Le pedirán al Gobierno que eleve una consulta al Consejo de Estado por dudas sobre lotes.
El polémico proyecto del alcalde Gustavo Petro de construir 372 viviendas de interés prioritario para las víctimas del conflicto armado, en barrios de estratos 5 y 6 del norte de la ciudad, se podría embolatar por un enredo jurídico que llegaría al Consejo de Estado.
La discusión tiene que ver con el uso que se les debe dar a los cinco lotes que escogió la Administración Distrital para ejecutar esta iniciativa, en los barrios El Chicó, El Lago y Santa Bárbara, donde funcionan parqueaderos. Esos inmuebles pertenecen al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Cuando esa entidad los adquirió, entre 1999 y el año 2000, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, quedó claro que serían utilizados para la construcción de parqueaderos, tal como ocurrió. (Lea también: Ideas para que gente de distintos ingresos conviva en un mismo espacio).
Por esa razón, el Distrito no podría ahora cambiarles el destino a esos lotes para construir vivienda social, advirtió el concejal Miguel Uribe Turbay, del Partido Liberal.
“Estoy a favor de la lucha contra la segregación, pero las normas establecen que todos los bienes que han sido adquiridos por las entidades públicas deben conservar sus fines. En este caso, el IDU compró esos lotes y dejó claro que se destinarían a parqueaderos. De ahí que la propuesta del Distrito sea inviable jurídicamente”, explicó Uribe Turbay.
¿Viola las normas?
Hoy el cabildante le pedirá al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que eleve una consulta al Consejo de Estado a fin de que determine si la Administración puede usar esos predios para construir parqueaderos y viviendas, con una inversión de 30.000 millones de pesos. (Viviendas para pobres en barrios ricos, ¿es el camino?).
“El Consejo de Estado deberá aclarar si el Distrito, al utilizar esos lotes de manera mixta (para viviendas y parqueaderos), estaría violando el artículo 33 de la Ley 9.ª de 1989, que expresa claramente que se debe respetar el fin de los terrenos adquiridos por las entidades públicas”, sostuvo Uribe Turbay.
Una de las principales pruebas del concejal sobre las supuestas irregularidades en que estaría incurriendo el Distrito a la hora de utilizar esos lotes exclusivos está en una decisión de la propia Secretaría de Hábitat, tomada el pasado 15 de octubre, es decir, tres semanas antes de que la Alcaldía anunciara el plan de las viviendas sociales en el norte.
Ese día, la entonces secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, firmó una resolución que excluyó a los cinco lotes del norte de los planes de vivienda de interés prioritario, y que habían sido incluidos en el 2012.
Hábitat echó atrás esa decisión luego de que el IDU le advirtió que no podía utilizar los bienes para construir vivienda, como lo estaba pensando, si se tenía en cuenta el fin para el cual habían sido comprados, en el gobierno de Peñalosa.
De hecho, el 24 de octubre, Hábitat reconoció que sacó esos lotes de los planes de vivienda social porque tienen “una destinación específica para parqueaderos”.
Pese a ello, a comienzos de noviembre, los planes del Distrito cambiaron radicalmente y, por medio de Metrovivienda, se anunció el polémico proyecto para construir las 372 viviendas para las víctimas del conflicto armado en esos cinco lotes precisamente.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el Distrito cambió de posición sobre el propósito de esos terrenos, ubicados en zonas exclusivas del norte de Bogotá?
EL TIEMPO habló con María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat y quien fue la persona que firmó la resolución que los había excluido de los planes de vivienda social. Ella afirmó que la resolución excluyó a los lotes porque, de esa manera, no se aseguraba que se construyeran los parqueaderos. Por ese motivo, según dijo, el Distrito decidió aplicar “otro instrumento legal”.
“Se trata de la utilización de los terrenos fiscales para la vivienda de interés prioritario”, afirmó. “Aquí no se va a cambiar la destinación de los predios, sino que se va a incrementar el aprovechamiento con otros usos, como las viviendas. Los parqueaderos se van a mantener. Habría problemas si se suprimieran”, aseguró.
Sobre las diferencias de criterio con el concejal Uribe y la posibilidad de que el Gobierno eleve una consulta al Consejo de Estado –con el fin de despejar todos los interrogantes–, Maldonado puntualizó que “se busca dilatar” la más reciente propuesta de Petro, que tiene divididas las opiniones en Bogotá.
BOGOTÁ - YESID LANCHEROS / El Tiempo
Página Web – 2014/11/18
Fuente: http://www.eltiempo.com