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Reubicar con urgencia a 13 familias de Marapa, en Catia La Mar, piden los vecinos, debido a que las casas que ocupan, al borde del río Mamo, deben demolerlas para continuar la canalización.

Ingrid Chacoa, vocera comunal, dijo que serán demolidas 11 viviendas que están en un tramo de 500 metros, en el cual trabaja la empresa Ensa CA. La companía tiene como límite marzo próximo para culminar.

“A pesar de otras dificultades que se han presentado, la obra lleva 61% de avance, pero vemos difícil que culmine en marzo si aún no eliminan las casas”, explicó.
Chacoa dijo que a los afectados les aseguraron, en 2013, que los trasladarían para las obras de Gran Misión Vivienda, pero aún esperan.

“El llamado es para Min-Vivienda, con el fin de que acelere el proceso de adjudicaciones”, agregó la comunal.
Carmen Vázquez, vocera de Min-Ambiente, organismo que coordina las obras en el canal, dijo que retomaron los trámites para reubicar a seis familias que están en un tramo que necesitan despejar, para luego seguir con las demás.

“Las negociaciones con los afectados no han sido fáciles, porque muchos no aceptan las condiciones. Esperamos tener, para finales de este mes, esa situación solventada”.

Petrona Benjumea (vecina) “No nos han venido a decir nada desde septiembre del año pasado. Dijeron que las casas debían ser demolidas, pero hasta allí. En este edificio somos seis familias”.

Kelly Torrerosa (vecina) “Hemos estado llamando al Instituto de la Vivienda de Vargas para saber qué hay sobre nuestros casos, pero la respuesta es que aún no tienen fecha para adjudicarnos”.

Miguel Paredes (vecino) “Tenemos tiempo en eso de que nos sacan y no nos sacan. Nos dicen una fecha y cuando llega el día, entonces señalan que esperemos más. Estamos tragando el polvo de la obra”.

 


Frank Hernández / Ultimas Noticias

Página Web - 2014/01/10

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/


Charallave. Catorce años esperando la construcción de un muro de contención tienen los habitantes de Terrazas Tamanaco 5 de Caujarito 2, en Charallave, pues las viviendas que colindan con la autopista La Verota se están desplomando.

 

Débora Morales, vocera del Consejo Comunal Tres Caciques, denunció que la empresa Corpoelec contrató a la constructora Ica Cerro Azul para que colocara una tubería de gas en la planta La Raiza, la cual limita con el urbanismo.

 

“La constructora no hizo un estudio adecuado en la zona antes de socavar y meter los tubos en la estación eléctrica. Esta contratista efectuó las perforaciones hasta tumbar la torrentera y debilitaron las bases de las viviendas”, afirmó.

 

Acotó que desde ese 12 de agosto de 2000, 16 casas empezaron a agrietarse. Luego se desplomó el terreno y ahora las viviendas se están cayendo.

 

La vecina María Colmenares dijo que acudieron a la gerencia de Corpoelec, “donde asumieron un el error en los trabajos. En noviembre de 2013, la empresa se comprometió a resolver los daños en las 16 casas y estructuras cercanas. Pero todo quedó en veremos”.

 

Dijo que han buscado ayuda en la AN, Pdvsa, Ministerio de Hábitat y Vivienda y Alcaldía de Cristóbal Rojas. “Corpoelec nos tiene engañados, pues nos ofrecen construir un muro de contención para evitar el declive, pero no lo han hecho”.

 

Solicitan al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, que les solventen, “porque cada vez que llueve no podemos dormir por temor a que las casas se caigan”.

 


AIRAMY CARREÑO ESPEJO/INTERPREN - Ultimas Noticias

Impreso Digital - 2014/01/10

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/


Caracas. Cuarenta y ocho familias pertenecientes a la comunidad de Turmerito en la parroquia Coche del municipio Libertador (DC) reclaman la entrega de sus viviendas. Denuncian que, a pesar de haber recibido adjudicación y tener como fecha de entrega el pasado mes de diciembre, aún no han recibido las llaves de sus apartamentos.

 

Los voceros comunales del sector, quienes pidieron no ser identificados por temor a represalias, indican no tener ninguna información del por qué de los retrasos “si ya están listos”. Asimismo, aclaran que están apegados a la ley y de manera pacífica reclamando sus derechos: “Nosotros no estamos armando ninguna guarimba, solo exigimos a las autoridades elegidas por todos nosotros a través del voto, cumplir con las promesas”.

 

El urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) fue inicialmente construido para beneficiar tanto a damnificados como a los mismos habitantes de la comunidad; sin embargo, los vecinos aseguran que hasta la fecha solo les ha sido entregado a quienes han quedado sin vivienda a consecuencia de las lluvias, pero que no han cumplido con ellos a pesar de necesitar las casas.

 

Manifiestan tener miedo de que sus apartamentos sean ocupados por damnificados. Por esa razón, a manera de protección, han tomado la medida de pernoctar en la puerta de cada inmueble.

