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Más de 50 alcaldes están reunidos desde ayer hasta mañana, en un encuentro liderado por el BID.

 

¿Cómo logró Medellín salir de la lista de las ciudades más violentas del mundo? ¿Cuáles son sus experiencias exitosas en educación, innovación, ciencia, tecnología, desarrollo urbano y movilidad?

Esas son algunas de las cuestiones que tratan desde ayer y hasta mañana en la ‘Reunión anual de alcaldes: ciudades incluyentes, aprendiendo de Medellín’, en la que participan más de 50 alcaldes de distintas ciudades de España, América Latina y el Caribe.

El encuentro, que es liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se realiza en la Universidad Eafit, busca convertirse en un espacio en el que los mandatarios locales intercambien experiencias y conocimientos sobre la inclusión social.

"Como alcalde de Medellín, quiero expresar nuestro enorme interés y entusiasmo en participar de este importante espacio de decisión, que nos permite avanzar hacia los objetivos que compartimos con otros territorios. Creemos que somos capaces de conectarnos con ciudades que enfrentan obstáculos similares a los nuestros para crear cambios sostenibles en entornos locales”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.

Y es que todas las ciudades que están representadas en el evento tienen necesidades conjuntas. Una de ellas es encontrar soluciones de movilidad sostenible y cuidado ambiental, ante el crecimiento del parque automotor, pues entre 2005 y 2015, la región duplicó su flota total de vehículos, agregando 100 millones de estos a sus carreteras, lo cual trae un aumento de la demanda de servicios de transporte y problemas de contaminación y congestión vehicular.

Otra de las temáticas que tratarán los alcaldes es la expansión urbana de las ciudades y la calidad de vida de sus residentes. Según datos de la Universidad Eafit, “una de cada cinco personas que reside en zonas urbanas, vive en asentamientos informales, sin título de propiedad y mínimo acceso a servicios básicos agudizando la desigualdad”.

Entre tanto, la inseguridad es uno de los principales problemas que enfrentan las ciudades de la región y uno de los mayores desafíos para la competitividad de las empresas. De acuerdo con un estudio del BID, el crimen le cuesta a la región 3,5 por ciento del PIB, a lo que se suma que los niveles de violencia son más altos en barrios pobres urbanos y en zonas periféricas de la ciudad.

Por ello, ante este panorama, la idea es tomar de base para construir soluciones las experiencias exitosas que han tenido lugares como la capital antioqueña, que pese a que aún tiene muchos desafíos en distintos sectores, logró salir de su más oscura época.

“Es un espacio conjunto de ciudades para conocer la experiencia de Medellín, en su transformación, que haya intercambios de experiencias, donde hay éxito se copia muy rápido y en estos espacios buscamos facilitar ese diálogo”, manifestó Luis Alberto Moreno, presidente del BID.

Así, durante los tres días que dura el encuentro se realizan distintas presentaciones y discusiones sobre aspectos como seguridad urbana, inclusión social en los barrios, movilidad sostenible y gestión fiscal efectiva y eficiente, vistos desde la óptica de la inclusión.

Para lograrlo, el BID impulsa la Red de Ciudades (en la que participan 150 ciudades) para facilitar espacios de intercambio y tener una plataforma para compartir conocimientos y mejores prácticas en aspectos relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida, con un énfasis en lograr ciudades sostenibles y más incluyentes para los habitantes.

 

 


Medellín / El Tiempo

Página Web -2018/09/18

Fuente: https://www.eltiempo.com/


Esta productora de la empresa Cemex es la esperanza de los habitantes para el desarrollo de Maceo.

 

El sueño de la bonanza económica asoma con frecuencia en las conversaciones de los habitantes de Maceo, municipio ubicado en el Magdalena Medio. En este pueblo de clima caliente, rodeado de verdes terrenos aptos para la ganadería y la agricultura, las personas aún esperan que la empresa mexicana Cemex ponga en marcha la planta de producción de cemento que levantó allí, que le costó 420 millones de dólares y que, con la entrada en operación, prometía llevar un mayor desarrollo a esta región de unos 7.000 habitantes.

