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Maquinaria de construcción fue introducida, el pasado lunes 20 de octubre, en terrenos del Triángulo del Este, comercializados en 2007, y sobre los cuales recae un decreto de Área Vital de Viviendas y de Residencias (Avivir) de fecha 2012, lo cual, para la presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, Shoimei Lau, constituye una violación a la propiedad privada.

 

Lau señaló a la Misión Vivienda de la toma indebida de los terrenos (amparados en este decreto presidencial) lo cual no sólo afecta los tres proyectos de construcción privados planteados sobre los terrenos, que comprendían hotelería, oficinas, soluciones habitacionales y otros, sino también a quienes se vean beneficiados a futuro con un planteamiento habitacional que proyecta desarrollar el Gobierno nacional, puesto que se trata de espacios que no están acondicionados para ser habitados.

 

"Estos terrenos no cuentan con las condiciones idóneas para ofrecer servicio de agua y luz”, agregó la presidenta de la Cámara, quien advirtió que una habilitación de este tipo requiere de una inversión de miles de millones de dólares, para lo cual se había comprometido la empresa privada.

 

Reprochó que el Gobierno nacional, a través de la Gran Misión Vivienda, continúe construyendo soluciones habitacionales en terrenos que no están aptos para tal fin, lo cual no responde al propósito de "dignificación” propuesto.

 

En tal sentido, instó al presidente de la República, Nicolás Maduro; presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), coronel Luis Reyes Reyes; al gobernador del estado Lara Henri Falcón y al alcalde del municipio Iribarren Alfredo Ramos, a reunirse con la empresa privada, con las cámaras como intermediarios, a fin de discutir la situación existente sobre algunos terrenos en Barquisimeto y la paralización del sector contrucción, que según índices manejados por Lau, registra una merma cercana al 83%, cifra alarmante si se toma en cuenta que años atrás el 75% de las construcciones del país eran hechas por la empresa privada.

 

Lau destacó la importancia de definir la situación sobre estos terrenos, ya que son los únicos donde se puede desarrollar la zona este de Barquisimeto. Desde la Cámara Inmobiliaria proponen disponer de terrenos ubicados en El Ujano para soluciones habitacionales, los cuales cuentan con las condiciones requeridas.

 

Clase olvidada

 

Lau destacó que la clase media alta ha sido olvidada por el gobierno, puesto que a través de la Gran Misión Vivienda sólo responden a los estratos más bajos de la sociedad, sin ofrecer soluciones habitacionales al grupo ya mencionado.

 

Agregó que el sector privado se encuentra deprimido por la falta de materiales de construcción y por tanto imposibilitado para desarrollar este tipo de proyectos.

 

Alegó que la ganancia del 10% luego de descuento por impuestos, no resulta atractiva para la empresa privada.

 

 

 


ROSMIR SIVIRA / El Impulso

Página Web – 2014/10/22

Fuente: http://elimpulso.com


Este año comenzará la construcción de 200 nuevas viviendas tipo Petrocasa en el municipio Diego Ibarra (Mariara) del estado Carabobo, las cuales serán destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de igual numero de familias de escasos recursos de esa localidad.

 

Así lo informó el director de Hábitat y Vivienda de la alcaldía de ese municipio, Jhonny Rivas, quien destacó que actualmente se realizan las labores de ubicación de los terrenos apropiados para levantar las unidades habitacionales.

 

Las viviendas construidas bajo esta modalidad son destinadas, en su mayoría, al programa de sustitución de ranchos por viviendas dignas que adelanta el Gobierno Bolivariano en todo el país, para garantizar el derecho a las familias venezolanas a un techo propio y en optimas condiciones.

 

El alcalde destacó también que el ayuntamiento adelanta diferentes convenios, para fortalecer las políticas habitacionales dentro de la jurisdicción que permitan saldar la deuda que se tiene en materia de viviendas.

