Más de mil peticiones están aún pendientes de tramitación

 

A primeros de año, el Gobierno aragonés puso en marcha la bolsa autonómica de viviendas de alquiler social. Se trata de una iniciativa con la que disponer de pisos que sean alquilados con bajas rentas a familias en especiales dificultades económicas. La Administración autonómica se encarga de coordinar los trámites: incorpora viviendas de particulres o entidades financieras dispuestas a aportar inmuebles, es la Administración la que les paga a ellos por esas viviendas y luego les cobra a las familias beneficiarias, como inquilinos, una renta baja que no supere en ningún caso el 30% de los ingresos disponibles en la unidad familiar.

 

El caso es que la iniciativa ha provocado, en cuestión de meses, un aluvión de solicitudes. Algunas familias ya se están beneficiando y ya han obtenido una vivienda de alquiler en estas condiciones, pero la mayoría de solicitantes están esperando todavía que se resuelvan sus expedientes.

 

A finales de junio, según datos oficiales del Gobierno aragonés, se habían recibido un total de 2.471 solicitudes de otras tantas familias que desean acceder a uno de estos alquileres sociales. Sin embargo, en ese momento, más de 1.400 estaban todavía pendientes de ser resueltas. Del millar restante, 548 son solicitudes aprobadas para adjudicarles una vivienda de este tipo en alquiler, y otros 488 eran familias que no reunían los requisitos establecidos y que, por tanto, han visto denegada su solicitud.

 

Uno de los problemas con los que se está encontrando la Administración regional es disponer de suficientes viviendas. Donde más demanda hay es en Zaragoza capital. De las 548 solicitudes ya aprobadas para otras tantas familias, 436 están en la provincia de Zaragoza, 60 en la de Huesca y 52 en la de Teruel.

 

Para agilizar los trámites, el Gobierno aragonés mantiene en vigor convenios con tres entidades benéficas para que gestionen la puesta a disposición de las viviendas disponibles a las familias a las que se les concede esta medida. Pero entre las tres entidades solo suman 300 viviendas disponibles para alquiler social. La Fundación Federico Ozanam gestiona 140; la Asociación Ymca, 60; y la cooperativa de iniciativa social Kairós, 100.

 

 

 

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ABC

Página Web – 2014/07/11

Fuente: http://www.abc.es

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La plataforma quiere dar respuesta a la "emergencia" social que la comunidad catalana vive en materia de vivienda

 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado este jueves una iniciativa legislativa popular (ILP) catalana para paralizar los desahucios y luchar contra la pobreza energética, con el objetivo de dar respuesta a la "emergencia" social que Catalunya vive en materia de vivienda, ha anunciado el portavoz de la entidad Guillem Domingo.

 

El impulso de la iniciativa, que cuenta con la complicidad del Observatorio Desc y la Alianza contra la pobreza energética, llega un año después de que el Congreso de los Diputados rechazara una primera ILP de la PAH de carácter estatal contra los desahucios y las ejecuciones hipotecarias a familias vulnerables: "Ahora nos centramos en Catalunya, donde la situación es insostenible y hay 40 deshaucios al día", ha valorado Domingo.

 

La ILP catalana que propone la PAH se basa en la estatal que fue rechazada y adapta los preceptos a las competencias de la Generalitat, y contiene un paquete de medidas urgentes en materia de vivienda y pobreza energética orientadas a ofrecer una segunda oportunidad a las familias sobreendeudadas con gastos vinculados a su hogar habitual, entre las que destacan el realojamiento adecuado como condición para efectuar un desahucio y garantizar el acceso de todas las personas vulnerables a los suministros básicos. También incluye la creación de un parque de viviendas asequible a través del alquiler "forzoso" de los pisos en desuso que tienen las entidades financieras y los grandes propietarios inmobiliarios, así como aquellos que se encuentren infrautilizados sin justificación durante un mínimo de dos años.

