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El rugir de las retroexcavadoras y volquetas despierta a muchos habitantes en Belén y El Poblado. Perforaciones y gritos de obreros acompañan desayunos y almuerzos, la cotidianidad de los vecinos de proyectos de construcción se ve afectada. Unos piden paciencia y otros claridad en los horarios de trabajo.

Son ritmos diferentes. Los constructores afirman que, tradicionalmente, los trabajos en obra inician a las 7:00 a.m. para terminar temprano, a eso de las 5:30 p.m. Incluso, señalan, la norma urbanística así se los permite. Por el contrario, vecinos de los proyectos consideran que esa hora de arranque es muy temprano y, a veces, hasta se anticipan media hora para empezar la jornada.

La pesadilla comienza para Cristina Barrera a las 6:30 a.m. cuando, relata, a menos de 100 metros de su apartamento, en un conjunto residencial de la Loma de los Bernal, occidente de Medellín, reanudan los movimientos de tierra para construir un proyecto de vivienda.

“Hay noches en que trabajo hasta tarde y deseo no madrugar tanto, pero el ruido no me deja. Ni siquiera los sábados, día de descanso, puedo dormir un poco más”, dice y agrega que no hay controles al tráfico pesado ni al polvo.

 

¿Quién regula horarios?

El malestar de Barrera no es el único en los Bernal ni en muchos otros sectores de Medellín donde se desarrollan proyectos urbanísticos y obras públicas.

Según Jorge Montoya, habitante de una urbanización en Ciudad del Río, en El Poblado, sur de Medellín, una construcción vecina genera, además de contaminación, caos vehicular.

“Por momentos se hacen insoportables el ruido, la contaminación por tanto polvo, y pareciera que esto es incontrolado. Son años aguantando esa situación”, expresa.

Al poner la lupa en la norma establecida en el Código de Policía, artículo 135, se lee la prohibición de “demoler, construir o reparar obras (sin distinción si se trata de edificios, vías y otras intervenciones de espacio público) en el horario comprendido entre las 6:00 p.m. y las 8:00 a.m., como también los festivos, en zonas residenciales”.

A eso se debe la indisposición de Barrera que se ampara en la norma para denunciar que las obras suelen comenzar una hora más temprano de lo permitido.

Santiago Posada, coordinador de proyectos de Viviendas y Proyectos, constructora de la urbanización que molesta a Barrera, asegura que tradicionalmente en Colombia el trabajo en obras inicia desde las 7:00 a.m.

“Con el Código de Policía, nos proponen cambiar la jornada, pero es un horario que no conversa con la práctica de la construcción (...) Las empresas no hemos modificado nuestro horario y tácitamente fue aceptado por las autoridades, que nunca nos han molestado”, anota.

El directivo, si bien admite que generan un impacto ambiental, específicamente por ruido y polvo, agrega que son estrictos y rigurosos en las medidas de mitigación.

“Las personas quedan muy contentas con los proyectos que les entregamos, pero desconocen que somos desarrolladores de varias etapas. Entonces cuando compran deben saber que se pueden hacer más edificios”, señala y añade que hicieron un análisis en el que detectaron (por medio de encuestas y reuniones con la comunidad) que a las 7:00 a.m. “la mayoría de personas o están fuera de sus casas o están listas para salir”.

No obstante, si se incumplen los horarios establecidos en el Código de Policía, las constructoras se atienen a una multa de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 416.656 pesos, además de la suspensión inmediata de la obra (parágrafo séptimo del artículo 135).

Según Camacol, las inspecciones de Policía permiten horarios por fuera de los establecidos siempre y cuando se cuente con autorizaciones escritas y con vigencia de un mes.

Esto sucedería, por ejemplo, cuando se presente la llegada extemporánea de una volqueta, los días de vaciados de cemento (un proceso que suele tomar casi un día entero y no se puede interrumpir), cuando haya que hacer traslado de redes o instalación de acueductos.

