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Por medio de una acción popular, con fecha el 24 de mayo de este año, Erika Oviedo Lopera, en representación de varios residentes contiguos al cerro de La Asomadera (carrera 28 con Las Palmas), interpuso una acción popular en contra de la sociedad Javier Londoño S.A.S.

La constructora, que se hizo a los derechos del terreno, tiene planes de construir allí el proyecto de vivienda Tierra Grata Bosque Santo.

Preocupados por la intervención que la empresa está realizando en el lugar, varios habitantes del sector decidieron hacer uso del recurso legal para buscar soluciones inmediatas a lo que consideran como un atropello al ecosistema de la ciudad. El juez segundo administrativo de Medellín, Manuel Fernando Mejía, emitió una medida cautelar que prohíbe a la constructora talar o intervenir el predio de La Asomadera.

A la fecha, ya se hizo una tala inicial de 224 árboles, para hacer la base del edificio. Sin embargo, el proyecto, que inició en el 2014, no ha podido continuar con la construcción, aunque cuenta con todas las licencias otorgadas por Planeación Municipal y el Área Metropolitana.

Según Michael Lacher, participante de la acción popular, los compromisos verbales logrados con diferentes funcionarios no llevaron a nada concreto, por eso decidieron tomar acciones jurídicas en aras de ser más efectivos.

“Llamamos al Área Metropolitana a pedir respuestas y nos respondieron que el proyecto estaba dentro del plan de ordenamiento territorial y el plan parcial de La Asomadera. Por eso, decidimos involucrar a la justicia en esto”, apuntó Lacher.
La constructora responde

Para Mauricio Mesa, Gerente de Javier Londoño S.A.S., la acción popular “no tiene sentido”, pues se están cumpliendo con todas las reglas legales y, además, el proyecto se encuentra en la unidad 8 del Plan Parcial de La Asomadera.

En efecto, el plan contempla la construcción de más de 4.000 viviendas en el sector, aunque reconoce que hay problemas geológicos, lo que limitaría el levantamiento de edificaciones.

“Estamos, desde el 4 de diciembre de 2014, haciendo los trámites de aprovechamiento forestal. Se han hecho todos los estudios de cómo vamos a tratar el predio. Se va a compensar 4 a 1 el daño que se haga”, explicó el gerente.

 

Árboles por carros

Según la constructora, las licencias que se están tramitando en el Área Metropolitana y la Secretaría de Planeación de Medellín, contemplan dos vías de acceso vehicular al complejo de apartamentos, entre las cuales debe elegirse una.

La primera sería la entrada por la carrera 34, para la cual tendrían que talar 448 árboles para delimitar el acceso vehicular. La segunda sería por la avenida Las Palmas y en esta sería necesario tumbar 106 árboles para construirla.

 

Conflicto de intereses

Para Michael Lacher, la protección de la flora y la fauna que rodea La Asomadera es la principal causa de la medida que el colectivo de ciudadanos tomó.

Por su parte, Mauricio Mesa aclara que los árboles son recursos renovables y que la compañía cuenta con la capacitación para tratar la fauna que se encuentra en el lugar.

El Área Metropolitana, encargada de revisar las licencias, no quiso referirse al tema hasta obtener la respuesta jurídica solicitada a la medida cautelar.

 

en definitiva

La iniciativa ciudadana tiene detenida la construcción, aunque la compañía tiene las licencias aprobadas. El próximo viernes se conocería la respuesta a la demanda sobre la acción popular.

 

Contexto de la Noticia

Informe

Reposición de árboles

· Al haber talado 224 árboles para la base de la edificación, la constructora está en la obligación de plantar 896.

· Si la entrada por la carrera 34 fuese aprobada, Javier Londoño S.A.S., deberá plantar 1.792 árboles. Mientras que, si la entrada por Las Palmas cumpliera los requisitos, la empresa deberá plantar 424 árboles.

· El gerente de la compañía señaló que la reposición se haría dentro del proyecto de vivienda y sus alrededores.

