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En 2018, subirán 4,09 por ciento, que equivale al IPC acumulado del año pasado.

Los cánones de arrendamiento de vivienda pueden subir hasta 4,09 por ciento este año, al mismo ritmo que la inflación acumulada en 2017 y anunciada este viernes por el Dane.

Así lo anunció la Federación de Londas de Propiedad Raíz, Fedelonjas, cuya presidente, María Claudia Luque, afirmó que este incremento "afecta a miles de familias que vivien en arriendo así como a los propietarios de las unidades que devengan sus ingresos de dichos alquileres".

También aclararon que el aumento no se hace efectivo desde este mes de enero, sino cuando se cumplen 12 meses de haberse firmado el contrato o de haberse hecho el último incremento en el canon de arrendamiento.

Estas reglas de juego no aplican para arriendos de inmuebles de uso comercial, en los que tanto el valor como el incremento deben acordarse entre las partes o deben cumplirse según lo acordado en el contrato de arrendamiento.

Fedelonjas, que agremia a los inmobiliarios de las principales ciudades del país, explica que si el arrendador llegara a subir el canon por encima del tope de ley, el arrendatario puede exigir la terminación del contrato sin estar sujeto a sanciones.

Agrega que el arrendador puede abstenerse de aplicar el alza, si así lo quiere.

 

 


El Tiempo

Página Web - 2018/01/06

Fuente: http://www.eltiempo.com/


El Programa Mi casa ya cuenta con cupos disponibles, dijo el Ministerio.

Los 67.000 subsidios de vivienda que están disponibles, a través del programa Mi Casa Ya, se otorgarán con un incremento igual al que tuvo el salario mínimo: 5,9 por ciento.

Así lo anunció el Ministerio de Vivienda, al tiempo que recordó que los beneficiarios de esta estrategia creada en el país para facilitar la compra de vivienda, rige para los hogares con ingresos totales de hasta 4 salarios mínimos.

El incremento en el subsidio es una motivación más para que los colombianos se lancen y cumplan la meta de tener casa propia. De paso, esto ayudará a la reactivación del sector constructor, que ha generado más de 2 millones de empleos en el país.

De acuerdo con las normas del Ministerio de Vivienda, para impulsar la compra de casa, “las familias con ingresos menores a 2 salarios mínimos mensuales equivalentes hasta 1’562.484 pesos, a partir de este año reciben un subsidio de 23’437.260 pesos, para la cuota inicial de la vivienda. Esto corresponde a 30 salarios mínimos mensuales”.

"Con este beneficio, los colombianos podrán disminuir el valor de la cuota del crédito hipotecario hasta en un 30 por ciento”, explicó el Ministerio.

En lo que tiene que ver con el programa de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), a través del cual se podrán adquirir unidades habitacionales de hasta 70 salarios mínimos mensuales ($ 54’686.940), la cobertura a la tasa será de 5 puntos porcentuales, indicó esta cartera.

De igual manera, para los hogares interesados en Vivienda de Interés Social (VIS), es decir la que tiene un valor que oscila entre 70 y 135 salarios mínimos, es decir, entre 54’686.940 y 105’467.670 pesos, la cobertura a la tasa será de 4 puntos porcentuales, dijo el Ministerio.

Con los programas para promover a una Colombia con más propietarios, según indicó el Ministerio de Vivienda, los colombianos están obteniendo el 43 por ciento de la vivienda, entre el subsidio y los descuentos en las tasas de interés.

 

 


Economía y Negocios / El Tiempo

Página Web - 2018/01/05

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Dicen que planta de tratamiento de aguas residuales atiende a más habitantes que su capacidad.

Los fétidos olores que se perciben en Chía, en especial en la entrada del municipio por el sector de su vía variante, tienen desesperados a buena parte de sus residentes, quienes señalan que todo se debe al deficiente alcantarillado con el que se cuenta en esa población al norte de Bogotá.

Así lo manifiestan los integrantes de la veeduría de ciudadanos de su única planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar). “La calidad de vida en Chía se está deteriorando, y el alcalde, Leonardo Donoso, no quiere declarar la emergencia sanitaria”, afirmó Gustavo Reyes, vicepresidente de VeeduPtar de Chía.