 

Cumplir es imperativo

Respecto al inconformismo de vecinos de obras, Camacol Antioquia, gremio de la construcción, acepta que este tipo de labores genera incomodidades, sobre todo porque llegan carros a un ritmo que no es acostumbrado, vehículos pesados, hay polvoreda, sonidos fuertes, gritos de orientadores de parqueo y hasta cierres parciales o temporales de las vías.

Sin embargo, la misma entidad hace un llamado a las autoridades a replantear el horario estipulado en el Código, para no afectar a las empresas en el desarrollo de proyectos.

De acuerdo con Gilberto Mejía, gerente de proyectos de la firma Londoño Gómez, el Código de Policía establece los horarios, pero, “en ocasiones hay que pedir permisos extras, porque un vaciado no se puede quedar a la mitad o una máquina llegó más temprano, sin embargo, eso se informa a las autoridades”.

“Es casi imposible no generar afectaciones a los vecinos. La idea es siempre tratar de mitigar cumpliendo los horarios, por ejemplo”, asegura.

Mejía establece que realizan un trabajo de socialización del proyecto en el vecindario y reconoce que, si hay muchos vecinos, será mayor el impacto. “Las obras se ejecutan respetando los horarios y generando cerramientos que mitiguen polvo y ruido”, se defiende.

Lina Calle, subsecretaria de Gobierno Local de Medellín, recalca que muchas de las obras que se construyen sin licencia ocasionan problemas, pues no hay quién responda a las personas para subsanarlas. En cuanto a los aspectos legales, la funcionara cuestiona el argumento de no cumplir el horario que establece el Código de Policía.

“La convivencia parte del principio de la corresponsabilidad. La justificación de que no les hacen cumplir la norma no es válida. Hacemos control y la ley dice que se trabaja desde las 8:00 a.m. y así lo tienen que cumplir”, enfatiza.

Calle invita a los ciudadanos a denunciar las constructoras y proyectos que incumplan el horario de inicio y final de trabajos, así como otras infracciones urbanísticas.

Para ello, indica, pueden dirigirse a las inspecciones de Policía en todas las comunas de la ciudad o llamar a la línea 123 e interponer formalmente la queja. “Estos son los medios y los escenarios donde la comunidad puede poner sus denuncias”, acota.

Con el objetivo de socializar su modelo de trabajo y la pertinencia en el manejo de mantener horarios tradicionales, los constructores anuncian el fortalecimiento de una mesa de trabajo entre empresas del sector.

Mientras tanto, las autoridades advierten que la norma estipulada en el Código de Policía es de obligatorio cumplimiento y harán efectivas las sanciones planteadas.

 

Contexto de la Noticia

CLAVES

Qué hacer con una obra incómoda

 

  1. Exigir a la dirección e interventoría de la obra el plan de trabajo y la socialización del mismo.

  2. Además del testimonio, registrar con videos y fotografías las faltas que considere está cometiendo el constructor.

  3. Entablar queja formal en la inspección de Policía de la comuna a la que pertenezca el proyecto.

  4. Si la presunta infracción es ambiental o irregularidad urbanística, es ante la Secretaría de Gestión Territorial.

 

 

 


Víctor Andrés Álvarez C. / El Colombiano

Página Web - 2018/02/06

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Casas viejas, esas de los abuelos, de los tíos. Las de corredores amplios decorados con plantas de colores. Aquellas donde habitaron grandes familias y son símbolo del campesino, de la herencia agrícola de estas tierras.

Esas construcciones aún persisten en el Valle de Aburrá, se niegan al vértigo del crecimiento urbano en los municipios del sur, casi siempre de manera vertical. Por ejemplo, en Envigado, en 2016 se registraron 1.600 unidades de vivenda licenciadas y en 2017 la cifra se incrementó a 2.100.

Allí, recorrimos algunos caminos, buscando entre edificaciones modernas y calles estrechas aquellas casas campesinas que perduran y se resisten a un inminente adiós.

En la loma de El Chocho, el verde sigue estando presente, pero, basta con acercarse un poco a los árboles para toparse con el cemento y los carros que se esconden tras ellos.

