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Las casas de segunda mano, con 127.000 transacciones en el segundo semestre de 2013, se han convertido en el principal mercado inmobiliario


La dificultad de acceder a un crédito hipotecario impulsa la tendencia de pagar el contado

 

Sólo un 30% de las viviendas que se compran actualmente llevan aparejada una hipoteca y el 70% se financia sin ella o se paga al contado, unos datos que contrastan con el 65% de las adquisiciones que se hacían con hipoteca en 2007, según un informe elaborado por la tasadora Euroval.

 

El informe señala además que los precios mínimos y máximos medios de la vivienda se mantienen, en 746 euros y 2.989 euros por metro cuadrado, respectivamente, a cierre de 2013. En este sentido, considera destacable la reducción del primero y la estabilidad de la diferencia existente entre los precios máximos y los mínimos. Así, se ha pasado de un mínimo medio de 895 euros por metro cuadrado a 746 euros, y de un máximo de 3.462 a 2.989 euros entre el primer semestre de 2010 y el segundo de 2013.

 

Con respecto a la compraventa de viviendas, Euroval subraya que en el segundo semestre de 2013 fueron un 21% superior a las del anterior, pasando de 136.000 a 164.000, pero inferiores a las de un año antes, que eran de 210.000.

 

En el segundo semestre del año pasado, de un total de 163.700 transacciones, las compras más habituales fueron las de vivienda libre, 155.000, y dentro de estas las de segunda mano, 127.000, que es hoy el mercado principal de vivienda debido al estancamiento de la promoción de vivienda.

 

El mayor número de operaciones sigue dándose en Andalucía, que representa el 19,4% del total, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 15,4%, un porcentaje similar al que se registra en Cataluña y Madrid. En estas cuatro comunidades se concentra el 64% de las transacciones de viviendas en España.

 

En la actualidad, se llevan a cabo un 30% de las tasaciones que se realizaban en 2006, el momento de más auge, con casi 1.400.000 tasaciones. En 2006 se visaron 865.000 viviendas familiares de obra nueva, y en 2013 sólo 34.000. En el primer semestre de 2014 se han visado 8.826 viviendas, el 13,4% menos que en el mismo período del año anterior.

 

Por provincias, el mayor número de viviendas iniciadas se ha registrado en Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, Coruña, Vizcaya, Sevilla, Baleares, Málaga y Navarra.

 

 

 


EFE / ABC

Página Web – 2014/07/18

Fuente: http://www.abc.es


Por cada uno de los cerca de 3,5 millones de inmuebles sin inquilino que tiene nuestro país se dejan de ingresar una media de 620 euros mensuales, según un estudio de pisos.com

 

La crisis inmobiliaria en España ha dejado su rastro en forma de viviendas vacías repartidas por toda la geografía. Desde 2004 el número de inmuebles sin inquilino en nuestro país ha aumentado un 10,8%, hasta los 3,5 millones, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Alquilar estas viviendas supondría 25.618 millones de euros anuales, ya que por cada una de ellas se deja de ingresar una media de 620 euros mensuales (7.440 euros al año), según un estudio del portal inmobiliario www.pisos.com.

 

La situación varía según la zona. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son las autonomías donde se encuentra el mayor número de viviendas vacías y casualmente en dos de ellas, Madrid y Baleares, es donde el precio del alquiler es más elevado y se conseguiría más rentabilidad (ver tabla adjunta).

