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La capital paisa avanza en su proyecto de renovación urbana de la mano de los sectores público y privado. Gobierno y constructores están enfocados en convertirla en un modelo de sostenibilidad y protección del medioambiente.

 

Salvo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció su retiro del Acuerdo de París, el planeta sigue aunando esfuerzos para fortalecer las políticas de protección del medioambiente. Las principales ciudades del mundo están actualizando sus planes de ordenamiento territorial y uso de suelos, mejoran sus sistemas de transporte público, estimulan el uso responsable de los recursos, trazan estrategias para reducir las emisiones contaminantes e incentivan el desarrollo de proyectos inmobiliarios sostenibles y respetuosos de su entorno natural.

En Colombia, el sector de la construcción no se queda atrás y es uno de los más interesados en sumarse a esta tendencia global. Según el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), 101 proyectos, que equivalen a un área de 1,4 millones de metros cuadrados, tienen certificación Leed hasta la fecha. Este sello, reconocido a nivel mundial, es un sistema que certifica las edificaciones como sostenibles y fue desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos.

Sandra Forero Ramírez, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), asegura que el país avanza por buen camino en el ideal de conseguir un sector constructor más respetuoso del ambiente. Según reveló a El Espectador, en los próximos días se firmará un acuerdo con el cual se pretende que en los próximos siete años, siete de cada diez proyectos inmobiliarios que se desarrollen en el país cumplan con los estándares nacionales de sostenibilidad.

“Somos los socios locales del sello de construcción sostenible Edge, que busca incentivar la reducción de consumo de agua y energía tanto en la etapa de construcción como en el posterior uso de la edificación. Actualmente hay más certificaciones en oficinas, edificios oficiales y colegios, pero nosotros queremos que las viviendas también sean parte de este paso al futuro”, indicó Forero.

Para incentivar este nuevo modelo de construcción, que cada vez gana más terreno en el país, Camacol avanza en la búsqueda de incentivos locales para las constructoras que le apuesten a la sostenibilidad. En este proceso, el gremio ha encontrado en Medellín un aliado importante. La capital de Antioquia no sólo es una de las ciudades que más esfuerzos han hecho para reducir sus niveles de contaminación, sino que además es pionera en políticas de cuidado del medioambiente.

En total, hasta el día de hoy, la ciudad cuenta con diez proyectos con certificación Leed: uno nivel platino, seis oro, uno plata y dos certificados. Estas edificaciones representan un área de 272.281 metros cuadrados. El 60 % está destinado a oficinas, 20 % al comercio, 10 % para laboratorios y el otro 10 % es de servicios de salud.

Respecto al futuro de la ciudad, Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, piensa que la protección ambiental es uno de los ejes más importantes dentro del proyecto de renovación urbana de Medellín. Renovar el parque automotor de volquetas, construir parqueaderos cerca de las estaciones del metro para desincentivar el uso de carros particulares y promover el uso de aguas lluvias en las nuevas unidades residenciales de Medellín son algunos de los proyectos que impulsa la asociación para mitigar cualquier impacto negativo que se derive del desarrollo urbano de la ciudad.

“Queremos que la construcción sea cada vez más sostenible en Medellín y Antioquia, pero que no sea por moda, sino por convicción. Hay varias estrategias, como cambiar el eje de un edificio para usar las corrientes de aire y no tener que prender el aire acondicionado. También se puede mejorar la iluminación con ventanas más amplias para ahorrar electricidad. Aprovechar la lluvia para el sanitario, la jardinería y lavar autos, entre otras cosas”, finalizó Loaiza.

Según el gerente de Camacol Antioquia, el objetivo de este tipo de ahorro, además de favorecer el medioambiente, es una disminución en el costo de vida de los habitantes de proyectos de este tipo, gracias a una reducción significativa en los recibos de servicios domiciliarios. Con esta premisa en mente, sostuvo, la inversión en este tipo de bienes inmuebles, que suele ser más alta que un proyecto común, se termina recuperando con el tiempo gracias al bajo costo de las facturas.

Así las cosas, con el Gobierno y el sector privado trabajando de la mano para la construcción de una Medellín sostenible, el panorama es más que alentador para el Valle de Aburrá. La capital paisa vuelve a dar cátedra en temas de innovación, en esta ocasión siguiendo un camino que tendrán que recorrer todas las ciudades del mundo para frenar el impacto negativo de la humanidad en el planeta.

 

 


Jairo Andrés Cárdenas A. / El Espectador

Página Web - 2017/06/28

Fuente: http://www.elespectador.com/


La Alcaldía de Medellín firmó con la Universidad San Buenaventura el contrato y el acta de inicio correspondiente para adelantar el nuevo concurso de curadores de la capital antioqueña.

