Plan de Desarrollo incluya una fórmula en la que ellos desarrollen proyectos de vivienda para alquilar, pero no necesariamente con opción de compra para los arrendatarios.

 

Los planteamientos se dieron en el marco de las observaciones que presentan distintos sectores al plan que será llevado al Congreso.

 

Según Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la iniciativa sugiere que las empresas edificadoras hagan los proyectos y, luego, los mantengan y administren.

 

“Hay muchas familias que pagan un monto en un inquilinato, pero que podrían destinarlo para vivir en arriendo en un espacio más digno, con la ventaja de que el Gobierno subsidiaría una parte de ese canon”, explicó la directiva.

 

La idea plantea que durante tres años y medio, en promedio, las familias puedan ahorrar, demostrar capacidad de pago y, por lo tanto, tras tener un buen historial crediticio, acceder a un préstamo hipotecario en otro proyecto.

 

La propuesta se plantea, inicialmente, para quienes ganan entre 1 y 1,5 salarios mínimos, donde hay una altísima demanda.

 

 

 


ECONOMÍA / El Tiempo

Página Web – 2015/02/02

Fuente: http://www.eltiempo.com


La denuncia fue presentada por los ciudadanos de un sector del barrio Rincón.

 

Los habitantes de un sector del barrio Rincón en la localidad de Suba adelantaron este lunes un plantón en rechazó con las ofertas de compra que les hizo el IDU.

 

El malestar obedece a que, según ellos, el Distrito quiere comprarles sus predios por menos precio para poder construir una avenida en esta zona.

 

Se trata del proyecto Avenida Rincón-Tabor que está en proceso de construcción por parte del IDU y Catastro Distrital. (Vea imágenes del plantón)

 

Los propietarios exigen un nuevo avalúo por sus viviendas que serán compradas para adelantar la ejecución de la obra.

 

Los precios que ofrece el IDU son bajos, según los vecinos del sector, y por eso exigen que Catastro adelante un nuevo avalúo por proyecto en la Avenida Rincón.

 

De hecho, uno de los habitantes presentó un documento donde denuncia que aunque su predio es de 168 metros cuadrados, el IDU sólo quiere pagar por 109 metros. Señalan que el tamaño del predio fue reducido para pagar menos.

 

Los dueños de los predios también exigen más tiempo de plazo para su reubicación ante de empezar la demolición.

 

De momento el IDU no ha respondido a las denuncias de los vecinos del sector del Rincón en la localidad de Suba.

 

 

 


REDACCIÓN BOGOTÁ / El Espectador

Página Web – 2015/02/02

Fuente: http://www.elespectador.com


Tribunal de Cundinamarca, en 2010, ordenó el desalojo por riesgo de deslizamientos.

 

Aura Rosa Obregón lleva 11 años esperando que se caiga el techo de su casa o que alguna grieta aparezca en el muro de una pieza. Pero nada de eso ha pasado.

 

Su vivienda sigue intacta a como se la entregaron hace 18 años y por eso no entiende por qué ahora, con la justificación de que está en una zona de riesgo, tiene que dejarla.

 

“Hace 14 años, tumbé un muro, arreglé la cocina, y todo sigue igual”, asegura la mujer al hacer un recorrido por su casa.

 

El drama de Aura Rosa lo viven otros 227 vecinos de la urbanización Santa María de los Ángeles en el sector Pekín en Fusagasugá, quienes deberán dejar sus casas por un fallo del Tribunal de Cundinamarca de 2010.

 

Según el tribunal, la Administración local tiene que reubicar a las familias de la unidad residencial, porque estas familias corren peligro por posibles deslizamientos del cerro Fusacatán, que en octubre del año pasado provocó una avalancha que dejó damnificadas a más de 80 familias.

 

La decisión del tribunal también pone a tambalear las finanzas del municipio, que tendría que invertir más de la mitad de sus recursos de libre destinación para entregarles otras viviendas a los ciudadanos afectados.

 

La compra de predios o pagos de arriendo le costaría entre 15 y 20 mil millones de pesos. Aunque esta pelea entre los vecinos, la Administración y la justicia lleva más de 10 años, la Alcaldía envió en el mes pasado una circular para que los habitantes propietarios y los arrendatarios entregaran las llaves de sus apartamentos para que luego fueran sellados.