Un poco más arriba del templo Nuestra Señora de La Purísima Concepción hay una finca que atrae la mirada por su color rojo. Se trata del hogar de los Jaramillo, una casona que parece más de un cuento costumbrista que de una ciudad moderna.

Según Bernardo Jaramillo, la casa fue construida por sus tatarabuelos, así que las cuentas van por 200 años de historia y creación. Sus hermanas fueron las fundadoras de la parroquia del sector, que ahora añoran ampliar.

En esta casa, además de un amplio patio, hay dos invernaderos que podrían ser del mismo tamaño de los apartamentos vecinos. Allí cultivan diferentes especies de flores y plantas, que venden los sábados en el tradicional Sanalejo del Parque de Bolívar en Medellín.

Para Amelia Jaramillo, la llegada de los nuevos vecinos tiene su lado gris y su ángulo bonito. “Todos esos edificios nos taparon la vista al pueblo (Envigado). Pero, también con la llegada de más gente logramos construir una parroquia, pues antes debíamos ir hasta Santa Gertrudris, en el parque. Ahora estamos en la tarea de ampliarla, pues cada vez viene más gente y nos está quedando pequeña”, comenta.

Como ocurrió con sus vecinos de más abajo, las ofertas para vender sus terrenos llegan casi que con la cuenta de los servicios públicos, pero “de tanto decirles que no, como que se cansaron, pues no volvieron”, relata entre tímidas sonrisas Bernardo.

Mario, otro de los Jaramillo de la casa, relata que este ha sido su hogar siempre y ahora es el de su familia: allí vive con su esposa y dos hijos, quienes también disfrutan de estar en el campo. “No se puede abandonar ni reemplazar la tranquilidad y seguridad que tenemos acá. Eso no se encuentra en otra parte”, asegura.

 

El campo como hogar

 

En otro sector, hace 24 años vive Francisco Castaño, quien llegó del creciente Envigado, para asentarse en El Salado, en una casa que, aunque más moderna, sigue conservando un espíritu campesino.

“A mí me decían que porqué no me iba más para el centro, pero yo mejor salí para el campo, uno acá no sufre por comida”, enfatiza Francisco, mientras toma una de las mandarinas de su huerto.

El espacio en el que habita con su familia, y otras dos personas a las que le arrendó el primer piso de su casa, cada vez se estrecha más.

Primero debió vender una parte para la construcción de la vía que comunica al parque ecológico y ahora, por uno de los costados de la casa, hay un conjunto residencial de un par de edificios y una entrada monumental y, por el otro, están construyendo la casa modelo de un nuevo proyecto urbanístico.

“He tenido algunos problemas, pues no he querido vender y eso genera malestar. Incluso, alguna vez me corrieron el cerco hacía el interior de mi predio”, explica Castaño.

Sin embargo, este obrero jubilado no desiste y en la parte trasera de su casa tiene una huerta de la que se siente muy orgulloso, pues allí “hay de todo, desde yuca, hasta limones y mandarinas que cultivo. Hay días en que nos toca regalar, porque son muchos productos para gastar y se dañan”.

 

¿Qué ha pasado?

La situación a la que se enfrentan no es la más esperanzadora. El auge inmobiliario que se da en sus territorios, con edificios que superan los 20 pisos, aunque el POT actual solo permite hasta 16 niveles, así como el cambio en la vocación ocupacional, son sus principales amenazas.

Daniel Montoya Escobar, ambientalista y residente del municipio, anota que el área rural de Envigado presenta características que la hacen peculiar.

“En unas zonas sí hay producción agrícola, pero en otras son más residenciales. Y en otros casos reservas naturales”, detalla.

Para él existen varias consecuencias que sufren los campesinos, una de ellas es el cambio en su vocación.

“Muchos han pasado a desempeñarse en oficios varios y domésticos en estas nuevas urbanizaciones. Siguen siendo campesinos, pero no llevan a cabo labores propias de ese perfil o, por el contrario, se han dedicado a vender frutas en los peajes, una actividad totalmente informal. Las actividades económicas propias son casi nulas, pues no generan los mismos ingresos o no hay tierra donde hacerlo”, añade.