Estos funcionarios son los encargados de expedir licencias de urbanismo o de construcción a las personas que planean realizar o adelantar proyectos en las zonas o áreas asignadas por la administración municipal.

“Después de hacer un ejercicio por diferentes universidades, logramos que una institución de educación superior se le midiera a realizar este concurso de curadores”, manifestó José Nicolás Duque, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín.

El funcionario manifestó que la Universidad San Buenaventura presentó una propuesta muy acertada, acompañada con la firme intención de realizar este proceso para la selección de los curadores urbanos.

 

Último de este tipo

A partir del próximo 13 de julio será el Departamento Administrativo de la Función Pública la entidad que debe adelantar estos concursos de méritos, que son apoyados por la Superintendencia de Notariado y Registro para la elaboración de las pruebas de conocimiento técnico y específico.

La Administración Municipal consultó al respecto y, según la asesoría jurídica que recibieron, frente a la etapa de los procesos contractual y poscontractual, como la Alcaldía y la Universidad San Buenaventura ya tenían todo firmado antes de la entrada en vigencia, se les otorgó la facultad de seguir adelante con el concurso de méritos, el cual será el último que desarrollará una universidad.

“Esperamos que en tres o cuatro meses podamos tener una lista de elegibles para las cuatro curadurías urbanas de Medellín”, manifestó Duque.

 

 


Camilo Trujillo Villa / El Colombiano

Página Web - 2017/06/28

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Las fuertes lluvias que se precipitaron durante gran parte del lunes festivo en el Valle de Aburrá provocaron un nuevo deslizamiento en el barrio La Cruz, comuna 3 de Medellín.

Diego Moreno, subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), indicó que recibieron reportes del deslizamiento en la carrera 23C #75C-98 pasadas las 7:30 p.m. por lo que personal de la estación de bomberos de la estación Campo Valdés visitó la zona y constató que por lo menos dos viviendas resultaron afectadas por filtración de lodo.

Luego de la evaluación inicial de la emergencia, que no dejó víctimas ni personas heridas, una comisión técnica del Dagrd evaluó el riesgo y recomendó evacuar cinco viviendas en este sector de la zona nororiental de la ciudad.

En la mañana de este martes se realizará una nueva inspección en el lugar de los hechos y se determinará si se aumenta la recomendación de viviendas que deben ser desalojadas.

El pasado 16 de junio, también en Manrique La Cruz, el Dagrd ordenó la evacuación de 17 viviendas por otro deslizamiento que puso en riesgo la integridad de varias familias asentadas esta zona de la comuna 3.

 

 


MATEO ISAZA GIRALDO / El Colombiano

Página Web - 2017/06/27

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Los habitantes del barrio La Visitación se opusieron este sábado a una tala de árboles que se iba a registrar en un lote ubicado en la Loma de los González detrás del Mall de La Visitación, y que iba a ser realizado por contratistas de una constructora.

“Ya no queremos más moles de cemento y vemos que este lote tiene las características de un humedal. Queremos que se siga preservando el agua, la flora y la fauna y todos los elementos que convergen ahí. Que el Área Metropolitana diga que hay que proteger esto como un humedal y aquí no se puede construir”, indicó Orlando Arenas, quien hace parte de la Junta de Acción Comunal de la Loma de Los González y quien ha tenido un pasado con este lote.

“El lote era del abuelo de mi mamá, después se lo dio a una tía y ahora es dueño de un privado”, relató Arenas. Así mismo, agregó que el Área Metropolitana le dio a una constructora un permiso de aprovechamiento forestal el 28 de febrero de este año para talar 49 árboles.

Según Arenas, no es coherente que les den un permiso para talar los árboles, cuando la junta de acción comunal tiene a su cargo el acueducto comunitario, que está dentro de este lote, gracias a una concesión de aguas otorgada por la misma Área Metropolitana hasta el 2025.

“Este aprovechamiento ha sido histórico, esta agua la han recibido sus habitantes por más de 100 años. Nosotros la hemos legalizado desde 1982 ante el Inderena y el Área Metropolitana. En este momento hay 120 casas conectadas y beneficia a unas 350 a 400 personas aproximadamente”, explicó Arenas.

Y agregó “no es coherente que el Área Metropolitana como autoridad ambiental, sabiendo que ese lote tiene características de un humedal y de un acuífero y que tiene una concesión para el aprovechamiento de ese recurso hídrico para un acueducto comunitario” de permiso para una tala de árboles.

