“¿Por qué si Colores de Calasania es igual que Space en su estructura, están pensando en rehabilitar el edificio cuando el otro hubo que demolerlo?”, se pregunta Sandra Gutiérrez, una de las propietarias de la urbanización evacuada que anticipó sus dudas ante el proceso de repotenciación en caso de que sea aprobado.

Sandra, como todos los propietarios de apartamentos en la urbanización, evacuada por deficiencias estructurales luego del colapso del edificio Space en El Poblado, fue citada a una asamblea en la que conocerán el plan de la constructora CDO para rehabilitar la edificación. La reunión, convocada por la administración de la copropiedad, está programada para hoy a las 7:00 p.m. en el teatro de Adida.

Antes de que se formalicen las condiciones en que la constructora se propone garantizar la habitabilidad de los apartamentos, Sandra, integrante de la mesa de trabajo establecida para discutir la situación de los propietarios, se pregunta por la conveniencia de acoger el concepto del ingeniero Roberto Rochell en el sentido de que era más factible volver a construir el edificio. Pidió tener presente, en caso de una intervención, que la muerte de 12 personas en Space ocurrió mientras se ejecutaban trabajos de reparación.

Para el gerente de Vivienda Segura de Medellín, Diego Restrepo Isaza, “tarde o temprano se tiene que discutir si el plan de repotenciación cuenta con el visto bueno de los propietarios”. El funcionario aclaró que una decisión favorable de la asamblea solo es el primer paso para que se solicite la licencia ante la curaduría urbana. Agrega que todavía contando con la licencia, la misma puede ser impugnada ante la dirección de Planeación, caso en el cual la Alcaldía se pronunciaría al respecto.

Ante las inquietudes que puedan tener los propietarios, Restrepo garantiza que el edificio no se volverá a habitar hasta tener la certeza de que se cumpla con las normas de sismorresistencia NSR10.

El Colombiano

Página Web – 2014/11/18

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Le pedirán al Gobierno que eleve una consulta al Consejo de Estado por dudas sobre lotes.

El polémico proyecto del alcalde Gustavo Petro de construir 372 viviendas de interés prioritario para las víctimas del conflicto armado, en barrios de estratos 5 y 6 del norte de la ciudad, se podría embolatar por un enredo jurídico que llegaría al Consejo de Estado.

La discusión tiene que ver con el uso que se les debe dar a los cinco lotes que escogió la Administración Distrital para ejecutar esta iniciativa, en los barrios El Chicó, El Lago y Santa Bárbara, donde funcionan parqueaderos. Esos inmuebles pertenecen al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Cuando esa entidad los adquirió, entre 1999 y el año 2000, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, quedó claro que serían utilizados para la construcción de parqueaderos, tal como ocurrió. (Lea también: Ideas para que gente de distintos ingresos conviva en un mismo espacio).

Por esa razón, el Distrito no podría ahora cambiarles el destino a esos lotes para construir vivienda social, advirtió el concejal Miguel Uribe Turbay, del Partido Liberal.

“Estoy a favor de la lucha contra la segregación, pero las normas establecen que todos los bienes que han sido adquiridos por las entidades públicas deben conservar sus fines. En este caso, el IDU compró esos lotes y dejó claro que se destinarían a parqueaderos. De ahí que la propuesta del Distrito sea inviable jurídicamente”, explicó Uribe Turbay.

¿Viola las normas?

Hoy el cabildante le pedirá al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que eleve una consulta al Consejo de Estado a fin de que determine si la Administración puede usar esos predios para construir parqueaderos y viviendas, con una inversión de 30.000 millones de pesos. (Viviendas para pobres en barrios ricos, ¿es el camino?).

“El Consejo de Estado deberá aclarar si el Distrito, al utilizar esos lotes de manera mixta (para viviendas y parqueaderos), estaría violando el artículo 33 de la Ley 9.ª de 1989, que expresa claramente que se debe respetar el fin de los terrenos adquiridos por las entidades públicas”, sostuvo Uribe Turbay.

Una de las principales pruebas del concejal sobre las supuestas irregularidades en que estaría incurriendo el Distrito a la hora de utilizar esos lotes exclusivos está en una decisión de la propia Secretaría de Hábitat, tomada el pasado 15 de octubre, es decir, tres semanas antes de que la Alcaldía anunciara el plan de las viviendas sociales en el norte.

