La adjudicación de una vivienda a los miembros de la Corrala Utopía saltándose la lista de espera desata las críticas de los solicitantes

La medida tomada por la Consejería de Vivienda de cobijar en una Vivienda Protegida a los desalojados de la Corrala Utopía ha desatado las críticas por saltarse la lista en la que esperan unas 12.000 personas a que se les otorgue una vivienda.

 

La pregunta que más se repite en la calle es si los okupas de la Utopía cumplen los requisitos, aunque no todo el mundo sabe cuáles son esos requisitos de los que se habla.

 

Lo primero que debe hacer una persona que quiera optar a una VPO es inscribirse en el Registro Público de Demandantes. Los requisitos de esta inscripción son:

 

1. Ser una persona física mayor de edad con capacidad jurídica y de obrar. Se presentará una solicitud por cada unidad familiar o de convivencia, que deberá ir firmada por todos los miembros mayores de edad de la misma. No podrán presentar una solicitud independiente cada miembro mayor de edad de una unidad familiar.

 

2.La unidad familiar o de convivencia posea unos ingresos inferiores a lo establecido para los distintos programas en los planes de vivienda y suelo autonómicos y municipales.

 

El Plan de Vivienda y Suelo de la Junta de Andalucía establece que para las Viviendas Protegidas de Régimen Especial y las Viviendas Protegidas Joven Venta que los Ingresos Familiares Corregido (IFC) no superen a 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El IFC se calcula con la siguiente fórmula: IFC = (Base imponible/Iprem)xF1xF2xF3xF4

 

Para Viviendas Protegidas de Régimen General, los ingresos deben ser inferiores a 40.000 euros anuales.

 

En el caso de las Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica, podrán solicitarla aquellos cuyos ingresos anuales sean inferiores a 60.000 euros.

 

Para la Adquisición Protegida de Viviendas Usadas, la Junta establece unos ingresos mínimos que no superen en 5,5 veces el Iprem.

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla establece en su Plan de Vivienda y Suelo que podrán solicitar una VPO aquellas con ingresos hasta de cuatro veces el salario mínimo interprofesional.

 

3.No podrán solicitar una Vivienda Protegida aquellas personas o unidades familiares en las que uno de los mayores de edad sean ya titulares de otra vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de derecho real de goce o disfrute vitalicio.

 

Podrán inscribirse las personas que, aun teniendo una vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de una VPO en alquiler, necesiten una vivienda adaptada a nuevas circunstancias, ya sea aumento de la unidad familiar, discapacidad o dependencia sobrevenida.

 

La adjudicación

 

Una vez inscritos en Registro Público de Demandantes de Sevilla, tienen preferencia en la adjudicación las personas empadronadas en Sevilla con una antigüedad mínima de dos años a la presentación de la solicitud. Tras ellos están las personas que hayan estado empadronadas durante al menos cinco años , en cualquier momento anterior. Tener un puesto de trabajo en un centro ubicado en la capital o realizar actividad profesional en el mismo. Por último, no podrán acceder a la adquisición de una VPO las personas condenadas por sentencia firma en un procedimiento penal, por usurpación o daños en viviendas protegidas.

 

Las viviendas sociales

 

La excepción al orden de adjudicación antes detallado incluye a las víctimas de violencia de género o del terrorismo, para los emigrantes retornados que puedan demostrarlo mediante certificación, familias monoparentales, personas procedentes de la ruptura de la unidad familiar, personas en situación de dependencia o personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares que la tengan a su cargo.

 

Estas personas son algunas de las cuales pueden beneficiarse de un tipo de viviendas destinadas a familias con especiales dificultades sociales. También incluidas en este cupo están las unidades familiares cuyos ingresos no superen el Iprem, o que superando ese mínimo (hasta un máximo de 2,5 veces el IPREM), se encuentran en situación de exclusión social por la imposibilidad de acceso a la vivienda. En este requisito es en el que se basa la Consejería de Fomento para adjudicar los pisos a ,los miembros de la Corrala, aunque según datos del ayuntamiento sólo tres de las 22 familias estarían en situación de riesgo de exclusión social.

 

 

 

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A. MENCOS / ABC

Página Web - 2014/04/11

Fuente: http://sevilla.abc.es

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¿Quiere comprar un piso o un bungalow de 80 metros cuadrados, nuevo y en la costa por 100.000 euros? En los portales de Internet de la banca se encuentran oportunidades de calidades aceptables.

