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Un promedio 7.500 bloques produce diariamente la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal, Los Alfareros de Gres, situada en la zona industrial II de Barquisimeto, en el estado Lara, situado al occidente de Venezuela.

 

La mayoría de los monolitos son utilizados para la construcción de 100 casas y apartamentos al mes, erigidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), política habitacional del Estado venezolano, creada por el comandante Hugo Chávez en abril de 2001.

 

Hernán Arias, uno de los 76 trabajadores que actualmente forma parte de la empresa, afirmó que la mayoría de estos 7.500 bloques diarios se producen desde septiembre de 2014, luego de un largo rescate de la compañía tras un cierre fraudulento por parte de sus antiguos propietarios privados.

 

El bloque no es una mercancía, es un bien social

 

Arias explicó que el 28 de octubre de 2013 los propietarios españoles de la empresa Intercerámica, que operaba en la sede de la actual Alfareros de Gres, comunicaron a sus trabajadores que la empresa se declaraba en quiebra, cerraba sus puertas y los liquidaba a todos.

 

"Nosotros sabíamos que esta empresa podía ser productiva y decidimos tomarla", explicó Arias, que labora en el área administrativa de la nueva industria comunal.

 

Los trabajadores tomaron en resguardo las instalaciones de la fábrica y comenzaron una larga lucha, que abrió camino a la creación de la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal Alfareros de Gres.

 

Pedro Ramos, otro de los trabajadores, recordó que antiguamente la empresa Intercerámica, producía y comercializaba baldosas, cabillas, rodapiés y caico para pisos, entre otros bienes, que eran exportados.

 

"Éramos 65 trabajadores y luego de las acciones que tomamos, quedamos en resistencia 19, quienes decidimos sacar la empresa adelante", recordó.

 

A la par del proceso legal que se inició para convertirse en empresa de propiedad social, se dieron los debates en relación con el destino de la compañía.

 

Orientados por Construpatria, la Universidad Politécnica Territorial de Lara y la Misión Saber y Trabajo, decidieron adecuar la empresa para la construcción de bloques, que permitiera satisfacer la demanda del país en materia de construcción.

 

En marzo de 2014 comenzaron la producción de 200 bloques, luego de prepararse los 19 trabajadores en la Fábrica de Insumos 27 de Febrero de Guatire, en el estado Miranda,

 

Ésta es una empresa pública que surgió de un convenio con Bielorrusia y se dedica a la fabricación de insumos para la construcción, incluidos bloques resistentes y de calidad.

 

Los trabajadores de la empresa de propiedad social adecuaron las maquinarias y en mayo de 2014 aumentaron la producción a 1.000 bloques diarios.

 

Establecieron un convenio con el Frente de Constructores Francisco de Miranda, que apoya a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Lograron ingresar más trabajadores y llevaron la producción a 6.000 bloques al día.

 

De 19 trabajadores que había en un principio, en la lucha por el rescate de la empresa, pasaron a 75 socio-productores, como les gusta llamarse a estos trabajadores.

 

Actualmente producen 7.500 bloques diariamente, el 70% va a la Gran Misión Vivienda Venezuela, 15% a los consejos comunales que impulsan construcciones y 15% a ferreterías de comunidades situadas en las inmediaciones de la empresa. Esta venta al detal y precio justo se realiza bajo la contraloría de consejos comunales.

 

"El bloque para nosotros no es una mercancía, como era vista por la antigua empresa privada que administraba la compañía", aseveró Ramos, que labora en la Unidad de Formación y Articulación Social de la industria de propiedad social

 

Agregó que "para nosotros el bloque es un bien social, que satisface necesidades de viviendas y de otras construcciones del pueblo venezolano. Esa es nuestra filosofía de producción".

 

Plan de expansión permitirá producción de 35.000 bloques

 

Orelis Castañeda es una de las 17 mujeres de los 75 trabajadores que laboran en Alfareros del Gres. Castañeda tiene 24 años, un hijo de 6 años y es socio-productora de esta empresa desde hace un año.

 

Llegó a este trabajo a través de la postulación del Consejo Comunal La Peña, una de las comunidades aledañas de la bloquera, que apoyó la creación de esta fábrica de propiedad social.

