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Los barrios tradicionales, como Ciudad Jardín, pasan a un segundo plano como consecuencia de la bajada de los precios, que llega al 30 por ciento


Con septiembre a la vuelta de la esquina y el nuevo curso académico intuyéndose ya, empieza la primera gran aventura de los estudiantes: la búsqueda de piso. Cada vez son más los jóvenes que escogen la opción del arrendamiento para vivir durante nueves meses, desechando la posibilidad de la residencia universitaria. Sin embargo, lo que se puede intuir en principio como una rutina anual por esta época cambia: el comportamiento y las exigencias de los jóvenes ya no son los mismos que en años anteriores. En esta historia son tres los papeles que participan activamente. Por un lado, los jóvenes inquilinos que buscan desesperadamente un techo en el que refugiarse a partir del próximo mes; por otro, los propietarios de los pisos, que no siempre se muestran partidarios de firmar contratos con estudiantes. Por último, aparecen las inmobiliarias, que se ofrecen como intermediarias entre las dos partes contratantes, aunque a menudo no sean bien vistas.

 

Un cambio de modelo

 

Pero el contexto de los años ha cambiado ya el argumento de esta historia. Sin ir más lejos, el barrio por excelencia de los estudiantes ya no lo es tanto. Aunque sigue conservando gran concentración de estudiantes, la zona de Ciudad Jardín ha sido relegada a un importante segundo lugar, como el barrio de Levante. Cobran fuerza otros enclaves, como Santa Rosa o los alrededores de la estación del AVE. Algunos de los motivos son las condiciones de los inmuebles, «que se caen por dentro», y la bajada general del precio del alquiler, que permite a muchos jóvenes que puedan optar a otros barrios antes impensables. «Es verdad que los pisos de Ciudad Jardín o del Zoco son los que mejor suelen estar de precio pero no de prestaciones», explica Manuela Rodríguez. Esta sevillana estudiante de Veterinaria, lleva en Córdoba viviendo desde hace tres años. Y ya se ha mudado dos veces. «Empecé en la calle Previsión pero porque el primer año lo hice todo deprisa y sin comparar», asegura. «Cuando llegó junio —continúa— me fui para Sevilla y estuve todo el verano buscando un buen sitio, con buen precio y que no se cayera por dentro». Ahora, después de dos cursos, la futura veterinaria consiguió un apartamento cerca de la estación de Renfe, otra de las zonas que están en alza en cuanto al alquiler de piso. En este sentido, son las zonas de Renfe y Santa Rosa las que comienzan a ser más demandadas entre este sector de la sociedad, según fuentes consultadas por este periódico.

 

Asimismo, la zona de Levante es otra de las clásicas incluidas en esta búsqueda. Rafael Montero es un egabrense de 25 años explica que es el barrio de Levante donde más compañeros suyos han decidido vivir mientras su etapa en Córdoba. «Vivo en Fátima, porque los precios son muy bajos y ya está muy bien comunicado», asegura este joven. Como este caso, en esta zona de la ciudad encontramos mucho más ya que es el barrio de Levante donde más pisos de estudiantes hay, según las propias inmobiliarias.

 

Otro de los cambios más notorios que se aprecian es la evolución del precio. Como en otros en campos, en este sector la crisis también se ha notado. No obstante, en este caso sí hay un perfil beneficiado y es el estudiante. Al igual que el precio de la vivienda, el del alquiler también ha bajado. «Es verdad que yo cuando vivía en Ciudad Jardín no pagaba mucho, pero en relación calidad-precio, ahora estoy pagando bastante menos, en torno a doscientos euros, gastos aparte», explica Rodríguez.

 

En este sentido, son los propietarios los que han observado cómo sus ingresos por arrendamiento han ido decreciendo. Así lo explica Gabriel Saiz, dueño de un piso en la zona de Renfe y que alquila habitaciones a estudiantes. «Hoy por hoy, me están pagando cada uno de los tres que viven 170 euros al mes», asegura. «Sin embargo, —apunta Saiz—, el precio lo he tenido que bajar casi un 30% del total de hace cuatro años».

 

No obstante, en este asunto las inmobiliarias tienen mucho qué decir. Ellas han visto cómo con el declive del precio de la vivienda, su actividad ha ido mermando. En el caso del alquiler también han salido perjudicadas. La opción de mediar con este tipo de empresa no es la más solicitada por los jóvenes «a pesar de ser lo más cómodo» tal y como dice la joven sevillana. «Ir a una inmobiliaria nos sale más caro», comenta.

