La administración andaluza pierde dos millones al año por vecinos que no pagan la renta
La mayor casera que hay en la región, la Junta de Andalucía, resulta que no conoce a gran parte de sus inquilinos ni les cobra la renta.
Un total de 9.913 viviendas sociales de la Junta de Andalucía hay en Sevilla y su provincia en régimen de alquiler — 3.371 en la capital— y de ellas en torno al 40% del parque está sin regularizar, según estimaciones del PP.
Eso quiere decir, entre otros aspectos, que los inquilinos a los que la Junta ha adjudicado esos pisos, financiados con dineros públicos, y teniendo en cuenta su especial situación laboral y familiar, no pagan el alquiler.
Si redondeamos esos 9.913 inmuebles a diez mil y hacemos el cálculo de ese 40% que no paga a razón de unos 40 euros al mes de renta, resulta que la Junta de Andalucia está dejando de percibir al año solo en la provincia de Sevilla un total de 1.920.000 euros que en toda la comunidad autónoma llegarían a 15.360.000 euros.
Un «dinero que no ingresa y que está dejando de invertir en reparaciones y rehabilitación» de ese parque de vivienda cuya cuantía y composición ha sido facilitada por la propia Consejería de Fomento y Vivienda en repuesta a la solicitud de información de la parlamentaria andaluza del PP, Alicia Martínez.
Afirma la popular que la Junta de Andalucía es la mayor inmobiliaria de la región con 80.000 viviendas en alquiler de las que un 7% es con derecho a compra y urge transparencia sobre la situación de este parque así como información pública para que los ciudadanos sepan la disponibilidad que hay y los requisitos —«no hay un sitio ni en la web donde mirar»— y para que se eviten situaciones como la de La Corrala Utopía y se pueda dar respuesta a los más de 63.000 desahucios registrados entre 2008 y 2011.
Además de pedir buena gestión, transparencia e igualdad de oportunidades para acceder a una vivienda social, denuncia el caos que hay en las comunidades de propietarios por falta de un profesional que la gestione, por no citar las obras de reparación y acondicionamiento que precisan los edificios en los que viven, en muchos casos, personas de avanzada edad.
Ejemplo de la desidia
Como para muestra bien vale un botón, qué mejor ejemplo de la dejadez de la Junta de Andalucía con el parque de viviendas públicas que lo que sucedió en 2009 en el caso de Los Caracoleños.
La mayoría de estas familias, entre 40 y 50, compraron en las Tres Mil Viviendas las casas en las que habitan con el dinero que el Ayuntamiento de Sevilla les dio en el verano de 2004 para que desalojaran sus chabolas de una parcela de Los Bermejales en donde una empresa iba a levantar una promoción de viviendas. Fueron 42.000 euros en dinero contante y sonante los que en bolsas de plástico recibieron las familias.
Con esa cantidad, además de alhajas, furgonetas y otros enseres compraron las viviendas de las Tres Mil. De nada sirvió que el recién nombrado Comisionado para el Polígono Sur, por entonces Jesús Maeztu, montara en cólera por tal actitud del Ayuntamiento.
De modo que las familias que compraron las viviendas como quien adquiere una frigorífico, o sea, sin justo título —la mayoría no sabía qué era un registro de la propiedad ni una escritura— se fueron a vivir a esas casas sin ser perturbadas en ningún momento por la Administración.
Pero en marzo de 2009 salieron huyendo con lo puesto por temor a represalias tras un tiroteo en la vía pública con el clan de Los Marianos que costó la vida a un menor.
Estuvieron vagando de asentamiento en asentamiento por toda Sevilla durante el tórrido verano —había en el grupo muchas personas mayores y niños chicos— y en ese intervalo Epsa, la entonces Empresa Pública del Suelo de Andalucía les precintó las viviendas porque se dio cuenta que no estaban regularizadas. Los Caracoleños, que no entendían las razones de tal prohibición, volvieron y rompieron el precinto para entrar en sus casas y, sobre todo, coger ropa y documentación que las autoridades les solicitaba. Entonces, la Junta los denunció por usurpación u ocupación ilegal.
Los juicios comenzaron en octubre de 2011 con una serie de alegaciones básicas de su defensa, el letrado José López Gutiérrez: desde 2004 la Junta no se había preocupado de la titularidad, tenían la posesión de las viviendas y así, sin papeles, estám casi todas las Tres Mil Viviendas.
En 2012 acabaron todas las vistas con sentencia firme y la mayoría de las familias, unas 50, menos dos de ellas, fueron absueltas porque desde el punto de vista penal no había dolo, según dijo a ABC López Gutíérrez.
Sin embargo, desde el punto de vista administrativo quedó claro que la Junta de Andalucía tenía que regularizar la situación de las viviendas.
Pues bien «han pasado dos años y la Administración aún ni se ha preocupado por la situación legal que vincula a esos propietarios con esas casas», afirma el abogado.
AMALIA F. LÉRIDA / ABC
Página Web – 2014/08/12
Fuente: http://sevilla.abc.es