 

CC.AA. Nº viviendas vacías % respecto al total de viviendas Renta alquiler (€/mes) Ingresos por vivienda (€/año) Ingresos por el total de viviendas (€/año)
Andalucía 637221 14,60% 559,00 € 6.708,00 € 4.274.478.468,00 €
Aragón 100337 12,90% 488,00 € 5.856,00 € 587.573.472,00 €
Asturias 82857 13,50% 502,00 € 6.024,00 € 499.130.568,00 €
Baleares 71255 12,10% 782,00 € 9.384,00 € 668.656.920,00 €
Canarias 138262 13,30% 544,00 € 6.528,00 € 902.574.336,00 €
Cantabria 47059 13,10% 558,00 € 6.696,00 € 315.107.064,00 €
Castilla y León 258451 15,00% 477,00 € 5.724,00 € 1.479.373.524,00 €
Castilla - La Mancha 202657 16,30% 445,00 € 5.340,00 € 1.082.188.380,00 €
Cataluña 448356 11,60% 662,00 € 7.944,00 € 3.561.740.064,00 €
Comunidad Valenciana 505029 16,00% 593,00 € 7.116,00 € 3.593.786.364,00 €
Extremadura 105173 16,20% 400,00 € 4.800,00 € 504.830.400,00 €
Galicia 299396 18,60% 494,00 € 5.928,00 € 1.774.819.488,00 €
La Rioja 35745 18,00% 503,00 € 6.036,00 € 215.756.820,00 €
Madrid 263279 9,10% 1.031,00 € 12.372,00 € 3.257.287.788,00 €
Murcia 129117 16,60% 487,00 € 5.844,00 € 754.559.748,00 €
Navarra 35466 11,50% 583,00 € 6.996,00 € 248.120.136,00 €
País Vasco 81003 8,00% 886,00 € 10.632,00 € 861.223.896,00 €
TOTAL 3443365 13,70% 620,00 € 7.440,00 € 25.618.635.600,00 €

 

Los propietarios de viviendas vacías en Madrid son los que más pierden por no arrendar sus inmuebles sin inquilinos, hasta 12.372 euros anuales de media por cada uno de ellos, seguidos de los vascos (10.632 euros) y los baleares (9.384 euros). Teniendo en cuenta el número de viviendas vacías, Andalucía es la autonomía que está dejando de ganar más dinero, seguida de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, todas por encima de los 3.000 millones de euros.

 

Estas viviendas esperan un comprador o simplemente están fuera del mercado. «No sacar partido a una vivienda en la que no se reside es un mal negocio», sostiene Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com. Según el responsable del portal, una parte importante de las transacciones realizadas en pleno «boom» «se realizaron con el objetivo de vender de nuevo rápidamente y obtener una plusvalía, pero el deterioro de la financiación y del empleo truncó las expectativas de muchos pequeños inversores».

 

Para Alemany, la solución más efectiva está en el alquiler: «No tiene sentido dejar inactivo un parque de viviendas que cada año cuesta más mantener», indica el experto. Ante la reticencia de los propietarios, el portavoz de pisos.com señala que «existen herramientas que permiten alquilar con garantías, proporcionando seguridad ante posibles impagos o destrozos en la vivienda». Así, los rendimientos por alquiler compensarían gastos como la comunidad, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la hipoteca, aportando ganancias extra.

 

 

 


IGNACIO GIL / ABC

Página Web – 2014/07/18

Fuente: http://www.abc.es


Se ha de aplicar una política capaz de sumar voluntades colectivas y afrontar las necesidades desde múltiples frentes

 

El problema de la vivienda es cada vez más acuciante en Barcelona y en él confluyen muchos factores en un contexto en el que el actual Ayuntamiento ha seguido desacelerando la producción de vivienda social. La situación es compleja. Por una parte, hay miles de pisos vacíos e infrautilizados (unos 80.000 según la estimación de la CUP), de particulares, inmobiliarias y entidades bancarias. Y por otra, crece la presión por el aumento de los pisos turísticos, que expulsan vecindario y desertizan la vida de los barrios. Todo ello en una Barcelona donde se siguen acumulando procesos de desahucio y en la que se incrementan la exclusión y las desigualdades entre clases sociales y entre barrios.

