Cerca de 4,4 de los 10,2 millones de euros con los que se dotó el Plan de Vivienda para 2014 en los presupuestos de la Generalitat se destinarán al pago de ayudas a promotores de viviendas protegidas en régimen de alquiler. Para ello, se ha hecho una modificación de crédito por la que se minora en 4,38 millones de euros la línea genérica del Plan de Vivienda y se incluye una nueva línea nominativa con relación de beneficiarios y detalle de las cantidades correspondientes.

 

El acuerdo por el que se lleva a cabo la modificación fue adoptado por el pleno del Consell en su reunión del pasado día 2 de mayo en Alcoi y fue publicado este lunes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. La decisión ha levantado críticas en la oposición, que considera que los promotores no deben tener prioridad sobre los inquilinos y los ciudadanos que han adquirido viviendas protegidas a la hora de cobrar las ayudas que la Generalitat adeuda.

 

El acuerdo especifica que la modificación de crédito tiene como finalidad el “pago de subvenciones correspondientes a promociones de viviendas en arrendamiento” que disponen de financiación finalista de la Administración General del Estado. Es decir, van dirigidas a pagar subvenciones que el Ministerio de Fomento ya transfirió.

 

Las empresas beneficiarias, según la resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, son Visorén Renta, SA, que recibirá 985.500 euros; Fama Desarrollos Inmobiliarios, SL, cuya ayuda es de poco más de un millón de euros; Ecosistemas Urbanos, SL, que cobrará 886.482 euros, y Arrendament Immobiliari Assequible, SL, que recibirá 1,4 millones de euros.

 

“Quedan en evidencia las prioridades del Consell”, señaló la diputada socialista María José Salvador. La parlamentaria recordó que la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que dirige Isabel Bonig, debe unos 240 millones de euros en ayudas a la vivienda a unos 50.000 beneficiarios y que en una primera lista de pago de algunas de esas subvenciones, además de familias y ciudadanos, también había algunos promotores.

 

“Todo el mundo ha de cobrar”, comentó Salvador, “pero destinar casi la mitad de lo previsto en el Plan de Vivienda para todo el año solo a los promotores no es aceptable. Pedimos con los ciudadanos la misma diligencia que tienen con los promotores”.

 

En el mismo sentido se pronunció la diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà. “Con esta decisión el gobierno del PP evidencia una vez más que su prioridad no son las personas y detrae 4,3 millones de euros que estaban destinados a priori al Plan de Vivienda, del que se pueden beneficiar todos los ciudadanos, para subvencionar a unas empresas promotoras muy concretas”, aseguró.

 

La diputada de Compromís añadió: “No es de recibo que el Consell mantenga una deuda astronómica durante tantos años a los beneficiarios de las ayudas a la vivienda excusándose en que no tienen disponibilidad presupuestaria para hacer frente a estos pagos y ahora saquen dinero de donde sea para pagar a las empresas promotoras”.

 

 

 

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ADOLF BELTRAN / El País

Página Web - 2014/05/12

Fuente: http://www.elpais.com

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«IU lo que quiere es borrar el origen de la situación creada con la patada en la puerta» ha declarado a concejal delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco

La concejal delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco, ha instado a IU a que explique en «qué informes se basaron para la entrega de llaves» a las familias de la Corrala Utopía, ya que ha considerado que «la única línea roja existente en este asunto la ha cruzado IU, que fue quien realojó a estas familias sin explicar qué criterios de selección y prioridad aplicaron».

 

Así ha respondido la edil a las declaraciones del portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, José Manuel García, quien lamentaba que el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido (PP), «demore injustificadamente» los informes de la Corrala Utopía para «tapar sus mentiras» tras «cruzar todas las líneas rojas» al «difamar y extender la sombra de la sospecha sobre las familias realojadas o pendientes de realojo».