Entre 2012 y 2017, periodo del montaje de la planta, la gente pudo sentir y vivir el progreso: creció el empleo como nunca antes, aparecieron las oportunidades para todos y empezó a mejorar la calidad de vida. Hoy, es un recuerdo bañado de decepción y acompañado de esperanza, especialmente para los residentes de La Susana, corregimiento ubicado a unos 40 minutos del casco urbano del municipio y donde está la cementera. Anhelan que pronto se resuelva el lío jurídico que envuelve la multinacional y que la obligó a frenar el inicio de las operaciones en 2016, unos meses antes de la fecha estipulada para empezar a funcionar.

Según datos de la Fiscalía General de la Nación, la investigación es sobre presuntas irregularidades que cometieron exdirectivos de la empresa en negociaciones para adquirir varios activos de la empresa C.I. Calizas S.A., antes ubicada en el predio donde hoy está la productora de Cemex, el cual se encuentra vinculado a un proceso de extinción de dominio en un proceso de defraudación al Estado. Según el ente acusador, dichos exdirectivos avanzaron en las negociaciones, pese a conocer el problema del terreno.

Esta situación dejó en veremos las esperanzas de los pobladores ante los beneficios que les dejaría una planta con capacidad de producir más de un millón de toneladas de cemento al año. Hoy, se conforman con ver erigida la gran estructura cuyas máquinas encienden algunos trabajadores para que la falta de uso no las deteriore.

El camino hacia el lugar también luce una de las grandes ventajas que recibieron tras la llegada de la multinacional: el mejoramiento de la vía principal del corregimiento que conecta con el centro municipal y que ni en sueños pensaron que sería pavimentada.

Sin embargo, como la planta, también está frenada su rehabilitación. Es una carretera parchada, en la que se alternan los tramos pavimentados con aquellos todavía cobijados por arena y piedras. Aun así, el tiempo para llegar al casco urbano se redujo de al menos una hora y media a 40 minutos.

Julián David Urrego, secretario general y de gobierno del municipio, explica que tenían muchas expectativas frente a los aportes tributarios que la empresa le haría al municipio. Tanto así, que el Plan de Desarrollo fue pensado con ambiciosos proyectos sociales que luego tuvieron que ser revisados para ajustarlos al presupuesto existente.

Funcionarios de la alcaldía contaron que entre las propuestas más grandes estaban crear una secretaría de educación, mejorar y construir escuelas rurales, edificar una casa de justicia, remodelar el parque principal con énfasis en movilidad, ampliar la infraestructura hospitalaria, hacer proyectos de vivienda y adecuar un espacio para el centro administrativo, pues la casa donde actualmente funciona le pertenece a la parroquia y no al municipio.

Un pueblo entre necesidades

Aunque estas metas siguen en pie, Maceo no cuenta por el momento con los recursos sobre los que se planearon. La expectativa era que cuando la planta empezara a producir, el municipio tendría un aumento del 88 por ciento en el recaudo de ingresos corrientes tributarios por concepto de impuestos, respecto a la vigencia de 2015.

Hoy, la realidad es otra y las necesidades saltan a la vista. Según Hilda Suárez, profesional de la oficina de Planeación, hay un gran déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, abunda el desempleo y el hospital y los dos centros de salud del municipio están en malas condiciones.

Los albores del progreso que se vivieron durante el montaje de la planta acostumbraron a los habitantes a una vida que ahora añoran. Muchos de ellos, contó Urrego, obtuvieron por primera vez una remuneración correspondiente a un salario mínimo. Muchos también pidieron créditos para comprar motocicletas o mejorar sus casas, pues las opciones de alquilarlas crecieron. Hoy, están con las deudas pero sin una fuente de ingresos para solventarlas, sin contar la caída que ha tenido el comercio local.