 

En este sentido informó que, a través de brigadas de la Misión Ribas, también se construyen 80 viviendas que podrían ser entregadas este mismo año.

 

 

 


Agencia Venezolana de Noticias

Página Web – 2014/10/21

Fuente:  http://www.avn.info.ve


Cámara de Construcción de la entidad propone habilitar muelle para que llegue el material a granel y distribuirlo localmente. Gobernador Carlos Mata Figueroa plantea uso de tres barcos para regularizar suministro en la Isla.

 

El cemento es uno de los materiales más cotizados. Su ausencia encarece su valor, afectando las construcciones públicas y privadas.

 

En un recorrido este lunes por diferentes ferreterías del municipio Mariño, la respuesta es la misma "no hay" y "no sabemos cuando llega", siendo cada vez más difícil el acceso a particulares, quienes se quejan que deben madrugar y pasar horas en cola para comprar el ansiado material para terminar de construir su vivienda.

 

Juan Carlos Meleán, presidente de la Cámara de Construcción de Nueva Esparta, señaló que la escasez de cemento merma las obras de infraestructura planificadas por entes públicos como alcaldías y otras instituciones del estado, así como los desarrollos privados, que actualmente se encuentra deprimido en todo el país.

 

Según un análisis realizado por la Cámara Venezolana de la Construcción, (CVC), en febrero de 2013 la producción de cemento fue de 614 mil toneladas, mientras que para este mismo mes de este año, decayó a 546 mil, es decir 11% menos.

 

El descenso es aún mayor en desarrollos habitacionales. De 70 mil viviendas que se construyeron entre 2011 y 2012, este año solo llega a 20 mil, indicó Meleán, tomando como referencia la cifra suministrada por el presidente de la CVC, Jaime Gómez.

 

La propuesta del sector Construcción en la entidad es habilitar un muelle para que el cemento llegue a granel y se distribuya localmente. Meleán considera necesario que los sectores público y privado mancomunen esfuerzos en solucionar esta problemática que les afecta a ambos.

 

En varias oportunidades se ha solicitado una reunión con el gobernador Carlos Mata Figueroa, para tratar el tema, pero aún no se ha concretado.

 

El gobernador Mata Figueroa, en una entrevista exclusiva al Sol de Margarita, anunció sobre la posibilidad de que tres buques de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lleguen a la entidad con alimentos y cemento y recorran varias islas, entre ellas, Los Roques. Propuesta aprobada por el presidente Nicolás Maduro y que se encuentra en su fase de planificación y logística.

 

Revendedores

 

El cemento está regulado en 60 bolívares el saco, por lo que la paleta no debería superar los dos mil 400 bolívares, no obstante, hay casos donde la paleta ha llegado a costar 16 mil bolívares, es decir un 600% de diferencia, indicó Juan Carlos Meleán, presidente de la Cámara de Construcción de la entidad.

 

 

 

 


JENNIFER HRASTOVIAK / El Sol de Margarita

Página Web – 2014/10/21

Fuente: http://www.elsoldemargarita.com.ve


Mayorquín III ha sido uno de los sectores más afectados. Allí alrededor de 120 familias han perdido parte de sus enseres, debido a la fuerzas del agua

 

Las recientes lluvias caídas en la zona norte de Anzoátegui han tenido un impacto nega­tivo en varias comunidades de la capital del estado.

 

Mayorquín III ha sido uno de los sectores más afectados. Allí alrededor de 120 familias han perdido parte de sus enseres, debido a la fuerzas del agua.

 

En esa zona, donde la mayo­ría de las calles no cuenta con asfalto, cloacas ni aceras, vive la señora Nory Villarroel desde hace 17 años.

 

Ella teme por sus seis hijos y esposo, quienes la acompañan diariamente.

 

“Todos los años es lo mismo. Otra vez perdí mis muebles, elec­trodomésticos y se me rompió el piso de la casa por cuarta vez. El Gobierno sabe en qué condicio­nes vivimos nosotros y no hace nada”, dijo el ama de casa con tono de preocupación.