Otro aspecto que resalta es que el incremento de viviendas, ya sea en urbanizaciones o no, afecta los recursos del sector, en especial el agua, “pues los acueductos veredales no soportan la demanda de tantas personas y los más expuestos a esta situación son los campesinos”, dice.

Montoya considera que se les debe proteger, pues “su labor como protectores del medio ambiente es fundamental. Además, son la memoria viva de la tradición de la ciudad. Así se formó Envigado. Es más fácil sacar un profesional que 15 campesinos”.

Por ello, Montoya también plantea que si se quiere pensar en una estrategia que permita conservar a los campesinos se debe articular su tradición con los jóvenes.

“Los estudiantes deberían visitar estos espacios e interactuar con ellos, aprender sobre labores y conocer las historias. Esto permite una apropiación de lo rural”, añade.

 

Un asunto de resistir

Tanto a los Jaramillo como a Francisco, no parece asustarles la idea de abandonar sus tierras, quizás porque nunca se les ha pasado por la mente como plan del futuro.

La seguridad con la que hablan de quedarse, de continuar a pesar de que el paisaje se transforme cada vez más, da una idea del amor que sienten por estas tierras, por su hogar. “Nosotros solo salimos de acá cuando Dios nos llame, de resto, acá seguiremos. Es donde lo tenemos todo. No hay razón para irnos”, dice Amelia, y agrega que la relación con los vecinos es buena.

“Estamos en la tarea de ampliar la parroquia, pues ya nos queda pequeña y cada vez está llegando más gente a vivir por acá”, reitera.

Castaño asegura que ha vivido como los ricos: “no nos ha faltado nada y mucho menos, la tranquilidad”.

 

Contexto de la Noticia

 

INFORME

El plan es protegerlos

El Departamento Administrativo de Planeación de Envigado actualmente trabaja en la definición de la vocación económica de las diferentes zonas del municipio y en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, pues según Esteban Salazar, director de Planeación, “no se va a ampliar el perímetro urbano y no se van a generar nuevas zonas de expansión y tampoco se van a incrementar las densidades en la ladera. Por el contrario, estamos planteando la idea de contar con 3.000 hectáreas protegidas nuevas y se está generando una política de vivienda que beneficiará principalmente a los campesinos”.

 

 


VALENTINA HERRERA CARDONA / El Colombiano

Página Web - 2018/02/06

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Rodolfo Segovia, exministro e historiador, indignado por construcción del edificio Aquarela.

 

El exministro e historiador cartagenero Rodolfo Segovia habla sobre la polémica urbanización Aquarela, que se levanta en Cartagena. Plantea muy serias dudas acerca de esa licencia de construcción.

¿Qué es lo que lo motiva a usted como historiador para estar tan preocupado por el castillo de San Felipe, hoy amenazado por una aplanadora urbanística?

Mucha pasión, realmente. Y el castillo de San Felipe de Barajas, en particular, es mi bebé.

¿Es castillo o fuerte?

Ambas cosas.

¿Qué importancia tiene en la historia de la ciudad amurallada?

Cartagena de Indias nació en una islita que se llama Calamarí. Con el tiempo, la ciudad se extendió a la isla de Getsemaní. Hacia 1635, las dos islas habían quedado totalmente amuralladas.

¿Cuánto tiempo tomó construirlas?

Fue relativamente rápido. Empezaron en 1614, y en 1635 estaban hechas; 20 años. Frente a esas dos islas, en tierra firme, se erguía el cerro de San Lázaro, llamado así por el lazareto que existía junto al cerro, al otro lado del camino real. Por el momento, no era sino una colonia cubierta de maleza. Pero, con los avances en el alcance de la artillería, pronto supuso una amenaza. La comandancia de Cartagena pensó o en arrasar el cerro, que era muy caro, u ocuparlo, que era lo fácil y lo expedito.

Sabiamente decidieron ocuparlo...