“Cuando Cemex llegó al municipio, contrató una parte muy significativa de la población, la cual empezó a gastar más y a dinamizar la economía, algunos comerciantes tenían dos y tres empleados. Todo eso cambió y muchos incurrieron en gastos que hoy los tienen sofocados”, dijo el secretario, quien añadió que esta situación ocasionó la salida de familias en busca de oportunidades en otros lugares.

Durante la fase de construcción de la planta, Cemex generó unos 1.200 empleos directos, mientras que en la etapa de una eventual entrada en operación generará más de 300: 140 directos y 160 indirectos.

Por el momento, los habitantes siguen esperando que se ponga en marcha la operación de la cementera. Por ello, casi todos los jóvenes cuando salen del colegio ingresan al Sena para estudiar programas relacionados con los perfiles que esta requiere y hay muchos que ya terminaron técnicas y tecnologías a la espera de una oportunidad.

Entre tanto, Ricardo Naya, presidente de Cemex en Colombia, explicó que no se empezarán las operaciones hasta que no se tenga el 100 por ciento de los permisos y las licencias que amparen la totalidad de la capacidad instalada.

“Para que eso suceda, debemos seguir trabajando en dos frentes: con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para actualizar los contratos que hoy tenemos con ellos; y el otro es con Corantioquia para garantizar los permisos y las licencias necesarias para operar la planta a plena capacidad. Hasta que eso ocurra no podemos dar con certeza la fecha en que vamos a entrar en operación”, puntualizó el directivo.

 

Los proyectos sociales de Maceo en los que participa la empresa

De acuerdo con Carlos Alberto Restrepo, socio de la Junta de Acción Comunal de La Susana, el deseo de que la empresa se ponga en marcha no solo está latente por el crecimiento económico, sino también por la inversión social que podría significar para el corregimiento, cuyas condiciones son precarias en muchos sentidos.

El líder social cuenta que entre las dos grandes prioridades están la construcción de una planta de tratamiento de agua potable y el funcionamiento adecuado del centro de salud, el cual luce a un costado de la calle principal, de puertas cerradas casi a diario. Afirman los habitantes que un médico los visita cada 15 días y una enfermera cada 8, para hacer procedimientos básicos y entregar algunos medicamentos.

Esta situación, dice Disney Astrid Pereañez, coordinadora de la Casa de la Cultura, es una de las quejas principales, puesto que pagar una motocicleta hacia el casco municipal cuesta al menos 30.000 pesos, un valor similar al pasaje del bus hasta Medellín, lo que significa un doble problema a la hora de salir de urgencia ante inconvenientes de salud.

Para la Institución Educativa Rural Cristo Rey, ubicada en el corregimiento, la llegada de Cemex trajo también beneficios. Tableros, ventiladores para cada aula, mallas para la seguridad, reflectores para la cancha, entre otros equipos de dotación fueron donados por la compañía para la sede de bachillerato.

Incluso, en este momento, se desarrollan obras en la sede de la primaria, para construir una bodega y la tienda escolar: los materiales los aporta la empresa de cemento y la mano de obra, la alcaldía.

Asimismo, Cemex lidera con la comunidad educativa el proyecto ‘Sembrando futuro’, un plan de reforestación con árboles frutales en predios que le pertenecen al colegio; los estudiantes ya han sacado cosechas y están pensando en incluirle un componente de mercadeo.

Además, de la mano de la administración municipal, Cemex participa en ‘La bloquera solidaria’, propuesta para mejoramiento de vivienda, en la que la empresa aporta el cemento.

Y, con la iglesia y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la multinacional también desarrolla ‘Mambrú no va a la guerra’, en el que participan 35 niños y adolescentes en la consolidación de una banda marcial, la idea es prevenir el reclutamiento de los menores de edad por parte de grupos armados ilegales.

 

 


Heidi Tamayo Ortiz / El Tiempo

Página Web -2018/09/16

Fuente: https://www.eltiempo.com/


Con ello se ha reducido el déficit de unidades en la capital, según informe de Calidad de Vida.