 

Es cierto que se está haciendo alguna cosa, como el realojo de una pequeña parte de los casos de personas más vulnerables, recurriendo a la bolsa existente de pisos municipales. Y es muy positiva la aportación, aunque sea testimonial, herencia del modelo Barcelona, de la veintena de operaciones de vivienda dotacional para gente mayor y para jóvenes, que hasta hoy se siguen terminando y adjudicando, y que se han convertido en buenos focos de convivencia: desde las viviendas asistidas sobre el Mercat de Santa Caterina (2005) de EMBT (Enric Miralles/Benedetta Tagliabue), hasta la Torre Júlia en Via Favència (2013) de Sergi Pons, Ricard Galiana y Pau Vidal, pasando por el conjunto de viviendas para gente mayor y para jóvenes en el Poblenou (2009) de Sara Bartomeus y Anna Renau, o las tuteladas para la tercera edad en Can Travi (2009) de Sergi Serrat, Ginés Egea y Cristina García. Una auténtica aportación barcelonesa: calidad arquitectónica, vivienda social bien situada en el contexto, con un alto estándar de equipamientos, todo ello gestionado por el PMHB (Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona). En este proceso se ha decidido consolidar las viviendas dotacionales para gente mayor y se ha renunciado a hacer más pisos para jóvenes.

 

Además, el PMHB ha iniciado nuevos experimentos, en cuanto a la gestión y tenencia, como el "derecho de superficie", viviendas de protección oficial que se venden por 60 o 75 años; o como la "cesión en uso de suelo urbano" para cooperativas gestionadas por Sostre Cívic, la FAVB (Federació d' Associacions de Veïns y Veïnes de Barcelona) o la Cooperativa La Borda en Can Batlló. Pero si estas cesiones de uso en proceso tendrían que ser decenas, se están gestionando demasiado lentamente y no llegan a la media docena.

 

En pocos años las condiciones han cambiado: la capacidad social para reivindicar y defender los derechos, para autoorganizarse y cooperar, ha aumentando notablemente en todos los campos, especialmente en el de la defensa del incumplido derecho a la vivienda, desde V de vivienda hasta la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas); todo un renacer de los movimientos sociales urbanos de los años setenta.

 

Para ello no hay una solución única, sino que se han de sumar voluntades colectivas y afrontar el problema desde múltiples frentes: viviendas para sectores en exclusión, como las que gestionan Cáritas, Arrels o Suara Cooperativa, que, se dice, podrán contar con ayudas procedentes de los beneficios que el Ayuntamiento obtenga por la concesión a la iniciativa privada de los aparcamientos municipales; muchas más vivienda de alquiler social y precio garantizado, en un país que ha sobrepasado en mucho los porcentajes de propiedad del resto de Europa, como resultado de la inseguridad y los abusos de las leyes de alquiler; unos planes de rehabilitación bien dotados económica y técnicamente; la invención y experimentación de diversos tipos de tenencia, ni compra ni alquiler, promocionando el co-housing; los hoteles sociales, como en Turín; o aclimatando modelos cooperativistas, como el Andel de los países escandinavos, o el uruguayo de cooperativas por ayuda mutua.

 

Aunque dispongamos de una base legal digna —la Ley de la Vivienda en Cataluña— su incumplimiento y mutilación por el actual Gobierno de la Generalitat hacen el problema tan acuciante que el actual Ayuntamiento debería afrontarlo con medidas de urgencia en los meses que le quedan de mandato. Y, sin duda, este debería ser el eje de toda propuesta y candidatura para las próximas elecciones municipales que sitúe las cuestiones sociales y urbanas como prioritarias.

 

Sobre la experiencia del Patronat Municipal de l'Habitatge, ICV-EUiA puede aportar mucho, pasando por el tamiz de la revisión y autocrítica, que está iniciando, sobre su etapa anterior de complicidad con la decadencia del modelo de ciudad. Y la confluencia que promueve Guanyem Barcelona se sitúa en una posición avanzada, al heredar la experiencia, el conocimiento y las alternativas sobre la situación real de las viviendas y de las personas en los cinco años de lucha de la PAH, que ahora encabeza la propuesta de una ILP catalana contra los desahucios y la pobreza energética.