En 1657, y aunque no era más que un triángulo para 12 cañones, se convirtió en eje de la defensa terrestre de Cartagena, única forma de asediar la ciudad. Como estaba rodeada de agua, no era viable un ataque por ningún otro frente. El bonete sobre el cerro pasó a ser la clave de la defensa de la ciudadanía.

¿Por qué tan clave?

Porque solo tomándose el fuerte se podía tomar a Cartagena. Y pasó. En 1697, piratas franceses bajo el mando del famoso De Pointis se tomaron el cerro, tomaron la ciudad y la saquearon. Pero, en 1741, el mismo cerro, la misma montañuela, el mismo fuertecito, un poco reforzado, rechazó a la enorme flota inglesa del almirante Vernon.

Entonces, a ese fuertecito le debemos muchas cosas...

Por nuevas amenazas de Inglaterra se creó el actual Castillo de San Felipe, a partir de 1762. El gran ingeniero militar Antonio de Arévalo procedió a construir baterías sobre el resto del cerro hasta cubrirlo por completo. Después de terminado, nadie se le midió. Es la imponente fortificación actual, restaurada pacientemente por la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena.

Increíble que ahora la amenaza contra San Felipe ya no sean los piratas, sino cuatro modernos edificios...

Arévalo entendió perfectamente que el fuerte solamente era viable si no tenía sitios más altos que él, que pudieran dominarlo, y, efectivamente, a lomo de burro, eliminó varias estribaciones de La Popa. Lo contrario de lo que hoy está sucediendo.

Aquarela, el gran conjunto urbanístico de cuatro –dicen que van a ser cinco– edificios, cada uno de 35 pisos, ya está amenazando el título de patrimonio universal que nosotros mismos le pedimos a la Unesco que nos concediera...

La declaratoria de patrimonio cultura de la humanidad le dio a Cartagena el reconocimiento como “valor universal excepcional”, específicamente por ser el conjunto de arquitectura militar (siglos XVI al XVIII) bien conservado más extenso de América. En el continente hay bellos conjuntos coloniales, sin sello de la Unesco. Lo que le da a Cartagena su singularidad, y así lo declara, es “el puerto, las fortalezas y el conjunto monumental”, del cual, obviamente, San Felipe de Barajas es el punto más significativo. Entonces no es que uno pueda decir ‘bueno, ahí están las murallas, no importa’. No, es que resulta que el enfoque es con San Felipe.

Hablemos sobre la legalidad del proyecto. En 200 metros a la redonda de San Felipe no se podía construir. Aquarela está unos metros por fuera. Pero, además, con algunos trucos interpretativos, se saltaron las restricciones de altura...

Incluso, un pedacito del inmueble, por lo que entiendo ha dicho uno de los del Instituto del Patrimonio Cultural en Cartagena, se metió un poco en los 200 metros, pero nos mandan a decir los constructores que eso no importa porque ahí ponen “piscinas” o “parqueaderos”. ¿Qué tal?

¿Parar Aquarela va contra el desarrollo de la ciudad?

Colombia ha sido consecuente con esta distinción de la Unesco y le ha dado protección legislativa y ejecutiva a la ciudad, de “valor universal excepcional”, garantizando al mismo tiempo el derecho a un desarrollo urbano que supla las necesidades de la población. La liebre, sin embargo, salta por donde menos se espera: el aparente conflicto entre espacio visual de los monumentos y la vivienda de interés social (VIS). Lo que el Ministerio de Cultura sostiene, con tibio apoyo de la Alcaldía de Cartagena, es que prima el ámbito del monumento porque es patrimonio de todos los cartageneros, los colombianos y el mundo.

Alcaldes muertos, alcaldes presos... todo eso explica el desorden de Cartagena. ¿Pero, concretamente, cómo logran estos avivatos licencia para construir estas moles?

El conflicto nace de que el POT de Cartagena, expedido por el Consejo de la ciudad en 2001, ha sido modificado por circulares, con la excusa de ser aclaraciones. La práctica es calificada de ilegal. La que nos concierne data de diciembre de 2013. Por ella se descarta la limitación de 4 a 6 pisos prevista en el POT. ¿Tendría nombre propio? Difícil creer que estas cosas se hacen al desgaire. Es el origen del escándalo de las torres Aquarela.