Bogotá sigue siendo una ciudad con mayoría de arrendatarios (en promedio, solo el 45 por ciento es propietario), pero el impulso de construcción de la vivienda de interés social y prioritario ha hecho que en el occidente, los dueños de vivienda superen el promedio de la ciudad, con el 58 por ciento.

Esa es una de las conclusiones del capítulo de Hábitat del vigésimo informe de ‘Calidad de vida’ del programa Bogotá Cómo Vamos, el cual señala que la reactivación de los planes parciales ha ayudado a reducir el déficit de vivienda en la ciudad.

El informe reúne datos de las entidades del Distrito y los contrasta con otros que se han recogido en la Encuesta de Percepción Ciudadana del mismo programa.

Ese cruce de datos muestra, por ejemplo, que el occidente de Bogotá está liderando las cifras de tenencia de vivienda porque tanto allí como en el sur de la ciudad se han concentrado los planes parciales para el desarrollo de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) entre el 2010 y el 2017, según el informe.

La actual administración propuso en su Plan de Desarrollo gestionar 80 hectáreas para el desarrollo de vivienda VIS y VIP, con capacidad para 40.000 unidades. A la fecha van 36,98 hectáreas.

En localidades como Fontibón se han gestionado en los últimos años 7,18 hectáreas para el desarrollo de proyectos de vivienda, mientras que Usme es la zona que más ha concentrado la gestión del suelo, con 18,75 hectáreas.

De otro lado, las viviendas que no son de interés social se han concentrado en dos zonas, principalmente en el norte de la ciudad (86.468 unidades) y en el occidente (55.300).

Con acciones como esta se busca reducir el déficit cuantitativo de viviendas, que pasó de 133.538 unidades en el 2014 a 90.124 en el 2017, de acuerdo con la Encuesta Multipropósito de Bogotá (EMB) realizada por el Dane, cuyos datos analizó el programa Cómo Vamos. Además, “la vivienda en arriendo es mayor en las zonas sur oriente y sur occidente, pero también empieza a predominar en las zonas norte y centro de la ciudad”, dice el estudio.

El capítulo de Hábitat fue elaborado por Olga Lucía Ceballos, Milena Rincón y Juan Guillermo Yunda, del grupo de investigación en Calidad y Habitabilidad de la Vivienda, del departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y por Jean-François Jolly, del grupo de investigación interfacultades –Arquitectura y Ciencias Políticas– Políticas Urbanas, de la misma institución.

Ocupación ilegal

Un dato que preocupa al observatorio es que el fenómeno de ocupación ilegal en ciertas zonas de la ciudad siga aumentando, no obstante las acciones gubernamentales para contener el flagelo. “Ha existido un crecimiento sostenido de aproximadamente 1.500 ocupaciones por año entre aquellas monitoreadas por la Secretaría Distrital de Hábitat”, indica el informe.

Para el 2012, el número de ocupaciones ilegales llegaba a 15.832. En 2015, la cifra alcanzó las 19.708, y para el año pasado se ubicó en 23.999.  “Cerca del 70 por ciento estaban localizadas en las zonas de alta pendiente o protegidas ambientalmente en Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme, San Cristóbal, Chapinero y Usaquén”, dice el informe.

Pese a esta problemática, una estrategia que ha implementado el Gobierno Distrital desde hace años es la legalización de barrios en zonas que estén por fuera de áreas de riesgo o protegidas ambientalmente con el fin de reducir las viviendas en mal estado, o lo que se conoce como déficit cualitativo.

Entre el 2012 y el 2017 recibieron título de propiedad las personas ubicadas en 7.112 ocupaciones. Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe son las localidades con mayor número de predios.

Frente a las acciones para mejorar las casas tituladas, el informe destaca la continuidad de los programas. Mientras que en el 2015 las intervenciones fueron en 1.295 hogares, entre el 2016 y 2017 se intervinieron 1.500.

