La Consejería de Fomento, dispuesta a recuperar las propiedades con malos usos
Quien no paga lo que debe es un moroso, pero la morosidad tiene muchas caras. En el parque de vivienda pública de la Junta de Andalucía, propietaria de 80.000 viviendas sociales de las que 46.000 están en alquiler con precios que oscilan entre 25 y 60 euros, la morosidad, de alrededor de un 11%, suele ser forzada por circunstancias adversas y no una opción vital. Pero también están los que actúan de mala fe y la Consejería de Fomento y Vivienda se ha propuesto combatir esa morosidad deliberada. Es decir, “los que hacen un uso fraudulento de un inmueble que es público”, afirma Fernando Herrera, director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). En los últimos dos años, la consejería ha abierto 155 expedientes a inquilinos que han dejado de pagar sin justificación, que están utilizando las viviendas sociales para pasar las vacaciones de verano y son propietarios de otro inmueble o que las utilizan como negocio.
“La Administración pública no puede agravar situaciones dramáticas desahuciando a quien ya lo ha perdido todo, a quien no paga porque no puede pagar. Hemos comprobado que hay inquilinos que no pueden pagar, pero quieren hacerlo. Lo que puedan. Es responsabilidad del Gobierno andaluz estar ahí para ofrecer alternativas a estas familias. En paralelo a eso, somos rigurosos en la vigilancia de los malos usos de las viviendas públicas. Es intolerable que no estén al servicio del derecho a la vivienda de las familias que las necesitan. Por poner un ejemplo, es intolerable que alguien viva todo el año fuera de la vivienda del parque público y regrese en verano porque está en una ciudad costera”, añade Herrera. Desde la Consejería de Fomento y Vivienda insisten en que el proceso “no se judicializa si es un impago por empobrecimiento sobrevenido o hay menores, y sólo se lleva hasta el final si se acredita un mal uso”.
Entre los expedientes que tiene abiertos actualmente la Consejería de Fomento por esos supuestos malos usos destaca un caso que ya ha pasado por los tribunales y está pendiente de ejecución inmediata. Un auto del pasado 12 de mayo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Huelva autoriza a AVRA a recuperar una vivienda social en Alosno (Huelva) y a ejecutar así “la resolución del 19 de marzo de 2009 por la que se acordaba el desahucio de Pedro Inglés”.
En una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 11 de abril de 2012, ante un recurso que Inglés había interpuesto contra la decisión de la Consejería de Obras Públicas [nombre anterior de Fomento] de 2007 de dar por concluido el contrato de arrendamiento de la vivienda social que había sido concedido a su padre, fallecido en 2006. “No cabe duda, que fallecido el arrendatario, el descendiente que acredite haber estado residiendo durante los dos años anteriores, podría solicitar la subrogación si reúne las condiciones exigidas en la ley. Pero el actor ni puede probar esa permanencia, ya que el padre residía con otra hija en Castellón, ni acredita que reuniera los requisitos para ser titular de una vivienda protegida”, reza la sentencia del TSJA. Para añadir que el único derecho sobre la vivienda que tenía el fallecido era de arrendamiento y “se extinguió con su muerte”.
Para la consejería, se trata de un caso claro de “malos usos”, ya que ocho años después de la muerte del arrendatario, la Administración no ha recuperado aún un piso en el que, según las comprobaciones realizadas por los trabajadores sociales, no vivía nadie y estaba siendo utilizado por la hija de Pedro Inglés para impartir clases particulares, como recoge la sentencia del TSJA. Pedro Inglés, actualmente teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alosno por el Partido Popular, rehusó contestar a las preguntas de este periódico.
Fomento recuperó el pasado año varias viviendas sociales de municipios costeros, como las ubicadas en la Isleta del Moro y la zona de Los Albaricoques, ambas en Níjar (Almería), que sus arrendatarios utilizaban solo como residencia de verano. “Como pudimos comprobar en el Registro de la Propiedad, estas personas tenían otras viviendas en propiedad, donde residían habitualmente”, aclara un técnico.
La situación de familiares que reclaman derechos para disfrutar de estos exiguos alquileres —en ocasiones inferiores a lo que tienen que pagar por la comunidad de vecinos o en concepto de IBI— se repite en todas las provincias. En Málaga capital, en la promoción de Cortijo Alto, un sobrino nieto del adjudicatario original pretende quedarse con la vivienda. En la provincia de Málaga, la Administración ha recuperado tres viviendas que estaban desocupadas en La Viñuela y en Archidona, ha requerido a una arrendataria, que no vive en la casa y la ha cedido a una hija, que entregue las llaves.
La ausencia de consumos de luz y agua y las denuncias de los vecinos sirven para iniciar estos procesos de desahucios que la Consejería de Fomento llama “recuperación de la vivienda” para devolverla a la bolsa pública y que pueda ser disfrutada por personas que realmente la necesiten.
“Abrimos expedientes de desahucio con regularidad, estamos obligados por ley. Aunque solo llevamos a los tribunales los casos en los que se hacen malos usos de la propiedad pública. Hay personas que residen en una vivienda social pero, por ejemplo, se compra un apartamento en la playa o heredan un piso de sus padres y lo alquilan a otro, o se lo ceden a un familiar que no cumple los requisitos para acceder a este tipo de viviendas”, explica Herrera. Para añadir que en los casos de “deudores de buena fe” han buscado alternativas como la minoración de la renta o el alquiler compensado, una fórmula que se probó con éxito el pasado año en el barrio granadino de Almanjáyar, y que consiste en que el arrendatario que no puede pagar haga trabajos para la comunidad. La fórmula se va a poner en funcionamiento con 162 familias repartidas por toda la geografía andaluza.
MARGOT MOLINA / El País
Página Web – 2014/07/08
Fuente: http://ccaa.elpais.com
La subsidiación de préstamos para la compra de vivienda (por la que el ministerio paga una parte de las cuotas de los créditos que afrontan los beneficiarios) es una de las modalidades incluidas en los planes estatales de vivienda. El Gobierno de Mariano Rajoy las suprimió en el decreto de recortes de julio de 2012 y decidió no prorrogarlas en la ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, de junio de 2013. Todo eso puso en pie a quienes se vieron afectados por la medida y la plataforma de afectados por las ayudas a la vivienda exigió que se replanteara.