Los casos extremos de exclusión y pobreza chocan con la falta de pisos producto de las ocupaciones ilegales que la Junta se niega a regularizar
MÁS de 200 familias se encuentran en la lista de emergencia, la de la necesidad vital, de una vivienda en la capital cordobesa. Son los datos del registro de demandantes restringido que, previa baremación, se hace cargo de los casos más urgentes donde la exclusión social es algo más que un riesgo sino una realidad social. De estas familias, 156 son las que tienen el mayor grado de puntuación lo que las haría merecedoras de un piso de promoción pública y alquiler casi simbólico en cuanto que éstos se queden libres. Muchas de estas personas, se explica en los informes sobre la gestión del parque público, llevan meses esperando, en algunos casos cerca de un año.
Los pisos que se entregan de esta forma son los de propiedad de la Junta y de carácter social . Una parte muy pequeña se encuentra en el Centro de la ciudad y la mayor parte se hallan en varias manzanas del barrio del Guadalquivir, Moreras y Palmeras. La realidad es que la situación se halla con mucha más demanda que oferta por varios factores: no se construye vivienda social (no confundir con la VPO, destinada a familias asalariadas que han de acreditar cierto nivel de ingresos) desde hace muchos años y la gestión del parque sigue siendo muy mejorable, sobre todo, desde que IU decidió que no desalojaría a nadie bajo ninguna circunstancia.
Los informes de los servicios sociales advierten de que esta realidad ha hecho que se produzcan ocupaciones irregulares de viviendas, ajenas al cauce oficial, que al no resolverse generan un tapón en la lista y hace que sea inviable que nuevas familias que necesitan el piso y cumplen los requisitos accedan legalmente a un techo. Constan advertencias del Consistorio a la Junta de Andalucía preguntando expresamente por casos concretos de viviendas vacías, las menos, y por pisos que se encuentran en manos de adjudicatarios ilegítimos, bien por ocupación directa o porque han alquilado el inmueble a terceros, cosa que no está permitida. Para entender la diferencia entre existencias de vivienda y unidades disponibles, dos datos. En lo que va de año se han entregado ocho pisos sociales por la comisión mixta entre la Junta y el Ayuntamiento que decide a quién se destinan. En la última reunión, para un solo piso competían hasta medio centenar de familias.
De las 206 viviendas en situación de necesidad, 127 casos que se catalogan como de extrema necesidad. Son los que tienen el mayor grado de puntuación posible como consecuencia del baremo pactado hace dos años por la antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía (hoy, AVRA) y el Consistorio para ordenar de una forma pactada las adjudicaciones de pisos de acuerdo con los datos que elaboran los trabajadores sociales que trabajan directamente sobre el territorio.
Conceptos
Una de las cuestiones a tener en cuenta es que por estas viviendas «compiten» solamente las unidades familiares en una situación desesperada. De hecho, uno de los principales motivos por los que se demanda vivienda —40 casos de los 206— no son casos de desalojo sino la inexistencia de un piso anterior. Son familias sin techo. Los casos por desahucio hipotecario son dos y los que tienen que ver con el lanzamiento por impagos de alquiler son 20. El motivo principal es, sencillamente, la ausencia de recursos y la necesidad de contar con una vivienda barata que no supere la cuarta parte de los ingresos de familias que suelen depender de las distintas líneas de emergencia y de las ayudas sociales que se arbitran desde las administraciones para los casos donde la pobreza asuela.
Quien trabaja en este tipo de gestiones asegura que es un procedimiento muy peculiar que no tiene nada que ver con la formalización habitual de expedientes de vivienda protegida. En este caso, tienen que ver tanto cuestiones puramente objetivas, como los ingresos de la unidad familiar o el número de hijos, como cuestiones que tienen que ver con el expediente personal de cada solicitante.
Es tremendamente alto, porcentualmente, el número de solicitantes que no precisan de un piso sino de una vivienda en otro lugar de Córdoba. Se trata de personas que tienen conflictos con sus vecinos que aconsejan que sean trasladados para evitar una escalada de violencia en una zona determinada. Ocurre con personas que pertenecen a clanes enfrentados a los que se le busca una salida rápida.
También es alto el número de personas que lo solicitan por estar incursos en un problema de infravivienda, por ejemplo, por residir en un piso que está en ruina o porque varias familias residen en las paredes de una misma vivienda.
RAFAEL RUIZ / ABC
Página Web - 2014/04/22
Fuente: http://www.abc.es