 

En este sentido, según De Pablo-Blanco, «IU lo que quiere es borrar el origen de la situación creada con la patada en la puerta, cuando el derecho de realojo siempre requiere para su aplicación un origen legal» y ha añadido que «no se puede beneficiar a aquél que provoca la situación para obtener una vivienda protegida obviando la debida aplicación de la norma que contempla y regula esa entrega frente al resto de los ciudadanos», por lo que «ahora es IU la que tiene que explicar a los ciudadanos qué criterios objetivos y sobre qué informes se ha fundamentado para esa entrega de llaves».

 

Del mismo modo, ha recordado a IU que en la lista de familias realojadas y pendientes de realojo facilitada al Ayuntamiento por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta «hay algunas que no habían sido objeto del desalojo, otras que carecen de la notas informativas, otras con ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) o simplemente las que no habían acreditado documentalmente sobre su situación manifestada».

 

En este sentido, la concejal delegada se ha preguntado sobre «cuál ha sido el criterio objetivo seguido por IU cuando ha dejado de entregar llaves a familias con menores frente a otras que no reunían este requisito», ante lo que ha indicado a García que «las leyes son iguales para todos y no se pueden saltar, sin más, para beneficiar a unos sobre otros».

 

De esta manera, ha insistido en que «es competencia exclusiva del Ayuntamiento la adjudicación de las viviendas protegidas y la elaboración de los informes sociales como prescribe la ley autonómica, lo que olvida intencionadamente IU». «Hay que recordarle a IU que ha estado presente en todo el procedimiento de negociación con las familias de la Corrala rechazando sistemática y sucesivamente las viviendas ofrecidas por Ibercaja en su programa de 'Llaves solidarias' tanto por la delegada Territorial de la Junta de Andalucía en Sevilla, Granada Santos, como por la portavoz y representante de las familias, Irma Blanco, en la mesa del Defensor del Pueblo Andaluz», ha advertido la delegada de Asuntos Sociales.

 

Llamamiento a las familias

Por otro lado, De Pablo-Blanco ha apuntado que «las familias han tenido que ser llamadas por este Consistorio, a la vista de que no acudían a los Centros de Servicios Sociales, aún habiéndole dado cita». De hecho, «a los que se les ha dado cita para la semana que viene es simplemente porque no se presentaron antes», ha añadido. Según la edil, «después de esta llamada, las familias han acudido a los servicios sociales poniendo limitaciones y restricciones a la labor ordinaria de los técnicos, en unos casos, al no facilitar el domicilio para poder realizar la visita domiciliaria; en otros, no entregando la documentación solicitada o manifestando incluso por escrito que no quieren que se les realice el informe baremo por necesidad de vivienda social», por lo que, a su juicio, «coartan la intervención que se viene realizando con todas las familias que acuden a los Centros de Servicios Sociales».

 

«IU está cuestionando el trabajo y el procedimiento de unos profesionales, seguro que si fueran médicos no cuestionarían que se realizaran todas las pruebas necesarias para un buen diagnostico», ha subrayado la delegada del Ayuntamiento de Sevilla, quien ha añadido que «García quiere desconocer la magnífica labor de intervención de los profesionales de los servicios sociales municipales que son los que tienen que evaluar y recomendar los recursos sociales más adecuados bajo criterios técnicos exclusivamente y no políticos». Y es que, como ha explicado De Pablo-Blanco, «todo lo que hacemos tiene una base documental que consta en los expedientes de la Junta de Andalucía porque lo hacemos todo siempre bajo la legalidad».

 

 

 

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ABC

Página Web - 2014/05/11

Fuente: http://sevilla.abc.es

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El nuevo convenio permitirá a familias vulnerables quedarse en la vivienda aunque la haya perdido, con un alquiler reducido.

