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La desregulación de sus órganos de gobierno y la falta de controles adecuados se suman a los problemas de gestión


La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 recoge expresamente el derecho a la vivienda en su artículo 25.1. Satisfacer este derecho universal y constitucional es, pues, una obligación de las administraciones públicas en el marco de nuestro estado social y democrático de derecho en el que la palabra "social" ha ido perdiendo, ahora más que nunca, su sentido como criterio informador de todo el ordenamiento jurídico y de la actividad de todas las instituciones públicas del Estado, como lo son los municipios. Afortunadamente la reciente reforma local sigue contemplando la vivienda protegida como competencia propia de los municipios en todo caso.

 

La actividad urbanística es una actividad pública y se puede llevar a cabo no solo por sociedades mercantiles públicas, sino también directamente por los municipios (o las Comunidades Autónomas en su caso), sin necesidad de creación de entes instrumentales.

 

Las empresas públicas de vivienda y suelo son sociedades mercantiles y por tanto, por definición, actúan en el mercado sujetas a la dinámica de pérdidas y ganancias en términos puramente económicos o monetarios. Sin embargo, a poco que pensemos en este tipo de actividad pública caeremos en la cuenta de que si esta actividad consiste fundamentalmente en la urbanización de suelo y en la edificación de viviendas para su enajenación en propiedad o para su arrendamiento en alquiler a ciudadanos con niveles bajos de renta, las administraciones públicas han de aportar un determinado capital para que los adquirentes o arrendatarios puedan disponer de una vivienda a precios inferiores a los de mercado, pues de otra manera les es imposible acceder a la misma. Luego, en principio, lo lógico y lo normal es que hubiese pérdidas, y eso no debiera extrañar ni escandalizar. Es la rentabilidad social y no la económica la que hay que poner como meta de la actividad pública.

 

Dicho esto, es necesario acabar con la desregulación actual en lo que a sus órganos de dirección, asesoramiento y control se refiere. Hasta 2004, cualquier persona, sin mayores requisitos, podía ser designado Director o Gerente de este tipo de empresas. Tras la Ley de Modernización del Gobierno Local, lo puede ser cualquier titulado superior, no se exige ningún otro requisito, y el principio de mérito y capacidad brilla por su ausencia.

 

Además, existe un amplísimo margen de discrecionalidad en la conformación de los consejos de administración, y ni el asesoramiento jurídico ni tampoco el control previo de carácter económico están atribuidos al secretario ni al interventor de la entidad local y las auditorías de cuentas no suelen ser lo rigurosas que debieran como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas.

 

Esto ha hecho también que la gestión, en muchos casos (hay honrosas excepciones), no haya sido la más adecuada. A título solo de ejemplo, en la auditoría de una sociedad de un importante municipio castellano-leonés se ponían de relieve cuestiones tan elementales como las siguientes: "no se ha dado una adecuada segregación de funciones, ni una adecuada supervisión de las mismas, no realizándose funciones básicas tales como la conciliación escrita de los saldos contables bancarios con los extractos bancarios o la inestable gestión de recursos humanos con una elevada rotación de personal clave (Gerentes)"; se han producido "errores de cientos de miles de euros en declaraciones de IVA".

 

Por último, existen también importantes razones de carácter económico-financiero difíciles de solventar y que afectan tanto a las empresas públicas como a las privadas del sector y la construcción, muchas de estas últimas quebradas y desaparecidas en bastante mayor porcentaje que las públicas. Las entidades financieras han endurecido fuertemente sus condiciones crediticias y la vivienda en propiedad ha cedido frente a la de alquiler, lo que hace que el recurso al crédito haya de ser mayor y más a largo plazo. Muchas empresas municipales adquirieron suelos en los años de las vacas gordas cuyo valor es hoy muchísimo menor, con lo cual el balance deja de cuadrar en el momento en que se actualizan esos valores. En general, tampoco se han anticipado a la crisis, abordando por ejemplo mayor número de actuaciones de rehabilitación y conservación de viviendas, a la par que el flujo de los ingresos procedentes de la actividad urbanística se ha desplomado y la capacidad adquisitiva de los clientes potenciales ha descendido enormemente.

 

Sin embargo, aplicar criterios estrictamente mercantiles a esta finalidad social no debe ser el centro del debate.