 

La Administración está ofreciendo una reubicación en otros apartamentos en arriendo, pero los vecinos exigen que les garanticen una vivienda permanente y en las mismas condiciones y espacios a las que hoy la tienen.

 

La urbanización Santa María de los Ángeles fue construida en 1996 y entregada a sus propietarios entre ese año y 1997. Muchos de ellos, luego de 18 años de financiación bancaria, pagaron hasta 57 millones de pesos por viviendas de 52 y 47 metros cuadrados.

 

Un grupo de 27 vecinos en el 2005 interpuso una acción popular, alegando que se estaban viendo afectados por las grietas e hilos de aguas en sus viviendas y en las áreas comunes.

 

El primer fallo fue de la jueza de Girardot en el 2009, quien luego de estudiar unos análisis de peritazgo aseguró que se tenían que hacer otros estudios de mitigación del daño para reparar las viviendas, no para demolerlas. Pero los accionantes impugnaron esta decisión y llevaron el caso al Tribunal de Cundinamarca. En el 2010 el tribunal decidió que los debían reubicar de manera definitiva.

 

Sin embargo, como expone Martha Bermúdez Huertas, presidenta de la Junta de Acción Comunal, nunca se han hecho estudios geotécnicos completos, por lo que no se puede asegurar que ellos estén corriendo peligro, más aún cuando otros proyectos se han empezado a construir en predios más arriba del cerro Fusacatán.

 

En cambio, para Mercedes Muñoz, otra residente, la Administración está en mora de indemnizarlos, porque nunca hubo estudios de suelo, cuando se hizo la inspección a la constructora, que luego se declaró en bancarrota.

 

Otras urbanizaciones se hacen en sectores contiguos

 

Una de las quejas más claras de los vecinos de Santa María, es que desde la cancha de su conjunto, se puede ver la construcción de urbanizaciones al lado y lado de su predio, pero la Alcaldía asegura que estas no están en riesgo, aunque comparten el mismo terreno, porque sí cuentan con estudios estructurales que soportarían las condiciones inestables del cerro Fusacatán.

 

 

 


CUNDINAMARCA / El Tiempo

Página Web – 2015/01/29

Fuente: http://www.eltiempo.com


Del 2 al 12 de febrero, los gobernadores y los alcaldes del país podrán presentar los predios y los proyectos para la construcción de viviendas gratuitas del Gobierno Nacional en su segunda fase.

 

Según explico el Ministerio de Vivienda la convocatoria es para municipios de categorías 3, 4, 5 y 6. La radicación de los documentos se debe hacer en cualquiera de las siete regionales de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).

 

Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, ha señalado que el objetivo de esta segunda fase del programa (que inicialmente cerraba hoy) es poder llegarles a municipios que no pudieron participar en el primer paquete de viviendas ciento por ciento subsidiadas.

 

Los predios que se postulen deben estar ubicados en suelo urbano, de acuerdo con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial.

 

A 23 de diciembre, en toda Antioquia ya eran realidad 8.732 viviendas gratis, entre las que ya se habían entregado a los beneficiarios y las que estaban terminadas, en trámites para su entrega. En el departamento están comprometidas 13.452 de las 100.000 unidades sin costo que fueron iniciativa del Gobierno Nacional.

 

El llamado de Viva

 

La gerencia de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) invita a todos los municipios a que participen, especialmente a los que no fueron beneficiados en la primera convocatoria. Para esta convocatoria no habrá cupos asignados por departamento, ya que la presentación será directamente a través de los municipios.

 

“Viva ofrece apoyo en gestión y acompañamiento a los municipios que se vayan a presentar. Los alcaldes deben saber que no hay intermediarios que tengan cupos asignados; la asignación solo se hará a quienes cumplan los requisitos previstos en la convocatoria”, dijo Beatriz Rave, gerenta de Viva.

 

 


¿QUÉ SIGUE?