 

“Necesitamos una casa, somos padres de familia y nuestros hijos merecen un hogar digno. Tenemos más de un mes esperando por una respuesta”, afirmó Lennis Varón, afectada.

 

Los vecinos comentan estar convencidos de que al presidente de la República, Nicolás Maduro, “lo están engañando” y que ignora por completo la situación; le hacen un llamado “para que meta el ojo”.

 


Manuel Corro / Ultimas Noticias

Impreso Digital - 2014/01/10

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/


En la mañana de ayer, vecinos del municipio Sucre protestaron a las afuera del Centro de Distribución Socialista de Cemento, ubicado en la avenida principal de La Urbina (Caracas), ante la negativa de vender el insumo al público, por parte de los trabajadores del ente.
Desde aproximadamente las 2:00 de la mañana, un grupo de personas pernoctaron a las afueras de la distribuidora, esperando la apertura a las 8:00 am.
El centro de distribución había programado la venta para el día de ayer, como parte de una “jornada especial” realizada desde el lunes, a fin de abrir la venta al público en general.
“Nadie nos informó ni colocaron un papel diciendo que no hay cemento”, indicó Richard Pérez, uno de los manifestantes que se encontraba haciendo la cola desde la madrugada.
En la mañana, trabajadores de la cementera indicaron a los vecinos que no iban a vender el producto por falta de existencia.
Una vocera del consejo comunal por la Sala de Batalla Alicia Benítez explicó que el establecimiento se mantenía cerrado debido a que la directiva aún permanecía de vacaciones. Se prevé que se reincorpore el 20 de enero, según comunicado de la  junta comunal. Sin embargo, desde el día lunes, el centro de distribución ha realizado una venta fraccionada al público.
En horas del mediodía, efectivos de la Guardia Nacional se acercaron al establecimiento para exigir que abrieran las puertas.  Fue entonces cuando un grupo de personas ingresó al estacionamiento del edificio para adquirir el material.
Los manifestantes elaboraron una lista con más de 450 personas que se encontraban en la cola desde la madrugada, de las cuales solo fueron atendidas 95.
De acuerdo con voceros de la comunidad, se efectuó la venta de  480 sacos de cemento, aunque  solo se permitieron cinco unidades por persona.
El producto tenía un precio de Bs. 28, que se ha mantenido desde el día lunes, cuando se inició la venta abierta para los habitantes del municipio.
“Decían que no había cemento, pero sí había, lo tenían escondido”, exclamó Margot Fajardo, quien se encontraba desde la madrugada en la cola.
Nancy Bolívar, vecina de la Parroquia Petare, no pudo adquirir el producto, le indicaron que a partir del día miércoles podía comprarlo  a través del consejo comunal al cual pertenece.
Consejos comunales
Personas pertenecientes a las distintas comunidades del Municipio Sucre expresaron su descontento ante la labor de los consejos comunales, que son los encargados de suministrarles el material a los vecinos del sector.
“La junta comunal compra  el cemento a Bs. 30 y lo revende a Bs. 50”, expresó Mireya Castro, vecina del barrio La Bombilla.
Fuentes alegan que en el interior del país se han registrado situaciones similares, en las que la reventa supera los Bs. 200.

Aura Hernández Carrasquero / El Mundo
Página Web - 2014/01/09

Maturín, 08 Ene. AVN.- El pasado martes fueron entregados 5 millones de bolívares al consejo comunal del sector Luisa Cáceres de Arismendi de la parroquia Las Cocuizas de Maturín para iniciar con la consolidación urbana a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

 

Yelitze Santaella, gobernadora de la entidad, recordó que el presidente Nicolás Maduro durante su visita a la ciudad en junio del pasado año durante la ejecución del Gobierno de Calle, aprobó 17 millones para el sector.

 

En ese sentido, María Alejandra Deiruth, vocera del consejo comunal Luisa Cáceres de Arismendi, destacó que con el financiamiento trabajarán en la adecuación de las aguas blancas y aguas servidas, en la construcción de brocales y cunetas y posteriormente en la reparación de los techos de las viviendas.

 

"Gracias a la unión del gobierno regional y nacional y a la respuesta rápida, tendremos una mejor zona para vivir; teníamos una mala situación y todo ahora mejorará mediante la gestión revolucionaria", expresó Alfredo Arcia, habitante del sector.

 

En la comunidad de Luisa Cáceres de Arismendi habitan 79 familias, de las cuales 51 viven en ranchos, por lo que solicitaron a la mandataria regional implementar allí el programa de sustitución de ranchos por viviendas.

 

La gobernadora recordó que la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor se trabaja mediante un delegado que hay en cada sector, quien se encarga de recibir las peticiones de los habitantes sobre las necesidades de mejoras de las comunidades y presentarlas al Ejecutivo Regional.

 

Por otra parte Santaella informó que los trabajos de asfaltado se iniciarán en la entidad cuando cesen las constantes lluvias que se vienen registrando desde noviembre. "Estamos a la espera de tener tres meses de sol para arrancar con las labores", agregó.

AVN 08/01/2014 13:03

AVN
Página Web - 2014/01/08