 

Según ha dicho la líder del Observatorio Desc, Vanesa Valiño, las medidas urgentes que propone la ILP son un "recuerdo" para el Govern, teniendo en cuenta que ya se ha comprometido con anterioridad a asumirlas a través de mociones parlamentarias, pero no las ha cumplido. El año pasado se iniciaron 98.040 procesos de ejecución hipotecaria en Catalunya, una "problemática alarmante" a la que se suman los casos de pérdida de vivienda por impago de alquiler, que protagonizaron el 67% de los 16.008 desahucios que hubieron en 2013 en territorio catalán.

 

En paralelo, se han disparado los casos de pobreza energética, teniendo en cuenta que el recibo de la luz se ha incrementado un 60% desde 2008 y el del agua un 66%, según ha dicho la portavoz de la Alianza contra la pobreza energética Maria Campuzano, que ha cifrado en 193.000 los hogares catalanes --un 6,9% del total-- los que no pudieron asumir los gastos de mantenimiento de la vivienda a una temperatura adecuada en 2011. Ha afirmado que Catalunya --donde hay más de 60 PAH locales-- tiene competencias para hacer frente a esta situación, y ha dicho que los ciudadanos ya están haciendo posibles estas medidas que propone la ILP con su solidaridad, teniendo en cuenta que han logrado la paralización de multitud de desahucios y cortes de suministros: "Ahora es el Parlament el que debe situarse al lado de las personas y dejar de proteger a los bancos y grandes empresas".

 

Domingo ha lamentado el "papel nefasto del Govern, que se ha lavado las manos" en materia de vivienda social, y ha afirmado que los poderes públicos catalanes tienen la obligación de dejar de ser espectadores pasivos y cambiar las normas para ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan. Tras la rueda de prensa, los portavoces han registrado la propuesta de ILP a la Cámara catalana, y en un plazo de 15 días la Mesa deberá aceptarla para que luego se pueda validar: "Prevemos que a finales de septiembre ya podamos empezar a recoger las 50.000 firmas mínimas que se necesitan para que la iniciativa siga adelante". Del más de 1,5 millones de firmas que se lograron para la ILP estatal que fue rechazada hace un año, 500.000 se recogieron en Catalunya, por lo que Domingo ha dicho que será relativamente fácil lograr las 50.000 mínimas.

 

 

 

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La Vanguardia

Página Web – 2014/07/10

Fuente: http://www.lavanguardia.com

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Los arrendadores y arrendatarios en España establecen una relación contractual en la que se marcan ciertos derechos y obligaciones

 

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Con el mercado de la vivienda estancado, el alquiler es una opción con la que poder tener acceso a una vivienda. El número de alquileres en España según el censo de Población y Vivienda de 2011 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es de 2.438.578, lo que supone, según el Banco de España, el 13,5% del parque de viviendas del país.

 

 

Los arrendadores y arrendatarios en España establecen una relación contractual en la que se marcan ciertos derechos y obligaciones. Es necesario que ambas partes conozcan esto para que en caso de que se produzcan determinada situaciones, ser conscientes de hasta qué punto se tiene libertad de actuación conociendo la normativa que regula el alquiler de viviendas, y más ahora que, tal y como asegura Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, 2014 es el año del alquiler. Afirmación que viene beneficiada por el descenso del precio medio del alquiler, situándose en mayo en 6,90 euros por metro cuadrado al mes según informes de Fotocasa.

 

¿Puede el arrendador vender el piso?

 

A la hora de establecer un contrato de alquiler, las partes pueden establecer de manera libre la duración del mismo siendo la duración legal del contrato de 3 años. El futuro se desconoce y por lo tanto es incierto, pero fijando un contrato largo es una forma de generar cierta estabilidad, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Durante el transcurso de la duración del contrato pueden suceder muchas cosas (de ahí que el futuro sea incierto) y una de ellas es que exista la posibilidad de que el dueño del inmueble quiera vender su propiedad.

 

En este caso, ¿qué ocurre? ¿Qué derechos tiene el inquilino? ¿Puede el dueño echar al arrendatario?

 

La normativa vigente que regula este tipo de situaciones es la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos junto con su última reforma a través de la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. El primer punto con el que hay que contar es que los contratos se celebran con el fin de cumplir cada parte con sus obligaciones.

