Carreteras y cultivos se han visto afectados. Se declaró calamidad pública en el departamento.

Ninguno de los 47 municipios del Tolima escapa a las graves afectaciones provocadas por la temporada de lluvias que deja en el departamento cerca de 50.000 personas damnificadas.

“Yo perdí mi casa por el desbordamiento del río Magdalena que se metió a la cocina e incluso arrastró las camas de mis hijos”, afirmó Ferney Vargas, habitante de Honda, donde, según el alcalde Juan Guillermo Beltrán, el agua tiene inundado el 30 por ciento del municipio.

Debido a las múltiples inundaciones de viviendas, cultivos y a los daños en las carreteras, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo declaró la calamidad pública en Tolima con el objetivo de atender las zonas más afectadas y tratar de mitigar el riesgo.

El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, señaló que ocho municipios permanecen incomunicados por más de 200 derrumbes y desbordamientos de ríos y quebradas.

“La situación es grave en el sur, en el norte, en todos los rincones del departamento, donde los damnificados suman unas 50.000 personas”, dijo el gobernador. Agregó que las labores para enviar suministros de medicamentos a las zonas rurales de Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y Ataco ha sido una tarea difícil.

El panorama es tan preocupante que Roncesvalles, uno de los mayores productores de leche, papa y frutas de la región, no tiene vías para movilizar la producción. De igual forma, amplias zonas rurales de Planadas hoy están sin comida y sin medicamentos.

Honda y Ambalema han sufrido los peores desastres por desbordamientos del río Magdalena que tiene bajo el agua a unos 15 barrios.

“Cientos de familias perdieron sus casas y negocios”, afirmó Juan Guillermo Beltrán, alcalde de Honda; mientras que el alcalde de Ambalema, Juan Carlos Chavarro, señaló: “Aquí tenemos inundaciones en seis barrios y algunas veredas tapadas por agua”.

La Secretaría de Control Urbano fortalece controles para evitar tragedias como la de Cartagena.    

De 780 construcciones visitadas en 2016 por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, 258 incurrían en la violación de normas urbanísticas y de espacio público, o no contaban con licencia o la contravenían.
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Ese mismo año se dio apertura a 1.596 procesos sancionatorios por infracciones de ese tipo, pero también se impusieron multas por infracciones al régimen urbanístico por 7.732 millones de pesos como producto de procesos que venían en curso y se decidieron a través de actos administrativos.

Justo cuando el tema más es álgido y más se encuentra en el ojo del huracán, en vista de la caída, hace unas semanas, de una obra en el barrio Blas de lezo de Cartagena, hecho en el que murieron 20 personas y más de 10 resultaron heridas, el balance de la dependencia distrital sostiene que por infracciones al espacio público se impusieron sanciones por el orden de los 1.768 millones de pesos.

La Jefatura de Control urbano explicó que, como una forma de control a posteriori, tiene la función de recibir las obras y otorgar los permisos de ocupación. En este sentido, en 2016 se recibieron 57 obras en total.

Esta labor se sigue efectuando a través de la Jefatura de Control Urbano conjuntamente con las Inspecciones de Policía adscritas a la Secretaría.
En lo que va de este año, se han realizado 138 visitas de obras con informes que han servido de base para dar inicio a los procesos policivos.

Hay que recordar que, con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía y Convivencia, para el 2017 las funciones relacionadas con el control a los comportamientos contrarios al régimen urbanístico y de espacio público, se están ejerciendo a través de las Inspecciones de Policía Urbana 25, 26, 27 y 28.Ya, en lo que va del año,las inspecciones urbanas de Policía han dado inicio a 248 procesos verbales abreviados, dentro de los cuales se han impuesto como medida correctiva multas que ascienden a una suma de 3.015 millones de pesos.

Investigan edificación

El asunto es preocupante y el pasado viernes 15 familias fueron desalojadas del edificio Mary P, ubicado en la calle 86 con carrera 71, en el norte de Barranquilla, donde la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público constató que esta construcción, de aproximadamente 30 años, presentó fallas debido a reparaciones que se estaban ejecutando.

La diligencia arrojó que los copropietarios del edificio hacían un reforzamiento estructural, sin licencia de construcción. Picaron en exceso la base de las columnas disminuyendo la sección, por esta razón la losa del primer piso cedió y se hizo necesario evacuar a los residentes. Las columnas estaban siendo intervenidas por su alto estado de desgaste como consecuencia de los años de la edificación y la falta de mantenimiento del mismo.

Un llamado urgente a las familias que están en alto riesgo en los barrios Lo Amador y La María, para que salgan de manera inmediata de sus viviendas, hizo el Distrito a través de la Oficina de Gestión del Riesgo que ha venido insistiéndoles en el peligro que corren sus vidas en caso de no evacuar el lugar en el que habitan.

Laura Mendoza, jefa aseora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, dijo que el manejo de esta situación ha sido particularmente complicado, debido a que las familias que están en peligro inminente se niegan a recibir el subsidio de arriendo que les ofrece la administración para su reubicación temporal.

“Ellos alegan que las casas en las que viven son su patrimonio, que han estado en ellas desde hace mucho tiempo heredadas de sus padres y abuelos y que eso no se compensa con cualquier subsidio de arriendo”, dijo Mendoza.

Otro de los factores que aluden es que no tienen la capacidad económica para completar el canon de arriendo que les corresponde, agregando que la suma que otorga el Distrito, la cual está dada por las directrices nacionales para estos casos y a la capacidad presupuestal, no les alcanza.

“En estos momentos estamos otorgando subsidios a 1.850 personas, este número tiende a aumentar y por más esfuerzos que estemos haciendo es muy difícil incrementar el monto del subsidio que estamos otorgando”, aclaró Laura Mendoza.

La funcionaria habló explícitamente de un caso de una vivienda en el barrio La María que está a punto de colapsar y a pesar de que las personas fueron evacuadas en su momento y la casa se estabilizó, hace poco se comprobó que regresaron a habitarla poniendo en grave riesgo sus vidas y las de los niños que integran la familia.

Debido a esta situación, la Oficina de Gestión del Riesgo planea intervenir con el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y Comisarías de Familia.

“El llamado es a que salgan inmediatamente de donde están. Hay un peligro inminente de que se desprendan los taludes, lo cual podría originar una situación catastrófica que nadie quiere. Nosotros seguiremos haciendo nuestra labor de sensibilización y de intervención legal, en los casos que sean necesarios”, dijo la funcionaria.

En 13 municipios se ha declarado la calamidad pública y hay 20 mil hectáreas afectadas

Además las inundaciones han dejado hasta ahora cerca de 20 mil hectáreas de cultivos de varios productos que han sido arrasadas o han quedado bajo las aguas que han producido los desbordamientos de los ríos.

Ante la difícil situación ya fue activada la sala de crisis para hacerle seguimiento a todos los municipios que han sido afectados por la temporada de lluvias de este año.

Los 13 municipios en calamidad pública son Achí, Cantagallo, Regidor, Pinillos, San Pablo, Mompox, Simití, San Jacinto del Cauca, Morales, y Río Viejo, en el sur. En la zona norte y centro están Mahates, San Estanislao de Kostka y Soplaviento, poblaciones afectadas por el Canal del Dique.

Ya se han entregado de kits de aseo y de alimentos, hamacas, frazadas, colchonetas y 200 mil costales para mitigar las inundaciones.

Para el dos de junio se realizará de un Consejo Departamento del Riesgo Ampliado con funcionarios del Gobierno Nacional.

Caracol Radio
Página Web - 2017/05/22
Fuente: http://caracol.com.co