Frente a los barrios intervenidos para mejorar la infraestructura también hay continuidad de acciones. En el 2015, 134 barrios recibieron trabajos de mejoramiento, mientras que entre el 2016 y 2017 fueron 128.

El informe también destaca el buen ritmo con que entre el 2016 y el 2017 se ha reubicado a las familias en zonas de riesgo, cada año con más de mil hogares, cuando en años anteriores, la cifra no superaba las 500 familias, con excepción del 2010, 2011 y 2015, cuando subió el promedio, pero no superó los 800 beneficiarios.

El informe recomienda al Distrito enfatizar los trabajos de gestión de suelo e impulsar las acciones para el acceso efectivo a subsidios con el fin de superar el déficit de vivienda, sobre todo en hogares de bajos recursos.

Sigue la reducción en el consumo de agua

Pese a que el consumo básico de agua quedó fijado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en 11 metros cúbicos por suscriptor facturado, los estratos 2, 3, 4 y 5 tienden a gastar menos de este umbral cada mes.

Así lo muestran los datos comparativos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB) analizados por el programa Bogotá Cómo Vamos, los cuales reflejan reducciones en el consumo de agua entre los años 2005 y 2015.

 

En cambio, los estratos 1 y 6 superan, por poco, la línea fijada por la CRA, con 11,46 y 11,90 metros cúbicos por mes, respectivamente.

Lo que llama la atención del informe es que en términos generales, del estrato 2 al 6 en el periodo de 10 años analizado hay una reducción en el consumo. El estrato 1 es el único que aumentó el gasto de agua: en 2005 era de 11,22 metros cúbicos por mes y en 2015, de 11,46, presentando una variación del 0,24 por ciento.

Ahora bien, si se analiza el consumo del líquido vital per cápita entre el 2006 y el 2017, se observa que las zonas en que más se gasta agua son la norte y centro oriente de la capital, mientras que en el centro y sur de la ciudad se ha disminuido.

La localidad de Chapinero es la que concentra los mayores índices de consumo. Para el 2006 era de 190 litros por día y en el 2017, de 170. El informe explica que esta situación puede deberse a las actividades de comercio y servicios que se concentran en esta zona, pero cuyos predios están clasificados como residenciales.

 

El informe completo, este miércoles

El programa Bogotá Cómo Vamos, que realiza un monitoreo ciudadano a la ejecución del Plan de Desarrollo en la capital, entregará este miércoles, 19 de septiembre, el vigésimo informe de ‘Calidad de vida’. Este documento reúne el análisis de las cifras de gestión pública y su impacto en la ciudadanía en diversas áreas.

La presentación completa se hará entre las 7:30 de la mañana y el mediodía. La cita es en el auditorio Pablo VI de la Universidad Javeriana (carrera 7.ª n.º 40-90). El evento es abierto al público, pero debe inscribirse en: bit.ly/2PcK37E.

 

 


Bogotá / El Tiempo

Página Web -2018/09/16

Fuente: https://www.eltiempo.com/


Las obras terminan en el 2019 y mejorarán el tránsito de las aguas lluvias del centro y occidente.

A mediados del 2019 quedarán resueltos los problemas de inundaciones en época de lluvias y de malos olores en el entorno de los canales Fucha (calle 13) y Comuneros (calle 6.ª), donde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado inició obras de rehabilitación por 13.226 millones de pesos.

Estos son dos de los sistemas más importantes de evacuación de aguas lluvias en el centro y occidente de Bogotá y según el diagnóstico de la Empresa de Acueducto, las obras eran prioritarias debido a que estos canales se han deteriorado en los últimos años y presentan fracturas en las paredes y en las bases, caída de losas y derrumbe de los taludes, y con ello se ha disminuido la capacidad para transportar agua lluvia.