 

Los expertos inmobiliarios aconsejan buscar ofertas en las playas de Tarragona (Salou y Cambrils), Castellón (Moncófar), Alicante (Torrevieja), Huelva (Isla Antilla), Málaga (Manilva y Casares) o Almería (El Ejido y Vera). La cantera está en las promociones de costa adjudicadas a las entidades.

 

La oferta es abundante, y el precio se puede negociar —sobre todo si se va a pagar al contado, como sucede en el 85% de las ventas—. pero encontrar un piso por menos de 100.000 euros en primera línea de playa o en zonas prime es excepcional. Con este precio, olvídese de la Costa Brava, Baleares, Marbella o Canarias.

 

El descenso de precios en la costa permite soñar otra vez con la casa de vacaciones junto al mar. Estrenar una segunda residencia en la playa a buen precio, de 90.000 o 100.000 euros, vuelve a ser motivo para buscar piso. Los expertos aseguran la existencia de ofertas en toda la costa mediterránea, aunque no tan masiva como se cree. Está concentrada en puntos de sobreconstrucción, y apenas hay nada en las islas.

 

La oferta procede de los bancos que tienen promociones de vivienda nueva o a punto de terminar en todo el arco Mediterráneo. "Están en zonas de costa secundarias, y algunas se ubican uno o dos kilómetros hacia el interior. Esas son las oportunidades para comprar obra nueva, porque apenas se han iniciado promociones desde hace seis años", asegura José María Basáñez, presidente de Tecnitasa.

 

Hay urbanizaciones enteras sin vender en la costa andaluza. "Se oferta todo tipo de productos de dos habitaciones por 100.000 euros. Son nuevos, aunque la construcción se iniciara hace siete años. Los bancos tienen prisa por vender", añade Leonardo Cromstedt, delegado de Remax Marbella. Los bancos financian lo que haga falta, y es fácil negociar con ellos rebajas cuando se paga en efectivo. Y el 85% de los compradores paga a tocateja.

 

Las oportunidades más sustanciosas están en Málaga. La zona de Benalmádena, sobre todo Sant Angello, acumula ofertas de obra nueva por menos de 100.000 euros, según Foro Consultores Inmobiliarios. Y Manilva y Casares, la prolongación de la Costa del Sol hacia Cádiz, tiene la mayor oferta de obra nueva. "Son lugares donde se edificó en exceso, y con la crisis se acumularon promociones fracasadas que hoy están en manos de bancos. Hay mucha oferta de 70.000 y 80.000 euros, totalmente financiadas por ellos", explica Cromstedt. En Manilva se vendió una promoción entera del Banco Popular en tres meses por 75.000 euros de media, cuando su precio de salida era de 200.000 euros.

 

Son edificaciones de calidades correctas que no están en primera línea de playa, y tienen precios hasta un 60% inferiores a los de hace seis años. Se extienden hacia Estepona, y por el otro lado del Peñón de Gibraltar, ya Atlántico, Cádiz tiene oportunidades en Sanlúcar de Barrameda y en San Roque, un pueblo de montaña a pocos kilómetros de la playa. Un poco más allá, en Huelva, se repiten las promociones de estas características y precio, concretamente en Isla Antilla.

 

Conviene buscar oportunidades en Internet, pero para encontrar las más jugosas debe cogerse el coche y patear la costa. Los municipios de Vera y Garrucha, y la zona turística de Almerimar (playa de El Ejido), concentran las oportunidades almerienses. En esta provincia abunda la oferta de todo tipo de productos por menos de los 100.000 euros. "Almería tiene, probablemente, el mercado inmobiliario más barato de España en este momento", asegura José Almagro, director comercial de Jones Lang Lasalle. En los siguientes kilómetros, ya en la costa murciana, hay ofertas salpicadas, sobre todo de urbanizaciones creadas alrededor de campos de golf, a mitad de precio. La tan anunciada Poralis World, con urbanizaciones de golf, por ejemplo, es un fiasco convertido en excelente oferta de la mano de la Sareb y los bancos.