Pero, no entiendo. ¿Con una aclaración hicieron posible pasar de 6 pisos a 35?

Utilizando como criterio que la VIS puede, por disposición nacional, elevarse casi sin medida y que el lote está por fuera de la influencia del castillo, el curador urbano n.° 1 de Cartagena otorgó en diciembre de 2015 la licencia de construcción a Aquarela. Dice expresamente que a los predios para VIS hay que darles el “máximo aprovechamiento”. Al curador le entregaron los papeles en regla hasta el más mínimo detalle. Es inexplicable además que cuando ya la Unesco tenía conocimiento del entuerto se otorgara, el 2 de diciembre, la licencia para las torres 3 y 4, de la manera más olímpica.

¿Quiénes son los constructores?

La firma Promotora Calle 47, de tres jóvenes y exitosos paisas, que no tuvo en cuenta los negativos impactos que iban a causarle al patrimonio cultural de Cartagena, Colombia y el mundo. El ánimo de lucro los obnubiló. Y con razón: la torre, de 32 pisos de construcción, se vendió en tres días. Los constructores de Cartagena cometen más de un pecadillo, pero su sentido de pertenencia los inhibe de perpetrar semejante atropello visual. Los de Aquarela no han tenido ese pudor frente a la integralidad de San Felipe.

¿Y usted, como cartagenero y como historiador, qué sintió ante este esperpento?

Yo subí. Subí, y eso lo tienes encima... A Antonio de Arévalo, el ingeniero del fuerte de San Felipe, le deben de estar dando cuatro patatuses. Le están poniendo un elemento dominante sobre su castillo para bombardearlo. En este caso, visualmente.

¿Y qué va a pasar entonces?

El Ministerio de Cultura tiene competencia sobre los bienes culturales nacionales y su zona de influencia. Esta última es de 200 metros en el castillo de San Felipe. Aquarela está por fuera. Lo que pasa más allá de 200 metros es responsabilidad de la Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Ante la pasividad del alcalde, quien dijo a la prensa haber hecho ya todo lo que podía, el ministerio, como única alternativa legal para detener la ignominia, interpuso una acción popular contra la Alcaldía, por la circular que emitió.

¿Viene firmada por el alcalde?

La circular que modifica el POT la firma el alcalde, y por eso la acción molestó al titular. ¡Se puso bravísimo!

Pero, eso está ahora en manos de un juez que debe fallar en un mes...

Sí. La acción popular, en el momento de la protección de derechos colectivos, evidentes ellos, solicita medidas cautelares para suspender la construcción. Estas fueron concedidas mientras hay pronunciamiento definitivo. La permanencia de Cartagena en la ley de la Unesco pende de un hilo judicial. Mientras tanto, el escándalo ha trascendido, por supuesto.

Con el asesoramiento de Icomos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la Unesco envió una misión a Cartagena, presidida por un notable arquitecto mexicano, por cierto, en diciembre pasado. No les fue bien ni a Cartagena ni a funcionarios de la Alcaldía que hicieron el oso. Al señor este le hicieron una presentación que era de llorar. Entonces, la Unesco escribe: “La percepción visual del castillo de San Felipe y su histórica relación con su entorno están cargadas de valores significativos y simbólicos”. Y, por lo tanto, el conjunto de viviendas Aquarela perturbaría la relación entre el castillo y su entorno, “poniendo en riesgo uno de los atributos que sostienen el valor universal excepcional de Cartagena”. Esta enfática expresión se repite dos veces. Más bien ‘teso’, para como habla la Unesco. Muchos colombianos que han visto impactantes fotos de la torre, todavía de apenas diez pisos, apabullando el castillo, están de acuerdo. Los que hemos trepado el castillo sufrimos de vértigo.

Le preguntará alguien: ‘¿Bueno, vivienda de interés social versus el título de patrimonio de la humanidad que da la Unesco?’, pues ¿no es mejor que la gente pobre tenga casa y les devolvemos el título, que no da casas?

