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El Alcalde comparó el proyecto con otros Lagos de Tunjuelo, Pablo Sexto y Ciudad Salitre.

Con la firma del fideicomiso -fondo conformado por aportes de privados- que permitirá la inversión de cuatro billones de pesos en infraestructura para el norte de la ciudad, el alcalde mayor Enrique Peñalosa junto a la Secretaría Distrital de Planeación dieron a conocer el inicio de la ejecución del proyecto Lagos de Torca, que comprende la construcción de 128.000 viviendas, el Parque Metropolitano Guaymaral y colegios distritales, entre otros.

Acompañado por funcionarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá, EAB; el Instituto Distrital de Urbano, IDU; el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), el Alcalde comparó el proyecto con otros, como Lagos de Tunjuelo, Ciudadela Colsubsidio, Pablo Sexto, Ciudad Salitre y Ciudad Verde en Soacha.

Además, el mandatario afirmó que: “Lagos de Torca es un plan revolucionario en dos aspectos, en el diseño urbanístico y en el esquema de la financiación de la infraestructura”.

Lagos de Torca en cifras

Según voceros oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá los privados constituyeron un fideicomiso con una inversión inicial de 10.000 millones de pesos y se espera la contratación de más de 500.000 millones en obras durante los próximos dos años.

Con los recursos que aportarán en total los privados, “por medio del fideicomiso se van a ejecutar mas de 900.000 millones de pesos en vías; 600.000 millones en redes de servicios públicos y 400.000 millones en restauración del humedal y las quebradas, así como la construcción del Parque Metropolitano Guaymaral; en total serán más de dos billones de pesos en predios que serán entregados a la ciudad”, afirmó la Alcaldía Mayor.

De qué consta el proyecto

Con un área total de 1.803 hectáreas, de las cuales 370 serán construibles; 600 recreativas y 550 ya ocupadas por colegios, concesionarios y otros equipamientos.

Se contempla la construcción de un parque metropolitano de 150 hectáreas, un 50 por ciento más grande que el Simón Bolívar; 90 kilómetros de aceras de 12 metros de ancho; 600 hectáreas de espacios públicos peatonales.

“Va a cambiar la manera de hacer ciudad para siempre y por primera vez son los propietarios de la tierra que van a pagar todos los costos (infraestructura, tubos y vías, entre otros) para hacer el desarrollo”, argumentó el alcalde Enrique Peñalosa.

Todo esto dentro de un territorio que se limita al norte con Chía, por el oriente con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y el perímetro urbano; al sur con las calles 183, 189, 191 (Trazado Avenida Tibabita), 192, 193 y la UPZ La Uribe; por el occidente con la Unidad de Planeamiento Rural Zona Norte y el perímetro urbano.

Además, se planea la construcción de 128.000 viviendas, de las cuales la mitad serán de interés social y prioritario, lo que, según el Alcalde Mayor, le costará menos de 100 millones de pesos a los colombianos adquirirlas. El Mandatario también agregó que, habrá ciclorrutas en todas las calles, transporte masivo, pues a 600 metros de las viviendas estará una troncal de TransMilenio.

“En Lagos de Torca los ilegales no van a tener espacios, vamos a construir Viviendas de Interés Social y Prioritario para la gente, buscando equidad con transparencia. Lagos de Torca va a ser un ejemplo nacional y espero que los alcaldes de otras ciudades se sumen a proyectos como estos”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez.

 

¿Se ocupará la Reserva Van Der Hammen?

El tema de la Reserva es algo que causa preocupación entre los bogotanos. El Alcalde se pronunció al respecto y afirmo que: “Con relación a la Reserva, este proyecto no toca ningún terreno de esta, es distinto, es en terrenos distintos de lo que es la Reserva Van Der Hammen”.

El Mandatario también reiteró que actualmente la reserva solo está en el papel, “no hay ninguna manera de comprar las 550 hectáreas de las 1.400, nadie se ha pronunciado para decir de dónde sale el dinero, no hay ni una fecha de compra, es decir, no existe”. Según Peñalosa, la propuesta es una reserva que pase de ser una idea a una realidad, algo revolucionario para el resto del norte, pero Lagos de Torca no comprende ninguna hectárea de la Van Der Hammen.