 

 

 

 


JOSEP MARIA MONTANER / El País

Página Web – 2014/07/16

Fuente: http://ccaa.elpais.com


63 de las 103 viviendas llevan año y medio desalojadas por los movimientos de tierra de una ladera

 

Después de numerosos estudios y 25 millones de euros invertidos en el reforzamiento de la ladera derecha del pantano de Yesa, entre Navarra y Aragón, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha optado por expropiar dos urbanizaciones situadas en dicha ladera.

 

Esta medida afectará a 103 viviendas, la mayoría segundas viviendas, de las que 63 ya estaban desalojadas por los movimientos de tierra que se venían dando desde febrero de 2013 y que ponía en peligro la estabilidad de dichas viviendas. De hecho, fueron numerosas las grietas y desperfectos que en este tiempo han aparecido en los edificios y en las calles de las urbanizaciones.

 

A finales de 2012 se activó el Plan de Emergencia del embalse y se procedió a iniciar obras correctoras de emergencia. A primeros de febrero de 2013 se produjo un fuerte movimiento de tierra y se desalojaron buena parte de estas dos urbanizaciones. En julio de ese año se procedió a una segunda fase de las obras correctoras. En total, las distintas administraciones implicadas han tenido que hacer un desembolso de 25 millones de euros.

 

Estas obras dieron su resultado y desde el 30 de marzo «el movimiento global de la ladera de la margen derecha de la presa es imperceptible», según aseguró la Confederación Hidrográfica del Ebro el pasado 13 de junio.

 

Después de la decisión de expropiar las urbanizaciones, el Ministerio tendrá que redactar un modificado del proyecto que incluya el espacio que ocupan las urbanizaciones. Tal y como recuerda el Ministerio, posteriormente esta modificación «tendrá que pasar por el pertinente periodo de información pública antes de su aprobación». Y será en ese momento cuando se inicien los trámites de expropiación. La indemnización se calculará mediante el «justiprecio», anuncia.

 

La decisión del Ministerio ha causado sorpresa entre los afectados. En declaraciones a TVE, un vecino se quejaba de que tomaran esta decisión después de año y medio de obras. «Si nos hubieran advertido de que existía esta posibilidad, nos podíamos haber ido haciendo a la idea», aseguraba el vecino.

 

La sorpresa y preocupación es más evidente entre los vecinos que tenían estas casas como primera vivienda. De las 63 viviendas que llevan desalojadas desde febrero de 2013, nueve de ellas estaban habitadas permanentemente. Estos vecinos han sido realojados en casas del pueblo de Yesa, donde la Confederación Hidrográfica del Ebro se ha hecho cargo del alojamiento.

 

Protesta

 

Desde el comienzo del proyecto, hace décadas, numerosos grupos ecologistas y vecinales de la zona se opusieron al crecimiento del pantano de Yesa. Han sido numerosas las protestas y manifestaciones contrarias, aunque también está apoyado por las localidades que se verán beneficiadas por el incremento del regadío.

 

El pantano de Yesa cuenta en la actualidad con una capacidad de 446 hectómetros cúbicos y tras la finalización de las obras, ésta se triplicará hasta los 1525.

 

Las obras se iniciaron en 2001, aunque se han producido numerosos problemas. Primero en la ladera izquierda y en los últimos años en la derecha.

 

No obstante, el Ministerio asegura que «ha cumplido, en todo momento, con su responsabilidad a la hora de garantizar la seguridad en la zona de Yesa, aplicando la normativa vigente en materia de presas y siguiendo criterios técnicos en la ejecución y supervisión de las actuaciones».

 

 

 


PABLO OJER / ABC

Página Web – 2014/07/17

Fuente: http://www.abc.es


Los socialistas crititcan que son «viviendas públicas construidas en suelo público» con una utilidad social y que se vendieron para solventar la situación de deuda de la empresa municipal


El PSOE denunciará al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) como responsables de un presunto delito de malversación de fondos públicos y de sustracción de cosas a su utilidad social por la venta de 1.860 viviendas de la sociedad municipal a un fondo buitre. Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, al sostener que está operación supone una «ilegalidad» y tiene que ser parada por «injusta».

