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Las familias de este corregimiento arrasado por los paramilitares esperan que se cumpla sentencia.

 

El próximo sábado se cumple un año de la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia que ordenó la restitución de 37 lotes y exhortó a entidades del Estado a trabajar en la reconstrucción del centro poblado de Salaminita, corregimiento de Pivijay que hace 18 años fue arrasado por los paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Las 36 familias reclamantes, que el pasado 30 de agosto recibieron los títulos de propiedad de sus predios, están preocupadas porque no ven avances en la reconstrucción del corregimiento para poder retornar a sus tierras.

“Los avances no se ven. Tuvimos la entrega material de los predios y eso es todo. Tenemos gran preocupación porque ya va un año que salió la sentencia y todavía no nos asignan un presupuesto para la reconstrucción del pueblo”, dijo Lesa Daza, representante legal de Asorenacer, asociación conformada por familias reclamantes.

En junio pasado en un evento realizado en Zona Bananera, que contó con la presencia del viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz-Granados, y el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Magdalena, Rodrigo Torres, a los beneficiados con la sentencia les entregaron una llave simbólica que representaba los subsidios de vivienda por 1.637 millones de pesos, pero en noviembre cuando fueron a preguntar por la ejecución de esos recursos en la URT, según Daza, les dijeron que “ese monto era simbólico”.

La sentencia le ordenó a la URT que un mes después de la notificación de la misma debía postular, de manera prioritaria, a los beneficiarios en los programas de subsidio de vivienda nueva ante el Banco Agrario y éste, a su vez, tenía un mes para presentar ante el Tribunal el cronograma en que haría efectivas las ayudas en un plazo que no podía exceder los seis meses.

No obstante, el director de la URT en el Magdalena, Rodrigo Torres, le dijo a EL TIEMPO que hubo una confusión en cuanto a si los predios de Salaminita eran urbanos o rurales, que fue aclarada por el mismo Tribunal que determinó que son urbanos, por lo cual los subsidios de vivienda no son otorgados por el Banco Agrario, sino por el Ministerio de Vivienda.

“Después de la entrega material de los predios, la Unidad de Restitución priorizó a estas 36 familias ante el Ministerio de Vivienda y se han tenido reuniones para ver cómo se agiliza la construcción. Los recursos están garantizados y lo que se entregó fue un cheque simbólico del monto que se va a invertir en la construcción de las 36 viviendas”, expresó Torres y añadió que espera que el próximo año se inicie la ejecución del proyecto.

El funcionario dijo que para cumplir con las otras órdenes de la sentencia que exhortan al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) a diseñar y poner en funcionamiento proyectos productivos y al Municipio de Pivijay, la Gobernación del Magdalena y a los Ministerios del Interior, de Agricultura y de Vivienda a garantizar el suministro de servicios públicos, así como de los servicios de salud y educación a través de la construcción y dotación del colegio y el centro de salud; primero se deben construir las viviendas.

 

 


Paola Benjumea Brito / El Tiempo

Página Web - 2017/12/13

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Usme es una de las localidades de la capital con más polígonos de control de ocupaciones ilegales.

 

En 191 por ciento se incrementaron entre el 2003 y el 2017 las áreas de Bogotá en riesgo de invasión y las ocupadas ilegalmente. Según la Secretaría de Hábitat, que identifica esos sectores como polígonos de monitoreo, se pasó de 132 a 253, y eso que en el camino se han legalizado algunas zonas.

Los polígonos de monitoreo son labores de campo en las que la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda (SIVCV) de la Secretaría de Hábitat identifica vigila y controla los asentamientos no permitidos y notifica a las alcaldías locales, que, por ley, son las encargadas de actuar sobre estas invasiones.

La Secretaría de Hábitat afirma que en el 2017 se ha presentado una dinámica de ocupación alta, por lo que se han creado siete nuevos perímetros vigilados en comparación con el 2016.

Según el más reciente informe de la SIVCV (con corte a agosto del 2017), los 253 polígonos identificados en toda Bogotá ocupan un área total de 4.277 hectáreas invadidas.

El TIEMPO conoció un diagnóstico de la Secretaría de Hábitat que muestra que en las áreas vigiladas hay desarrollos preexistentes, pero también hay invasiones nuevas. En total son 22.985 ocupaciones en las áreas vigiladas.