 

 

 


Sara Caicedo / El Tiempo

Página Web - 2018/01/25

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Según resolución del Ministerio de Vivienda, deberán destinar un 5 % de sus ingresos por expensas.

 

El Ministerio de Vivienda expidió la Resolución 0064, con la cual se asegura la financiación de la Superintendencia Delegada –adscrita a la de Notariado y Registro– para adelantar funciones de vigilancia y control a los curadores.

Pero, ¿de dónde saldrán los recursos? Según la reglamentación, los curadores urbanos deberán destinar un 5 por ciento del ingreso que perciban por expensas.

Según el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, “esperamos que con esta norma se eliminen los focos de corrupción y se fortalezcan las labores de estos en el país a la hora de tramitar y expedir licencias de urbanismo o de construcción”.

Vale recordar que la creación de la Superintendencia se definió en la Ley de Vivienda Segura (Ley 1796 del 2016) que impulsó el Gobierno tras el desplome del edificio Space en Medellín, en octubre del 2013.

Tras el anuncio de las obligaciones que deberán asumir los curadores, Sánchez les hizo un llamado a estos y a los alcaldes a que se acojan a la nueva reglamentación y, de esta forma, contribuyan a aumentar la seguridad de las edificaciones del país.

De otro lado, el Ministerio busca frenar las llamadas licencias urbanísticas y de construcción “express”. No obstante, aclaró que es competencia de los entes territoriales garantizar que no se construyan edificaciones ilegales o mal planificadas que puedan afectar los intereses de los compradores.

 

 

 


Redacción Vivienda / El Tiempo

Página Web - 2018/01/24

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Son para 600 damnificados por la ola invernal del 2010 y 2011

Comfandi, como operador zonal del Valle, lidera este proyecto del Fondo de Adaptación para la reubicación de familias afectadas por el ‘Fenómeno de la Niña’ en el 2010 y el 2011.

Comfandi como operador zonal, entrega más de 160 viviendas en el municipio de Yumbo, para hogares beneficiarios del Programa del Fondo de Adaptación Ola Invernal 2010-2011.

La urbanización Brisas de la Sultana consta de 160 apartamentos distribuidos en ocho torres, cada una de cinco pisos. En un área de 44,5 metros cuadrados ofrece con cocina, sala, comedor, tres habitaciones, baño y área de ropas.

Este tipo de acciones, de gran impacto social, son muy relevantes para Comfandi, y por eso trabajamos de la mano con nuestros aliados en proyectos de vivienda que contribuyan a transformar realidades, a mejorar la calidad de vida, a cumplir sueños y a ampliar el acceso a oportunidades a la población, para seguir creciendo. Debemos, a través de políticas públicas, garantizar el acceso a la vivienda para la población más vulnerable y satisfacer el derecho que tiene esta población a una vivienda digna”, dijo Jacobo Tovar, director de Comfandi.

Las 160 familias beneficiarias provienen de diferentes zonas que fueron afectadas por las inundaciones y desbordamiento de los ríos en el Valle como Cali, Dagua, Guacarí, La Cumbre, Palmira y Yumbo.

La urbanización también ofrece amplias áreas comunes, zona de juegos infantiles y 75 parqueaderos.

 

 


Cali / El Tiempo

Página Web - 2018/01/24

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Medellín y su área metropolitana siguen expandiéndose y el camino para no detener esta dinámica es construir edificios.

El modelo, conocido como crecimiento vertical, puede ser traumático si no se planifica también el desarrollo de la infraestructura para transporte y servicios públicos, para atender a más personas en menos espacio de terreno.

Esta condición se viene dando en muchos territorios de Colombia, según Diego Velandia, director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, e implica afectaciones de la movilidad, y cobertura en redes de acueducto y alcantarillado.

“Nos hemos dado cuenta de que no hay una política clara o normativa que diga cuál debe ser la altura: si puedo hacer 20 pisos y venderlos, pues lo hago. Las regulaciones y la planeación no están articuladas y, por eso, en un pueblo, en el que todas sus casas son de máximo dos pisos, aparece una edificación de 15 pisos”, explica.

Velandia considera que construir torres de apartamentos es un modelo acertado si se garantizan servicios públicos y existen estrategias de movilidad como estaciones de transporte público cercanas y control al tráfico pesado.