Según explicaron en esa organización ciudadana, la Ptar con la que cuentan en la actualidad fue construida en 1989 y tiene una capacidad para tratar las aguas residuales que producen menos de 50.000 ciudadanos, por lo que su sistema estaría por colapsar, ya que se estima que en Chía hay unos 170.000 habitantes, según datos de la misma la Alcaldía municipal.

Asimismo, los veedores indicaron que la Ptar prácticamente es obsoleta. “Se diseñó como laguna de oxidación, después le hicieron reformas y optimizaciones que no han servido por el crecimiento poblacional. Y las aguas que le llegan deben ser pretratadas, y en Chía no se hace ese proceso”, indicó Carlos Vargas, presidente de VeeduPtar.

El problema con la planta de tratamiento fue una consecuencia del acelerado crecimiento poblacional que ha tenido Chía y causado por el auge de la construcción de vivienda en la última década, según explicó este grupo de ciudadanos.

La situación por los malos olores, según narraron, se hizo tan insostenible que un centro comercial –a la entrada del municipio– instauró una acción popular para que la Alcaldía realizara las obras correspondientes para que la Ptar ampliara su capacidad. “El centro comercial ganó y, por orden judicial, se debían mitigar los malos olores por los problemas de salud que podían causar”, indicó Ardila.

En 2015, la Alcaldía contrató la ampliación de la planta de tratamiento con una inversión de 19.000 millones de pesos, la cual incluía un equipo de última tecnología, que aunque se compró y se trajo al país, tiene líos en su importación y el dinero que giró el municipio estaría en riesgo de perderse.

“La plata era para comprar e instalarlo en donde está actualmente la planta. Se hizo a través de un ‘leasing’ con Bancolombia, pero la sola importación costaba 5.000 millones de pesos que no estaban previstos; también se requiere de una obra civil, tampoco prevista, además de permisos de vertimientos, con los que tampoco contaban”, agregó Ardila.

En VeeduPtar denuncian que además de los malos olores, los drenajes se podrían reventar en cualquier momento, y que las aguas residuales se están vertiendo en el río Frío, el más importante de Chía y afluente del Bogotá. “Ni siquiera se está cumpliendo con la sentencia del Consejo de Estado para la recuperación del río Bogotá”, agregó Gustavo Reyes.

También les preocupan a los veedores ciudadanos las modificaciones que le hicieron al POT actual de Chía, ya que se busca incrementar en 30.000 las unidades de vivienda, lo que aumentaría la población en 100.000 personas.

 

¿Qué dice la Alcaldía?

En la Alcaldía de Chía aseguraron que la Empresa de Servicios Públicos del municipio se encarga del manejo de la Ptar, la cual funciona correctamente de acuerdo “con su ficha técnica, teniendo en cuenta su capacidad”.

Aseveraron que por esa razón no se requería declarar la emergencia sanitaria porque “no se configuran las condiciones señaladas por la ley para tal circunstancia” y el 95 por ciento de Chía cuenta con el servicio de alcantarillado.

Añadieron que también se encuentran en el proceso para construir otra Ptar y lograr la cobertura total de alcantarillado. “Ese proyecto está en proceso de aprobación de diseños por la Corporación Autonóma Regional de Cundinamarca”, informaron.

Además, indicaron que el contrato con el que se busca aumentar la capacidad de la Ptar está vigente, además de que, a la fecha, “la tecnología objeto del contrato es propiedad de Bancolombia, y el compromiso adquirido es que se le entregue al municipio, debidamente instalada y en funcionamiento”.

Agregaron que pusieron en conocimiento de la Contraloría departamental, la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía “la situación en relación con el procedimiento de contratación de la Ptar, mediante el ‘leasing’ ”, y que como el proceso está vigente, “se han adelantado las actividades necesarias para dar su cumplimiento con Bancolombia”. Aclararon que por esta razón, los equipos están en bodega, pero no le pertenecen al municipio.