 

El hecho de tener que pagar una mensualidad a la inmobiliaria más la fianza (que suele ser dos meses por adelantado al propietario), frena a muchos posibles inquilinos. Sin embargo, a pesar de la hostilidad que se puede levantar contra las inmobiliarias, tienen un punto a favor: garantía. Valeriano Rubio, gerente de la franquicia Solo Alquileres, explica que sigue habiendo jóvenes que prefieren siguen confiando agencia. «Nosotros hacemos el trabajo sucio, por un lado los chicos nos dicen que están buscando y se lo conseguimos y en el caso de los propietarios lo mismo, puesto que somos los que tramitamos todo sin que ellos se molesten”, asegura Rubio. Además, otros de los aspectos positivos de este optar por este método, es el hecho de que ante cualquier problema con el casero, la inmobiliaria responde.

 

Fraudes en anuncios

 

Asimismo, en esta época del año los fraudes en los anuncios de pisos para estudiantes se multiplican, ofreciendo calidades imposibles o llegando incluso a mostrar viviendas en las que ya vive gente. Ante esta repetida situación, la Policía advierte que se debe desconfiar de todos aquellos anuncios de viviendas que nos ofrecen condiciones de alquiler «excesivamente» ventajosas con respecto al resto de anuncios. La búsqueda de piso con prisas y sin razón puede acarrear más de un dolor de cabeza. Y algún saqueo en el bolsillo.

 

 

 


MARTA VILLASECA / ABC

Página Web – 2014/08/18

Fuente: http://sevilla.abc.es


El precio de los alquileres descendió un 0,8% en el mes de julio, la misma caída experimentada un mes antes, lo que supone medio punto más que el índice general, que se situó en el -0,3%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Por comunidades autónomas, los principales descensos se localizaron en Navarra (-2,3%), Madrid (-1,8%), Murcia (-1,8%), La Rioja (-1,6%), Comunidad Valenciana (-1,2%), Extremadura (-1,2%), Andalucía (-1%), Castilla-La Mancha (-0,9%) y Canarias (-0,9%). En la media nacional se situó País Vasco (-0,8%).

 

Por debajo de este promedio, completaron la lista Cantabria (-0,5%), Castilla y León (-0,5%), Baleares (-0,3%), Aragón (-0,2%), Galicia (-0,2%) y Ceuta (-0,2%). Los únicos incrementos se registraron en Melilla (+0,5%), Asturias (+0,1%) y Cataluña (+0,1%).

 

Por otro lado, en el capítulo de gastos de conservación de la vivienda, los precios subieron un 0,6% interanual, casi un punto porcentual más que el índice general, y se mantuvieron prácticamente estables respecto al mes de junio.

 

 

 


EUROPA PRESS / Expansión

Página Web – 2014/08/13

Fuente: http://www.expansion.com


El precio medio de la vivienda en alquiler en España se situó en julio en 6,77 euros por metro cuadrado, lo que supone una caída del 33,1% con respecto al precio máximo que se alcanzó en mayo de 2007 (10,12 euros por metro cuadrado), según un informe de fotocasa.es.

 

MADRID. De este modo, el precio del alquiler en el Estado para una vivienda de 80 metros cuadrados se ha rebajado en 268 euros desde el quinto mes de 2007, hasta situarse en los 542 euros.

 

Así, el precio del alquiler ha caído un 4,6% con respecto al mes de julio del pasado año. Mientras, ha descendido un 2% respecto al pasado mes de abril y un 3% comparando con el mes de junio.

 

Ocho comunidades autónomas han registrado caídas superiores al 30% desde que alcanzasen el precio máximo hace seis años. Así, Aragón es la comunidad que más ha visto descender el precio del alquiler (-42,2%), seguida de Cantabria (-37,9%), la Comunidad Valenciana (-37,7%), Castilla-La Mancha (-35,1%), La Rioja (-32,8%), Murcia (-32,7%), Cataluña (-30,7%) y Asturias (-30,1%).

 

Por contra, Castilla y León, con una caída del 15,6%; la CAV, con un descenso del 17%; y Extremadura, con un abaratamiento del 18,7%; son las regiones en las que menos ha caído el precio del alquiler.

 

LA CAV, LA REGIÓN MAS CARA

 

La región en la que el alquiler resulta más caro es la CAV, con un precio de 9,75 euros por metro cuadrado. Le siguen Madrid, con 9,17 euros por metro cuadrado; y Catalunya, con 8,62 euros por metro cuadrado.