“Como se desarrolla la política de vivienda en Colombia es algo comercial (...) Y tiene efectos devastadores, por ejemplo, crear grandes densidades de población en sectores sin acceso a servicios públicos (...) Se degrada el entorno por la cantidad de vehículos que ingresan a estos nuevos conjuntos y no se prevé cómo se manejará”, enfatiza.

 

Norma e impacto en tráfico

Medellín no está exenta de estos problemas en algunos sectores, donde las condiciones para el transporte (privado y masivo) y los servicios públicos no son las más adecuadas.

Las dificultades en la movilidad son evidentes, pues la ciudad, según la Secretaría de Infraestructura, tiene 3.709 kilómetros de vías en zonas urbanas, por las que circulan a diario 1.350.000 vehículos, según estudios recientes del Área Metropolitana, autoridad regional en transporte.

Si bien no todos los vehículos se mueven por los mismos sectores, Velandia insiste que donde hay más edificios circula mayor cantidad de automotores. Sin embargo, ni se construyen nuevas vías ni se han adecuado las calles existentes para evitar congestiones.

Según la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Encuesta de Origen y Destino, del Área Metropolitana, en la capital antioqueña circulan, en promedio, 343 vehículos por cada 1.000 habitantes.

En el Poblado, uno de los barrios en los que más se construyen edificios (ver gráfico) ruedan 1.252 automotores, en promedio, por cada 1.000 habitantes, es decir, más de uno por persona. En Laureles también la motorización es elevada: 739 vehículos por 1.000 habitantes.

Durante los 10 años recientes, en Medellín la población pasó de 1. 172.504 personas a 2.510.000 y el Valle de Aburrá llega a 3 millones 200.000, según Planeación Municipal.

Estas personas, de acuerdo con la misma dependencia, habitan 24.544 edificios, de más de cuatro pisos, en las 16 comunas de Medellín y 1.354 estructuras con esas características en los cinco corregimientos.

Teniendo en cuenta estas cifras es que el panorama ha cambiado. Para Ana Catalina Ochoa, directora de Planeación de Medellín, desde el modelo de planificación de la ciudad, un tema clave es el transporte y a eso apunta la normatividad existente con base en la que se otorgan o no licencias de construcción.

“Antes planificábamos con los servicios públicos: se expandían las redes de energía, acueducto y alcantarillado y la gente ocupaba los territorios. Ahora es primordial la movilidad, el espacio público, la conectividad”, explica.

Ochoa añade que el riesgo por la inestabilidad de los terrenos tras la ocupación en las laderas, también ha hecho repensar el modelo de ocupación en Medellín y así lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

“Tenemos que redensificar el suelo. Pensar desde planeación que hay que crecer en altura y no horizontalmente”, dice y destaca que la norma es clara en el sentido de priorizar la construcción en lo que se ha denominado el eje del río Medellín y restringir la densificación de las laderas.

Respecto al cumplimiento de la norma por parte de urbanistas o constructores, la directora de Planeación apunta que los polígonos de construcción tienen que pasar etapas de aprobación y cumplir con normatividad.

“Cualquiera no puede construir 40 pisos. Se requiere una solicitud de obra vertical que primero pasa por planeación, que da el visto bueno, luego Curaduría, que conoce el POT para poder dar licencia. Luego la Secretaría de Gestión hace control para que se cumpla la normatividad”, asevera.

 

¿Crecimiento organizado?

La capital antioqueña cada vez es más atractiva para asentarse en ella debido a factores como clima (24 grados centígrados en promedio) y su sistema de transporte integrado (metro, cables, tranvía y buses articulados). Esos, y los fenómenos de desplazamiento que la hacen receptora de inmigrantes, son razones a las que atribuye Ochoa, la densificación en la ciudad.

Luis Fernando González, docente de la Universidad Nacional e integrante de la Escuela de Hábitat, explica que la arquitectura en altura (edificios) en el Valle de Aburrá no es un fenómeno nuevo. Comenzó a verticalizarse en la década del 40 con los edificios de renta.

“Después (en los 60 y 70) se empezaron a levantar estructuras en La Playa (Centro de Medellín ), edificios altos de buena factura arquitectónica y gran generosidad de espacios, apartamentos de 120, 150 o 200 metros cuadrados, es decir, que esa tendencia no es nueva”, señala.

González agrega que lo que se ha venido presentando desde las tres últimas décadas del siglo 20 es una disminución de estándares constructivos, arquitectónicos y espaciales, “un modelo de especulación inmobiliaria argumentado en el poco suelo urbano”.