Sin embargo, aceptaron que en la actualidad la Ptar solo le hace tratamiento al 40 por ciento de las aguas residuales que se producen en el municipio y que el restante 60 por ciento llega al río Frío, pero que lo dirigirán a la segunda Ptar que se va a construir. Aseguraron que sí cumplían con la sentencia del Consejo de Estado para recuperar el río Bogotá porque el 40 por ciento de las aguas residuales que llegan a la Ptar se van al Bogotá “cumpliendo los requerimientos ambientales”.

Respecto a los malos olores que persisten en Chía, señalaron que “aplican un biocatalizador enzimático”, que ha permitido su reducción “significativa con respecto a años anteriores”.

Sobre la preocupación de los veedores por el incremento de viviendas en las modificaciones del POT, en la Alcaldía señalaron que planean construir una tercera Ptar para los nuevos pobladores.

 

 

 


 

José David Rodríguez / El Tiempo

Página Web - 2017/12/17

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Contraloría identificó falencias en el contrato de construcción de vía de acceso y de las viviendas.


Cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal, por un valor total de 6.371 millones de pesos, fueron determinados dentro de una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República al cumplimiento del macroproyecto de reasentamiento de Gramalote, en Norte de Santander, ejecutado por el Fondo Adaptación Nacional.

Los hallazgos son producto de la revisión del contrato para la construcción de la vía de acceso al municipio de Gramalote, tramo vía Miraflores - Vía Lourdes, por un valor total de 25.966 millones pesos, y el contrato para la construcción de 1.007 soluciones de vivienda, en la modalidad de reubicación en el nuevo casco urbano, por 64.643 millones.

De acuerdo con el organismo de control, los hechos presuntamente generadores del daño fiscal, corresponden a aspectos relacionados con deficiencias en los diseños y en la ejecución del contrato de la vía por mayores valores pagados por ítems de obra, lo cual generó además una nueva contratación para la terminación de los trabajos inconclusos, situación que repercute directamente en el costo final del proyecto.

Asimismo, la Contraloría identificó falencias en la calidad constructiva de las viviendas, en cuanto a hitos de estructura, mampostería, cubiertas, obras de mitigación y de urbanismo, también refiere atrasos en la entrega de las mismas a la comunidad beneficiaria, lo cual afectó el cumplimiento oportuno de la finalidad del proyecto.

Como resultado de las evaluaciones adelantadas por la Contraloría a través de su oficina delegada para Infraestructura Física en articulación con la delegada para la Participación, también se establecieron 10 hallazgos administrativos de los cuales 9 tienen presunta incidencia disciplinaria.

 

La respuesta del Fondo de Adaptación

En un comunicado emitido este miércoles, el Fondo de Adaptación presentó doce puntos de respuesta al informe de la Contraloría. Asegura que ya llevaron a cabo análisis jurídicos "para adelantar las reclamaciones ante las aseguradoras y las acciones judiciales correspondientes", y que eso se le comunicó al órgano de control.

Aseguran haber detectado deficiencias en la construcción de algunas viviendas, para lo que se implementó "un protocolo de calidad para subsanar las situaciones técnicas encontradas".

Consulte a continuación el comunicado completo de la entidad:

COMUNICADO

Diciembre 13 de 2017. Ante la reciente comunicación de la Contraloría General de la República, el Fondo Adaptación se permite aclarar lo siguiente:

1. El propósito del Fondo es garantizar que Gramalote tenga sus dos vías de acceso, la primera (Tramo I) ya está terminada y en funcionamiento desde agosto 2017, la construcción de la segunda (tramo II) se encuentra en ejecución y se entregará en el segundo semestre del 2018.

2. El Fondo Adaptación, en reiteradas ocasiones, ha informado a la Contraloría General de la República, tanto las deficiencias encontradas en los estudios y diseños (contratados en el año 2013) para la construcción de las vías de acceso a Gramalote, como las medidas adoptadas en aras de culminar el proyecto de manera satisfactoria.

3. El Fondo ya realizó los análisis jurídicos para adelantar las reclamaciones ante las aseguradoras y las acciones judiciales correspondientes, lo cual se le comunicó al órgano de control.

4. El Fondo también informó a la Contraloría, que durante el plazo de ejecución de la obra, hubo necesidad de incluir ítems nuevos, que cumplen con las especificaciones técnicas del INVIAS, los cuales fueron ejecutados y cancelados al contratista de acuerdo con las condiciones contractuales pactadas.