 

Villanueva dijo que el entonces candidato a la Alcaldía del muni­cipio Bolívar, Guillermo Martínez, visitó la comunidad en busca de votos.

 

“A su asistente y a él casi se les salieron las lágrimas al ver cómo vivimos. Prometieron de todo, pero luego ganaron y no cumplieron su palabra”.

 

Jorge Fernández, otro de los vecinos de la zona, recordó la visita del gobernador Aristóbulo Istúriz, a finales de 2012.

 

“A través de Sevigea, prome­tió 120 casas en una primera etapa. Obligaron a unas perso­nas a tumbar sus ranchitos para iniciar la construcción y luego no hicieron nada”.

 

 

(…)

 

 

 


PABLO A. MUNDARAÍN / El Tiempo

Página Web – 2014/10/21

Fuente: http://eltiempo.com.ve


En cumplimiento de la providencia 42 de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), publicada el 28 de marzo, y de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, 113 familias de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, lograron concretar recientemente la adquisición de los apartamentos donde habitaron durante décadas en calidad de inquilinos.

 

Se trata de habitantes de los edificios Venezuela, Socorro y Capri, que estaban destinados por completo a alquiler desde hace muchos años, refirió una nota de prensa de la Red Metropolitana de Inquilinos.

 

En el acto de protocolización de la venta estuvieron presentes representantes de Sunavi y del Ministerio para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda en la entidad central del país, así como la Notaría Pública Tercera de Valencia y funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), además de miembros de grupos organizados de inquilinos.

 

En junio venció el lapso de 60 días hábiles que establecía la providencia 42 de la Superintendencia para que propietarios de edificios con más de 20 años en alquiler ofrecieran en venta los apartamentos a los arrendatarios que los habitan desde hace varios lustros.

 

Las multas que puede recibir el propietario que irrespete esta norma suman 2.000 unidades tributarias por cada vivienda, es decir, 254.000 bolívares. Si no paga, será considerado reincidente y se le doblará la cantidad. De persistir el incumplimiento, la Sunavi puede solicitar el embargo del inmueble.

 

La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, vigente desde noviembre de 2011, estableció en su quinta disposición transitoria que quienes residan alquilados en edificios con más de 20 años destinados a arrendamiento tendrán el derecho a adquirirla, con excepción de los pequeños arrendadores (que tienen uno o dos apartamentos arrendados).

 

El texto legal justificó esta medida en el hecho de que el monopolio sobre la vivienda en alquiler es contrario al espíritu del instrumento legal, por considerarse el arrendamiento de interés social, colectivo y con fines de utilidad pública.

 

Dicha Ley fue la primera presentada ante la Asamblea Nacional (AN) por iniciativa popular y fue discutida en el Parlamento con distintos sectores.

 

La Sunavi publicó en la Gaceta Oficial 40.382, de fecha 28 de marzo de 2014, la providencia con las normas para hacer efectiva esa venta, y precisó que debía realizarse en un lapso máximo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la normativa.

 

Asimismo, la Superintendencia determinará el valor justo del inmueble para la venta, de acuerdo con una metodología nacida a partir de la Ley.

 

Las asociaciones de inquilinos han señalado que el objetivo es erradicar el latifundio urbano, como denominan a las grandes cantidades de inmuebles pertenecientes a una sola persona o grupos económicos que se dedicaron a explotarlos durante décadas.

 

De acuerdo con la Red de Inquilinos, en Caracas hay alrededor de 5.000 edificios vetustos "a punto de colapsar", que no reciben mantenimiento de sus propietarios y que tales gastos son asumidos por las familias alquiladas. Sin embargo, no pueden acometer reparaciones estructurales onerosas, porque no obtienen apoyo crediticio debido a que son inmuebles alquilados.

 

 

 


 

Agencia Venezolana de Noticias

Página Web - 2014/10/20

Fuente: http://www.avn.info.ve/