Un total de 53 viviendas resultaron destechadas por vendavales que se reportaron durante el domingo de elecciones en los municipios de Granada, San Franciso y Cocorná.

La situación más grave ocurrió en esta última localidad en donde fueron 40 las casas afectadas. Mientras tanto, en San Franncisco y Granada fueron 10 y 3 las viviendas afectadas respectivamente.

En el resto del país se tuvieron reportes de cinco emergencias durante la jornada electoral. Sin embargo, no se afectó el desarrollo de las elecciones de acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd).

En los municipios de Villavicencio (Meta) y en Itsmina, Tadó y Quibdó (Chocó), se presentaron inundaciones y en este momento se realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), manifestó el organismo.

Igualmente, el consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Villavicencio reportó una inundación por el desbordamiento del río Guayuriba, además de que 20 viviendas se encuentran en riesgo inminente y 13 veredas están aisladas e inundadas, afirmó la entidad.

En Isla Salamanca, en el departamento de Magdalena, se reactivó un incendio forestal que había sido controlado dos semanas atrás. La Fuerza Aérea realiza maniobras para controlar la conflagración, manifiesta la institución.

Por otra parte, la Cruz Roja Colombiana informó sobre la realización de un rescate de una mujer de 21 años de edad que quedó atrapada cuando se transportaba en una tarabita, (un primitivo teléférico), en el municipio de Páez, departamento del Cauca.

Finalmente, la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), indicó que se pudo controlar un incendio que se presentó en la noche del sábado, en un acopio de recicle en la plaza de mercado de Riohacha, La Guajira.

El Colombiano

Página Web – 2014/06/16

Fuente: http://www.elcolombiano.com

Este miércoles el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, entregó 300 casas en la urbanización San Antonio del puerto de Buenaventura.

Por iniciativa del Ministerio de Vivienda, serán sorteadas 700 viviendas gratis a familias de bajos recursos de Buenaventura en el Valle del Cauca.

Así lo confirmó el ministro de esa cartera, Luis Felipe Henao, quien este miércoles participó en la entrega de 300 casas en el sector de San Antonio, donde se adelantan proyectos de interés social con recursos incautados al narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’.

“En total son 700 viviendas, estamos desarrollando uno de los mejores proyectos de vivienda de todo el país, ha sido un trabajo arduo que se comienza a hacer realidad”, señaló Henao en diálogo con el diario El País.

Se estima que la urbanización San Antonio contará también con un megacolegio que podrá atender a cerca de 3.000 estudiantes, sumado a puestos de salud y una planta de tratamiento de aguas residuales.

“De estas viviendas que se han sorteado, 200 fueron adjudicadas a familias desplazadas y 100 del programa de mujeres ahorradoras, igualmente se incluyeron ocho personas y sus familias en condición de discapacidad”, puntualizó María del Mar Vidal, directora social del proyecto.

Se espera que las casas restantes sean entregadas antes del mes de agosto, beneficiando a personas de bajos recursos como Anajulia Rentería, una de las favorecidas del proyecto: “es la mayor alegría de mi vida, mi casita propia”, señaló la mujer.

El Espectador

Página Web – 2014/06/12

Fuente: http://www.elespectador.com

El Tribunal Superior de Cartagena falló una acción de tutela instaurada por la Defensoría de Pueblo que ordena una serie de medidas para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la Isla de Tierra Bomba.

El defensor Jorge Armando Otálora Gómez interpuso la tutela luego de hacer una visita a la zona y advertir el riesgo para 10.000 habitantes de la isla por el agrietamiento de las viviendas, 120 de las cuales estaban a punto de colapsar.

El Tribunal ordenó que la Alcaldía y la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito de Cartagena deben reubicar, entregar subsidios de arrendamiento o dar vivienda temporal a las familias afectadas, mientras se les provee un lugar de residencia definitivo, dándole prioridad a los hogares con niños, personas de la tercera edad o con discapacidad, así como a las que ocupan casas con alto riesgo de colapso.

En algunos casos, se deben hacer estudios para determinar el nivel de riesgo de las viviendas y así establecer el tiempo de traslado.