 

Las ofertas salpican la región levantina para concentrarse en Alicante. Es el caso de El Campello, la Cala de Finestrat y Torrevieja. En este último pueblo hay kilómetros de bungalow a precios impensables. "El gradiente de precios más bajo de la costa levantina se extiende entre la capital y la comunidad murciana", puntualiza Jesús Serna, delegado de Remax Orihuela Costa. En la zona se dan cita abundantes viviendas de obra nueva, con nuevas promociones (pocas) que empiezan a edificarse tras cinco años de parón. "Hay urbanizaciones de apartamentos y bungalows con jardín y piscina, de unos 80 metros cuadrados a 100.000 euros. Los precios de vivienda nueva están muy ajustados, sin apenas rebajas", aclara Serna. Nórdicos, belgas, británicos y rusos no dejan bajar más los precios. En Valencia, la oferta de obra nueva a 100.000 euros está en Gandía, mientras que Moncófar concentra este tipo de oferta en Castellón.

 

Cataluña ofrece pocas oportunidades con estas características, y están en las tarraconenses playas de Salou y Cambrils. Remax Baleares informa que por 100.000 euros solo se compra vivienda en las zonas rurales del interior.

 

Canarias ofrece oportunidades en la costa sur tinerfeña, en los municipios de Arico y Granadilla de Abona, sobreedificada, en manos de entidades financieras y con descuentos de hasta un 50%. En Lanzarote hay promociones sin terminar en los 100.000 euros en Playa Blanca, asegura Celia Santesteban, delegada de Tecnitasa Canarias. Corralejo, al norte de Fuerteventura, tiene promociones bancarias de villas y bungalow por encima de los 100.000 euros. La demanda extranjera sostiene los precios por encima de los 150.000 euros en Canarias

 

 

 

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El País

Página Web - 2014/04/09

Fuente: http://economia.elpais.com

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La presidenta abre una investigación ante la sospecha de ilegalidad en la entrega de pisos a okupas en Sevilla que había desautorizado por la mañana

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, firmará hoy un decreto para retirar las competencias de Vivienda en el gobierno andaluz a IU después de que sus responsables desobedecieran ayer su orden de no entregar pisos a los okupas de La Corrala, ya que esto supondría una ilegalidad según los servicios jurídicos. Además, la presidenta anunció que abrirá una investigación para averiguar si en la entrega de estos pisos ha habido algún tipo de vulneración de los principios de libre concurrencia que rigen este tipo de adjudicaciones. El anuncio ponía fin a una jornada que había comenzando con la desautorización pública de su viceconsejero de Vivienda, una cartera adscrita a IU, cuando éste anunció que la Junta entregaría pisos a las 22 familias de La Corrala. «Dar una patada a una puerta no da ninguna prelación a la hora de acceder a las viviendas sociales», dijeron a ABC fuentes de la Presidencia. Es más, la solución es «que los servicios sociales de la Junta estudien esos casos junto con los del Ayuntamiento y se atiendan siguiendo los criterios técnicos y en el orden que les toque», añadieron. Dicho de otro modo: los okupas de La Corrala no pueden tener ninguna ventaja por haber acampado en la Plaza Nueva y tendrían que ponerse a la cola de la larga lista de peticionarios que hay en Sevilla. En eso están de acuerdo el Ayuntamiento y la Presidencia de la Junta. Así que IU se quedó sola en su guerra por sacar rédito partidista a esta polémica e incumplió la orden de Susana Díaz.

 

La jornada en el campamento formado por los okupas de La Corrala en la Plaza Nueva se había iniciado muy tranquila. A primera hora el propio viceconsejero de Fomento, José García Cebrián, se había pasado por allí para anunciar a los okupas que la Junta les daría una vivienda y que a final de la mañana regresaría y les confirmaría los datos. Ana, una de las okupas de mayor edad, comentaba que además de los pisos con los que ya contaban, la Junta les iba a pagar el alquiler de otras viviendas, no sabían dónde, hasta que en septiembre se produjera el realojo definitivo, que para algunas familias sería en el edificio de San Bernardo. La noticia empezó a correr como la pólvora. Hubo gritos de «sí se puede», abrazos, cánticos en los que animan a unirse a la lucha de la corrala y muchas llamadas de móviles en las que mostraban su alegría. Ana aseguraba que se irían de la Plaza Nueva esa misma noche, «podemos salir con la cara muy alta, nos vamos porque tenemos lo que teníamos que tener». Avisaba de que ahora, desde sus viviendas, seguirían la lucha por los que no la tienen mientras animaba a los que están sin hogar a seguir su camino. Cuando se le preguntó si sabía las cientos de personas que, en su misma situación, están apuntadas en las listas de espera para conseguir una vivienda social apuntaba al discurso de la Consejería de Fomento, las muchas viviendas vacías que tiene el Ayuntamiento. Es más aseguró que no podía creerse que, como asegura el Ayuntamiento, todas estén ya en proceso de adjudicación: «Eso lo tengo que ver yo».