 

En el otro extremo del ranking se sitúan Extremadura, donde el precio del metro cuadrado se sitúa en 4,5 euros; seguida de Castilla-La Mancha, con 4,7 euros por metro cuadrado; y La Rioja, con un precio de 4,92 euros por metro cuadrado.

 

Por capitales de provincia, Donostia registra el precio más alto, con 11,30 euros el metro cuadrado. Le siguen Barcelona, con 10,99 euros por metro cuadrado; y Madrid, con 10,44 euros por metro cuadrado.

 

Mientras, Lugo es la capital más barata para alquilar (4,29 euros por metro cuadrado); seguida de Ourense (4,48 euros por metro cuadrado) y Terual (4,73 euros por metro cuadrado).

 

 

 


Deia

Página Web – 2014/08/12

Fuente: http://www.deia.com


La empresa elevó un recurso que el Ejecutivo regional tardó nueve meses en desestimar

 

La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias aún no ha cobrado la deuda de prácticamente dos millones de euros que dejó la que fuera gestora de los alquileres sociales, la empresa Hermanos Alonso Garrán. Aunque el Ejecutivo autonómico anunció hace un año que recurriría a la Justicia, un recurso de reposición de la gestora, recurso que el Instituto Canario de la Vivienda (ICV) tardó casi nueve meses en desestimar, ha dilatado hasta hoy el procedimiento, cuando el Gobierno regional ni siquiera está todavía en disposición para pleitear. No en vano, y pese al anuncio de la judicialización del caso, el departamento que dirige Inés Rojas dio o tuvo que dar a la empresa un plazo para pagar que aún está en vigor. Hermanos Alonso Garrán, en proceso de liquidación, sigue sin abonar la deuda, según ha podido saber ABC de fuentes oficiales.

 

La sociedad limitada venía encargándose durante años del cobro de los alquileres sociales cuando, en julio de 2012, el Gobierno regional le abrió expediente por no cumplir lo estipulado en el contrato de «facturación, recaudación y apoyo a la administración del parque público de viviendas». El expediente sancionador, que acabaría en los juzgados, fue solo el primer capítulo del enfrentamiento entre la Administración autonómica y la gestora, que ya entonces estaba en dificultades para poder continuar su actividad. El 23 de julio del año pasado, la presidente del ICV, es decir, la propia Rojas, dictó una resolución por medio de la cual se aprobaba la liquidación del contrato, que arrojó un saldo a favor de la Administración de los susodichos casi dos millones de euros, exactamente 1,82 millones. La resolución de la consejera también avisaba a la empresa que tenía diez días para realizar el pago y que, de no hacerlo, el ICV se incautaría de la garantía (una cantidad irrisoria en comparación con la deuda, apenas 86.000 euros) y recurriría a la Justicia. La decisión fue notificada el 26 de julio.

 

El 31 de agosto, tal como publicó el diario local «La Provincia», el Instituto Canario de la Vivienda anunciaba que demandaría a Hermanos Alonso Garrán, que, por tanto, no había pagado. El ICV, sin embargo, no estaba en disposición para pleitear, pues varios días antes de esta última información, el 21 de agosto, la gestora había interpuesto un recurso de reposición contra la resolución de Rojas que frenaba el proceso. Tan es así, que no sería hasta casi nueve meses después, ya en mayo de este año, cuando el Ejecutivo de las Islas desestimaría el recurso. Además, la notificación (en que Vivienda vuelve a requerir el pago y a informar de la incautación de la irrisoria garantía) no llegó al administrador concursal de la empresa hasta el último 3 de junio, por lo que el nuevo plazo para que Hermanos Alonso Garrán abone la deuda sigue en vigor, dice ahora el Gobierno canario.

 

 

 

 


M. Á. MONTERO / ABC

Página Web – 2014/08/13

Fuente: http://www.abc.es


La administración andaluza pierde dos millones al año por vecinos que no pagan la renta

 

La mayor casera que hay en la región, la Junta de Andalucía, resulta que no conoce a gran parte de sus inquilinos ni les cobra la renta.

 

Un total de 9.913 viviendas sociales de la Junta de Andalucía hay en Sevilla y su provincia en régimen de alquiler — 3.371 en la capital— y de ellas en torno al 40% del parque está sin regularizar, según estimaciones del PP.

 

Eso quiere decir, entre otros aspectos, que los inquilinos a los que la Junta ha adjudicado esos pisos, financiados con dineros públicos, y teniendo en cuenta su especial situación laboral y familiar, no pagan el alquiler.