 

 

 


 

Juan Diego Posada Posada / El Colombiano

Página Web - 2017/06/21

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Solo unas 2.266 unidades de la oferta residencial en Antioquia (22.665) correspondió, con corte a abril, a vivienda de interés social (VIS, cuyo valor sea de hasta 99,6 millones de pesos este año). Y esto, “aun cuando el grueso de la gente quiere, aspira y busca VIS”, aseguró Eduardo Loaiza, gerente en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

En ese sentido, un 50,3 % de la demanda potencial en Antioquia es por parte del estrato 2 y un 38,2 % más al estrato 3, arrojó una encuesta de la firma Coordenada Urbana, en un reporte del gremio.

Así mismo, solo un 22 % de las ventas de vivienda nueva a abril de este año fueron de VIS en el departamento: unas 5.583 unidades de 24.834, la más baja desde mediados de l año 2009 (ver gráficos).

Ante esa realidad, la directora de Crédito Hipotecario de la cooperativa Confiar, Ángela Valencia, aseguró que los estratos 2 y 3 son los que mayor inversión requieren para generar inclusión social.

La baja oferta de VIS en el departamento coincide con la vigencia del programa del Gobierno Mi Casa Ya, que da subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés hipotecaria. Según reportes al Ministerio de Vivienda, en Antioquia hay 53 proyectos que suman 8.048 soluciones de VIS, es decir el 12,6 % del total del país (519 proyectos de 63.736 unidades).
¿Que pasó?

Ante la baja oferta, explicó Loaiza que los constructores dejan de edificar VIS, porque los municipios, por ordenamiento territorial, exigen que dichos proyectos cuenten con parqueadero por cada cuatro o seis viviendas, según el caso. Dicha exigencia hace que se reduzca el área habitacional o que aumente su valor, y por tanto supere el tope legal de precio y deje de ser VIS, en perjuicio del comprador, que ya no será cobijado por las tasas preferenciales o los subsidios de programas como Mi Casa Ya. “Esto hace que no estemos utilizando estos beneficios”, añadió Loaiza.

 

¿Qué sigue?

 

No obstante, un sondeo de Camacol indagó sobre la cantidad de VIS que las empresas tienen capacidad de sacar al mercado en los próximos de tres a cinco años en los principales municipios de Antioquia y concluye que hay una oferta potencial de 68.229 unidades.

Además de subsidios oficiales, juega a favor de la oferta que haya una transmisión paulatina de la tasa de interés de intervención del Banco de la República a las que cobran las entidades financieras (ver Cómo funciona).

Así lo indica la directiva de Confiar: “Se prevé más colocación de crédito de vivienda, no solo por la baja en tasas, sino además por la ampliación del subsidio de Mi Casa Ya, que ahora también cobija los ingresos desde cero hasta cuatro salarios mínimos”.

Otra oportunidad de más vivienda social está en el centro de Medellín: “Allí trabajan 300 mil personas, residen 110 mil, 1,2 millones transitan a diario y hay 14 centros de educación superior”, resaltó Loaiza.

 

en definitiva

La oferta de vivienda de interés social ha bajado de forma notable, aunque sea la que más demande el mercado actualmente, aseguró el gremio de la construcción, Camacol.

 

 


Laura Pulido Patrón / El Colombiano

Página Web - 2017/06/17

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Un deslizamiento que ocurrió en la noche del jueves en el barrio La Cruz, comuna 3 de Medellín, obligó a las autoridades de gestión del riesgo de la ciudad a recomendar, por el momento, la evacuación de 17 viviendas en ese sector del nororiente de la ciudad.

Camilo Zapata Wills, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, confirmó que el deslizamiento que ocurrió en la carrera 24c # 80 no dejó personas lesionadas y agregó que personal técnico de la entidad realiza en la mañana de este jueves más estudios para determinar si se amplía la cifra de viviendas en riesgo.

Sobre el balance del trimestre de lluvias que recién termina, el vocero del Dagrd calificó como positiva la gestión de prevención de la entidad al evitar más pérdidas humanas con las más de 700 recomendaciones de evacuación realizadas:

“Hemos tenido unos eventos muy puntuales, en el transcurso de la semana, pero el balance de los tres meses de temporadas de lluvias es positivo porque a pesar de los grandes acumulados de lluvias, las afectaciones a personas han sido muy pocas. Eso demuestra que ese trabajo conjunto entre comunidad y autoridades da sus resultados”, dijo Zapata Wills.

