A este dato del 2016, revelado por Camacol, hay que sumarle el potencial de las exportaciones.

El impacto de la devaluación, que ha tenido una lectura negativa por parte de representantes de varios sectores, se revirtió para la construcción, sector que lo ha aprovechado, con el fin de mover negocios en el país.

Así lo revelaron varios voceros de la industria, quienes señalaron que al momento de importar se empezaron a castigar los presupuestos de las compañías, especialmente por el alza del dólar, que encareció los productos procedentes del exterior.

Y aunque muchas empresas que desarrollan obras en los estratos altos han asumido la situación –debido a que las mismas características de los proyectos lo requieren– también han empezado a incluir materiales nacionales, que nada tienen que envidiarles a los que vienen del extranjero.

Al respecto, Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), reveló que el desarrollo de edificaciones en el país produjo casi $78 billones el año pasado y, con esto, la demanda de insumos sumó $34 billones.

“Esto, en los últimos seis años, ha representado un crecimiento de 67%”, destacó la directiva ayer, durante el lanzamiento de Expoconstrucción & Expodiseño, que se inaugura el 16 de mayo en Corferias (Bogotá).

Forero recordó, además, que las posibilidades son más grandes, si se tiene en cuenta que la política de Estado presenta una apuesta importante en vivienda y otros usos, como infraestructura educativa.

Sobre el mercado de vivienda, Martha Moreno, gerente de Camacol, regional Bogotá Cundinamarca, señaló que para atender la demanda, la industria nacional se está acomodando a los tiempos entre los lanzamientos y las iniciaciones de las obras, que ahora son un poco más largos.

Esto, de paso, también ha generado ajustes en los tiempos de la producción de los insumos y acabados nacionales, a los cuales identificó como “de altos estándares”.

En esto coincide Juliana Villegas, vicepresidenta de Exportaciones de ProColombia, quien a la dinámica nacional le agregó el buen desempeño de los envíos a otros países.

“Los materiales se han ganado un espacio en la preferencia de los empresarios de otros lugares del mundo, porque no le están apostando a lo barato, sino a lo bueno; esto incluye calidad, capacidad de respuesta e inmediatez ante los requerimientos de quienes los adquieren, y nuestra industria tiene eso a favor”, enfatizó.

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Portafolio
Página Web - 2017/05/09
Fuente: http://www.portafolio.co

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En lo que va de 2017, ya son 15.146 las personas afectadas por las lluvias, bien sea por crecientes de ríos o por deslizamientos de tierra, pero lo más grave son las 20 víctimas fatales que ha dejado el fenómeno climático.

Así lo reseñó la directora encargada del Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Riesgos y Desastres (Dapard), Margarita Moncada Zapata, quien añadió que, en el momento, el drama más fuerte se da en el corregimiento de Bolombolo (municipio de Venecia, Suroeste), donde 17 familias fueron alojadas en carpas, debido a inundaciones producidas por la creciente del río Cauca.

Pero como este río atraviesa el departamento, hay alerta roja en municipios como Santa Fe de Antioquia, Concordia, La Pintada, Sopetrán, Valdivia, Cáceres, Caucasia y Nechí, “porque cuando el Cauca se crece, por lo general los demás ríos también”, señaló la funcionaria.

En Bolombolo no hubo víctimas porque el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo evacuó las casas a tiempo.

“El nivel del río bajó y es factible que las familias de las carpas retornen a sus casas pronto”, aclaró la alcaldesa (e) de Venecia, Rocilia Arango.

El caso más grave de víctimas fatales se presentó la semana anterior en Cocorná, cuando tres miembros de una familia murieron sepultados por un alud. Las demás personas han muerto ahogadas por crecientes, por caídas de estructuras y techos, o al ser impactadas por rayos.

La lluvia no avisa

Aunque hay sistemas para pronosticar el clima, el Dapard precisa que con las lluvias no es fácil anticipar lo que pasará al otro día. Por eso, dijo la señora Moncada, mientras siga lloviendo, se mantienen las alertas, pues los ríos crecen su caudal en cualquier instante y en las montañas aumenta el riesgo de deslizamiento.

La funcionaria les recomendó a las comunidades y alcaldías hacer caso a las alertas y activar los protocolos para cada situación.

Además del Cauca, hay alertas roja en las riberas del Magdalena; naranja en 47 municipios y amarilla en otros 42.

“En Urabá hay alerta naranja por fuertes oleajes del mar Caribe”, precisó Moncada Zapata. Esta semana será de lluvias intensas.

Las 15.146 personas afectadas o damnificadas corresponden a 2.934 familias, con un total de 42 viviendas destruidas y 406 semidestruidas.

Hundimiento en Bello

En Bello, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo atendió ayer una emergencia que se presentó en la carrera 56 con calle 49, Barrio Pérez, donde las lluvias provocaron el hundimiento de una calle, lo que ocasionó la destrucción de las redes de alcantarillado, afectando de forma directa 4 casas, con daños en la red de gas y los postes eléctricos.