La localidad con más perímetros de control y vigilancia es Usme (49) con 448 hectáreas; la segunda es Ciudad Bolívar (36), con 586 hectáreas; la tercera es Usaquén (35), con 1.020 hectáreas; y la que menos presenta es Barrios Unidos (1), con 3 hectáreas.

Una de las medidas de Hábitat para hacer frente a la situación es adelantar notificaciones a las alcaldías locales para que informen sobre los hallazgos en terreno y cumplan con la labor de recuperación de las zonas invadidas. En el 2017 se han hecho 2.942 notificaciones a las alcaldías locales de Bogotá.

Ciudad Bolívar encabeza la lista con 1.152 oficios registrados, le siguen Bosa (637), Usaquén (227), Usme (191) y Kennedy (181). Las localidades que menos presentan notificaciones son: Barrios Unidos, que no tiene ningún llamado este año, Tunjuelito (1), Engativá (17) y Fontibón (31).

 

Ciudad Bolívar, caso extremo

El informe indica que en Ciudad Bolívar “el nivel de ocupación es extremo” producto del excesivo desarrollo informal que se registra en esa zona de la ciudad. “Comparado con las otras localidades, el aumento presentado está en una relación de casi 1 a 3, independientemente que en el año 2014 se eliminara un número importante de ocupaciones por la modificación de algunos Polígonos de Monitoreo. Así mismo, la hace la localidad con más ocupaciones informales de vivienda identificadas en el Distrito Capital”, señala el diagnóstico.

En repetidas oportunidades en informes de EL TIEMPO se ha alertado sobre cómo operan los denominados ‘tierreros’, organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de los más vulnerables, ocupan predios susceptibles de ser invadidos o sobre áreas periféricas de la ciudad que tienen riesgo de remoción de masa o inundaciones, por ser Estructuras Ecológicas Principales –como humedales, parques o cerros–, por afectaciones ambientales y viales, por ser suelos rurales y en áreas que fueron objeto de reasentamiento.

 

Usaquén, la localidad que más área tiene por invadir

Según ‘Bogotá, Cómo Vamos’, la extensión total de Usaquén es de 6.531 hectáreas. De este número, 1.020 hectáreas son susceptibles a la invasión ilegal, según datos de la Secretaría de Hábitat. Es decir, alrededor del 15 por ciento.

Barrios como Arauquita, Arauquita II, Mirador del Norte, Villas de la Capilla, Buena Vista II y Los Naranjos, que se ubican en el borde oriental de la localidad de Usaquén, son las poblaciones donde se identifican más polígonos de monitoreo, dada su condición periférica.

Uno de los casos más sonados este año en la localidad se presentó en noviembre, en el barrio Santa Cecilia Alta, donde, luego de más de 10 años de funcionamiento ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) selló de manera definitiva una escombrera que operaba en la calle 163 con 4.ª.

 

Tipo de ocupaciones

Secretaría de Hábitat identifica cuatro grupos de ocupaciones irregulares: consolidadas, en proceso de consolidarse, lotes e invasiones provisionales.
Bogotá presenta en total 10.918 ocupaciones consolidadas, 903 en proceso, 4.959 lotes ilegales y 6.205 invasiones provisionales.

De estas cifras, la localidad que más presenta ocupaciones consolidadas es Ciudad Bolívar con 3.241, la segunda es Bosa con 2.043 y la tercera es Usaquén con 1.440. Por su parte, Barrios Unidos es la localidad que menos ocupaciones consolidadas presenta, pues no revela ningún caso.

 

Histórico de cifras desde 2003 al 2017

En el año 2003, se habían identificado 132 polígonos de monitoreo que se ubicaban principalmente en las áreas sin desarrollar de las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme. En el 2011, según la Secretaría de Hábitat, se aumentó el número a 255 polígonos de vigilancia y control.

En los años siguientes, 2012, 2013 y 2014 bajó el número de controles a 240 y se mantuvo hasta el año 2015, cuando se incrementaron las zonas de monitoreo a 253. En el 2016 se disminuyó la cifra nuevamente, hasta llegar a 245.

Y en el 2017 los polígonos de vigilancia totales con los que Bogotá cuenta actualmente son 253.

Según la entidad, la baja de polígonos en el 2014 se presentó por una modificación de las áreas, en la que se excluían zonas que se legalizaron ese año.

 

 


Carolina Pava García / El Tiempo

Página Web - 2017/12/11

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Reclaman tierra en que Fundación Santo Domingo levanta 25.000 VIS, cerca de Cartagena.