 

 


MATEO ISAZA GIRALDO / El Colombiano

Página Web - 2017/06/16

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


La reducción de tasas de interés hipotecarias, nuevos cupos oficiales de subsidio al crédito, que se agilicen trámites urbanísticos en Medellín y una recuperación de la confianza del comprador serán claves para que este año Antioquia cierre con unas 25 mil viviendas vendidas.

Esa es la meta de la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que ayer en su foro sectorial, en el hotel Intercontinental, mostró indicadores de desaceleración del sector en el departamento en la primera mitad del año.

De enero a mayo pasado, en Antioquia se vendieron 11.450 viviendas nuevas, es decir, 558 menos que en igual periodo del año pasado, lo que quiere decir hubo una caída de 4,6 % y una reducción del promedio mensual de 2.402 a 2.290 unidades, según datos preliminares de la firma Coordenada Urbana (ver Opinión).

En contraste, la oferta solo se ha contraído en 2 %, hasta 22.665 unidades, con un 73 % en preventa, 24 % en construcción y solo un 3 % terminada sin haberse vendido, la mitad del promedio nacional, según Camacol.

“El Gobierno hace esfuerzos por mantener la demanda, pero esta no ha respondido y, por tanto, los lanzamientos (de proyectos) se han aminorado y a los constructores nos toca ser cautos, para no llenarnos de viviendas sin dueño”, comentó León Arango Mejía, gerente de la constructora Convel.

 

Razones y ajustes

La reducción de ventas se explica en buena parte por la caída de 21 % en Medellín con solo 2.013 unidades, superada por Bello, que vendió 2.651, con un crecimiento de 39 % y alcanzó a compensar también la menor dinámica en Envigado y Sabaneta, principalmente (ver gráficos).

De esa manera, Medellín alcanzó su mínimo histórico de aporte a las ventas totales en el Valle de Aburrá este año, con solo 24 de cada 100 viviendas nuevas vendidas.

“Un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) restrictivo logró su objetivo y los otros municipios aprovecharon. Los más de 80 trámites que tiene un proyecto con el Municipio y las obligaciones urbanísticas hacen inviables a algunos de ellos”, lamentó el gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza.

Del tema ya es consciente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y están dispuestas doce mesas de trabajo entre funcionarios y representantes de los constructores para lograr ajustar temas de procedimiento, agilizar reglamentaciones y revertir el declive de oferta nueva de vivienda en la ciudad.

En ese sentido, Camacol ve una gran oportunidad en que el Municipio reglamente la construcción de apartaestudios de 30 metros cuadrados en el centro de la ciudad, donde hay demanda potencial en la población universitaria y joven.

Entre tanto, inquieta la reducción en vivienda de interés social (VIS, de hasta 99,5 millones de pesos este año) que con solo 5.583 unidades apenas es el 22 % de la oferta en el departamento, el nivel más bajo desde 2009.

Esa realidad evidenciada por Camacol contrasta con los estímulos oficiales vía subsidios a la tasa de interés y para la cuota inicial del programa nacional Mi Casa Ya.

 

 


Juan Fernando Rojas T. / El Colombiano

Página Web - 2017/06/14

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


La incertidumbre se les volvió indignación y desesperación a 130 personas que compraron apartamentos o locales comerciales, entre 2007 y 2013, en el proyecto Meritage, exclusivo complejo urbanístico en el Oriente de Antioquia, al que una orden judicial, en 2014, le frenó su construcción.

Los líos del terreno, ubicado en jurisdicción de Envigado, cerca al peaje de la variante al aeropuerto José María Córdova, comenzaron en julio de 2014 cuando Iván de Jesús López Vanegas, quien había sido encarcelado por narcotráfico en Estados Unidos, pero absuelto dos años después de su captura, rindió declaración ante la Fiscalía reclamando que el terreno del Meritage—de su propiedad— le había sido arrebatado a su familia por miembros de la organización criminal “La Oficina”.