El habitante de este barrio agregó que la constructora no tiene una licencia de construcción en este lote, aprobada, lo que según él sería un riesgo al perder flora y fauna importante para el sector.

“Yo estuve ante la Curaduría Primera preguntando hace 15 días y me manifestaron que no habían dado ninguna licencia de construcción. Y qué tal que después de talar la curaduría no les otorgara la licencia de construcción, habría un arboricidio”.

José Fernando Álvarez, coordinador de la Mesa Ambiental de El Poblado, indicó que este miércoles fueron convocados a una mesa de trabajo para evaluar con más detalle la situación.

“Se iba a talar en un lote que es privado, sin licencia de construcción, cuando por un error el Área le dio una licencia para el aprovechamiento forestal, sin haber la curaduría autorizado la construcción. Iban a talar los árboles para secar el terreno, que es pura agua, donde nace un acueducto, y ya teniendo eso seco es más fácil”, indicó Álvarez.

Álvarez relató que los operarios llegaron a las 6:30 de la mañana para comenzar la tala de los árboles y la comunidad impidió que se realizará la actividad. “La gente se opuso diciendo que era un derecho de ellos el agua y los árboles. Llegaron personas de otros sectores, juntas y acueductos y pidieron la presencia del Área Metropolitana. Esta llegó y suspendió la tala hasta que se acuerde una mesa de trabajo”, indicó Álvarez.

Responde el Área Metropolitana

Luz Jannette Mejía, líder de la unidad de Gestión de Riesgo del Área Metropolitana, indicó que este miércoles a las 7:30 de la mañana se reunirán con representantes de la comunidad y la constructora para escuchar sus posiciones.

“Nosotros entraremos a estudiar en más detalle los estudios, diseños, informes y demás para llegar a un acuerdo, que la comunidad quede tranquila con lo que aprobamos y el constructor cumpla con lo que se exige”, afirmó Mejía.

La funcionaria agregó que los estudios ambientales ya habían sido enviados por la constructora y el Área ya los había evaluado y entregado la licencia, pero se les pidió complementarlos con unos ítems que todavía no han sido remitidos por la constructora.

“Un propietario tramitó un permiso en el Área Metropolitana de un aprovechamiento forestal para un lote que ellos piensan desarrollar. La constructora iba a comenzar a cortar los árboles y la comunidad se opuso porque ellos sienten que el proceso de socialización no fue lo suficientemente claro y que el lote es de una importancia ambiental muy alta”, relató Mejía.

Agregó que dentro de las acciones que tenía que hacer el contratista “habían algunas que no se estaban acatando y por lo tanto impusimos una medida preventiva. Con esta medida el contratista no puede hacer ninguna intervención en el lote, hasta que se surtan todos los procedimientos de ley”, aclaró.

Mejía explicó a la comunidad que es muy diferente el permiso de aprovechamiento forestal a la licencia de construcción, y que no tienen que tramitarse juntos. “Yo puedo tramitar un permiso de aprovechamiento forestal de manera independiente a la licencia de construcción. Por lo que aquí no se está violando ningún procedimiento legal”, insistió Mejía.

Del mismo modo, aseguró que la constructora no podrá realizar la tala hasta que se analicen las posiciones de todos los involucrados y cumplan con lo requerido. “No podemos permitir que se un conflicto entre la comunidad y esta empresa. Y ese acto nos da el tiempo administrativo para poder analizar las posiciones de todos los actores que están involucrados”, concluyó.

Por su parte, Camilo Andrés Correa Ramírez, profesional universitario de la Subdirección Ambiental de la Área Metropolitana y que ha estado al frente de esta situación, indicó que este lote aproximadamente de 5.000 metros cuadrados no se encuentra dentro del área protegida en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial).

“Para determinar que ese lugar es un humedal debe haber un estudio y que se declare la zona como un humedal, lo cual todavía no lo es. Según el POT el lote no está dentro del área de protección ambiental y tampoco se identificó una corriente superficial o subsuperficial. No se ha determinado tampoco que haya un nacimiento allí, son aguas de tránsito que vienen de la parte alta de la ladera y por ahí pasan hasta las zonas de descarga”, indicó Correa.

 

 


Santiago Cárdenas H. / El Colombiano

Página Web - 2017/06/24

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


En siete años que Belén de Bajirá fue municipio de Chocó, la principal obra de infraestructura que pudieron realizar los cuatro alcaldes que gobernaron el territorio, fue la adecuación de 5 kilómetros de vía a la vereda Primavera.

En ese tramo, llenándolo de piedras y tierra para hacerlo transitable, invirtieron 120 millones de pesos que llegaron del Gobierno Nacional.