El director de Riesgo, César Arango, confirmó que las familias no perdieron enseres ni hubo víctimas, pero un jardín infantil cerró labores mientras se estabiliza el terreno.


En definitiva

El Dapard recordó a las autoridades municipales mantener activados los comités de emergencias y alertó a los ciudadanos para que acaten las medidas para evitar pérdidas de vidas.

Radiografía

Difícil panorama en el país

Hay alerta roja en sitios de ocho departamentos del país por amenaza de crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones.

En Córdoba hay más de 127 puntos críticos, mientras en el Valle, sectores de Cali y Candelaria sufren inundaciones.

En Chocó, el incremento de las precipitaciones causó crecidas en ríos e inundaciones en Quibdó y otros municipios.

También hay alertas en San José del Guaviare y Mapiripán, Meta, por incrementos en los afluentes del piedemonte llanero. Bolívar, Cauca y Risaralda son otros departamentos afectados por los altos niveles de los ríos que los cruzan.

INFORME

Las alertas en algunas regiones

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Gustavo Ospina Zapata / El Colombiano
Página Web - 2017/05/09
Fuente: http://www.elcolombiano.com

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Los habitantes de San José de Uré esperan atención de los organismos de socorro.

Una creciente súbita sorprendió a los habitantes del municipio San José de Uré en el sur de Córdoba, tras el desbordamiento de la quebrada que lleva el mismo nombre la madrugada de este lunes.

A las 2:00 a.m. los uresanos despertaron alertados por la sorpresiva llegada de la corriente de agua, que inundó al pueblo en su casco urbano y varios corregimientos.

El primer balance de las autoridades señala que al menos 12 familias están damnificadas.

El caso más crítico se presenta en la vereda Versalles, donde la corriente de agua, lodo y piedras arrasó con las humildes viviendas y destruyó el único puente que comunica a esa población con el casco urbano. En el centro del pueblo también se presentan afectaciones. La iglesia, las oficinas de sedes administrativas, el comercio y al menos seis barrios están completamente inundados.

La oportuna reacción del Comité de Alertas Tempranas, que había advertido el riesgo de desbordamiento permitió activar los protocolos de atención y seguridad en la población, por lo que hasta el momento no se reportan pérdidas humanas, pero sí la muerte de animales domésticos y pérdidas en cultivos, enseres y electrodomésticos.

El director de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de la Gobernación de Córdoba, Fabián Lora, indicó que enviará el primer reporte oficial a la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos para que se puedan enviar ayudas como alimentos y medicinas para la población afectada.

Por su parte, el comandante de la Policía en Córdoba coronel Engelberth Grijalba Suárez, señaló que desde el momento en que se presentó la creciente sus hombres emprendieron un plan de evacuación de las familias, lo que también contribuyó a que no se presentaran daños ni lesiones en las personas.

También el líder cívico de San José de Uré, Jorge Velásquez Crespo, dijo que al menos un barrio y varios sectores de la zona urbana del municipio deben ser reubicados.

egún el comunicador, el barrio Rabolargo, ubicado a orillas de la quebrada San José de Uré es el que más sufrió en la zona urbana del municipio con el desbordamiento. “En ese barrio hubo casas arrasadas por la creciente”, precisó.

De igual forma, dijo que deben ser reubicadas familias de sectores ubicados en los barrios el centro, La Calle del Tolú y la Calle del Sesenta. Agregó que las orillas de la quebrada Uré presenta erosión, fenómeno que la convierte en una grave amenaza para la población.

“En Versalles la gente se puso a salvo porque evacuaron oportunamente a las partes altas del corregimiento”, explicó el comunicador y abogado.

Recomendó a las autoridades mantener el sistema de alertas tempranas, diseñar un plan de contingencia y llamó la atención del Gobierno Nacional para que ayude al municipio en esta tragedia.

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Gudilfredo Avendaño Méndez / El Tiempo
Página Web - 2017/05/08
Fuente: http://www.eltiempo.com

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Para el personero distrital, William Matson Ospino, todo el problema de la violación de normas en el sector de la construcción en Cartagena está en los índices de construcción.

El funcionario sostiene que se trata de una queja recurrente entre el gremio de los constructores, quienes opinan que dichos índices no tienen una relación directa con el costo del terreno.

“Es decir --explica--, al constructor se le exige que guarde ciertas medidas que terminan reduciendo el espacio donde se pensaba construir; y por eso, muchos violan la norma con la idea de sacarle cierto grado de rentabilidad al terreno”.

Asimismo, afirma que lo más recomendable sería modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Eso brindaría a los constructores las vías para que obtengan la utilidad propia del terreno que escojan para trabajar, sin incurrir en lo ilegal.