El propósito fundamental de esta rehabilitación es mitigar el riesgo de inundaciones en el tramo del canal río Fucha a la altura de la avenida Boyacá con calle 12, y del canal Comuneros en el tramo ubicado en la calle 6.ª entre carreras 32 y 33. Además se espera estabilizar los terrenos y eliminar el riesgo de desestabilización y el taponamiento del cuerpo de agua por este motivo.

Los trabajos en el canal Comuneros se están realizando desde la carrera 25A hasta la desembocadura del canal Fucha. En este sector se está realizando la reconformación del talud, la reconstrucción de la ciclorruta que se había deslizado hacia el canal a la altura de la calle 32, la renovación de taludes y el cambio de losas y estructura de salida de tubería a lo largo del canal. Las obras, que comenzaron en mayo pasado, cuestan 5.126 millones de pesos y van en un 39 por ciento.

La inversión en el canal Fucha, donde se iniciaron trabajos en febrero pasado, es de 8.100 millones de pesos y comprende la renovación de losas de concreto y estructuras de salida de tuberías al canal río Fucha, de la calle 12 con avenida Boyacá hasta la carrera 30, e incluye la zona de talud y las placas de fondo.

Según el Acueducto, se utilizan materiales, procedimientos y tecnologías de punta que permitirá un óptimo funcionamiento hidráulico y reducir el deterioro de estas nuevas estructuras, y se ha empleado a comunidad de las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón

Los beneficiados directos serán los vecinos del Fucha de los barrios Villa Alsacia y Nueva Marsella; y Veraguas Central, Pensilvania, Tibaná, Primavera, zona Industrial, Corkidi, Galán, Villa Claudia, Milenta y La Igualdad, del canal Comuneros.

 

 


Bogotá / El Tiempo

Página Web -2018/09/16

Fuente: https://www.eltiempo.com/


975 de las 1122 áreas previstas para cubrir han cerrado ya la operación.

Sin una fecha concreta de entrega (entre el 15 y 29 de septiembre) está previsto que se den a conocer las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda que adelanta el Dane y que, a la fecha, solo le falta el 4,4 por ciento del plan, mientras se han contado ya 40.874.197 personas en todo el territorio nacional.

La investigación más importante para un país, porque de ella depende que la política pública para los ciudadanos sea acertada y se dirija a la población según su necesidad socioeconómica, ha tenido varios momentos difíciles. El primero de ellos comenzó tan pronto se lanzó el estudio, con la etapa del eCenso, alrededor del cual hubo fuertes críticas relacionadas con la vulnerabilidad de la información ciudadana en la plataforma.

Luego vino el conflicto de las comunidades indígenas y campesinos que dijeron no sentirse incluidos en la investigación. En medio de los tropiezos, la fecha prevista para la entrega, en junio, no se pudo cumplir, lo que se conectó con razones políticas: el presidente saliente quería entregar el Censo de población, que no se hacía en el país desde el 2005.

Reclamos de censistas por extensas jornadas laborales y débiles condiciones para adelantar el trabajo se pusieron en medio del debate. Llegó el cambio de gobierno, algo que también puso cierto freno al curso de la investigación.

Finalmente ahora, a mitad de septiembre, el Dane señala que ya se ha visitado un total de 16,2 millones de edificaciones y predios (111,5 % de lo esperado) y el 95,6 % de las manzanas y áreas de trabajo rurales.

12.634.836 viviendas particulares han sido abordadas por los censistas que han cubierto 13.315.508 hogares y contado a 40.874.197 personas.

Según las cuentas del Dane, ya se han censado 467.325 manzanas y áreas de trabajo rurales y se avanza en otras 27.303, lo que representa el 95,6 % del total.

De 1.101 municipios, San Andrés y 20 áreas no municipalizadas, para un total de 1.122 áreas de trabajo, se ha hecho el cierre de la recolección de información en 975 y continuamos avanzando en los 147 restantes para culminar la operación estadística más grande de Colombia.

 

 


El Tiempo

Página Web -2018/09/17

Fuente: https://www.eltiempo.com/