Debido a las irregularidades, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía dictó medidas cautelares para asumir el manejo del predio y el Tribunal Superior de Bogotá, en marzo pasado, avaló esa disposición.

Con el proceso judicial en marcha, Luxury Meritage, uno de los proyectos más ambiciosos y costosos que se construían en Colombia, fue embargado y hace 10 meses se suspendieron obras, dejando en el limbo a compradores que invirtieron en total más de 64.000 millones de pesos.
No los han tenido en cuenta

En el proceso judicial, que ya surtió la etapa de acusación por parte de la Fiscalía ante el juez, con el requerimiento de extinción de dominio, y fue asumido por el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Medellín, se han considerado afectados tanto la fiduciaria, encargada de recaudar, vigilar y administrar el dinero de los inversionistas, como la empresa que entregó el bien para el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, los compradores, de los cuales 25 son extranjeros, aseguran no haber sido tenidos en cuenta por la justicia y afirman que son víctimas ya que invirtieron, de buena fe, y basándose en sustentos de la Fiscalía, de 2007 y 2013, que decían que el lote, el proyecto y la empresas que hacían parte de él, estaban en regla.

Albeiro Fernández compró un inmueble en Meritage y cuenta que le dio confianza hacer la inversión, que superó los 360 millones de pesos, la trayectoria de la constructora y el respaldo de la firma fiduciaria. Además, agrega, que las certificaciones de la Fiscalía sobre el bien mostraban que no había inconvenientes.

“Después de haber comprado, en 2013 y que nos dijo la Fiscalía que no había ningún problema, ahora sí dice hay líos jurídicos. Se ordena el embargo y frenan obras. Llamamos a la fiduciaria y nos dicen que la plata ya la entregaron a la constructora y está invertida en adobes, concreto y hierro. La Fiscalía, nos remite a esas dos y la constructora dice que ya no hay personal. El Estado nos está dejando en el limbo”, agrega.

Entre 165 y 800 millones de pesos oscila el capital individual invertido en el proyecto por cada uno de los compradores, que esperaban les fueran entregados sus inmuebles en marzo de 2017. Desde que inició el embargo al predio fueron instaurados ante la Fiscalía 23 derechos de petición.

Los afectados aseguran que el proyecto contaba con una doble certificación expedida por la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, expedidas en 2007 y 2013.
Son víctimas con derechos

El ente acusador no se refiere a esta situación y remite a la investigación posterior, la de 2014, que generó el proceso que hoy se sigue en el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Medellín.

Según determina la Fiscalía en su investigación, el terreno en el que se construye el Meritage tendría procedencia ilícita. Las pesquisas y el testimonio de López, apuntaron a que un integrante de “La Oficina,” despojó a uno de sus hijos, mediante amenaza y secuestro, del terreno en que se levantó Meritage.

De acuerdo con la Fiscalía la conclusión de la investigación se da en 2014, fecha en la que certifica las presuntas irregularidades, y no antes cuando— como lo dicen los afectados—ya habían invertido en el proyecto.

Para el abogado Víctor Pérez, quien representa a algunos de los inversionistas, se debe incluir dentro del proceso a quienes compraron e invirtieron y buscar que se les el dinero que pagaron.

Denuncia que “se les ha negado (a los compradores) la oportunidad de intervenir en el proceso. No se les escucha. La Fiscalía y el Juez interpretan la ley diciendo que faculta a los que tengan derechos reales, es decir a que sean propietarios del bien”.

“Aquí hay una injusticia grave, porque la gente no debe cargar con una extinción y perder todo su dinero”, anota.

Así las cosas, lo que le depara a los compradores es un proceso que tardaría más de un año y en el que esperan, o que se devuelva el bien una vez terminado el proyecto o que lo tome el Estado, lo venda mediante subasta pública en las condiciones que está y les devuelva el dinero.

 

 


Víctor Andrés Álvarez C. / El Colombiano

Página Web - 2017/06/14

Fuente: http://www.elcolombiano.com/