Igualmente, la administración distrital debe asegurar la reubicación de las familias teniendo en cuenta el referente comunitario, el tejido social y la identidad cultural de las personas, cuyas vidas están ligadas fundamentalmente a las labores de pesca.

Para velar por el cumplimiento de este mandato, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación harán acompañamiento del proceso, ordenó el Tribunal.

El Tribunal Superior también ordena al Ministerio del Interior, al Ministerio de Vivienda, a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, a la Gobernación de Bolívar, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y a la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena que de manera coordinada realicen un estudio por parte del Servicio Geológico Colombiano para determinar “las causas del agrietamiento de las viviendas en la zona alta de la población y en sus laderas, así como su relación con la erosión costera”.

Entre las preocupaciones que los habitantes de Tierra Bomba le transmitieron al Defensor del Pueblo en su visita, está la construcción de obras de mitigación de emergencia avaluadas en 1.300 millones de pesos, situación que fue sustentada en la acción de tutela y frente a la cual el fallo establece que en el término de 30 días la Alcaldía debe adelantar las actuaciones para materializar la contratación de dichos trabajos provisionales.

Como se recordará los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) habían aprobado la asignación de 25.000 millones de pesos en 2012 para construir una gran defensa costera, pero la administración municipal dejó vencer el plazo para ejecutar las obras y el dinero tuvo que ser devuelto.

Ante esto, una decisión de la tutela es que la Alcaldía presente el proyecto de obras de ingeniería y protección, luego de lo cual la Gobernación tendrá 48 horas para convocar una reunión extraordinaria a fin de aprobar la asignación de los dineros.

Igualmente, el Tribunal ordenó la recuperación del pozo de agua, conocido como el ‘Pozo de los Jesuitas’, el cual es utilizado por la comunidad para el consumo y sus labores diarias.

El Colombiano

Página Web – 2014/06/12

Fuente: http://www.elcolombiano.com

Vecinos serían desalojados luego de vivir 18 años en el conjunto residencial.

A los apartamentos Yopasa, del barrio Naranjos Altos, en la localidad de Suba, les apareció un nuevo supuesto dueño, quien les pidió a los residentes que desocuparan las viviendas.

Las 16 familias que habitan el conjunto residencial se encuentran desesperadas, pues no saben qué pasará con las viviendas que compraron hace 18 años y, que al momento de la entrega, se encontraban en obra negra, sin puertas y sin ventanas, por lo que tuvieron que terminarlas durante este tiempo.

“Mi mamá compró un apartamento a la Constructora Yopasa Ltda. y hemos pagado los servicios públicos, valorización y otros impuestos. El señor, que dice ser el dueño, indica que nos va a desalojar porque no aparecemos como los poseedores del predio”, aseguró la hija de una de las habitantes afectadas, que pidió la reserva.

Pese a que los residentes del conjunto llevan allí años, aseguraron que los apartamentos que ellos mismos terminaron de construir ya están siendo revendidos. “A mí el supuesto dueño me dijo que ya lo vendió y que no le interesaba si nosotros les habíamos hecho mejoras, que él necesitaba que nosotros nos fuéramos”, afirmó otra de las afectadas, quien por seguridad también prefirió no dar su nombre.

Otra de las personas que estuvo desde los inicios de la obra aseguró que la constructora les pidió una cuota inicial por los apartamentos, que en obra negra costaban 16 millones y terminados 27 millones de pesos. Pero años después, la empresa se declaró en bancarrota.

“Como la mayoría de residentes había dado la cuota, y hubo incumplimientos por parte de la constructora, llegamos al acuerdo que nosotros tomábamos posesión de las viviendas y en ellos hemos vivido este tiempo”, sostuvo.

Por temor al posible desalojo, los habitantes presentaron una queja ante la Alcaldía Local de Suba.

La entidad respondió que este caso debe ser manejado por la Secretaría de Inspecciones, a quien se le remitió la queja. Además, para que el desalojo ocurra, el supuesto dueño del predio debe tener una orden judicial.

El Tiempo

Página Web – 2014/06/11

Fuente: http://www.eltiempo.com