Los casos extremos de exclusión y pobreza chocan con la falta de pisos producto de las ocupaciones ilegales que la Junta se niega a regularizar

MÁS de 200 familias se encuentran en la lista de emergencia, la de la necesidad vital, de una vivienda en la capital cordobesa. Son los datos del registro de demandantes restringido que, previa baremación, se hace cargo de los casos más urgentes donde la exclusión social es algo más que un riesgo sino una realidad social. De estas familias, 156 son las que tienen el mayor grado de puntuación lo que las haría merecedoras de un piso de promoción pública y alquiler casi simbólico en cuanto que éstos se queden libres. Muchas de estas personas, se explica en los informes sobre la gestión del parque público, llevan meses esperando, en algunos casos cerca de un año.

 

Los pisos que se entregan de esta forma son los de propiedad de la Junta y de carácter social . Una parte muy pequeña se encuentra en el Centro de la ciudad y la mayor parte se hallan en varias manzanas del barrio del Guadalquivir, Moreras y Palmeras. La realidad es que la situación se halla con mucha más demanda que oferta por varios factores: no se construye vivienda social (no confundir con la VPO, destinada a familias asalariadas que han de acreditar cierto nivel de ingresos) desde hace muchos años y la gestión del parque sigue siendo muy mejorable, sobre todo, desde que IU decidió que no desalojaría a nadie bajo ninguna circunstancia.

 

Los informes de los servicios sociales advierten de que esta realidad ha hecho que se produzcan ocupaciones irregulares de viviendas, ajenas al cauce oficial, que al no resolverse generan un tapón en la lista y hace que sea inviable que nuevas familias que necesitan el piso y cumplen los requisitos accedan legalmente a un techo. Constan advertencias del Consistorio a la Junta de Andalucía preguntando expresamente por casos concretos de viviendas vacías, las menos, y por pisos que se encuentran en manos de adjudicatarios ilegítimos, bien por ocupación directa o porque han alquilado el inmueble a terceros, cosa que no está permitida. Para entender la diferencia entre existencias de vivienda y unidades disponibles, dos datos. En lo que va de año se han entregado ocho pisos sociales por la comisión mixta entre la Junta y el Ayuntamiento que decide a quién se destinan. En la última reunión, para un solo piso competían hasta medio centenar de familias.

 

De las 206 viviendas en situación de necesidad, 127 casos que se catalogan como de extrema necesidad. Son los que tienen el mayor grado de puntuación posible como consecuencia del baremo pactado hace dos años por la antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía (hoy, AVRA) y el Consistorio para ordenar de una forma pactada las adjudicaciones de pisos de acuerdo con los datos que elaboran los trabajadores sociales que trabajan directamente sobre el territorio.

 

Conceptos

Una de las cuestiones a tener en cuenta es que por estas viviendas «compiten» solamente las unidades familiares en una situación desesperada. De hecho, uno de los principales motivos por los que se demanda vivienda —40 casos de los 206— no son casos de desalojo sino la inexistencia de un piso anterior. Son familias sin techo. Los casos por desahucio hipotecario son dos y los que tienen que ver con el lanzamiento por impagos de alquiler son 20. El motivo principal es, sencillamente, la ausencia de recursos y la necesidad de contar con una vivienda barata que no supere la cuarta parte de los ingresos de familias que suelen depender de las distintas líneas de emergencia y de las ayudas sociales que se arbitran desde las administraciones para los casos donde la pobreza asuela.

 

Quien trabaja en este tipo de gestiones asegura que es un procedimiento muy peculiar que no tiene nada que ver con la formalización habitual de expedientes de vivienda protegida. En este caso, tienen que ver tanto cuestiones puramente objetivas, como los ingresos de la unidad familiar o el número de hijos, como cuestiones que tienen que ver con el expediente personal de cada solicitante.

 

Es tremendamente alto, porcentualmente, el número de solicitantes que no precisan de un piso sino de una vivienda en otro lugar de Córdoba. Se trata de personas que tienen conflictos con sus vecinos que aconsejan que sean trasladados para evitar una escalada de violencia en una zona determinada. Ocurre con personas que pertenecen a clanes enfrentados a los que se le busca una salida rápida.