 

Castañeda trabaja en la carga y descarga de bloques. "El trabajo es duro, pero uno se adapta", aseveró con una sonrisa la joven, antes de descargar otro grupo de bloques.

 

"Estoy satisfecha con el trabajo, me gusta. Uno se siente que está contribuyendo a la felicidad del pueblo venezolano, a que cada familia tenga su casa", señaló la joven.

 

En Alfareros de Gres producen un bloque de arcilla de 10 x 20 x 30 centímetros. La materia prima proviene de El Pandito, sector situado en el kilómetro 15 de la vía Barquisimeto-Quíbor.

 

Procesan 1.200 metros de arcilla al mes para producir 195.000 bloques en el mismo lapso, que permite la construcción de 100 hogares de la Misión Vivienda Venezuela cada mes en el territorio nacional.

 

Actualmente trabajan un plan de expansión para pasar de producir 7.500 bloques al día a 35.000 bloques diariamente, con la adquisición de nuevas maquinaria a través de la Gran Misión Saber y Trabajo.

 

 

 


FÉLIX GUTIÉRREZ / Agencia Venezolana de Noticias

Página Web – 2015/04/20

Fuente: http://www.avn.info.ve


En el Zulia ningún caso ha progresado y hasta la fecha, sólo una persona resultó detenida


Solo seis meses le duró la felicidad a la familia González, que en 2007 invirtió todos sus ahorros para poder adquirir una casa propia en un conjunto residencial de clase media.

 

El Conjunto residencial Villa Dorada sería construido por Asesores y Consultores de Vivienda (Conavica) en Pomona, sector ubicado en el sureste de Maracaibo. Cada vivienda tendría un costo aproximado de 180 mil bolívares. Y según el tipo de vivienda –en su mayoría dúplex de dos pisos– cada familia debía entregar hasta 54 mil bolívares o 30% de este monto, con una reserva de 23 mil bolívares.

 

En total, 107 familias hicieron su aporte, el resto debían pagarlo mediante la ley de Política Habitacional. No obstante, seis meses después de haber hecho el contrato y pagado casi la totalidad de la inicial, las familias comenzaron a sospechar que todo era una estafa. Y así era: este proyecto de conjunto residencial se sumó a los 14 complejos habitacionales que fueron declarados estafas inmobiliarias en el año 2010. Estafas que mantienen a 820 familias esperando por una decisión judicial que aún no llega.

 

HISTORIAS Y DRAMAS

 

Eglé González acudió en el año 2007 a unas oficinas ubicadas en un amplio terreno, donde le dijeron que construirían un conjunto residencial. En una rápida inspección ocular vio las máquinas removiendo el terreno y la maqueta de lo que sería su nuevo hogar. El argumento del vendedor y la recomendación de un familiar que trabajaba en la obra le hicieron confiar en el proyecto.

 

“La casa me salía en 120 mil bolívares, para reservar entregué 12 mil y en total di 42 mil bolívares, que para aquella época eran 42 millones porque aún no implementaban en bolívar fuerte”, explicó.

 

Uno de los detalles que encendieron las alertas de la familia González, era que cada semana disminuía el número de viviendas que se decía que serían construidas. Y aunque veían a “obreros trabajando e instalando las aguas servidas y blancas, la obra no avanzaba”.

 

“Me prometieron una casa de dos pisos con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y espacio para ampliar”, expresó.

 

Luego de seis meses de haber entregado el dinero, sólo veían las bases en el terreno: “Empezaron a hablar de reducir el tamaño de las casas por exigencia de la Alcaldía y aumentaron el costo de las unidades, ese día decidí no entregar más dinero”, recordó Eglé González, quien encontró el terreno desolado y las oficinas desvalijadas cuando fue a buscar respuestas.

 

EL VIACRUCIS

 

La noticia de una estafa rodó como pólvora entre los afectados, las familias comenzaron a reunirse para hacer las denuncias respectivas y exigir castigo para la empresa que, sin entregar la vivienda prometida, se quedó con 4 millardos de bolívares.

 

Pero la historia para las 107 familias estadas se complicó cuando en enero del año 2009 el terreno fue invadido por personas que “luego revendieron los lotes como propios”.