Eso es de estrato 3 y 4, tampoco es tan pobre... Por la localización y por el tamaño de 90 metros. Es una aparente dicotomía. Le doy este ejemplo: debió de ser entre 1973 y 1974 cuando el castillo de San Felipe, en sus faldas hacia la avenida Pedro de Heredia, estaba completamente cubierto de tugurios, de vivienda de interés social. Yo personalmente me levanté una plata, con lo que era entonces el Instituto de Inmuebles Nacionales del Ministerio de Obras Públicas, para erradicarlos. Tenía un abogado que trabajaba conmigo en petroquímica, quien fue casa por casa y las compró todas y se quitó eso. ¿Hicimos mal? No creo. Cuando uno tiene que escoger entre la catedral Primada y la gente de la calle que se pone en el atrio y no deja que la gente entre a la iglesia, ¿cómo escoge uno? Pues, bajo el concepto del patrimonio general. Y no hay dicotomía. Hay que saber que los espacios de la ciudad tienen cada uno su ámbito, su destinación histórica, cultural y presente. Y turística, además. Y cosas como la vivienda de interés social, importantísima, pueden hacerse en unos sitios que no los afecten. No más. No hay dicotomía, a menos que se quiera crear.

 

 

 


María Isabel Rueda / El Tiempo

Página Web - 2018/02/05

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Este es el paso a paso. Ahora habrá un apoyo económico más 'gordo' y créditos a 30 años.

 

Entre 15 y 23 millones de pesos en subsidios para comprar vivienda, podrán recibir los afiliados a cajas de compensación familiar, según sus ingresos, lo que facilitará a muchos colombianos cumplir su sueño de tener casa propia.

Un decreto acaba de homologar el beneficio -que antes tenía 4 rangos- con el que entrega el Gobierno a través del programa Mi Casa Ya, que tiene 2 rangos.
Esto es lo que debe saber si uno de sus deseos en el 2018 es comprar casa.

 

¿Quién puede acceder?

En el país hay 43 cajas de compensación familiar, 35 de las cuales están bajo la sombrilla de Asocajas, el gremio más grande en este tema.

Según María Margarita Ruiz, directora de proyectos sociales y económicos de la Asociación, “la modificación del subsidio familiar de vivienda beneficia a los trabajadores colombianos con menores ingresos. Las Cajas asignan el subsidio a aquellos afiliados que devengan hasta 4 salarios, que es el 80 por ciento de la población afiliada”.

 

No solo para familias

Aunque el porcentaje de afiliados a las cajas, en su mayoría son hogares, el nuevo decreto modificó el concepto de hogar, atendiendo a los cambios culturales y demográficos del país. A partir de ahora se tienen en cuenta aquellos hogares unipersonales para el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda.

 

El paso a paso

De acuerdo con lo expresado por la vocera de Asocajas, los aspirantes a recibir subsidios, además de estar afiliados a una caja de compensación familiar, tendrán que acreditar:

 

1. Ingresos mensuales (iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos).

 

2. Sin casa. Uno de los requisitos que se miran con lupa es que el aspirante no sea propietario de vivienda. “Excepto para solicitar subsidio de mejoramiento de vivienda o construcción en sitio propio”, indica Ruiz.

3. El 'ahorrito' cuenta. También entrará a ser parte de la evaluación el hecho de tener un ahorro y capacidad de crédito que le permita demostrar un cierre financiero del valor total de la vivienda que desea adquirir, construir o mejorar.

4. Primíparo con un subsidio. Finalmente, como se trata de ampliar el abanico de propietarios de un techo, el que resulte beneficiario no puede haber tenido anteriormente un subsidio familiar de caja de compensación, ni del Gobierno nacional.

5. ¿Y si no utilicé el subsidio? “Las personas que recibieron un subsidio de vivienda pero que no lo hicieron efectivo, es decir, no lo utilizaron, están habilitadas para postularse para los programas del Gobierno Nacional y para postularse nuevamente al subsidio de Vivienda, siempre y cuando se pueda comprobar que no hicieron uso del mismo”, aclara Asocajas.