Y no hubo más proyectos materializados porque, según los tres alcaldes chocoanos que entre los años 2000 y 2007 tuvo el territorio, el pleito limítrofe con Antioquia, y la violencia en la zona, impidieron la gestión de recursos.

Cuando la Asamblea del Chocó, mediante ordenanza, le dio connotación de municipio de ese departamento al que hasta ese momento, y durante cinco décadas, había sido corregimiento antioqueño, la tan anhelada autonomía llegó al territorio y sus autoridades celebraron el inicio de una era de progreso, que siempre fue ausente.

Belén de Bajirá, que por casi cuatro décadas fue considerado corregimiento de Mutatá (Urabá antioqueño), hace parte de nuevo del departamento de Chocó, según un mapa publicado el pasado 9 de junio por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Leopoldino Perea, un hombre de talante que había sido asesor de paz de la gobernación chocoana, asumió el encargo como primer alcalde de Belén de Bajirá, en 2000. No alcanzó a estar en el mandato un año, pues amenazas de grupos al margen de la ley lo hicieron salir del pueblo.

“Me hicieron correr. Con siete personas, me tocó irme para Quibdó y estar allá cuatro meses. Volvimos a Bajirá y mataron a líderes como Alberto Palacio, que promovían la soberanía de Chocó. Dejé de ser alcalde y me quedé en la lucha por el territorio. Aquí llevo 18 años”, comenta.

Perea recuerda que lo primero que hizo, luego de que el gobernador chocoano de entonces, Juan B. Hinestroza, lo nombrara mandatario del nuevo municipio fue comenzar a diseñar el plan de desarrollo local, proceso en que poco o nada se avanzó.
Despachó desde Quibdó

El cambio de gobernador en Chocó, trajo consigo un nuevo alcalde para Belén de Bajirá. Aníbal Salas, que había sido concejal de Riosucio y diputado de la Asamblea departamental entre 1995 y 1998, asumió el cargo, pero debido a la situación de inseguridad gobernó, la mayor parte del tiempo, desde la capital Quibdó.

“Ser municipio fue un querer de la comunidad. Mutatá recibía los pagos de impuestos y no eran reinvertidos en Belén de Bajirá. Al municipio de Riosucio le quedaba difícil ir a ese corregimiento y sus alcaldes no le prestaban atención”, recuerda.

Salas, el alcalde que más tiempo gobernó a Bajirá (2001 - 2005) atribuye la escasa inversión en la localidad, traducida en la adecuación de la vía a la vereda Primavera, a la dificultad para recaudar tributos.

“Muchos se negaban a pagarle al municipio. No tributaban hasta que no les definieran a qué departamento pertenecían: Chocó o Antioquia. Unos cancelaban a Mutatá”, explica.

El renglón más fuerte de la economía en Bajirá lo ocupa el comercio, que según autoridades de Mutatá puede representar el 70 por ciento, para un total de 410 establecimientos que aún hoy tributan a al municipio antioqueño una suma, de acuerdo con datos oficiales, cercana a los 3.000 millones de pesos al año.

Uno de los comerciantes tradicionales del pueblo, Álvaro Valencia, revela que cuando se dio el paso a municipio, él y muchos de sus colegas siguieron pagando a Mutatá, asumiendo la condición de habitantes de corregimiento.

“Llegaron a cobrar el impuesto y nadie pagó, porque cometieron el error de cobrarle a la gente desde el año 2000, cuando se creó municipio, sabiendo que algunos comerciantes en esa época ni existían”, asevera, y lamenta que en los siete años de gobierno chocoano, no hubo ni una sola obra. “Pasaron sin pena ni gloria”, enfatiza.
Presencia en Bajirá

El despacho del alcalde desde Belén de Bajirá se dio en firme con Amaury Arteaga, quien gobernó el territorio entre el 2005 y el 2007, último año como municipio, condición que se la retiró el Consejo de Estado tras fallar una demanda de la Gobernación de Antioquia, aduciendo que la Asamblea de Chocó no tenía competencia para haberle dado esa connotación.

“Cuando entro, el alcalde Salas despachaba desde Quibdó. Recibo, y lo primero que hago es trasladar la oficina a Belén de Bajirá. Se vinieron conmigo algunos funcionarios. Pusimos otros del pueblo en cultura y deporte”, apunta.

Al igual que Perea y Salas, Arteaga considera que las demandas de Antioquia a la ordenanza que le dio vida al municipio, impidieron la inversión y la ejecución de proyectos en el territorio.