 

El contrato se firma bajo la protección y normas que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos y su posterior reforma, y por lo tanto el dueño de la vivienda tiene la obligación de cumplir con lo que el contrato dice. Además existe otra obligación con la que el arrendador debe cumplir, la de respetar lo que los artículos de la ley contienen, más concretamente lo que marcan el artículo 9 y 14.

 

Tanto el artículo 9 como el 14 están del lado del inquilino. El artículo 9 hace referencia a la duración del contrato, estipulando que existe libertad para pactar la duración, pero en caso de ser menor a 3 años, el día del vencimiento del contrato se producirá una prórroga obligatoria en plazos anuales hasta alcanzar la duración mínima de 3 años (salvo que el inquilino pronuncie su voluntad de no renovación con 30 días de antelación al vencimiento del contrato).

 

Por lo tanto, hasta que se llegue a la duración legal de 3 años, el dueño del inmueble no puede echar al inquilino con motivo de la venta de la vivienda. Otra situación bien diferente es la de que el dueño necesite la vivienda de manera permanente para sí mismo o para familiares. En este caso, no se podrán realizar las prórrogas obligatorias si ha pasado un año desde la celebración del contrato. El arrendador deberá avisar al inquilino de este hecho con dos meses de antelación a la fecha en la que sea necesitada la vivienda.

 

Por otro lado, el artículo 14, también reformado posteriormente, indica que en caso de producirse la venta del inmueble alquilado, el alquiler queda extinguido si la vivienda está inscrita en el Registro de la Propiedad, salvo que el contrato de alquiler estuviera inscrito también en el Registro de la Propiedad antes que el contrato de compraventa. En este caso el alquiler sigue en vigor y el comprador del inmueble pasa a adquirir los derechos y obligaciones del antiguo arrendador y dueño del inmueble.

 

De tal manera y atendiendo a la normativa vigente, se puede decir que el dueño de un inmueble no puede echar a su inquilino con motivo de la venta de la vivienda mientras haya un contrato en vigor e inscrito en el Registro de la Propiedad.

 

 

 

 

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MARÍA VALERO / El País

Página Web – 2014/07/09

Fuente: http://economia.elpais.com

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Los visados de inmuebles aumentan un 23% en la primera mitad del año

 

El mercado inmobiliario da síntomas de cierta reactivación tras varios ejercicios sumando descalabros. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas aumentó en Córdoba un 33,7 por ciento en mayo con respecto al mismo mes del año pasado. Concretamente, se cerraron 365 operaciones frente a las 273 correspondientes a 2013. Se da la circunstancia de que la subida experimentada en mayo es la tercera consecutiva que se registra en la provincia.

 

De continuar con esta tendencia en los próximos meses, este podría ser el primer ejercicio en el que se contabilice un aumento interanual en la adquisición de pisos y casas en Córdoba, desde el último que se produjo en 2010. Además, el aumento en la compraventa de vivienda experimentado en Córdoba es muy superior al registrado en el conjunto de Andalucía (11%) y España (5%). En el caso de las propiedades nuevas el aumento fue de cerca del 36 por ciento, hasta llegar a 114 operaciones. En este dato puede influir la caída de precios que se sigue produciendo en el mercado. Un reciente informe de Sociedad de Tasación refleja un descenso del 4,2 por ciento del valor de los inmuebles nuevos en Córdoba en el primer semestre de 2014.

 

Son las viviendas de segunda mano las que siguen despertando más interés entre los compradores. El INE señala que en mayo se llevaron a cabo 251 transacciones con esta clase de pisos y casas, casi un 33 por ciento más que un año antes. Llama la atención también el descenso del 15 por ciento en la compraventa de VPO.

 

Otro síntoma de reactivación del sector de la construcción lo representa el visado de viviendas. Según los datos facilitados por el Colegio de Arquitectos de Córdoba, entre enero y junio se supervisaron un total de 235 proyectos, un 23 por ciento más que en el primer semestre de 2013. El mayor crecimiento se produjo en el mercado de VPO, que multiplicó su actividad, al pasar de 4 a 48. En cuanto a los inmuebles libres, se mantuvieron inalterables en 187 proyectos.

 

 

 

 

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P.C. / ABC

Página Web – 2014/07/10

Fuente: http://sevilla.abc.es

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