 

“Nosotros no quisimos meternos en el terreno porque los abogados nos decían que perderíamos el derecho, pero una concejala del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) promovió la invasión y aunque protestamos, quemamos cauchos y denunciamos ante los tribunales, no pudimos hacer nada, nos quedamos sin casa y sin dinero y ahora, hasta la Gran Misión Vivienda les ha construido casas a esas personas que están de ilegales en un terreno que está en disputa”, aseguró Xiomara Dimateo, una de las personas afectadas.

 

LARGA LUCHA

 

Uno de los entes gubernamentales que ha acompañado a las 820 familias afectadas, es el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ).

 

El diputado Eduardo Labrador informó que entre los casos más emblemáticos están: La Pionera, Panay, Los Avatares I, II y III; María Auxiliadora y Orión, entre otros.

 

Aunque los mecanismos se activaron una vez que el expresidente Chávez dio la orden, en el Zulia ningún caso ha progresado y hasta la fecha, sólo una persona resultó detenida.

 

“Algunos de estos procesos fueron viciados y hemos tenido que denunciar hasta a fiscales del Ministerio Público por estar involucrados en hechos de corrupción”, manifestó.

 

Según las estadísticas que maneja el diputado, el monto de las estafas asciende –en la actualidad- a 80 millones de bolívares, ya que para el año 2013, la cifra era de 50 millones: “Cada año hay que hacerle un ajuste”.

 

“Muchas personas invirtieron sus ahorros, aguinaldos, prestaciones sociales y fueron víctimas por la esperanza de una vivienda. Hemos solicitado apoyo del Defensor del Pueblo para exigir mayor celeridad y justicia para estas familias”, resaltó Labrador.

 

IRREGULARIDADES

 

“Una de las irregularidades más palpables de todos los casos de estafas inmobiliarias, fue la solicitud de erradicación de los causas a la ciudad de Caracas, esto significa que una víctima tendría que viajar desde el Zulia hasta la capital para poder defender su derecho y esto hace imposible ejercer el derecho a la defensa”, señaló.

 

Sin embargo, –continuó Labrador– “el 9 de marzo de este año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo negando esa solicitud y ordenó al Ministerio Público realizar los procedimientos desde el estado (Zulia), para garantizar así el debido proceso a las familias afectadas”.

 

Señaló la importancia de solicitar ante la Interpol la búsqueda de estas personas que estafaron a cientos de familias: “Estos estafadores deben hacer presencia para que estos casos no queden impunes”, insistió.

 

Labrador recalcó que desde el CLEZ han solicitado la destitución de varios fiscales “que han estado involucrados en hechos irregulares y siguen impartiendo justicia”. “Pedimos a la fiscala general que ante la denuncia pública que hemos hecho, con elementos probatorios, es indigno que estas personas sigan en la institución”.

 

Destacó el caso de Ciudad Naranjo, urbanismo que fue invadido y que la orden de desalojo que emitió un tribunal fue por siete días, “a los efectos de que no se ejecute. En los mismos órganos jurisdiccionales ponen las trabas. Próximamente denunciaremos a una jueza que responde al poder económico y trata de evitar que se ejecuten las acciones correspondientes”, insistió el diputado zuliano.

 

 

 


YAJAIRA IGLESIAS / Correo del Orinoco

Página Web – 2015/05/19

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve


La humedad ha generado que las vigas se doblen y salgan fuera de las paredes. Los habitantes temen por su seguridad


Las 10 familias que habitan el edificio Centro América, en el sector Las Quince Letras (Macuto), necesitan salir rápido de allí, debido a que la estructura se encuentra en alto riesgo y no aguanta un soplido, dicen.


Hace tres años (2012), Protección Civil estadal realizó un informe sobre la estructura, cuyo diagnóstico dictaminó que no está apta para ser habitada.


Luego, durante la gestión del exalcalde Alexis Toledo, la Oficina de Planeamiento Urbano evaluó el estado de los 19 apartamentos del lugar y llegó a conclusiones similares sobre el peligro que representa.


Ayer, nuevamente una comisión de Protección Civil evaluó al Centro América y constató que el deterioro ha avanzado.


