Tribunal de Cundinamarca, en 2010, ordenó el desalojo por riesgo de deslizamientos.
Aura Rosa Obregón lleva 11 años esperando que se caiga el techo de su casa o que alguna grieta aparezca en el muro de una pieza. Pero nada de eso ha pasado.
Su vivienda sigue intacta a como se la entregaron hace 18 años y por eso no entiende por qué ahora, con la justificación de que está en una zona de riesgo, tiene que dejarla.
“Hace 14 años, tumbé un muro, arreglé la cocina, y todo sigue igual”, asegura la mujer al hacer un recorrido por su casa.
El drama de Aura Rosa lo viven otros 227 vecinos de la urbanización Santa María de los Ángeles en el sector Pekín en Fusagasugá, quienes deberán dejar sus casas por un fallo del Tribunal de Cundinamarca de 2010.
Según el tribunal, la Administración local tiene que reubicar a las familias de la unidad residencial, porque estas familias corren peligro por posibles deslizamientos del cerro Fusacatán, que en octubre del año pasado provocó una avalancha que dejó damnificadas a más de 80 familias.
La decisión del tribunal también pone a tambalear las finanzas del municipio, que tendría que invertir más de la mitad de sus recursos de libre destinación para entregarles otras viviendas a los ciudadanos afectados.
La compra de predios o pagos de arriendo le costaría entre 15 y 20 mil millones de pesos. Aunque esta pelea entre los vecinos, la Administración y la justicia lleva más de 10 años, la Alcaldía envió en el mes pasado una circular para que los habitantes propietarios y los arrendatarios entregaran las llaves de sus apartamentos para que luego fueran sellados.
La Administración está ofreciendo una reubicación en otros apartamentos en arriendo, pero los vecinos exigen que les garanticen una vivienda permanente y en las mismas condiciones y espacios a las que hoy la tienen.
La urbanización Santa María de los Ángeles fue construida en 1996 y entregada a sus propietarios entre ese año y 1997. Muchos de ellos, luego de 18 años de financiación bancaria, pagaron hasta 57 millones de pesos por viviendas de 52 y 47 metros cuadrados.
Un grupo de 27 vecinos en el 2005 interpuso una acción popular, alegando que se estaban viendo afectados por las grietas e hilos de aguas en sus viviendas y en las áreas comunes.
El primer fallo fue de la jueza de Girardot en el 2009, quien luego de estudiar unos análisis de peritazgo aseguró que se tenían que hacer otros estudios de mitigación del daño para reparar las viviendas, no para demolerlas. Pero los accionantes impugnaron esta decisión y llevaron el caso al Tribunal de Cundinamarca. En el 2010 el tribunal decidió que los debían reubicar de manera definitiva.
Sin embargo, como expone Martha Bermúdez Huertas, presidenta de la Junta de Acción Comunal, nunca se han hecho estudios geotécnicos completos, por lo que no se puede asegurar que ellos estén corriendo peligro, más aún cuando otros proyectos se han empezado a construir en predios más arriba del cerro Fusacatán.
En cambio, para Mercedes Muñoz, otra residente, la Administración está en mora de indemnizarlos, porque nunca hubo estudios de suelo, cuando se hizo la inspección a la constructora, que luego se declaró en bancarrota.
Otras urbanizaciones se hacen en sectores contiguos
Una de las quejas más claras de los vecinos de Santa María, es que desde la cancha de su conjunto, se puede ver la construcción de urbanizaciones al lado y lado de su predio, pero la Alcaldía asegura que estas no están en riesgo, aunque comparten el mismo terreno, porque sí cuentan con estudios estructurales que soportarían las condiciones inestables del cerro Fusacatán.
CUNDINAMARCA / El Tiempo
Página Web – 2015/01/29
Fuente: http://www.eltiempo.com