“Teníamos recursos propios, provenientes de lo poco que se recaudaba en Industria y Comercio y sobretasa a la gasolina, pero no nos permitieron hacer gestión”, señala.

Arteaga asegura que en el 2006 obtuvieron una primera partida del Sistema General de Participación, pero “debido a la demanda ante el Consejo de Estado detuvieron esos recursos”.

“Si nosotros hubiéramos seguido funcionando como municipio la calidad de vida sería otra. Hoy no tenemos alcantarillado, las aguas residuales corren por las calles, el acueducto solo llega al 30 por ciento de la población y hay un atraso de 20 años en infraestructura”, anota.

Pero, contrario a lo que considera Arteaga, Édinson Marsiglia, oriundo de Bajirá, señala que los proyectos que tenía Antioquia en el territorio fueron detenidos por la conversión a municipio del Chocó.

Agrega que en los siete años creyó en el desarrollo que podía arrojar el ser municipio, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta que el territorio tenía mejor futuro siendo corregimiento de Antioquia.

“La gente veía con buenos ojos ser municipio, al no conocer lo político, lo administrativo, ni social del departamento (Chocó). Pensábamos que era una buena opción, pero poco a poco los líderes lo fueron tomando como un proyecto personal”, apunta.
Ni catastro, ni POT

El paso siguiente, luego de publicado el mapa en el que el Igac establece a Belén de Bajirá en territorio del Chocó, es presentar un proyecto de ordenanza para que la Asamblea de ese departamento, como en el año 2000, lo declare municipio.

Según Leopoldino Perea, ya se avanza en ese propósito y la confirmación del trazado que hizo el Igac al presidente de la Asamblea, Alizon Mosquera, es el primer paso.

“Se está haciendo el proceso de transición de Antioquia para Chocó y la comunidad se está preparando”, anotó.

Sin embargo, el experto en Planeación territorial Mauricio Hernández, cree que a Bajirá le queda mucho camino por recorrer para ser municipio, una decisión que considera desacertada y riesgosa.

“Colombia no puede con más municipios, antes tendría que buscar un ordenamiento político administrativo distinto, donde se unan poblaciones, como por ejemplo el ejercicio que hace Antioquia en el Suroeste con la creación de la provincia Cartama”, enfatiza.

En ese propósito de ser municipio, Bajirá tendría que arrancar de cero, pues en los siete años que lo fue no logró realizar la actualización catastral, ni avanzar en un plan de ordenamiento territorial, fundamentales en esa figura territorial.

El exalcalde Arteaga recuerda que la actualización catastral, que realizaba el mismo Igac en el 2005 y 2006, tuvo dificultades debido al orden público de la zona.

“Con el Igac se hizo el convenio, pero en esta zona es complejo por la violencia. Al que no conocían, le salían al paso y los sacaban. Sin identificarse de qué grupo ilegal. Entonces los funcionarios se iban”, establece Arteaga.

Bajirá, si así lo considera la Asamblea del Chocó y no prospera la demanda de la Gobernación de Antioquia y diputados antioqueños para que el Congreso defina el diferendo limítrofe, entraría a ser municipio de sexta categoría, es decir la última, según Hernández.

“El Chocó es el departamento más pobre de los 32 de Colombia, aunque es el más rico en recursos, pero no tiene capacidad de gobierno”, apunta Hernández, y se pregunta: “¿cuál es la intención de algunas personas de frotarse las manos cuando dicen que la plata llegará directamente siendo municipio? ¿Cuál es el interés? ¿Qué valores, principios y capacidad se tienen para manejar esos recursos públicos?”.

en definitiva


La Asamblea del Chocó deberá aprobar que Belén de Bajirá sea municipio. Sin embargo, antes, el Consejo de Estado tendrá que resolver las demandas de Antioquia sobre el mapa del Igac.

 

Contexto de la Noticia

 

Paréntesis Van 112.000 firmas para retener a Bajirá

Durante la apertura de la denominada firmatón, ayer, más de 112.000 personas firmaron para que el Congreso de la República defina si Bajirá está en Antioquia o Chocó. El acto de apertura se realizó en la Alpujarra, sede de la Gobernación, y allí Luis Pérez, mandatario departamental, dijo que “el proceso de definición del nuevo mapa se ha llevado al margen de la institucionalidad, sin contar con la firma de los gobernantes incursos en el proceso”. En la jornada, que busca en los próximos días recoger 1 millón de firmas, también participaron el alcalde Federico Gutiérrez, concejales de la ciudad y diputados de Antioquia.

 

 


Víctor Andrés Álvarez C. / El Colombiano

Página Web - 2017/06/23

Fuente: http://www.elcolombiano.com/