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El contralor Edgardo Maya denunció que los subsidios otorgados por Fonvivienda entre el 2004 y el 2014, de 1,1 billones de pesos, y que estaban destinados para favorecer con casas a 83.000 colombianos, no se han hecho efectivos.

A partir de un análisis realizado por la Contraloría se encontró que esos subsidios siguen “vigentes y sin legalizar”.

Al parecer, los subsidios no han sido reclamados, ya que los beneficiarios no han aplicado para ser favorecidos, o los proyectos de vivienda fallaron.

“Se trata de una situación grave, complicada, que debe corregirse, sobre todo brindando orientación a los beneficiarios”, indicó el contralor Maya Villazón”, afirmó Maya.

De acuerdo con la entidad, se encontró que 41.101 subsidios por 567.447 millones de pesos están en el Banco Agrario, 35.075 que equivalen a 392.687 millones de pesos fueron pagados anticipadamente sin que se hayan escriturado las viviendas.

También otros 7.429 subsidios por 142.214 millones de pesos no han sido cobrados, dineros que permanecen en fiducias o en el Banco Agrario.

Cabe mencionar que el programa de vivienda gratuita del actual Gobierno tiene por objeto entregar 100.000 casas gratis entre 2012 y 2015, con corte al 31 de diciembre del 2014, sin embargo, solo han sido entregadas 77.296 viviendas. Esto significa, según Maya, que hay un rezago del 23 por ciento en la entrega de casas gratis.

“Lo anterior, genera atrasos en el cumplimiento de la entrega de soluciones de vivienda a dicha población, circunstancia que incide en la efectiva y oportuna asignación de subsidios de vivienda, así como en la expectativa de la comunidad potencialmente beneficiaria, debilitando la efectividad de la política de vivienda del Gobierno”, aseguró el Contralor.

Para la Contraloría, esto deja en evidencia las debilidades en los mecanismos que se tenían que adoptar para que los colombianos en situación de pobreza extrema se puedan ver beneficiados con estas casas.

“Esta circunstancia podría generar gastos adicionales para el programa de vivienda gratuita, asociados a la vigilancia, pago de servicios públicos, administración del patrimonio colector, entre otros”, puntualizó el ente de control.



Radio Santa Fe
Página Web – 2015/09/07
Fuente: http://www.radiosantafe.com


Más de 200 familias damnificadas por invierno y ubicadas en zonas de alto riesgo de Bello tendrán desde hoy su vivienda propia en el proyecto Montes Claros, en el sector de Zamora.

El alcalde de Bello, Carlos Muñoz López, entregará formalmente, a las 3:00 p.m., 212 apartamentos de la urbanización, que con un total de 1.008 viviendas de interés prioritario, es el proyecto más grande de su tipo construido en el país. Según la Alcaldía, la inversión es del orden de los 70.000 millones de pesos.

“Las personas que ocuparán estos espacios tendrán un lugar digno y cómodo para vivir. Atrás quedaron sus preocupaciones y hoy empiezan un nuevo momento en sus vidas”, señaló el mandatario bellanita, quien recordó que al principio de este año otras 300 familias recibieron también sus viviendas en la urbanización.

La Administración Municipal entregará además las obras de urbanismo, contención y la apertura de la vía, en las cuales se invirtieron alrededor de 2.750 millones de pesos.

El alcalde Muñoz también entregará hoy en el sector de La Cumbre un Centro de Integración Ciudadana, en el que se invirtieron 3.600 millones de pesos en la recuperación de lo que fue una escombrera y la construcción de una placa deportiva, cancha multifuncional, tarima, graderías, pista de trote y bicicletas, cinco salones multifuncionales, jardines, mesas de juego, parque infantil y senderos peatonales.



JOSÉ F. LOAIZA BRAN / El Colombiano
Página Web – 2015/09/05
Fuente: http://www.elcolombiano.com


Aplazamientos de audiencias, papeles devueltos y promesas que nunca se cumplen de parte de diversos estamentos del Estado han soportado más de 800 familias de Itagüí, quienes denuncian que fueron estafadas con programas de viviendas de interés social y prioritario.

Para hacerle frente a esta problemática los afectados se unieron y conformaron la Asociación de Familias Víctimas de Proyectos siniestrados (Afavipvis).

Los proyectos con los que las familias se sienten afectadas son San Miguel Arcángel, con 160 soluciones; Santa Marta, con 264; El Buen Porvenir-Villaquintana, 160 familias, y Altos de Ditaires, con 120 soluciones de vivienda.

