Plantean exigencias en vivienda popular (MÉXICO)
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El objetivo es evitar abusos de desarrolladores, señalan a la ALDF y al gobierno local
Para evitar abusos de los desarrolladores, los estímulos y beneficios por construir vivienda de interés social y popular deben otorgarse una vez comprobado que se entregó a los beneficiaros indicados, no a intermediaros ni simuladores, mediante el reembolso de los gastos ocasionados por permisos y contribuciones.
Excluir a la vivienda media y de renta y que todas las obras que se amparen en la normatividad se tramiten bajo la figura de licencia especial.
Estas son algunas de las propuestas y observaciones que integrantes de la agrupación Suma Urbana enviaron a la Asamblea Legislativa (ALDF) y al gobierno capitalino, en miras de que este 4 de marzo, como se comprometieron los diputados locales, se retome la discusión sobre la nueva Norma de ordenación urbana y de vivienda de interés social.
Representantes vecinales de varias delegaciones propusieron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) publique en su portal de internet los dictámenes de la Norma 26 de manera inmediata a que se le notificó al interesado que le fue otorgada la licencia especial.
Que las delegaciones hagan públicos los documentos que conforman las licencias a las que se les aplicó dicha Norma incluyendo los dictámenes elaborados por la Seduvi.
Para publicidad, promoción o actos de venta, piden que obligue a los promotores a dar a conocer a los compradores de los departamentos que éstos fueron construidos con el beneficio de la Norma 26, por lo que su precio no puede exceder los montos autorizados para vivienda de interés social y popular.
“Tomar como base la lista de colonias de la propuesta original de Norma 26 de 1997, revisar el estado y capacidad actual de su infraestructura. Incluir solamente aquellas colonias que por su infraestructura y precio de terreno sean susceptibles de recibir este tipo de vivienda.
“Sacar del listado todas las colonias de alto riesgo sísmico y vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos (inundaciones), geológicos (fallas, grietas, estabilidad de taludes, zonas minadas), de acuerdo al Atlas de Riesgo”, indica el documento.
Los vecinos apuntaron que “no urge” aprobar una norma si ésta no cumple con los objetivos, alcance y lineamientos requeridos.
“La suspensión vence el 31 de marzo y puede prorrogarse de nuevo ya que todas las propuestas presentadas por GDF y ALDF han sido ilegales, técnicamente equivocadas y sesgadas hacia el beneficio del sector inmobiliario y falta de transparencia por parte de la autoridad”.
En materia de sanciones, señalaron que éstas existen en el Reglamento de Construcciones vigente, pero no se aplican. Van de una multa de cinco a diez por ciento del valor comercial del inmueble, demolición de la construcción y hasta de tipo penal tanto para responsables legales, de obra y autoridades.
Exigieron sanciones en todos los casos de irregularidades en construcciones denunciadas por Norma 26, así como la demolición correspondiente.
KENYA RAMÍREZ / Excélsior
Página Web – 2015/03/04
Fuente: http://www.excelsior.com.mx