 

“Construye a tu gusto. Lotes de 7 x 14 metros cuadrados a 9 millones y medio de pesos con avenida principal pavimentada”.

Con este tipo de avisos se está comercializando un gigantesco predio cerca de Cartagena de Indias y a orillas de la famosa vía de La Cordialidad. En la zona ya hay edificios, zonas comerciales, bodegas, ferreterías, tiendas y hasta expendio de cemento, a orillas de la carretera. Lo único que no hay son servicios públicos, licencias ni escrituras de propiedad.

Esa informalidad, que limita con la ilegalidad, tiene literalmente congelado uno de los más importantes proyectos de vivienda social de país, en manos de la Fundación Mario Santo Domingo.

Se trata de 25.000 casas que se desarrollan de la mano del Fondo Nacional de Vivienda, del Distrito de Cartagena y Corvivienda.

Abogados de la fundación le aseguraron a EL TIEMPO que la invasión ocupa gran parte del predio denominado Magulla y que ya empezó a afectar al lote La Catalina, que representan el 56 por ciento del proyecto conocido como Ciudad del Bicentenario.

Incluso aseguran que los húespedes ilegales han frenado el equipamiento social de la ciudadela, que incluye parques, vías y un colegio donado por la fundación Pies descalzos, de la cantante Shakira, previsto para 1.300 alumnos. El lote en donde se iba a levantar el colegio estaba listo, pero un grupo de invasores impidió su entrega y hoy se evalúa su reubicación.

Los líos en Magulla arrancaron luego de que el Ministerio de Vivienda declaró de utilidad pública e interés social el macroproyecto.

Ese año, 2008, llegaron a la zona Marcial, Erasmo, Élida, Ignacio, Carlos y Manuel Hernández Martínez, una familia que alega ser la verdadera dueña del terreno desde hace 70 años.

“Desde 1946, Pedro Hernández es poseedor de 1.600 hectáreas. La supuesta venta que sus herederos hicieron es un invento. No sabían ni escribir. Les falsificaron las firmas”, dice el abogado Carlos Otálvaro, defensor de la familia.

La fundación le pidió explicaciones a la vendedora, Marlene Bellido, quien instauró una querella de lanzamiento, por ocupación de hecho. Pero una tutela de los Hernández dejó sin efecto la querella, con el argumento de que quien debió promoverla era la fundación. Y contraatacaron.

Los Hernández interpusieron una querella en la que alegan ser ellos a quienes les están perturbando la posesión. El inspector de policía n.º 6 del barrio Las Palmera les concedió el amparo, basado en testimonios que dan fe de que son los dueños, pero que la fundación califica de espurios.

Paralelo al pleito, la invasión empezó a crecer exponencialmente, e incluso aparecieron avisos en periódicos ofreciendo lotes.

“Mis clientes no tienen nada que ver con la venta de lotes. Terceros se están aprovechando de la situación. Nosotros hemos respetado las decisiones judiciales”, explica el abogado Otálvaro.

 

Amenazas

Y si bien esta podría ser una controversia más por derechos de propiedad, para la fundación es claro que el caso ya ha escalado a terrenos más complejos.

Aseguran que los topógrafos del proyecto han recibido amenazas, que les han destruido obras y que policías que acompañan las diligencias terminan golpeados.

Por eso interpusieron una denuncia por invasión y otras tres por daño en bien ajeno, defraudación de fluidos (robo de energía eléctrica) y falsedad en documento privado y fraude procesal, en contra de Rafael Hernández.

En este último caso, la fundación dice que Hernández ha presentado mapas con coordenadas que no coinciden e, incluso, límites corridos más de 200 metros.

Pero el abogado de la familia dice que, por el contrario, ellos tuvieron que demandar a la Policía por secuestro simple y abuso de autoridad: “Hemos puesto seis muertos en el pleito”.

Y aunque la Oficina de Control Urbano de Cartagena estableció que hay viviendas sin licencia y selló obras, nada ha servido para destrabar el megaproyecto: ni las cartas a la Alcaldía de Cartagena y a sus dependencias, a la Personería y a la Procuraduría.

A pesar de que se interpuso una demanda reivindicatoria de dominio en un juzgado de Cartagena, el proceso lleva seis años y aún no ha hecho siquiera la conciliación.

Lo único que se ha logrado para intentar frenar la invasión es un amparo a la fundación sobre otros lotes de la ciudadela.

