Unas 22.300 personas pactaron nuevas condiciones de pago con la banca.
Al menos 22.300 personas que tuvieron dificultades para pagar sus deudas bancarias de manera cumplida el año pasado pudieron renegociar las condiciones de estas y así mantenerlas al día.
Se trata de créditos cuyo saldo en total sumó unos 398.815 millones de pesos, para un promedio de 17,9 millones por préstamo.
La negociación de dichas deudas colgadas se dio bajo las nuevas reglas establecidas
en la Circular Externa 026, expedida por la Superintendencia Financiera a finales de septiembre del 2017, que habilitó a las entidades a que, a partir del 31 de octubre de ese año, se les otorgara a los deudores morosos que cumplieran con ciertas condiciones facilidades de pago de sus préstamos y así aliviar sus cargas en medio del debilitamiento de la economía.
Un balance preliminar de esta medida, conocido por EL TIEMPO, indica que el 95 por ciento de esos deudores pactaron mejores condiciones para sus créditos de consumo por un valor superior a los 156.000 millones de pesos, monto equivalente al 39,1 por ciento del saldo total renegociado entre octubre y noviembre del año pasado, dado que la norma tenía un componente retroactivo de un mes.
El mayor monto renegociado correspondió a créditos comerciales (empresas), unos 220.000 millones de pesos, 55 por ciento del saldo total. El restante 3 por ciento pertenece a microcréditos (396 deudores) y préstamos hipotecarios (119 deudores).
Estos primeros acuerdos de la banca con deudores en dificultades, sin que esto les acarreara reportes negativos en las centrales de riesgo, junto con otras medidas adoptadas por la Superfinanciera, permitió corregir la tendencia al alza que traía el deterioro de la cartera de créditos del sistema financiero colombiano.
El indicador de calidad de dicha cartera cerró el año pasado cerca del 4,5 por ciento, nivel que no se observaba desde el 2010, aunque distante del 4,9 por ciento registrado en la más reciente crisis financiera (2008-2009).
Un mayor impacto de esta medida y de otras que se tomaron en conjunto para revertir el deterioro que traía la cartera a finales del año pasado se seguirán viendo hacia adelante, pero ya hay unos efectos positivos con estos primeros resultados, dijo Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, al referirse a este tema.
Cálculos del ente de vigilancia y control del sistema financiero indican que, al momento de expedirse la norma, unos 1,5 millones de obligaciones con un saldo en mora de 7,75 billones de pesos cumplían con las condiciones para ser renegociadas.
Entre esos requisitos está el que en los últimos seis meses la obligación no haya alcanzado una mora consecutiva mayor a 60 días para microcrédito y consumo; y 90 días para comercial y vivienda.
Solo entre tarjetas y otros préstamos de consumo se estima que hay unos 1,11 millones de préstamos en esas condiciones a los que se les suman 87.000 hipotecarios, 205.000 microcréditos y 57.500 otorgados a empresarios.
Así se llegó a esta situación
El exceso de confianza de los banqueros que no previeron que la situación del país fuera tan delicada, por lo que se dedicaron a otorgar crédito en exceso para las circunstancias del país, así como la lenta recuperación de la economía más allá de lo previsto, dieron como resultado el marcado deterioro observado en la cartera.
Según explica el superfinanciero, desde finales del 2016 y principios del año pasado notaron que a medida que se deterioraba el empleo, la capacidad de pago de los deudores empezaba a afectarse al punto que, personas con 4 o 5 años con créditos hipotecarios al día de un momento a otro dejaban de pagar dos y tres cuotas, volvían a pagar y volvían a colgarse. Igual sucedía en consumo, vehículos y otros préstamos.
En su análisis, la Superfinanciera identificó que en 13 de sus vigilados el tema del deterioro de la cartera era muy marcado, por lo que se les dio un plazo máximo de seis meses para que corrigieran esa situación, pues de lo contrario se les sometería a la norma de reserva de utilidades, que no es otra cosa que obligarlas a dejar quietas sus ganancias para afrontar posibles destorcidas.
Por fortuna, dice Castaño Gutiérrez, “a la fecha se puede declarar una efectividad de la estrategia, ya que de las 13 entidades involucradas el 84 por ciento experimenta un cambio o ajuste en la senda de crecimiento del deterioro (de la cartera)”.
Esa estrategia, junto con la expedición de la Circular 026, que no es más que una actualización de las normas a estándares internacionales, es lo que les permite hoy a la autoridad dar un parte de tranquilidad en que el deterioro de la cartera vencida se detuvo.
“Cuando revisamos las entidades más grandes vemos que esa circular logró contener ese deterioro de cartera sin que el deudor dejara de pagar sus obligaciones y con nuevas condiciones. Si no se hace eso, las entidades debían hacer más provisiones, ese deudor se dañaba y quedaba por fuera del sistema y era algo que no se quería”, explica el superfinanciero.
Lo que viene ahora es continuar con el monitoreo de esas medidas y ver qué tanto más se renegocia y cuánto de esos recursos se recupera bajo esas nuevas condiciones.
Para ello, se creó un indicador de recuperación y la entidad de vigilancia acaba de firmar dos convenios con las centrales de riesgo (TransUnión y Experian) para el intercambio de información.
Ese indicador, señala Castaño Gutiérrez, dirá cuánto del saldo de la deuda renegociada se ha venido pagando (capital e intereses) y la información de las centrales ayudará a validar que lo reportado por los bancos se refleje en las bases de datos de los deudores.
Carlos Arturo García M. / El Tiempo
Página Web - 2018/02/08
Fuente: http://www.eltiempo.com/
Al parecer, una empresa suscribió contratos de construcción con Isvimed y no cumplió con las obras. 
El Gobierno aprobó 20 mil cupos para vivienda, por $554 mil millones, para aquellos colombianos que quieran comprar casa propia o una segunda vivienda entre 135 y 435 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV); es decir, entre $106 millones y $340 millones en 2018. Unidades que no están clasificadas como Viviendas de Interés Social (VIS).
El modelo es una estrategias con la que se busca erradicar el gota a gota y generar desarrollo 
La mayor parte en el 2017 fue de entre 100 y más de 300 millones.