El presidente del Consejo Territorial de Planeación de Bolívar, Aniano Morales Blanco, afirma que en Cartagena se volvió difícil construir desde que se creó el actual POT, puesto que en  1965 se había hecho un plan de ordenamiento  acorde con intereses particulares y no para resolver las necesidades de toda la ciudad.

En ese sentido, los particulares comenzaron a construir por todas partes, sin respetar humedales, escorrentías o caños, hasta el año 2000 cuando el actual POT detuvo el desorden, pues se hizo pensando un poco en la ciudad, porque impone unas fuertes restricciones tanto para los constructores como para los invasores.

“Eso ha conllevado --dice Morales Blanco-- a que la tramitomanía sea la reina del enriquecimiento ilícito, porque un constructor honesto necesita un permiso para construir. Ese permiso, normalmente, debe demorarse 15 días en ser expedido, pero el funcionario de turno no lo resuelve ni dice por qué no lo resuelve. El constructor se desespera, porque necesita presentar el documento al banco, para que le presten dinero. Y es ahí donde viene el trato bajo la mesa. Entonces, al constructor le sale más barato y más rápido trabajar ilegalmente y legalizar después de haber construido”, dice Morales, y agrega que por esa razón nadie en Cartagena respeta el POT.

Al mismo tiempo, aclara que “esas presiones no son la excusa para que un constructor se deje meter en el juego de los sobornos, pero también es cierto que las autoridades deberían estudiar más profundamente ese fenómeno en busca de, por lo menos, reducir en algo la ilegalidad”.

Un arquitecto y docente universitario, quien pidió la reserva de su nombre, coincidió con Morales en que es muy difícil construir a lo legal en Cartagena, empezando porque la norma es tan estricta que obliga a los constructores a eludirla.

“Si el retiro frontal y el retiro posterior son demasiado grandes --explica--, la norma prácticamente se come el lote. Por eso, el 95% (si no es más) de las viviendas y demás construcciones en Cartagena no cumplen, por lo menos, con el item de los retiros, amén de que los trámites son costosos. Advierto que nunca he estado de acuerdo conque se incumplan las normas, pero estas deberían ser más consecuentes con la situación del ciudadano”.

Verbigracia, dijo conocer casos en los que “de diez constructores, ocho hacen las cosas a lo ilegal, mientras que los dos restantes quieren trabajar honestamente, pero tarde que temprano les queda la disyuntiva de no construir o de meterse en el juego oscuro para que su construcción tenga rentabilidad”.

Alberto Samudio Trallero, arquitecto restaurador, opina que toda la ilegalidad que sufre la construcción en Cartagena resulta de lo tedioso que es obtener una licencia de construcción, sobre todo si es para el Centro Histórico.

“A veces --expresa--, hay procesos que duran más de seis meses, y muchos inversionistas se desesperan,  se desaniman y hasta renuncian, pero también hay otros que arrancan las obras sin licencia”.

Detalla que “si se trata de obras en el Centro Histórico hay que reunir una serie de requisitos y llevarlos al IPCC para someterlos a la consideración del Comité Técnico de Patrimonio. Ellos verifican si la obra está de acuerdo con la normativa que actualmente, a falta de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), se encuentra en el POT. Pero puede suceder que el Comité no tenga quórum o llegan las vacaciones, posponen y va pasando el tiempo y no resuelven con un tiempo razonable”.

Samudio Trallero añade que “a veces se dan problemas de interpretación de la norma, porque hay cosas que  no están muy claras. Entonces, el constructor interpreta la norma de una manera; y el funcionario, de otra muy diferente. En las curadurías el proceso es aún más demorado, porque allí tienen que revisar las partes arquitectónica y estructural”.

Otro constructor,  pidiendo la reserva de su identidad, dijo presenciar de cerca que “se crean dificultades para venderte facilidades. No pienso generalizar, pero en la mayoría de esos despachos las demoras tienen como objetivo que te impacientes y ofrezcas prebendas (casi siempre en dinero). Lo mismo pasa con los funcionarios que deben revisar la marcha de las obras: no revisan nada, simplemente buscan quién está haciendo las cosas mal para asustarlo y sacarle dinero”.

Por su parte, el constructor Rafael Morales, de la empresa Superhavit-at, considera que el proceso, a nivel de documentación, no es tan complicado para quien ya  tiene experiencia.

“Lo que pasa –opina-- es que, generalmente, la gente confunde la radicación con la licencia. Para un constructor principiante es complicado y oneroso, porque cada paso del proceso cuesta dinero. No creo que esos trámites se hayan creado para obligar al constructor a que incurra en lo ilegal. Más bien es falta de información. Y los funcionarios que se percatan de ese desconocimiento, se aprovechan para obtener coimas del constructor. Pero si una persona se informa correctamente de qué es lo que debe hacer para acometer una obra a lo legal, no tiene por qué dejarse tentar por la corrupción”.

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RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P / El Universal
Página Web - 2017/05/07
Fuente: http://www.eluniversal.com.co

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