El episodio más reciente dentro del caso fue una querella firmada por un hombre que alega ser poseedor de un lote. Se trata de Francisco Vera, representante de un consorcio del que hace parte Coosheroica, cooperativa señalada de vender pechugas a 40.000 pesos para un programa de alimentación escolar. El empresario, con nexos políticos, no quiso hablar.

 

Mientras alguna autoridad se pronuncia sobre el pleito, el megaproyecto sigue frenado.

 

 


Unidad Investigativa / El Tiempo

Página Web - 2017/12/09

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Entre el 70 y 80 por ciento de las áreas construidas en el país son informales e ilegales.

De 1.122 municipios de Colombia, un poco más de 900 no han revisado sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Así lo advirtió el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), Flavio Romero, quien agregó que esto va en contravía de la labor de los curadores urbanos quienes, de hecho, se basan en los POT para otorgar licencias.

Según el directivo, quien participó esta semana en el Encuentro Nacional Directores de Control Urbano, en Cartagena, “si estos no tienen clara la zonificación de riesgos y amenazas se incurre en graves errores”.

Sandra Milena Vargas, presidenta del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), entidad organizadora del evento, agregó que la autorregulación es uno de los caminos para que los encargados cumplan su función.

La directiva dijo que la entidad tiene en curso 44 investigaciones en contra de 7 curadores y excuradores de Cundinamarca; además, hay 400 procesos en contra de arquitectos y 90 profesionales fueron sancionados en los últimos 7 años.

Además, Barranquilla, Pasto, Medellín, Valledupar, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Medellín y Bogotá son las ciudades con más denuncias. Una reflexión final del encuentro: entre 70 y 80 por ciento de las áreas construidas en el país son informales e ilegales.

 

 


El Tiempo

Página Web - 2017/12/09

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Es el primero que recibe este reconocimiento por su aporte al cuidado del medioambiente.

 

El certificado francés de edificios sostenibles HQE se entregará a la constructora colombiana Prodesa por el impulso, a través del proyecto Piamonte, de buenas prácticas que buscan reducir el impacto al medioambiente.

Se trata de una obra de vivienda de interés social (VIS) desarrollada en el municipio de Madrid, que obtuvo la certificación por cumplir con todos los requisitos trazados por el sistema, que es aplicado fuera de Francia por la firma Cerway.

Al respecto, Carlos Alfredo Vargas, socio de la firma edificadora, destacó que serán los únicos representantes de Colombia y América Latina en el World Efficency, que se realizará en París del 12 al 14 de diciembre. “Nos invitaron a presentar la obra durante este congreso que reúne a las empresas que han recibido el certificado”.

A Piamonte –que ofrece 26 edificios y un total de 520 apartamentos–, el reconocimiento le llegó, entre otras razones, por la aplicación de estrategias ‘verdes’ para reducir de manera significativa el consumo de agua y energía en un 15 por ciento en cada uno de los servicios. En esto fueron claves el uso de grifería ahorradora y de bombillos LED.

Además del aporte en materia sostenible, la construcción cumple con las características de integralidad que se buscan a través de grandes construcciones capaces de ofrecer variedad de servicios complementarios; de hecho, la primera fase de la iniciativa que recibió el certificado HQE forma parte de un megaproyecto que incluirá los conjuntos Padua, con oferta de VIS, y Palermo, de rangos superiores (no VIS), que se empezarán a desarrollar el próximo año y que también aplicarán para el certificado HQE.

Pero no serán los únicos, ya que Vargas reveló que Prodesa firmó un acuerdo para incluir otras construcciones en Cundinamarca. Algunas de estas son: Hacienda Alcalá, en Mosquera, que también tendrá VIS y no VIS; El recreo, en Tenjo; Palo de Agua, en Cota, y Yerbabuena, que hace parte del macroproyecto de Ciudad Verde en Soacha, cuyo principal objetivo es atender la demanda de VIS en ese sector.

 

Expectativas hacia el 2018

Carlos Alfredo Vargas, socio de Prodesa, reconoció que el país atraviesa por una situación económica difícil, de la cual la empresa no ha sido ajena. “La compra de vivienda se ha afectado, pero esperamos que la situación mejore el próximo año”, dijo el directivo quien, de todas formas, señaló que el nivel de las ventas se mantuvo, pero la meta es aumentar los índices”. En esta tarea será clave que los constructores entiendan cuáles son las necesidades de los compradores.

 

 


El Tiempo

Página Web - 2017/12/08

Fuente: http://www.eltiempo.com/