"En gran parte de la estructura hay un fenómeno que los ingenieros denominan 'llanto de cabilla', que ocurre cuando la humedad ataca las vigas, éstas se doblan y salen fuera de las paredes. Estamos asustados por el estado en el que está el edificio", alertó Juan Zárate, habitante del conjunto.


Los 19 apartamentos -sólo 10 habitados- están distribuidos en cuatro niveles. En planta baja funcionan una licorería y un abasto, que también tendrían que salir.


Viejísimo


Zárate explicó que el edificio estuvo abandonado desde la tragedia de Vargas, en 1999, hasta 2005, cuando comenzaron a llegar las primeras familias. El dueño de la licorería les dijo que era el propietario e hicieron negocios con él para alquilar allí.


"Al tiempo, cuando empezamos a ver el deterioro y quisimos tomar medidas, esta persona nos evadió. Tenemos tres años sin verlo. Investigamos en Catastro y, al parecer, el dueño es otro", dijo.


Según Zárate, el edificio Centro América tiene 70 años a cuestas.


Diligencias


Los residentes se organizaron y, a través del Consejo Comunal Castillete Armando Reverón y la Comuna Guaicamacuto, han tramitado su reubicación.


La presidenta del Instituto de la Vivienda de Vargas, Dianney Ocanto, aseguró ayer no haber sido notificada de esta situación.


Pidió a los afectados dirigirse al organismo para iniciar los trámites y buscarles salida con la Misión Vivienda.

 

 


FRANK HERNÁNDEZ / Últimas Noticias

Página Web – 2015/05/20

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve


Unas 13.117 viviendas de los diferentes municipios del estado Trujillo, en la región andina de Venezuela, han sido tratadas con medidas de saneamiento ambiental, destinadas a prevenir el dengue y la chikungunya, enfermedades transmitidas por el zancudo Aedes aegypti.

 

Al respecto, el director estadal de Salud Ambiental, Antonio Yugurí, refirió este martes que esta cantidad de hogares han sido fumigados, además, inspeccionado para eliminar criaderos y abatizar las aguas depositadas que son para uso doméstico.

 

Agregó que al menos 30.645 depósitos de agua fueron tratados y abatizados, mientras que otros 3.518 criaderos fueron eliminados.

 

"Estas cifras corresponden al año 2015. A lo largo de la semana estos números se incrementan debido a que constantemente estamos abordando diferentes comunidades trujillanas con estos planes, destinados a darle mejores condiciones de vida a la población", expresó Yugurí.

 

Durante esta semana, la dirección estadal de Salud Ambiental estará activa en sectores de la parroquia Mercedes Díaz, del municipio Valera, así como de la parroquia Tres de Febrero, en La Ceiba y Santa Ana, del municipio Pampán.

 

 

 


Agencia Venezolana de Noticias

Página Web – 2015/05/19

Fuente: http://www.avn.info.ve


Un total de 160 soluciones habitacionales para familias de la etnia Warao se erigirán en terrenos de la comunidad "Toledo", ubicada en la parroquia Juan Millán, municipio Tucupita del estado Delta Amacuro.

 

Los avances de la obra fueron verificados este lunes por la directora territorial del Delta, Caños y Manglares del Ministerio para los Pueblos Indígenas, Marisela González, señaló un boletín de prensa de la institución.

 

González destacó que con la obra "se demuestra una vez más que el Ministerio Indígena, la Gran Misión Vivienda Venezuela y el Gobierno Bolivariano no descansan hasta lograr que cada ciudadano indígena cuente con hogares dignos para mejorar su calidad de vida".

 

El Gobierno nacional, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ha construido alrededor de 40 mil hogares para familias indígenas, como parte de un proceso de reivindicación de los pobladores originarios, impulsado por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y que establece la Constitución de la República, aprobada en 1999.

 

La Gran Misión Vivienda Venezuela, política habitacional del Estado que inició en 2011 el comandante Hugo Chávez, ha entregado más de 700.000 hogares a familias venezolanas en los primeros cuatro años de este programa social.

 

 


Agencia Venezolana de Noticias

Página Web – 2015/05/19

Fuente: http://www.avn.info.ve