EL ESTUDIO DE LOS PROYECTOS

 

Una vez se haga la presentación de los proyectos, la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, al igual que como se hizo con las primeras 100 mil viviendas gratuitas, se encargará de analizar la prefactibilidad de los lotes. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, ha reiterado que la radicación no implicará la obligación para el Ministerio de Vivienda, ni para Findeter, de dar viabilidad de los mismos sin previo estudio y evaluación de todos los requerimientos. La sede de la Regional Noroccidental de Findeter en Medellín está en la carrera 43-A N° 19-17, Oficina 703, Edificio Block Centro Empresarial.

 

 

 


CARLOS MARIO GÓMEZ - CAMILO TRUJILLO VILLA / El Colombiano

Página Web – 2015/01/29

Fuente: http://www.elcolombiano.com


En Manizales les van a condonar hasta seis meses de mora y a buscarles empresas que los ayuden.

 

La deuda de cartera en la Caja de la Vivienda Popular (CVP) de Manizales asciende a los 4.518 millones de pesos. Esto es lo que les deben 1.860 deudores que tienen un crédito de vivienda, y de ellos, solo 391 están al día con sus cuotas. El año pasado en la ciudad se dio una denuncia relacionada al tema.

 

Unas 250 familias que adquirieron un crédito de la CVP o de Obras Sociales Betania, por 22 millones de pesos cada uno para comprar vivienda, y que estaban a punto de irse a un cobro jurídico, aseguraron que no tenían cómo pagar y que tomaron el subsidio sin pensar en las consecuencias por miedo a perder la oportunidad.

 

Por eso, como una forma de incentivar el saneamiento de estas deudas, la junta directiva de la entidad aprobó una condonación de hasta seis meses de intereses (hasta el 30 de junio de este año) para evitar que las familias enfrenten problemas legales. Así lo anunció el gerente de la CVP, Mario Alberto Urrea, y explicó en qué consiste el Plan Padrino.

 

“De acuerdo a estudios socioeconómicos previos, miramos qué familiar requieren que los apoyen y vamos al sector comercial, al sector independiente que acompaña estas obras y apoyan o pagando la deuda o dando la amortización de las cuotas”, dijo Urrea.

 

Hasta el momento, la CVP ya tiene 50 padrinos que están dispuestos a saldar las deudas de personas de escasos recursos. La lista de metas de la entidad para el 2015 sigue con otras acciones como la legalización de predios y llegar a las 150 titulaciones en barrios como el Solferino, Bajo Andes, la Carola, el Paraíso y el Nevado, para lo cual se invertirán 32 millones 162.162 pesos. “Esto implica un impacto social muy positivo (…) que las familias puedan acreditar su vivienda. Esto puede ayudarles con un apalancamiento financiero”, señaló Urrea.

 

Por otro lado, dentro de la búsqueda del banco de tierra que pueda quedar en Manizales, donde el déficit por construcción de vivienda supera las 6.000 unidades, la CVP está gestionando la consecución y legalización de dos predios con el municipio, ubicados en Chipre, espacios donde se pueden desarrollar proyectos de vivienda de estrato tres.

 

Allí, la oferta sería de 160 a 180 apartamentos. En cuanto al mejoramiento de vivienda, se invertirán 580 millones 450.450 pesos en reforzamiento de estructuras de techos, pisos, cocinas y baños.

 

Y frente al tema de las Viviendas de Interés Prioritario (Vip) y para ahorradores (Vipa), el gerente de la CVP indicó que el acompañamiento que han hecho al Gobierno es en la gestión de los lotes que le pertenecen la entidad y que serán destinados para las viviendas de los desplazados, damnificados y en condición de extrema pobreza.

 

Urrea informó que, precisamente, este miércoles se registró en la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) el segundo proyecto avalado por el Gobierno Nacional de mil viviendas gratis para Manizales.

 

En el caso del proyecto Vip, este se va a desarrollar en el barrio San Sebastián, de la Comuna Bosques del Norte, donde se están terminando de construir los primeros 892 apartamentos del cupo inicial de 1.200, en la primera fase del programa en la ciudad.

 

Y en las Vipa, de estrato dos, además de que ya finalizó el proyecto residencial de Puertas del Sol, ubicado cerca de Neira (Caldas), hay uno en ejecución en el barrio La Linda, pero se está a la espera de que se presenten más beneficiarios.

 

 

 


MÓNICA ARANGO ARANGO / El Tiempo

Página Web – 2015/01/28

Fuente: http://www.eltiempo.com