 

 

 


EULALIO ÁVILA CANO / El País

Página Web - 2014/04/04

Fuente: http://economia.elpais.com


Sus pies han pisado más de 100 ciudades, algunas en España, a saber, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Granada..., así que recuerde de manera rápida y no sin dudar largo rato sobre la cantidad exacta. Sin embargo, al director regional de ONU-Habitat para América Latina y el Caribe, Elkin Velásquez (Medellín, Colombia), no le lleva ni un segundo señalar el modelo ideal de urbanismo sostenible: el distrito neoyorquino de Manhattan. “Compacto, con edificios en altura que ocupan aproximadamente el 50% del suelo dejando el resto para vías y espacios públicos, incluidos los verdes”, resume. “Luego hay ciudades que, aunque sean un caos, tienen alma y te enganchan. Como Marrakech”, añade. Y se apresura a destacar la belleza de las calles de la capital mientras pasea por el céntrico barrio de Chamberí.

 

Velásquez recuerda que lo que hoy es ONU-Habitat nació con el objetivo de la búsqueda y promoción de soluciones de vivienda, pero con el tiempo se dieron cuenta que no era suficiente. “Teníamos que tratar el problema de manera general. Empezamos a hablar entonces de asentamientos humanos, de la vivienda en su contexto, de los servicios públicos, los transportes… y todo esto junto tiene un nombre: ciudad”.

 

Sobre estas cuestiones se debatió en el primer Foro Urbano Mundial que se celebró en Nairobi en 2002. Bianualmente se ha repetido la cita en Barcelona, Vancouver, Nanjin, Río y Nápoles. Desde el 5 de abril próximo, será Medellín –donde nació Velásquez–, la que acoja la séptima. El reto: que el crecimiento de las ciudades, donde reside más de la mitad de la población mundial (y aumentando), sea sostenible económica y medioambientalmente. Aunque ante un trabajo previo mal hecho, la solución pasa por una transformación de lo que ya tenemos. “En América Latina hay ejemplos de que se puede hacer esa transición. Uno de ellos es Bogotá”, indica esperanzado. Saber cómo conseguirlo y los beneficios de la inversión requerida para dicha transformación son las claves que deben manejar los responsables políticos para tomar decisiones sobre sus ciudades, apunta Velásquez. De ahí, “la importancia de que la agenda urbana entre en las prioridades de la agenda de desarrollo. Especialmente en América Latina”.

 

Pregunta. ¿Cómo es para usted una ciudad ideal sostenible?

 

Respuesta. Conectada e incluyente. Se construye o se recupera volviendo a lo básico, a los elementos del urbanismo social que implican tener suficiente suelo urbano para lo público, para los servicios colectivos, para las calles… La proporción ideal sería de 50-50 o 60-40 entre dedicación a suelo privado y al público. Otro criterio de sostenibilidad es promover los usos mixtos del suelo en torno a nuevos centros con una muy buena conexión gracias a sistemas de movilidad apropiados, privilegiando el transporte público frente al vehículo particular. Eso es lo que están haciendo algunas ciudades modernas y sostenibles. También se debe facilitar la diversidad cultural y grupal en los barrios. Sabemos que la homogeneidad social genera más conflictos. Estudios científicos ya lo han demostrado. Las ciudades sostenibles son, además, compactas. Hay que promover la densidad sostenible con edificaciones en altura y en torno a los nodos de transporte. Todo esto facilita la inclusión social y por ende, la disminución de las desigualdades sociales. En esas ciudades es en las que estamos seguros que va a haber más riqueza para redistribuir y los pobres van a tener más posibilidades de integrarse y ser incluidos.

 

P. ¿Qué beneficios aporta invertir en este tipo de ciudades?

 

R. Nuestros estudios e investigaciones sugieren que un buen desarrollo urbanístico tiene un impacto económico directo favoreciendo el crecimiento y reduciendo las desigualdades y la pobreza. Toma tiempo reconcentrar las ciudades, así como recuperar barrios. Lo bonito de este proceso es que algunos barrios vulnerables hemos visto que con intervenciones apropiadas después de un tiempo se vuelven céntricos. Se corre el riesgo de que suba el precio del metro cuadrado del suelo, y algunas poblaciones se vean obligadas a trasladarse a otros barrios de un menor nivel de ingresos. Pero lo que se espera es que si el cambio se lleva a cabo incorporando a las comunidades, estas puedan quedarse allí y beneficiarse de nuevas oportunidades.