“Frente al agotamiento del suelo calificado como urbano y la no habilitación de otros suelos se decidió que la mejor alternativa era construir en altura. Y eso es lógico, porque ante la imposibilidad de expansión horizontal está la verticalización”, acota.

Cuestiona el académico que en ese nuevo modelo de crecimiento en altura se construyen apartamentos de 38 o 40 metros cuadrados, que además de afectar la calidad de vida de los habitantes, buscan que en poco espacio existan más viviendas.

 

En América Latina

En contexto latinoamericano afloran modelos como los de Brasilia (Brasil) y Ciudad de México, que para el profesor de arquitectura de la universidad de Pensilvania (Estados Unidos), David Gouverneur, son atípicos.

“Brasilia no es una ciudad nueva de crecimiento vertical. Allí hay una arquitectura monumental del área central, donde se reúnen el Congreso de Brasil, el palacio presidencial y la catedral. Además hay megacuadras, zonas residenciales monótonas y sin comercio. Mientras tanto existen lugares en los que ha crecido la informalidad, y son de baja altura”, destaca.

Sobre México D.F., Gouverneur, establece que si bien su población supera las 25 millones de personas no tiene grandes torres, pero el 40 % corresponde al crecimiento informal y horizontal.

“Hay edificios altos en el centro, pero debido a estar fundada en un lago hace que el suelo sea blando, sumado a estar en zona de sismo, la mayoría de estructuras no superan los siete pisos”, agrega.

 

Alternativas de crecimiento

Medellín tiene 11.160 hectáreas en área de suelo urbano y en el costado norte del río 452 ya fueron intervenidas o lo serán en los próximos años. Allí, la Administración formuló 11 Planes parciales (proyectos urbanísticos de vivienda y comercio).

En el Centro hay 1.122 hectáreas y se proyectan nueve planes parciales, y en el sur, con 640,76 hectáreas, existen 13 planes formulados.

Los proyectos habitacionales o que se combinan con comercio continúan en marcha, y contemplan la construcción vertical y no horizontal. La Alcaldía de Medellín hoy acompaña 96 iniciativas que se construirían a partir de este año.

“El reto es redensificar el Centro con los instrumentos del POT que nos dice que tenemos plazo hasta 2026. Todo proyecto tiene estudios para ser aprobado y lo acompañamos y autorizamos si cumple con los análisis” enfatiza Ochoa.

González afirma que el problema no es dónde se debe concentrar la construcción, sino cómo se debe hacer y “hasta que no se defina cuáles son las densidades, el equilibrio entre altura, espacio público, urbanismo, vías y arquitectura, no se logrará”.

Alejandro Echeverri, director del instituto de estudios urbanos Urbam, de la universidad Eafit, señala el Oriente de Antioquia como una oportunidad importante de expansión del Valle de Aburrá, que ya se está dando, pero que requiere de control.

“En esta región, el Valle de San Nicolás (Rionegro, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla y San Vicente) tenemos la oportunidad de hacer una normativa y regulación adecuada con el paisaje. Allá hay que densificar, pero se debe pensar en desarrollos inmobiliarios con norma baja (no en altura)”, acota.

En los otros municipios del Valle de Aburrá, la información sobre densificación, cantidad de edificios y suelo disponible no está siquiera bien consolidada. La pregunta que sigue rondando entre los ciudadanos: ¿hay espacio, transporte y servicios públicos para tanta gente?.

La tendencia de construir edificios en Medellín va más allá del negocio. Un modelo obligado ante la carencia de tierra, que requiere control para garantizar a los habitantes servicios básicos.

Contexto de la Noticia

Paréntesis

La norma prohibe los rascacielos

El Plan de Ordenamiento Territorial en Medellín tiene en cuenta para cada aprobación de licencias de construcción la densidad habitacional, que es la cantidad máxima de unidades de vivienda por hectárea que se define para un territorio y se fija de manera diferencial para cada zona. La normatividad prohibe hacer edificios de más de 20 pisos en Medellín y en laderas. Por ejemplo, en El Poblado solo se pueden levantar máximo 8 pisos. De acuerdo con esos topes, el promedio de las edificaciones que se pueden hacer en los bordes del río (dónde no hay restricción), es lo que hay en zonas como Suramericana, es decir, aproximadamente 15 pisos, en algunos casos, hasta 20.