Ese día, la entonces secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, firmó una resolución que excluyó a los cinco lotes del norte de los planes de vivienda de interés prioritario, y que habían sido incluidos en el 2012.

Hábitat echó atrás esa decisión luego de que el IDU le advirtió que no podía utilizar los bienes para construir vivienda, como lo estaba pensando, si se tenía en cuenta el fin para el cual habían sido comprados, en el gobierno de Peñalosa.

De hecho, el 24 de octubre, Hábitat reconoció que sacó esos lotes de los planes de vivienda social porque tienen “una destinación específica para parqueaderos”.

Pese a ello, a comienzos de noviembre, los planes del Distrito cambiaron radicalmente y, por medio de Metrovivienda, se anunció el polémico proyecto para construir las 372 viviendas para las víctimas del conflicto armado en esos cinco lotes precisamente.

¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el Distrito cambió de posición sobre el propósito de esos terrenos, ubicados en zonas exclusivas del norte de Bogotá?

EL TIEMPO habló con María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat y quien fue la persona que firmó la resolución que los había excluido de los planes de vivienda social. Ella afirmó que la resolución excluyó a los lotes porque, de esa manera, no se aseguraba que se construyeran los parqueaderos. Por ese motivo, según dijo, el Distrito decidió aplicar “otro instrumento legal”.

“Se trata de la utilización de los terrenos fiscales para la vivienda de interés prioritario”, afirmó. “Aquí no se va a cambiar la destinación de los predios, sino que se va a incrementar el aprovechamiento con otros usos, como las viviendas. Los parqueaderos se van a mantener. Habría problemas si se suprimieran”, aseguró.

Sobre las diferencias de criterio con el concejal Uribe y la posibilidad de que el Gobierno eleve una consulta al Consejo de Estado –con el fin de despejar todos los interrogantes–, Maldonado puntualizó que “se busca dilatar” la más reciente propuesta de Petro, que tiene divididas las opiniones en Bogotá.

BOGOTÁ - YESID LANCHEROS / El Tiempo

Página Web – 2014/11/18

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Mientras que la emergencia que se presentó este fin de semana en seis municipios de Meta y que dejó cerca de 2.000 personas afectadas ya está bajo control y comenzaron a llegar las ayudas humanitarias, continúan las inundaciones en Magdalena y en Bolívar, que afectan cultivos y los cascos urbanos de algunos corregimientos.

Por un lado, el desbordamiento del río Cauca causó inundaciones en los municipios de Achí y San Jacinto del Cauca, en Bolívar. El alcalde de este municipio, Yimi Requena, le dijo a Colprensa que cerca de 700 familias y alrededor de 300 viviendas han resultado afectadas por las inundaciones que se registran desde la madrugada del jueves.

“Debido a que el municipio es de categoría sexta y cuenta con pocos recursos, necesitamos atención para las familias damnificadas que perdieron sus cosechas. Más de 1.000 hectáreas de arroz se perdieron por lo que solicitamos la presencia de la Gobernación de Bolívar”, expresó Requena.

Indicó también que la Alcaldía brinda atención en salud, pero no cuenta con el personal para atender a la población damnificada y señaló que en el corregimiento de Tenche, el río está a punto de romper un dique de contención. De ser así, se afectarían las poblaciones de Guaranda, Majagual, San Marcos y Sucre.

Por otro lado, en los municipios de Fundación, Aracataca y Algarrobo en Magdalena, según Colprensa, hay 1.200 hectáreas de cultivo de palma inundadas.

También se conoció que en el municipio de Fundación, se iniciaron las labores de recuperación de uno de los caños del río Fundación, cuyo desbordamiento inundó los barrios El Progreso, Divino Niño, 23 de febrero, San Carlos, 16 de Julio, Hawai, San Fernando, La Esmeralda y Villa Fanny habitados por 600 familias aproximadamente.

En el caso de este departamento, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, formuló un plan de choque para la atención inmediata de 4.500 familias que resultaron afectadas por la inundación en estos tres municipios.