 

También es alto el número de personas que lo solicitan por estar incursos en un problema de infravivienda, por ejemplo, por residir en un piso que está en ruina o porque varias familias residen en las paredes de una misma vivienda.

 

 

 

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RAFAEL RUIZ / ABC

Página Web - 2014/04/22

Fuente: http://www.abc.es

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La adaptación y el ahorro energético se postulan como las vías para revitalizar el principal sector afectado por la crisis

Fue el primer sector afectado por la crisis económica, donde más empleos se han destruido y el que, a duras penas, se recupera en niveles muy por debajo de lo habitual. La construcción se convirtió en el baluarte de la especulación hasta que el estallido del boom inmobiliario acabó con él, sin embargo, existen algunas fórmulas y enfoques prácticos para revitalizar este ámbito del ladrillo que podrían emplearse.

 

Ese es precisamente el objetivo del II Encuentro del Sector de la Construcción, Inmobiliarias y otras empresas vinculadas, que se celebra este martes, 22 de abril, en el Club Tecnológico Tixe de Dos Hermanas. La cita profundizará en la posibilidad de ahondar en las nuevas tendencias de este sector, como son la rehabilitación, el interiorismo y el ahorro energético.

 

Tres aspectos que se postulan como el futuro más inmediato de este sector, a través de un nuevo concepto, no enfocado en la nueva edificación, sino más bien en la conservación y adaptación de las obras existentes. «El objetivo es recuperar al cliente de calle, que quedó en el olvido años atrás a favor de las grandes promotoras», ha apuntado Alfonso Vázquez, uno de los organizadores de la cita. Se trata de «concienciar a los ciudadanos de la ventajosa necesidad de cambiar la forma de diseñar, construir y usar nuestras viviendas».

 

Y no sólo hay que cambiar el concepto del ciudadano, sino también del empresario, acostumbrado hasta ahora a formar parte de grandes proyectos. «Se ha copado el mercado con vivienda nueva y ahora hay que buscar otras fórmulas», explica. En este sentido, la idea de trabajar sobre lo que ya está hecho es la clave que, en estos momentos, entienden que puede ser una salida factible para este sector. «Somos nosotros los que tenemos que cambiar el chip».

 

La fórmula para acertar está en las dinámicas ensayo-error y en la unión conjunta de los proyectos de cada empresa. De hecho, según apunta Vázquez, se ha puesto en marcha una línea de actuación conjunta a través del intercambio de experiencias entre las distintas empresas participantes, que radica precisamente en eso, en la necesidad de cambiar el rumbo de trabajo para dirigirlo más bien a la adaptación de las viviendas para el ahorro energético, lo que obligaría también a una formación previa de la empresa, que actuaría incluso de consultora para el cliente.

 

 

 

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ABC

Página Web - 2014/04/21

Fuente: http://sevilla.abc.es

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El PP denuncia que la Administración andaluza ha «desmantelado» los planes sociales y critica que no exista una «bolsa» para los casos de emergencia

 

El caso de la Corrala Utopía, el realojo de un grupo de okupas por parte de la Consejería de Fomento (IU), a la que la presidenta de la Junta retiró y devolvió después las competencias en materia de Vivienda, generando una grave crisis en el Ejecutivo bipartito, ha certificado el «fracaso» de las políticas sociales que en este campo practica el Gobierno andaluz. Esa es la opinión que, en declaraciones a ABC, mantiene la portavoz del área de Vivienda del PP-A, Alicia Martínez.

 

«Nosotros venimos denunciando desde hace tiempo que la Junta de Andalucía ha desmantelado la política social de vivienda y sencillamente ya no existe. La Junta –añade– es la mayor inmobiliaria de Andalucía, con un parque público en alquiler de más de 80.000 casas, y parece increíble que no pueda disponer de una bolsa de viviendas libres para alojar a familias en situación de emergencia social mientras se cumplan las condiciones de necesidad».

 

Según Alicia Martínez, lo ocurrido con la Corrala Utopía es una consecuencia de que la Junta «no ha actuado en política de vivienda social en muchos años, tiene abandonado el parque público, y mientras tanto ha alentado la patada en la puerta».