 

Más posibilidad, pero menos beneficiarios

Hay que destacar que los dineros que manejan las cajas de compensación provienen de recursos parafiscales, por lo tanto, al aumentar el monto que le otorgarán a un afiliado, se reduce el número de beneficiarios.

Según Ruiz, “en el país hay 622.775 empresas que aportan al sistema, con lo cual se cubre a 9.592.885 trabajadores afiliados a cajas”.

En 2017 se otorgaron 50.000 subsidios, por cerca de 850.000 millones de pesos, pero desde que se creó el programa, en 1992, los subsidios entregados totalizan los 9 billones de pesos.

Con el nuevo monto, si los recursos del año fueran similares a los del 2017, podría estarse hablando de unos 40.000 subsidios con las nuevas normas, en las que se incluye, posibilidad de las Cajas de otorgar créditos a más largo plazo: 30 años, lo que bajaría la cuota mensual a pagar por el deudor.

 

 


REDACCIÓN EL TIEMPO / El Tiempo

Página Web - 2018/02/01

Fuente: http://www.eltiempo.com/


La encuesta de percepción ciudadana calificó con el nivel más bajo históricamente al gobierno local.

 

El último informe de la red de veedurías ciudadanas ‘Cartagena Cómo Vamos’, el cual fue presentado este miércoles, se conoce en medio de un contexto inédito en la historia de Cartagena: una ciudad sin alcalde titular, contralora, y con medio Concejo ante un juez de garantías. 

Según la encuesta hecha por Ipsos Napoleón Franco, el 79 por ciento de los cartageneros siente que la ciudad va por mal camino. En ciudades como Medellín y Pereira el optimismo supera el 60 por ciento. En Cartagena el 50 por ciento de los ciudadanos se siente orgulloso de su ciudad.

Con un 58 por ciento, los habitantes de la zona rural de Cartagena tienen una baja autoestima y se consideran pobres. Solo el 42 por ciento de los encuestados cree que su calidad de vida mejoró.

La encuesta fue hecha en hogares de todos los estratos entre la última semana de octubre y la primera de noviembre del 2017. En esta oportunidad el informe incluyó a todos los integrantes del hogar mayores de 18 años.

Por otro lado, ante la pregunta 'en las últimas cuatro semanas ¿algún integrante de su hogar tuvo que comer menos de cuatro comidas al día porque no había suficientes alimentos?' el 72 por ciento de los encuestados aseguraron que 'No'.

En educación, bajaron las matrículas en entidades públicas y se incrementaron en las privadas. Mientras en el 2016 se había matriculado un 60 por ciento de estudiantes en colegios públicos, en el 2017 solo el 39 por ciento de los hogares encuestados optó por la educación pública para sus hijos. El 86 por ciento de los encuestados se mostró satisfecho con la educación superior.

Otros resultados señalaron que el 40 por ciento de los cartageneros siente que en la ciudad no se garantiza el derecho a la salud y el 54 por ciento de los habitantes se siente satisfecho con la oferta cultural.

El 45 por ciento de la población manifestó sentirse insegura y el 65 por ciento de los encuestados aseguró que la ciudad es presa de los atracos. Por ejemplo, en los barrios sólo se sienten seguros el 41 por ciento de los habitantes.

Pese a la crisis en la construcción que vive la ciudad por cuenta de la ilegalidad, el 68 por ciento de los habitantes tienen vivienda propia.Transcaribe bajó en calidad

Uno de los ítems peor calificados fue el sistema integrado de transporte, Transcaribe. “La gente se bajó de Transcaribe para montarse en buseta”, así lo señaló María Claudia Peña, directora de la veeduría ‘Cartagena Cómo vamos’.

En el 2017 sólo el 11 por ciento se montó en Transcaribe y el el 40 por ciento de los cartageneros usaron otro medio de transporte colectivo.

 

 

 


John Montaño / El Tiempo

Página Web - 2018/01/31

Fuente: http://www.eltiempo.com/