5. De otro lado y con el fin de garantizar la calidad de las viviendas entregadas en Gramalote, el Fondo Adaptación previamente detectó a través de la interventoría del contrato, deficiencias constructivas de algunas viviendas en ejecución, para lo cual implementó, dentro del desarrollo del contrato vigente, un protocolo de calidad para subsanar las situaciones técnicas encontradas.

6. El Fondo cuenta con protocolos y políticas que protegen los recursos de la entidad, como el no pago de las obras hasta que se cumplan los requisitos de calidad exigidos en los contratos, para evitar el detrimento de recursos.

7. Todas las observaciones realizadas por la Contraloría General de La República a las viviendas en construcción fueron atendidas antes del 15 de noviembre de 2017 en un 100%, cumpliendo con el protocolo de calidad.

8. El Fondo Adaptación, a través de la interventoría, hace el seguimiento riguroso para garantizar el cumplimiento de todas las normas técnicas requeridas.

9. El contrato de construcción de las viviendas, con la Unión Temporal Nuevo Gramalote, está aún en ejecución y por lo tanto las actuales situaciones están en el desarrollo normal de una obra.

10. Durante la ejecución del contrato se han aplicado procedimientos de seguimiento, control y verificación de pos- entrega, lo que ha permitido los ajustes y correcciones durante la ejecución y después del recibo de las obras.

11. Todas las obras realizadas por el Fondo cuentan con los protocolos de seguimiento y garantías contractuales que aseguran el cumplimiento del objeto y la calidad de los productos.

12. Todo el proceso garantiza la habitabilidad y seguridad de la población del nuevo casco urbano de Gramalote.

 

 


Bucaramanga / El Tiempo

Página Web - 2017/12/14

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Las autoridades evalúan la situación para tomar las medidas correspondientes.



Este martes 12 de diciembre, varios sectores de tres municipios del Urabá antioqueño se inundaron debido a las fuertes lluvias, de acuerdo con información del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard).

En Apartadó, las fuertes y prolongadas lluvias desde las 2 p. m. hasta las 2 a. m., causaron inundaciones en las veredas San Pablo y El Diamante, y en los barrios Obrero y Jardín. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Solo una vivienda ubicada en Jardín colapsó por la emergencia y porque su construcción era irregular.

En Carepa se inundaron los barrios 28 de Octubre y Mi Lucha. En este último la emergencia fue ocasionada por el desbordamiento del río Vijagual, que se dio no solo por la intensidad de las lluvias, sino también porque se retiró el jarillón, con el fin de avanzar en un proyecto del Invías. El saldo total de afectados es de 60 familias, las cuales equivalen a 300 personas.

En Chigorodó las inundaciones ocurrieron en las veredas Sadem Candelaria y Guacamaya. Las autoridades aún no han hecho el reporte de afectaciones.

Los consejos municipales de gestión del riesgo de los tres municipios siguen recopilando la información de los hechos para consolidar un reporte más exacto.

Estos tres lugares se suman a Murindó, también en el Urabá, donde ya van 590 familias afectadas, equivalentes a 2.165 personas.

Asimismo, a Vigía del Fuerte, que está inundado desde el pasado 21 de noviembre y donde ya se reportan 1.992 familias afectadas, que representan 8.125 personas. En este municipio la situación se agravó el 29 de noviembre por el desbordamiento de los ríos Atrato, Murrí y Arquía.

En el momento todo el municipio se encuentra inundado (veredas, corregimientos y toda la cabecera municipal) a excepción de la vereda San Migues que se encuentra en un alto, puntualizó el Dapard en su informe.

 

Alertas en el departamento

De acuerdo con el Centro Regional de Pronósticos y Alertas (CRPA), en Antioquia se declararon alertas rojas por niveles altos en los ríos Cauca, Murindó y Atrato.

Asimismo, en varios municipios del Bajo Cauca, el Norte, el Nordeste y el Suroeste por probabilidad de creciente súbita en los ríos de montaña, y en el golfo de Urabá por las últimas crecientes súbitas.

 

 


MEDELLÍN / El Tiempo

Página Web - 2017/12/13

Fuente: http://www.eltiempo.com/