 

El viceconsejero no apareció y se desató la polémica. Susana Díaz había dado orden de parar el realojo por considerarlo ilegal en función de los informes que le habían dado sus servicios jurídicos. La Junta no puede saltarse las listas ni pagar alquileres de nadie. Sin embargo, por la noche sus socios de gobierno entregaron las llaves en persona y en la propia acampada de diez pisos a esas familias y anunciaron que hoy instalarán en régimen de alquiler al resto en pisos de la empresa pública AVRA y que el alquiler lo pagará la Junta. Inmediatamente, Susana Díaz anunció a través de su gabinete que hoy firmará un decreto para retirar las competencias de Vivienda a IU y que investigará el caso por si se ha cometido alguna infracción. El pacto de gobierno queda en tenguerengue y hoy se espera que la disputa tenga mayores consecuencias.

 

 

 

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M. D. ALVARADO / ABC

Página Web - 2014/04/10

Fuente: http://www.abc.es

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Sin pagar deudas, el futuro pasa por aportación de capital, ventas o liquidación

Las inmobiliarias cotizadas siguen transitando al son errático que marcan las entidades financieras acreedoras. Su futuro pasa, en la mayoría de los casos, por la aportación de capital, la venta de activos, o, llegado el caso, la liquidación, a la vista del panorama: una actividad reducida a la mínima expresión, sin apenas ingresos o limitados a los que proceden de las rentas, y haciendo frente al pago parcial de sus deudas con operaciones de dación.

 

Este es el marco en el que hoy se mueven compañías que protagonizaron el boom inmobiliario, como Martinsa-Fadesa, Reyal Urbis, Colonial, Vallehermoso o Realia. Ahora, sea cual sea el camino que se tome, será abordado por unas manos diferentes, tanto a nivel accionarial como de gestión.

 

Los bancos ya se quedaron con Metrovacesa y la retiraron de cotización, Colonial está en pleno proceso de cambio, con la entrada en su capital del Grupo Villar Mir, y el resto se adentrará en los próximos meses por alguno de estos caminos.

 

Todos factibles si se trata de inmuebles en construcción o terminados o de golosas carteras de rentas, pero que dejan de serlo cuando entran en liza esos terrenos para los que prácticamente no existe demanda alguna.

 

Fueron 145.000 los millones de euros que las entidades financieras pusieron en manos de los promotores inmobiliarios para financiar la compra de doscientos millones de metros cuadrados donde levantar unos tres millones de viviendas.

 

Hoy, el 45% de estos activos, cerca de 100 millones de metros cuadrados, se han enquistado en los balances de las entidades financieras y de la Sareb, o incluso han sido vendidos como colaterales a terceros. Son aproximadamente un millón de viviendas las que se podrían construir, pero su salida al mercado, a la vista de los visados concedidos, sigue siendo prácticamente nula.

 

Los restantes 100 millones de metros cuadrados permanecen todavía bajo control de los promotores inmobiliarios con el mismo marchamo, ir devaluándose de forma progresiva ante la imposibilidad de que se desarrollen, no ya a corto y medio plazo, sino, quizás, en algún caso, jamás.

 

A la vista de la evolución de las existencias de las inmobiliarias cotizadas entre 2008 y 2013 —el epígrafe del balance donde se recoge el valor de los terrenos, de los inmuebles en curso o terminados y las provisiones para cubrir previsibles minusvalías–—se puede comprobar cómo todavía estas empresas albergan en sus balances millones de metros cuadrados de suelos, cuyo valor bruto sigue siendo muy alto, a pesar de las retasaciones efectuadas y los activos transferidos a las entidades financieras, ya sea por dación, compra o ejecución hipotecaria.

 

Terrenos que, en el caso de Martinsa-Fadesa, se convierten en el gran problema para que las entidades financieras acreedoras acepten la nueva oferta que la inmobiliaria presidida por Fernando Martín ha puesto sobre la mesa al no poder asumir el pago de casi 4.000 millones de deuda concursal.