La dureza y prolongación de la crisis económica ha provocado que miles de personas hayan perdido su vivienda al no poder seguir afrontando el pago de la hipoteca y acabar en un desahucio. En enero del año pasado, el Gobierno creó el Fondo Social de Viviendas (FSV) que cuenta con un total de 6.000 viviendas procedentes de 33 entidades financieras para proporcionar pisos de alquiler barato a quien ha perdido su hogar. Se trata de un número escaso para afrontar la magnitud del problema y las condiciones exigidas también limitaban el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables. Ahora, la Comisión de Seguimiento y Coordinación del Fondo Social de Viviendas (FSV) ha acordado ampliar el ámbito de aplicación de este instrumento. Según un comunicado del Ministerio de Economía, las modificaciones permitirán "quedarse en la vivienda mediante el pago de alquiler reducido en algunos supuestos e incluir a un amplio número de personas o familias que, previo informe de los Servicios Sociales, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social".

 

El nuevo convenio permitirá que personas o familias puedan mantenerse en la vivienda que habitaban, aunque la hayan perdido como consecuencia de una ejecución forzosa y después de que haya sido adjudicada. También se abre esta posibilidad para las daciones en pago. En ambos casos se pagará un alquiler reducido, es decir, entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal como está previsto en el Convenio del Fondo Social de Vivienda

 

Los nuevos supuestos que podrán solicitar una vivienda al Fondo Social de Vivienda son las unidades familiares con hijos menores de 18 años de edad –hasta ahora se exigía que los menores no tuvieran más de tres años-; las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda es indispensable para su autonomía e inclusión social -será necesario un informe de los Servicios Sociales; hasta ahora se requería al menos un 33% de discapacidad-; las personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que, mediante aval, hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos -esta situación no se contemplaba antes-; otras personas o familias con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores, previo informe de los Servicios Sociales.

 

En todos los casos se mantienen los requisitos anteriores de estar en desempleo y sin prestaciones y haber perdido la vivienda a consecuencia de un desahucio a partir del 1 de enero de 2008. El año pasado, el Fondo Social de Vivienda atendió positivamente la mitad de las peticiones recibidas: Hubo 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas.

 

 

 

 

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AMPARO ESTRADA / ABC

Página Web - 2014/05/12

Fuente: http://www.abc.es

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El impuesto más importante de todos los que pagan los sevillanos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles IBI, se ha redudido sustancialmente en los últimos nueve años, aunque la bajada más importante ha sido la de este ejercicio, que ha alcanzado un 13,41% de descenso. Un porcentaje que se traduce en 52 euros de media para cada contribuyente.

 

Al tratarse de un impuesto que está afectado por el mercado inmobiliario, la realidad actual es que los sevillanos pagan ahora un 45,51% menos de IBI que en el año 2003, cuando la situación económica era más boyante y los precios de las viviendas estaban mucho más elevados. Porque el IBI se calcula teniendo en cuenta el valor real de la vivienda y no sólo lo que aparezca como valor catastral de la misma, un indicador que no se ajusta a la realidad porque se modifica a muy largo plazo.

 

Antes, cuando había pujanza económica, el valor catastral de las viviendas estaba por debajo de la realidad y, ahora, por efecto de la crisis económica, porque está muy por encima de la misma, sobre todo en zonas de expansión urbanística y en los pisos de mejores construcciones.

 

La reducción de este tributo se produce, además, con una circunstancia especial que podía haber elevado este impuesto un 10% más que el año pasado, un incremento que el equipo de Gobierno de Zoido ha anulado bajando considerablemente el importe definitivo. Porque el Ayuntamiento de Sevilla no ha realizado una revisión del catastro después del año 2003, con lo que el Ministerio de Hacienda obligaba a ajustar el valor de este impuesto al alza. Igual que Sevilla están las ciudades de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva o Jaén, entre otras ciudades españolas.

 

Un ejemplo real: el importe del IBI en el año 2003 en una vivienda de 108 metros cuadrados en el distrito San Pablo-Santa Justa era de 256,13 euros. En el año 2011, el último del mandato de PSOE e IU, el coste de esas misma vivienda era de 367,58 euros. Una cuenta que supone que los propietarios de este piso han pagado un 5% más de IBI en los últimos nueve años.

 

 

 

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STELLA BENOT / ABC

Página Web - 2014/05/09

Fuente: http://sevilla.abc.es

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