Se decidió que con el fin de mitigar los impactos provocados por el aumento de los niveles del río Fundación, el Gobierno Nacional aportará el 90 por ciento de los recursos para adelantar las acciones correspondientes y que el monto de las ayudas asciende a los 1.036 millones de pesos

¿QUÉ SIGUE?

NO BAJAR LA GUADIA: IDEAM

De acuerdo con el más reciente boletín del Ideam, se reportó tiempo seco y cielo entre despejado y parcialmente nublado en gran parte del país, salvo el occidente del mar Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y sectores del Océano Pacífico, en donde han persistido los cielos nublados con lluvias y actividad eléctrica. A pesar de haberse registrado una disminución de las precipitaciones, el Ideam recomienda tomar medidas ante la posibilidad de crecientes o deslizamientos de tierra.

El Colombiano

Página Web – 2014/11/18

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La pregunta surgió ayer en el foro organizado por EL TIEMPO y la Universidad Externado.

La idea del Distrito de construir viviendas de interés prioritario (VIP) para víctimas del conflicto en una costosa zona del norte de Bogotá derivó en una pregunta clave para el posconflicto: ¿la integración geográfica de personas de altos y bajos ingresos genera equidad? (Lea también: Viviendas populares en El Chicó: ¿Cómo dialogar con las víctimas?).

La exsecretaria de Hábitat María Mercedes Maldonado; el viceministro de vivienda, Guillermo Herrera; Natalia Valencia, de Metrovivienda, y expertos se reunieron en un foro organizado por EL TIEMPO y la Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Externado para discutir el tema.

Mónica Villegas, directora del programa ‘Bogotá, cómo vamos’, aseguró que el proyecto sí contribuye a reducir la segregación geográfica que pone a ricos y pobres a vivir en extremos opuestos. “No sé si se reduzca la segregación social o si logre que las personas de estratos 6 y 1 se integren”, dijo.

Alfredo Sarmiento, exdirector del Programa de Desarrollo Humano del PNUD, aseguró que la ciudad debe librarse de la miseria económica y de la exclusión política y social. “La inequidad frena la productividad y eso solo cambiará con una gran inversión social”, anotó.

Al hablar de los costos de inversión en el proyecto VIP propuesto por la Alcaldía, Carlos Vicente de Roux, concejal de la Alianza Verde, señaló que con la venta de los predios de los barrios El Chicó, El Lago y Santa Bárbara podría beneficiarse al triple de las familias en zonas donde el suelo es más barato.

“Uno no construye condiciones de equidad desconociendo el mercado. Un administrador público no debe hacer eso”, dijo.

Maldonado rechazó la idea porque, en vista de que “los terrenos fueron expropiados a sus dueños, sería ilegal venderlos”.

Walfa Téllez, directora de la maestría en Gerencia para el Desarrollo del Externado, citó el ejemplo de Londres, donde se construyó ese tipo de edificios en zonas donde había equipamientos que garantizaron la equidad.

Pero la funcionaria de Metrovivienda aclaró que en la UPZ donde están los barrios donde se construirán las VIP hay cuatro colegios públicos. “Y no son los únicos equipamientos. Ahí sí hay condiciones para las víctimas”, insistió.

Durante el debate hubo un cruce de críticas entre la exsecretaria Maldonado y el viceministro Herrera por el incumplimiento de Bogotá en la meta de viviendas.

El funcionario calificó el desempeño de la Alcaldía en esta materia de mediocre. “La política de vivienda en Bogotá fracasó: prometieron 70.000 viviendas y solo han construido el 10 por ciento y han gestionado la tercera parte de suelo”, puntualizó.

Maldonado respondió que el problema había sido de presupuesto, no de política pública del Distrito. “Esta administración privilegió la educación y la salud y eso implicó recortes en nuestros proyectos”, dijo y criticó que la Nación solo invierta en proyectos ubicados en la periferia.

“Hemos construido en los predios que el Distrito nos entregó. Si creen que es nuestro interés enviar a los pobres a los extramuros, deberían revisar primero cuáles son los predios que nos están entregando”, dijo el viceministro Herrera, durante el foro, que se realizó en la Universidad Externado.

BOGOTÁ / El Tiempo

Página Web – 2014/11/15

Fuente: http://www.eltiempo.com