 

P. ¿Cómo se consigue esa integración frente al peligro de segregación?

 

R. En América Latina las grandes urbes tienden a concentrar la desigualdad. Hay barrios de ricos y barrios de pobres claramente segregados. Para conseguir más integración debe haber tanta regulación del Estado como sea necesaria, junto a toda la dinámica del mercado que sea posible. Creo que en el mundo aprendió la lección en este sentido. La desregulación total conduce precisamente a ciudades segregadas; así que cuando proponemos planificación, regulación y legislación, estamos hablando de un Estado que juegue un papel importante.

 

P. Y la relación causa-efecto entre ciudad sostenible y reducción de la pobreza y la desigualdad, ¿cómo se produce?

 

R. Sabemos que la reducción de la desigualdad en un país depende de las políticas nacionales para la distribución de la riqueza. Pero un alcalde tiene la posibilidad de planear la ciudad para que la población pueda acceder más fácilmente a los servicios colectivos, como el transporte. También es fundamental que los espacios públicos y las infraestructuras sean de calidad para todos, principalmente para los más pobres. Así, en una ciudad típica latinoamericana donde hay sectores ricos, medios y pobres, se podría afirmar que la infraestructura social pública y los servicios sociales como la educación, deberían tener las mejores calidades en los sitios más vulnerables. Es decir, los más desfavorecidos tienen derecho a un acceso directo a servicios y espacios públicos de calidad y a estar bien localizados en la ciudad. Hay que recordar que el esquema de desarrollo normal que prevalece en América Latina hace que los pobres vivan alejados de las oportunidades, de los lugares de trabajo o del acceso a los servicios sociales. Y esto por una razón simple: las viviendas de interés social tienen un indicador crítico que es el precio del suelo y el suelo más barato es en general el que está alejado de las áreas centrales. Las familias de bajos ingresos están condenadas a vivir alejadas de las oportunidades sin poder salir de la trampa de la segregación social. En este sentido, apostamos por los barrios mixtos.

 

P. Pero, ¿cómo crearlos?

 

R. Con una planificación urbana que facilite que en ellos puedan residir personas con diferentes niveles de ingresos u orígenes étnicos o religiosos. Esto requiere de instrumentos de política pública que faciliten el acceso de los desfavorecidos a sitios mejor localizados. Suelo decir que el mejor consejo que uno puede dar a un alcalde o a alguien responsable de una política urbana para solucionar los problemas de desigualdad es localización, localización y localización. Los pobres deberían, por su condición, tener las mejores localizaciones en la ciudad, vivir cerca de las oportunidades que ésta brinda. Y deberíamos planificarla de tal manera que puedan acceder a ellas. Hay responsables públicos que podrán objetar que los suelos urbanos bien localizados son los más caros. Es cierto, pero hay formas de hacer la tarea y que todos ganen. La regulación puede permitir que en barrios de altos ingresos se reserven espacios para personas, o familias, de ingresos medio o bajos. También hay otras fórmulas como establecer un subsidio para el alquiler, en vez de para adquirir una vivienda...

 

P. Esto excede la mera planificación urbana. Atañe a las políticas de un Gobierno, desde fiscales hasta de servicios públicos...

 

R. Sí, una ciudad sostenible engloba todas esas políticas, pero con una base: el plano urbano de la ciudad. Si no hay una planificación, se desarrolla una ciudad para ricos y otra para pobres. A esto lo llamamos técnicamente segregación socio espacial. Sin embargo, esto no ocurre si hay un plan que siga los principios de ciudad sostenible, con una trama urbana bien trazada, con espacios públicos de proporciones apropiadas, diversidad social en los barrios y diversidad de usos del suelo. ¿Qué hacer para que la gente pueda estar cercana a su trabajo? En lugar de zonificar y tener las áreas industriales, comerciales y de servicios separadas, y además desagregadas por niveles socioeconómicos, lo correcto sería mezclar más esos usos del suelo, para que las personas vivan en un sitio en el que su oficina o sitio de trabajo queden cerca y no tengan que invertir dos horas de su día en transporte. Podrían dedicar ese tiempo a otras cosas, incluido a divertirse. Pero también puede emplearlo para estar con sus hijos o para generar ingresos de otra manera o aprovechar talentos y capacidades en otras áreas.