 

Recordó que los okupas de la Corrala recibieron, al inicio del conflicto, en 2012, la visita de la consejera de Fomento, Elena Cortés, «entiendo que para alentarles en su lucha. Y en este tiempo ha sido incapaz de ofrecer soluciones viables a las personas que realmente las necesitaran».

 

Alicia Martínez distinguió entre el registro de demandantes de viviendas que tienen los ayuntamientos para casos generales, de personas con recursos limitados, y el parque de viviendas de la Junta. La portavoz del PP-A centró sus críticas en este segundo apartado, donde en su opinión la Consejería no ha sabido dar una respuesta a los colectivos inmersos en una situación de exclusión social.

 

La parlamentaria explicó que la inmensa mayoría de las viviendas propiedad de la Junta están en régimen de alquiler, «pero nadie puede creerse que de esas 80.000 no tenga una bolsa de casa vacías por la propia rotación. El último dato que al respecto dio la Consejería es que el 40 por ciento está sin regularizar, porque muchas de ellas se han ocupado por el procedimiento de la patada en la puerta, y la propia Junta no sabe quién vive en ellas. Y más del 50 por ciento no paga los alquileres».

 

En este punto, Alicia Martínez no duda en subrayar el «descontrol, la opacidad y la incapacidad de gestión de unas viviendas que ahora están en manos de Izquierda Unida. Es algo que se ha puesto de manifiesto con el episodio de la Corrala. Y nos preocupa bastante porque son inmuebles a los que las familias con verdaderas necesidades deben tener acceso».

 

Dicho esto, consideró «lamentable» que la Junta haya «pasado la pelota del problema al Ayuntamiento de Sevilla, cuando es la Consejería la que tiene las competencias y la que lleva dos años con los brazos cruzados».

 

Indicó que la consejera Cortés puso en marcha un programa en defensa de la vivienda con tres líneas de actuación: prevención, mediación ante las entidades financieras para evitar desahucios y la protección de las familias que pudieran verse en la calle. Este último capítulo, «a la vista está que no se está haciendo nada, salvo trasladar el problema al Ayuntamiento».

 

Y se preguntó: «¿Qué fue de la medida de pagar el alquiler de las viviendas sociales con trabajos comunitarios?» «Pues se la llevó el viento. El PP —afirma—, sí ha puesto en marcha en Sevilla y en Málaga actuaciones para que las familias que se están beneficiando de un arrendamiento y no lo puedan pagar, se sometan a un seguimiento para que hagan frente a sus compromisos en las medidas de sus posibilidades. Pero en ningún caso se puede permitir que durante años las personas que habitan una vivienda con alquiler social ni siquiera tengan la obligación y la responsabilidad de corresponder. Lo contrario es estar ante otra forma de clientelismo».

 

 

 

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JOSÉ CEJUDO / ABC

Página Web - 2014/04/20

Fuente: http://www.abc.es

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La Consejería de Vivienda mantiene el resto de sus competencias

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), ha firmado un decreto que hoy publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en el que retira a la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige IU, las competencias y funciones sobre adjudicación de viviendas protegidas de titularidad pública.

 

La retirada de las competencias se produce tras la decisión de la Consejería de realojar en viviendas públicas y privadas a varias familias desalojadas de la corrala sevillana La Utopía.

 

En el decreto, la presidenta andaluza transfiere esas competencias a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige la socialista María Jesús Montero.

 

Susana Díaz toma esta decisión "con el fin de asegurar la máxima eficacia de la acción administrativa para el desarrollo del programa político del Gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas de Andalucía", indica el decreto.

 

La Consejería de Vivienda mantiene sus competencias excepto las relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica en los supuestos previstos en el artículo 12, apartado 5 y 13, del decreto 149/2006, de 25 de julio, precisa la resolución de la presidenta.

 

En ese decreto se aprueba el "reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en materia de vivienda protegida y suelo".

 

 

 

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ABC

Página Web - 2014/04/11

Fuente: http://sevilla.abc.es

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