Luz Martínez Valencia, una de las gestoras del movimiento, declaró a EL COLOMBIANO que son un grupo, en su mayoría de mujeres cabeza de hogar, que representan a varias familias víctimas de estafa en proyectos que nunca se desarrollaron o siniestrados, a pesar de haberse conformados desde hace 9 años.

Con la ilusión de conseguir una casa propia, algunas familias entregaron los ahorros de toda la vida, mientras que otras gestionaron créditos para pagar el derecho a los cupos que se ofrecían.

“Confiadamente pensábamos que estaban a nombre de las juntas de vivienda comunitarias. Pero no era así. Estos quedaban en nombre de los gestores o de corporaciones fundadas por ellos y sus familiares. Así se apoderaron de las diferentes juntas, gestionando y manejando a su antojo los dineros y los bienes conseguidos y pagados por las familias. Hasta que se dio la alerta al ver que pasaba el tiempo y no se construía nada”.

Acción penal

Ante el incumplimiento, a las familias solo les quedó emprender acciones judiciales, aunque su interés no era llevar a nadie a la cárcel sino contar con casa propia. Por ello de nada les vale que algunos de los implicados ya estén judicializados y los otros demandados ante la Fiscalía.

En esa dirección, el pasado viernes, en el juzgado primeros Penal de Circuito de Itagüí, se inició la audiencia preparatoria contra los presuntos responsables de apoderarse del dinero de las familias del proyecto Santa Marta, entre los que figuran la diputada de Antioquia Ángela María Cano Vargas, Gabriel Jaime Velásquez y Carlos Andrés Moreno, quienes tienen la casa por cárcel. No obstante, gracias a una maniobra de la defensa, la diligencia se aplazó para el 16 de octubre a las 9:00 a.m.

La decisión llenó de incertidumbre a los representantes de las víctimas que el juzgado admitió en la audiencia.

Casos de casos

Gloria Isabel Franco, afectada de San Miguel Arcángel, comentó que este proyecto quedó paralizado, porque en septiembre de 2013 se enteraron de que el lote, ubicado en el barrio la Hortensia, que supuestamente había negociado la diputada Angela María Cano, había sido embargado por la vendedora, porque no le habían cancelado una deuda de $60 millones.

Gloria Isabel es madre cabeza de familia y se sostiene con las ventas que realiza en una chaza. Ya aportó $12.300.000.

El concejal de Itagüí, Nelson Acevedo manifestó preocupación por la forma como la justicia dilata los procesos. “Cuando estas familias han tocado las puertas de la Alcaldía, la Gobernación, la Procuraduría y la Fiscalía, simplemente les devuelven los papeles”.

Así cada institución tiene una respuesta: la Presidencia habla de esperar; la Procuraduría, que mediante oficio PRA 3627 y 3631 del 2 de julio la solicitud de intervención urgente, “se remitió por competencia a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y envió copia a procuradores judiciales penales”.

Para el corporado el problema se resume en la delegación que hace el Estado a particulares en este tipo de planes de vivienda a través de las llamadas juntas de viviendas comunitarias, algunas de las cuales conformadas con intereses politiqueros y beneficio económico.

Otra dificultad es el modelo de financiación de las viviendas que lleva a las familias a pagar por adelantado los intereses y después de años empiezan realmente a amortizar la deuda, lo que hace que estos hogares no vivan dignamente y terminen en serias dificultades económicas y sin ninguna opción de acceder a un Sisbén para obtener casas gratuitas.

“Si la justicia no opera, entonces quién resuelve nuestra situación”, se preguntó una de las señoras afectadas que invirtió lo que ahorró en su vida para tener un techo digno.

 

 


EN DEFINITIVA

Las familias de Itagüí piden a los gobiernos municipal, departamental y nacional que les ayuden a solucionar su problemática que aqueja a diferentes proyectos de vivienda.

 


ANTECEDENTES

NO ES POSIBLE SUBISIDIARLOS

Según el secretario de Vivienda y Hábitat de Itagüí, Jairo Muriel este es un problema entre particulares que viene de anteriores administraciones, pero que en la actualidad está en manos de la Fiscalía General de Nación.

Sin embargo dice, su despacho les está brindando a todas las víctimas de los proyectos de vivienda, que en Itagüí llaman siniestradas, toda la asesoría jurídica que requieran y el espacio para que puedan reunirse y conciliar con los gestores de los proyectos.

Agregó que la Administración no les ha podido entregar subsidios porque estos proyectos aún no están legalizados.

 

 


RODRIGO MARTÍNEZ ARANGO / El Colombiano
Página Web – 2015/09/06
Fuente: http://www.elcolombiano.com


Las casas, de cuatro barrios del municipio, terminaron destechadas por los fuertes vientos.