 

P. ¿Hay alguna experiencia de éxito en este sentido?

 

R. Hay una muy bonita en el barrio Juan Pobo, no muy lejos del centro de Medellín. Allí se inició un proceso de mejora y recuperación integral del barrio, expuesto a riesgos naturales. Cuando la Administración llegó allí a proponer a los vecinos una solución de vivienda ofreciéndoles una casa en propiedad lejos del centro, la comunidad dijo que no, porque no querían moverse ya que habitaba cerca de sus trabajos. Pidieron que se buscase una solución que no supusiera desplazarse y perder su localización. La Administración encontró una solución técnicamente apropiada. La localización es un elemento fundamental con un impacto político central: evita las brechas urbanas. Y esto se sustenta en elementos e instrumentos técnicos que no es que sean lo último en la ciencia del urbanismo. Al contrario, son básicos, lo que pasa es que requieren de mucha voluntad y visión a largo plazo de los dirigentes. Y todavía no se ha dado...

 

P. ¿Qué tiene que cambiar para que se produzca?

 

R. Los responsables políticos deberían promover la construcción de ciudad y no solo de viviendas. Los proyectos de vivienda responden a ciclos financieros de corto plazo, de unos cuatro años. La construcción de una urbe bajo criterios de sostenibilidad es, sin embargo, un proceso a medio y largo plazo que necesita reglas de juego claras, como una regulación apropiada de usos del suelo, y una financiación apropiada.

 

P. ¿Cómo implicar a la ciudadanía en la importancia de invertir en la ciudad, sobre todo a aquella parte empobrecida, quizá más preocupada por cubrir sus necesidades básicas?

 

R. El ejemplo de esto es Brasil. Allí se logró sacar de la pobreza a mucha gente, que pasó a ser de clase media, todavía vulnerable, pero clase media en términos de ingreso. Esas personas ya tienen resuelto lo básico y hoy están preocupados por acceder a las oportunidades de la ciudad, como los servicios sociales y culturales. Eso implica, por ejemplo, la necesidad de mejorar movilidad, que antes no era necesariamente lo más importante para ellos y hoy es central, casi un derecho. Pero las ciudades tienen aún lo que las compañías de seguros llaman preexistencias, es decir, han heredado problemas de sus patrones urbanísticos de vieja data. Esto provoca manifestaciones reivindicando cambios. En Brasil, literalmente. Por supuesto, con las movilizaciones no están diciendo directamente ‘necesito una ciudad mejor planificada’. Pero sí que te está diciendo que la ciudad que tienen no les da lo que quieren y necesitan. Ese algo más tiene que ver con la ciudad sostenible y se construye en el medio plazo. Esto mismo, está ocurriendo en México, Colombia, y otros países de Latinoamérica, porque el modelo prevalente de ciudad de los últimos 50 años no se regía por los elementos básicos del buen urbanismo que promovemos hoy.

 

P. Para dar un empuje a estas cuestiones, ¿habrá una meta en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tras 2015 que arranque un compromiso para una planificación correcta de las ciudades?

 

R. Esa es una decisión que está por tomarse en las negociaciones que mantengan los Estados miembros de las Naciones Unidas. Dicho esto, la buena noticia es que en el proceso de discusión a nivel global, el Panel de Alto Nivel para la elaboración de la Agenda reconoció en su informe la importancia de las ciudades para el desarrollo sostenible. El mismo Secretario General de Naciones Unidas ha dicho que la batalla del desarrollo la ganaremos o perderemos en las urbes. Además de esto, muchos grupos de trabajo, investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, autoridades locales e incluso gobiernos nacionales, están planteando la importancia de tener un objetivo sobre ciudades sostenibles. Los Estados miembros de Naciones Unidas tienen que definir lo mejor para el futuro de la humanidad, y tendría mucho sentido que hubiera un objetivo sobre ciudades sostenibles. Claramente.

 

P. ¿Cree que se producirá ese acuerdo?

 

R. Puede haber sectores de presión a los que en el corto plazo no les convenga una transformación de la ciudad. Debemos mostrarles que en el medio y largo plazo también van a ser ganadores. Y es muy importante no comprometer las ganancias a largo plazo por rentabilidades cortoplacistas y puntuales. Y eso implica mantener discusiones importantes con los diferentes actores, como los constructores, transportistas, grupos políticos, ciudadanos de distintos niveles socioeconómicos. Ayuda mucho tener líderes en las ciudades convencidos, con la evidencia en la mano, de los beneficios de un nuevo paradigma de ciudad y una nueva agenda urbana.

 

P. África y América Latina están siendo punta de lanza en la planificación sostenible. ¿Por qué?

 

R. África está urbanizado en más o menos un 30%, es decir, tres de cada diez habitantes viven en ciudades. Eso supone que hay mucho margen de crecimiento con una planificación urbana previa bajo criterios de sostenibilidad. Es fundamental que se construyan ensanches, expansiones urbanas, adaptados a las circunstancias actuales de esas ciudades. Con un porcentaje del suelo apropiado para lo público...

