El Tribunal Superior de Cartagena falló una acción de tutela instaurada por la Defensoría de Pueblo que ordena una serie de medidas para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la Isla de Tierra Bomba.
El defensor Jorge Armando Otálora Gómez interpuso la tutela luego de hacer una visita a la zona y advertir el riesgo para 10.000 habitantes de la isla por el agrietamiento de las viviendas, 120 de las cuales estaban a punto de colapsar.
El Tribunal ordenó que la Alcaldía y la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito de Cartagena deben reubicar, entregar subsidios de arrendamiento o dar vivienda temporal a las familias afectadas, mientras se les provee un lugar de residencia definitivo, dándole prioridad a los hogares con niños, personas de la tercera edad o con discapacidad, así como a las que ocupan casas con alto riesgo de colapso.
En algunos casos, se deben hacer estudios para determinar el nivel de riesgo de las viviendas y así establecer el tiempo de traslado.
Igualmente, la administración distrital debe asegurar la reubicación de las familias teniendo en cuenta el referente comunitario, el tejido social y la identidad cultural de las personas, cuyas vidas están ligadas fundamentalmente a las labores de pesca.
Para velar por el cumplimiento de este mandato, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación harán acompañamiento del proceso, ordenó el Tribunal.
El Tribunal Superior también ordena al Ministerio del Interior, al Ministerio de Vivienda, a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, a la Gobernación de Bolívar, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y a la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena que de manera coordinada realicen un estudio por parte del Servicio Geológico Colombiano para determinar “las causas del agrietamiento de las viviendas en la zona alta de la población y en sus laderas, así como su relación con la erosión costera”.
Entre las preocupaciones que los habitantes de Tierra Bomba le transmitieron al Defensor del Pueblo en su visita, está la construcción de obras de mitigación de emergencia avaluadas en 1.300 millones de pesos, situación que fue sustentada en la acción de tutela y frente a la cual el fallo establece que en el término de 30 días la Alcaldía debe adelantar las actuaciones para materializar la contratación de dichos trabajos provisionales.
Como se recordará los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) habían aprobado la asignación de 25.000 millones de pesos en 2012 para construir una gran defensa costera, pero la administración municipal dejó vencer el plazo para ejecutar las obras y el dinero tuvo que ser devuelto.
Ante esto, una decisión de la tutela es que la Alcaldía presente el proyecto de obras de ingeniería y protección, luego de lo cual la Gobernación tendrá 48 horas para convocar una reunión extraordinaria a fin de aprobar la asignación de los dineros.
Igualmente, el Tribunal ordenó la recuperación del pozo de agua, conocido como el ‘Pozo de los Jesuitas’, el cual es utilizado por la comunidad para el consumo y sus labores diarias.
El Colombiano
Página Web – 2014/06/12
Fuente: http://www.elcolombiano.com