Un vendaval y las fuertes lluvias que se presentaron en Otanche, Boyacá, afectaron las viviendas de cuatro barrios del municipio.

Las casas terminaron destechadas luego de los fuertes vientos que afectaron la zona. Según las autoridades, más de 200 familias resultaron damnificadas.

Las personas están siendo alojadas en albergues que se habilitaron en colegios y coliseos del municipio mientras llegan las ayudas para arreglar las casas que terminaron destechadas por el vendaval.

Por el momento, los habitantes colaboran con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía en el levantamiento de los escombros.

Por su parte, el alcalde de Otanche, Wilson Guerrero Vásquez, manifestó que “lo que sigue ahora es la reconstrucción de los techos y la prestación de ayudas pertinentes a la comunidad del municipio de Otanche”.

La administración municipal y Gestión del Riesgo realizarán un diagnóstico para determinar cuántas personas resultaron afectadas.



REDACCIÓN NACIONAL / El Espectador
Página Web – 2015/09/07
Fuente: http://www.elespectador.com


El vicepresidente de nuevo habló del “rezago” en la ciudad.

 

El vicepresidente Germán Vargas Lleras de nuevo alertó que en Bogotá la falta de certeza jurídica y de diligencia de la administración distrital propició que la capital tuviera un marcado retroceso en la habilitación de suelo para la construcción de vivienda social y de interés prioritario, lo mismo que para el desarrollo empresarial.

 

El vicepresidente expuso la preocupación que le asiste al Gobierno Nacional por el evidente rezago que Bogotá ha tenido en sectores donde hasta hace unos años era líder en el país.

 

“En construcción de Vivienda, Bogotá tiene uno de los niveles más bajos. De 2010 a la fecha, este sector pasó de representar el 25% del PIB a solo el 16% y eso se nota en metas que no han sido cumplidas. Esta administración dijo que iba a construir las 70 mil viviendas de Interés Prioritario y habilitar 470 hectáreas y ninguna se cumplió. En materia de Vivienda de Interés Social (VIS) no se ha llegado al 20% de la meta y en la habilitación de suelo ni siquiera tenemos un 20%. De las casas gratis en Bogotá solo pudimos hacer 2.600 cuando el cupo que habíamos asignado era de 10 mil”, explicó.

 

En cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial, los planes zonales y los planes parciales, Vargas Lleras manifestó que dentro “del programa bandera de redensificación, de 25 planes parciales de renovación, con los cuales iban a ser habilitadas 217 hectáreas, el Distrito solo aprobó cuatro”.

 

Ante un nutrido auditorio congregado en la sede de la Cámara de Comercio de Chapinero, Vargas Lleras manifestó que con franqueza hay que abordar estos temas para saber qué piensan los candidatos a la Alcaldía de Bogotá y qué le proponen a la ciudad en cuanto al uso del suelo, futuro del Plan de Ordenamiento, qué vamos hacer con los planes zonales, con los planes parciales y con el proyecto CAN.

 

“Qué interesante conocer sus opiniones porque en torno a estos temas giran la competitividad, el desarrollo industrial, el desarrollo empresarial, la disminución del déficit de vivienda, en los que tenemos que emplearnos a fondo en la ciudad, la región y la Nación, para que Bogotá no siga retrocediendo”, puntualizó.

 

A su turno, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, dijo que “la administración Distrital requiere mayor liderazgo, coordinación interinstitucional y vinculación del sector privado para la gestión de proyectos estratégicos que promuevan mejorar la calidad urbana y la competitividad regional”.

 

Señaló que en iniciaciones de Vivienda de Interés Prioritario la ciudad pasó de construir 30.814 viviendas en el Gobierno de Luis Eduardo Garzón, a 19.878 bajo el mandato de Samuel Moreno y finalmente a 15.163 en el turno de Gustavo Petro. El mismo escenario se presentó en Viviendas de Interés Prioritario, donde Luis Eduardo Garzón logró ejecutar 67.143, Samuel Moreno hizo 60.827 y Petro llevó a la ciudad a sus niveles más bajos con solo 37.056 viviendas iniciadas.

 

Henao también dijo que la incertidumbre sobre la norma urbanística en la ciudad, generada con la suspensión del POT (MEPOT), la falta de generación de empleos, las caídas en la construcción de la vivienda y las contradicciones en normatividad han llevado a un escenario de inseguridad jurídica en la capital que obliga a los inversionistas a llevar sus negocios fuera de la ciudad o a suspenderlos indefinidamente.

 

 


Redacción Política / El Espectador

Página Web - 2015/09/03

Fuente: http://www.elespectador.com/