 

P. Eso en África, pero en América Latina, como en Europa o Estados Unidos, las ciudades ya están construidas.

 

R. Por supuesto, una cosa es elaborar un nuevo plan y otra intervenir la ciudad ya construida para mejorarla, lo cual tiene más coste, incluido social y político. Este es el caso en América Latina. Pero los beneficios son muchísimo más importantes en el medio y largo plazo. La clave es incorporar los principios de urbanismo que he mencionado dentro de procesos de revitalización, regeneración, rehabilitación y mejoras del barrio y la ciudad. En este sentido, hay ciudades que están haciendo muchas cosas. La sede del Foro Urbano Mundial, Medellín, es una de ellas. Construyó el metro cable, que es una vía de transporte aéreo a lo largo de un corredor que sirvió para interconectar dos partes de la ciudad que estaban desconectadas. Sao Paulo también está llevando a cabo unos procesos de intervención interna orientados a generar nuevas condiciones dinámicas. Esto es, gracias a la mejora de una zona estratégica, se produce un efecto positivo sobre las áreas cercanas. Y eso se traduce en un incremento del valor del suelo urbano. Se construye riqueza.

 

P. En las europeas, con siglos de historia de construcción y crecimiento, ¿qué se puede hacer?

 

R. Hay que reconocer que muchas ciudades europeas están haciendo un trabajo importante para dar ese giro hacia criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de movilidad sostenible, se está promoviendo mucho la ciudad caminable o en la que se da preferencia a métodos de movilidad limpios como la bicicleta. En Europa hay diferentes problemas –aunque prefiero llamarlos desafíos–, pero también soluciones. Lo importante es que en realidades diferentes los principios son los mismos. Es la aplicación lo que tiene que contextualizarse. Esto facilita el diálogo global y permite ver que ciudades norteamericanas, africanas, asiáticas, latinoamericanas o europeas comparten algunos desafíos y oportunidades. Y que los principios para el desarrollo urbano sostenible pueden ser el guía.

 

 


 

Alejandra Agudo / El País

Página Web - 2014/04/02

Fuente: http://elpais.com/


El Patronato Municipal señala que hay 1.100 viviendas vacías y 500 ocupadas ilegalmente


La oficina de asesoramiento y mediación en conflictos hipotecarios y de arrendamiento de viviendas del Ayuntamiento de Alicante ha tenido en los dos primeros meses de 2014 un importante repunte de los casos atendidos y de los expedientes abiertos. En total, 134 y 23 respectivamente en comparación con los dos últimos meses de 2013, en los que se ocuparon de 75 casos y se abrieron 11 expedientes. Unas situaciones que se extienden por toda la ciudad, desde las partidas rurales a la zona de playas, aunque el grueso se sitúa en barrios como los de la Zona Norte, Los Ángeles, Altozano, Campoamor, Carolinas, Florida-Portazgo o Ciudad de Asís.

 

Así lo indicó ayer el portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, quien exigió tras la comisión municipal de desahucios celebrada por la mañana «contundencia con las entidades bancarias para que pongan las viviendas de su propiedad en la ciudad a disposición del programa que impulsa el Ayuntamiento contra los desahucios».

 

Pavón explicó que, según el gerente del Patronato de la Vivienda, Gaspar Mayor, las entidades bancarias son propietarias, solo en la Zona Norte de la ciudad, de más de 1.100 viviendas. De ellas, 400 pertenecerían a Banco Sabadell, 400 a Bankia, 200 a BBVA y 150 a Banco Santander. Además, siempre según Pavón, los técnicos del Patronato estiman que en torno a 500 serían viviendas ocupadas ilegalmente.

 

«Los bancos tienen que poner más viviendas de su propiedad a disposición del programa municipal porque el convenio del fondo social de viviendas es totalmente insuficiente», manifestó Pavón, que sugirió «medidas fiscales» que castiguen el no poner a disposición del programa municipal sus viviendas, como la retirada de cuentas bancarias municipales de las entidades que no colaboren con el programa. Un sistema que algunas comunidades ya han decidido poner en marcha, como Cataluña.