 

Si redondeamos esos 9.913 inmuebles a diez mil y hacemos el cálculo de ese 40% que no paga a razón de unos 40 euros al mes de renta, resulta que la Junta de Andalucia está dejando de percibir al año solo en la provincia de Sevilla un total de 1.920.000 euros que en toda la comunidad autónoma llegarían a 15.360.000 euros.

 

Un «dinero que no ingresa y que está dejando de invertir en reparaciones y rehabilitación» de ese parque de vivienda cuya cuantía y composición ha sido facilitada por la propia Consejería de Fomento y Vivienda en repuesta a la solicitud de información de la parlamentaria andaluza del PP, Alicia Martínez.

 

Afirma la popular que la Junta de Andalucía es la mayor inmobiliaria de la región con 80.000 viviendas en alquiler de las que un 7% es con derecho a compra y urge transparencia sobre la situación de este parque así como información pública para que los ciudadanos sepan la disponibilidad que hay y los requisitos —«no hay un sitio ni en la web donde mirar»— y para que se eviten situaciones como la de La Corrala Utopía y se pueda dar respuesta a los más de 63.000 desahucios registrados entre 2008 y 2011.

 

Además de pedir buena gestión, transparencia e igualdad de oportunidades para acceder a una vivienda social, denuncia el caos que hay en las comunidades de propietarios por falta de un profesional que la gestione, por no citar las obras de reparación y acondicionamiento que precisan los edificios en los que viven, en muchos casos, personas de avanzada edad.

 

Ejemplo de la desidia

 

Como para muestra bien vale un botón, qué mejor ejemplo de la dejadez de la Junta de Andalucía con el parque de viviendas públicas que lo que sucedió en 2009 en el caso de Los Caracoleños.

 

La mayoría de estas familias, entre 40 y 50, compraron en las Tres Mil Viviendas las casas en las que habitan con el dinero que el Ayuntamiento de Sevilla les dio en el verano de 2004 para que desalojaran sus chabolas de una parcela de Los Bermejales en donde una empresa iba a levantar una promoción de viviendas. Fueron 42.000 euros en dinero contante y sonante los que en bolsas de plástico recibieron las familias.

 

Con esa cantidad, además de alhajas, furgonetas y otros enseres compraron las viviendas de las Tres Mil. De nada sirvió que el recién nombrado Comisionado para el Polígono Sur, por entonces Jesús Maeztu, montara en cólera por tal actitud del Ayuntamiento.

 

De modo que las familias que compraron las viviendas como quien adquiere una frigorífico, o sea, sin justo título —la mayoría no sabía qué era un registro de la propiedad ni una escritura— se fueron a vivir a esas casas sin ser perturbadas en ningún momento por la Administración.

 

Pero en marzo de 2009 salieron huyendo con lo puesto por temor a represalias tras un tiroteo en la vía pública con el clan de Los Marianos que costó la vida a un menor.

 

Estuvieron vagando de asentamiento en asentamiento por toda Sevilla durante el tórrido verano —había en el grupo muchas personas mayores y niños chicos— y en ese intervalo Epsa, la entonces Empresa Pública del Suelo de Andalucía les precintó las viviendas porque se dio cuenta que no estaban regularizadas. Los Caracoleños, que no entendían las razones de tal prohibición, volvieron y rompieron el precinto para entrar en sus casas y, sobre todo, coger ropa y documentación que las autoridades les solicitaba. Entonces, la Junta los denunció por usurpación u ocupación ilegal.

 

Los juicios comenzaron en octubre de 2011 con una serie de alegaciones básicas de su defensa, el letrado José López Gutiérrez: desde 2004 la Junta no se había preocupado de la titularidad, tenían la posesión de las viviendas y así, sin papeles, estám casi todas las Tres Mil Viviendas.

 

En 2012 acabaron todas las vistas con sentencia firme y la mayoría de las familias, unas 50, menos dos de ellas, fueron absueltas porque desde el punto de vista penal no había dolo, según dijo a ABC López Gutíérrez.

 

Sin embargo, desde el punto de vista administrativo quedó claro que la Junta de Andalucía tenía que regularizar la situación de las viviendas.

 

Pues bien «han pasado dos años y la Administración aún ni se ha preocupado por la situación legal que vincula a esos propietarios con esas casas», afirma el abogado.

 

 

 


AMALIA F. LÉRIDA / ABC

Página Web – 2014/08/12

Fuente: http://sevilla.abc.es