 

Lissavetzky ha explicado que la denuncia se presentará previsiblemente este martes en un juzgado de instrucción y se basa en la posible comisión de estos dos delitos tipificados en el Código Penal, pues la enajenación de realizó sobre precios «muy inferiores» al valor que tienen en el mercado y por la venta de bienes con función social –fundamentalmente alquiler social– para que un ente privado haga «negocio» con estas viviendas a costa de los inquilinos.

 

Lissavetzky ha apuntado que el Ayuntamiento y la EMVS habrían incurrido en un presunto delito de malversación de caudales públicos al vender unos inmuebles, que se construyeron con el erario público, con precios que oscilan entre 65.000 y 70.000 euros, lo que supondría una pérdida del 30 por ciento sobre el valor que tendría los pisos.

 

Aparte, ha relatado que son «viviendas públicas construidas también en suelo público» con una utilidad social y que, para solventar la situación de deuda de la empresa municipal, salen a la venta. Ello implicaría un delito de sustracción de cosas a su utilidad social (artículo 289 del Código Penal). Además, en su denuncia van a reclamar al juzgado la suspensión cautelar de los efectos de la venta.

 

«Frenesí vendedor de Botella»

 

Lissavetzky ha apuntado que el Plan de Viabilidad diseñado para la EMVS se enmarca en el «frenesí vendedor» de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para saldar «las cuentas» con los bancos, algo que le «interesa mucho más que los ciudadanos». Aparte, ha apuntado que ha tratado de parar la operación en el consejo de administración de la EMVS y en comisión municipal por «injusta e ilegal» y que, ante la negativa del Ayuntamiento, han tenido que recurrir a la vía judicial.

 

Por su parte, el letrado del grupo municipal socialista, José María Benítez de Lugo, ha explicado que la fórmula que han elegido es la denuncia ante el juzgado para que sea éste órgano, en la fase de instrucción si admite la denuncia, el que determine concretamente las personas presuntamente responsable de la comisión de ambos delitos.

 

También ha avanzado que la Asociación de Afectados por la Venta de Vivienda Pública de la EMVS estudia también interponer una querella contra el proceso y ha recordado que el tipo de sustracción de cosas a su utilidad social no es muy frecuente pero que existe una sentencia del Tribunal Supremo al respecto que precisamente se ciñe en la función social del alquiler.

 

«Acoso» a los inquilinos

 

Mientras, el edil socialista Gabriel Calles ha dicho que Botella «mintió» cuando dijo que con la entrada de un fondo de inversión «sólo cambiaba el casero» y ha aseverado que dicho fondo practica la «usura», desplegando además «acoso» e incluso «amenazas» a los inquilinos para imponerles nuevas condiciones.

 

La portavoz de la asociación de afectados, Arancha Mejías, ha aseverado que tienen constancia de que la empresa que gestiona los pisos, Fidere, les va a subir el alquiler y les triplicará el coste de la comunidad. También ha aseverado que se producen lanzamientos «sin que el Ayuntamiento haga nada».

 

Por otra parte, Lissavetzky ha criticado que Botella y el exalcalde Alberto Ruíz Gallardón hayan utilizado la EMVS para «centrifugar deuda» y que ahora, para solventar la difícil situación que atraviesa la empresa, se tengan que desprenderse de bienes que hacen una función social.

 

Lissavetzky ha tildado la operación de «locura» y ha comentado que hay sospechas de irregularidades en el proceso, puesto que la gestión la lleva una empresa con un capital de 3.002 euros cuando a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), expertas en este tipo de gestión, se les exige al menos 5 millones de euros de capital.

 

«La única manera de que salgan las desvergüenzas a la luz es así» ha espetado el portavoz socialista para quien el Ayuntamiento, con esta operación, puede «echar a la calle» a inquilinos que llevan muchos años en estas viviendas.

 

 

 

 


S.L. / ABC

Página Web – 2014/07/15

Fuente: http://www.abc.es