 

A lo anterior hay que sumar que ha evitado in extremis tener que declararse en disolución al prorrogar el Gobierno la no obligatoriedad de que las empresas cumplan con la Ley de Sociedades de Capital, que establece computar como pérdidas las derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias.

 

Básicamente, el conocido como proyecto Aurora pasaría porque los bancos acreedores asumieran una quita cercana al 60% de la deuda, dando por definitivamente como perdidos más de 2.000 millones de euros. A cambio, se quedarían prácticamente con todas las existencias (suelos y promociones) con las que todavía cuenta Martinsa.

 

Hasta el pasado 31 de diciembre de 2013, estas existencias se contabilizaban por un valor neto de poco más de 2.100 millones de euros, al restar los casi 2.700 millones provisionados a un bruto de 4.800 millones, de los que 4.000 millones de euros son suelos.

 

De salir adelante esta propuesta, Martinsa Fadesa, con pleitos pendientes, se quedaría reducida a la mínima expresión, y los bancos verían cómo sus balances hacen un hueco a millones de metros cuadrados más de suelo de los que ya disponen, cuya salida sigue representando hoy un auténtico quebradero de cabeza.

 

Entre 2008 y 2013, tras múltiples procesos concursales, refinanciaciones, daciones en pago o ejecuciones, el cómputo de las existencias de Martinsa-Fadesa, Reyal Urbis, Realia, Colonial y Quabit ha variado notablemente. Aquel valor bruto de 16.740 millones (de los que 13.000 eran suelos) ha pasado, cinco años después, a contabilizar por 11.800 millones, siendo ya prácticamente todoterrenos, al haberse reducido drásticamente las promociones terminadas o en curso.

 

Lo que sí ha cambiado en este lustro son las provisiones aportadas para cubrir las más que probables minusvalías por estas existencias. Aportaciones que prácticamente se han doblado. De los apenas 3.500 millones a los casi 6.700 millones que figuraban en los balances al finalizar el pasado ejercicio.

 

Como el nivel de desarrollo de los terrenos ha sido insignificante, los solares valorados en 5.000 millones que ya no están en el balance de las inmobiliarias han pasado, casi en su totalidad, a formar parte de la cartera de adjudicados y adquiridos de los bancos y de la Sareb.

 

Son ya cerca de 45.000 millones de euros brutos las existencias que suman Santander, BBVA, Sabadell, Caixabank y Popular. A diferencia de lo que sucede con las inmobiliarias, las entidades financieras tienen una cartera de suelos más reducida. Representan poco más de la mitad de las existencias. El resto son promociones en construcción y, sobre todo, producto terminado. Para cumplir con los decretos del Gobierno, lo bancos han aportado ya 21.235 millones para cubrir el deterioro de estos activos.

 

Con este panorama, toca mover ficha. Al margen de lo que los bancos respondan a la propuesta lanzada por Martinsa, en Colonial ya han dado los pasos para afrontar el futuro, que pasa por la entrada de capital. El que va a aportar el grupo Villar y otros inversores, una vez asegurada la descon-solidación, en el balance de la promotora, de los activos incluidos en Asentia.

 

Las cuentas al cierre del primer trimestre, que Colonial presentará en un mes, ya dejarán ver los resultados benéficos de haber aparcado este lastre que suponía consolidar en las cuentas del grupo la actividad promotora y, sobre todo, su deuda.

 

El futuro de Realia pasa por las desinversiones que FCC y Bankia —sus dos accionistas de referencia—, se han comprometido a realizar. A partir de ahí se abre todo tipo de opciones sobre quiénes serían los nuevos accionistas de control.

 

Los fondos que han comprado buen parte de su deuda financiera tendrán mucho que decir, y también cabe la posibilidad de que se aborde la 'vía Colonial', de ampliación de capital previa separación de actividad, a la vista del interés detectado por comprar la SIIC, su filial francesa con una rentable cartera patrimonial.

 

En Reyal Urbis, trece meses después de que el juzgado declarase el concurso voluntario de acreedores de la compañía, continúan buscando alcanzar un acuerdo con sus acreedores y firmar una propuesta de convenio, para lo que se mantienen negociaciones con las entidades financieras partícipes en el crédito sindicado de la sociedad presidida por Rafael Santamaría.

 

 

 

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El País

Página Web - 2014/04/10

Fuente: http://www.elpais.com

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