 

 

 


ABC

Página Web - 2014/04/02

Fuente: http://www.abc.es


Durante el primer trimestre continúa la bajada de precios pero suben ligeramente en seis distritos y ocho municipios de Madrid

 

Sigue la bajada de precios como norma general. En el caso de la vivienda usada en Madrid capital solo un 0,5% durante el primer trimestre de este año, respecto al anterior. Pero, si se compara con los precios que solicitaban los propietarios por su vivienda un año antes tal descenso alcanza el 2%, según idealista.com, a partir de su propia base de datos. Y la depreciación supera el 28% si nos remontamos al segundo trimestre de 2007 que es cuando el portal registra la cifra más elevada. El precio del metro cuadrado ha pasado de 4.315 a 3.090 euros el metro cuadrado.

 

En cuanto a los distritos, en el de Moratalaz es donde los propietarios piden precios casi un 3% más caros que tres meses antes. Le sigue Arganzuela, con casi un 2%; Moncloa, Salamanca y Centro.

 

En cambio, entre los propietarios de vivienda que han optado por seguir ajustando precios son los de Villaverde los que más han rebajado estos: un 7%, seguidos por los de Puente de Vallecas, con un 5% de caída intertrimestral.

 

La rebaja de precios desde el inicio de la crisis, es de un 57% en Villaverde, con el metro cuadrado en 1.206 euros. Le siguen Puente de Vallecas, con un 57%, redondeando. Salamanca es el distrito en el que menos han caído en estos siete años, un 21%.

 

En cuanto a los municipios, el precio baja un 2,6% interanual en el primer trimestre y un 0,3%, intertrimestral. Si se comparan los precios de marzo de 2014 respecto al año pasado, la bajada es generalizada y llega a superar el 19% en el caso de El Molar.

 

Si se cierra el foco y se compara con el trimestre anterior, en nueve municipios de la corona metropolitana se mantiene estable o sube. Vilanueva de la Cañada es el que más se revalorizaría en el caso de que los propietarios obtengan la cantidad que solicitan que es un 3% más elevada que durante el trimestre anterior. En el otro extremo, El Molar, donde baja más de un 9%.

 

Por precios, los emplazamientos más caros son La Moraleja (Alcobendas), con 3.982 euros el metro cuadrado, seguido de Pozuelo, con 2.889 euros el metro cuadrado y de la vecina Majadahonda, con 2.595 euros el metro cuadrado.

 

Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com, apunta la tesis de que "el mercado inmobiliario español podría empezar a moverse a dos (o incluso tres) velocidades. Por un lado, en las grandes ciudades -que con ligeras variaciones de precios en torno al 1%- recuperan lentamente el número de operaciones cerradas, impulsadas por el interés de los fondos e inversores en el alquiler en determinadas zonas. Y, por otro, el resto de los mercados, que siguen en la senda bajista hasta alcanzar el ajuste que les permita ser competitivos".

 

 

 


El País

Página Web - 2014/03/31

Fuente: http://economia.elpais.com


El consejo de administración de Vimcorsa (empresa municipal de Vivienda) abordó ayer el estado de sus programas de rehabilitación y vivienda correspondientes a 2013 y lo que va del presente ejercicio. Según el informe que recoge los pagos hechos en esta materia, la cifra total de ayudas concedidas entre enero del pasado año y la actualidad asciende a 240. Con ellas, se han visto beneficiadas 1.450 viviendas. A esto, sigue el documento, se suman también las actuaciones directas en espacios públicos, un programa para colaborar en la rehabilitación de espacios libres entre bloques de titularidad privada, la rehabilitación ambiental de espacios urbanos, el adecentamiento de la Cuesta del Bailío o trabajos de emergencia y seguridad en el convento de Santa Clara. Entre todos los conceptos, Vimcorsa ha realizado un desembolso de 1,24 millones.

 

Esta inversión se divide en dos bloques. Por un lado, están las cantidades correspondientes a la convocatoria de ayudas de 2012 que se abonaron el pasado año: 204.793 euros. Por otro, los pagos por los programas a los que se puede concurrir desde mayo de 2013: 1,04 millones. Esta última cifra supone que se haya asignado el 86,6% de las cantidades previstas. El resto de la inversión se mantiene para atender los programas abiertos de la convocatoria de 2013 y hasta que llegue la de 2014: los de casas-patio, ITE (Ins’’pección Técnica de Edificios), viviendas alquiladas a tercera edad y actuaciones de emergencia.

 

Además, recibieron luz verde las cuentas de 2013. El pasado año, Vimcorsa obtuvo beneficios por valor de 740.000 euros.

 

 

 


ABC

Página Web - 2014/04/01

Fuente: http://www.abc.es