 

 


Víctor Andrés Álvarez C. / El Colombiano

Página Web - 2018/01/23

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Minvivienda impugnó sentencia de Tribunal que ordenó trabajos.

 

La impugnación de la sentencia en el Tribunal Superior de Cali que les ordenó a la alcaldía de la ciudad y al Gobierno Nacional la construcción de obras para tres moradores con discapacidad en igual número de viviendas de Llano Verde llegó a la Corte Suprema de Justicia.

La Corte decidió revocar parcialmente la decisión que vinculaba en primera instancia al ministerio de Vivienda en cuanto a la responsabilidad de hacer esas obras. Sin embargo, no se refirió a la responsabilidad ordenada por el Tribunal a la alcaldía de Cali, al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), ni a la constructora o a la caja de compensación, dejando en firme lo ordenado por el Tribunal de hacer las obras por parte de estos últimos estamentos.

La revocatoria parcial de la Corte está dirigida solo al mismo Ministerio porque esta cartera fue la única que impugnó o estuvo en desacuerdo con la sentencia del Tribunal de Calil. Así lo explicó el docente Jorge Andrés Illera, quien dirige a los abogados que asesoraron a las tres familias de Llano Verde y que pertenecen al Grupo de Acciones Públicas (Gapi) de la Universidad Icesi, de Cali.

El caso se refiere a la tutela interpuesta el año pasado por Arsene Pinillo, quien quedó ciega por la explosión de un artefacto por un grupo armado ilegal en el 2007, cuando vivía en El Charco (Nariño). La casa que esta mujer, de 39 años, recibió en 2014, de la alcaldía de Cali como persona en situación de desplazamiento, junto con su esposo, Wílmar Micolta,y sus dos hijos, no tiene barandas para subir al segundo piso donde está el baño. Es por eso que en algunas ocasiones se ha caído. La vivienda en Llano Verde, un humilde sector del Distrito de Aguablanca, en el oriente, fue otorgada por el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), con participación de la secretaría de Vivienda de la capital vallecaucana.

El piso del baño no cuenta con baldosa o antideslizante que prevenga nuevos accidentes, como también le ha ocurrido en su condición. Su casa es la número 8 en la manzana Q13. “No han hecho nada y he tocado puertas para que la casa sea terminada, pero sigue igual”, dice Wílmar al referirse a que es incierta la solución para romper estas barreras en la casa que le otorgó el Estado, el 28 de mayo de 2014.

En esta querella figura Luis Alberto González, de 57 años y quien padece artrosis degenerativa u osteoartritis, enfermedad que afecta las articulaciones. Pero además tiene tres hernias de disco que poco a poco le han quitado movilidad. Su hija, Íngrid González, quien es vendedora de tinto, también tiene el problema del baño en el segundo piso, por lo que en el primero ha tenido que adecuar una especie de letrina en esta casa, la 29 de la manzana 6 de Llano Verde.

El fallo del Tribunal obliga a que se “provean los recursos para adecuar la vivienda del núcleo familiar del señor Luis Alberto González, de acuerdo con la discapacidad que presenta en lo relacionado con el servicio del baño en el primer piso, y acceso y pisos de la vivienda”.

Además de ellos, María Elizabeth Mosquera sufre por su hija, quien tiene parálisis cerebral infantil y síndrome convulsivo. También se queja de que el baño está en el segundo piso.

 

¿Qué responden Minvivienda y la alcaldía de Cali?

El ministerio de Vivienda respondió que no es la entidad competente para resolver estas barreras físicas. Fonvivienda explicó que ni el señor González o la madre de la pequeña con parálisis nunca se han postulado para alguna convocatoria con esta entidad. En cuanto a la señora Arsene Pinillo, sí son beneficiarios en Llano Verde, pero no manifiesta si hará o no las obras que el Tribunal ordenó.

La secretaría de Vivienda de Cali respondió que “el programa de urbanización casas de Llano Verde fue un proyecto netamente privado, ejecutado por la constructora en un terreno de su propiedad, liderado por el Gobierno Nacional”. Estos estamentos también informaron que la discapacidad no habría sido notificada.

 

 


Cali / El Tiempo

Página Web - 2018/01/22

Fuente: http://www.eltiempo.com/