• Supondrá un coste anual de entre 60 y 80 millones de euros, lo que obliga a hacer 'ajustes'

• El Parlamento ha aprobado esta mañana la norma con los votos del PSE, Bildu y UPyD

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, competente también en materia de Vivienda, Ángel Toña, ha señalado que la aplicación de la nueva Ley de Vivienda, que reconoce como "derecho" el acceso a un piso protegido en alquiler o a una prestación sustitutoria a quienes acrediten necesidad, supondrá un coste anual de entre 60 y 80 millones de euros, lo que obligará a hacer "ajustes presupuestarios" en otras áreas.

El Parlamento ha aprobado esta mañana una norma impulsada por el PSE-EE y secundada por EH Bildu y PSE-EE que también plantea un canon para la vivienda vacía, limitar las VPO al alquiler o expropiar temporalmente a la banca los pisos que pasen a su propiedad por un desahucio, aunque de manera más matizada que cuando lo propuso Andalucía. La ley ha contado con el rechazo frontal del PP y del PNV, el partido del Gobierno.

Toña no ha dejado lugar a la duda y ha dicho que, pese al voto contrario, el Gobierno "hace suya" la nueva normativa de Vivienda. Adoptará para su aplicación, ha dicho, "todas las medidas que sean necesarias" con "lealtad" al pronunciamiento mayoritario del Parlamento.

Sobre su impacto económico, eso sí, ha dicho que "el actual presupuesto ciertamente no es suficiente para afrontar los nuevos retos". Ha hablado de partidas "adicionales" de entre "60 y 80 millones de euros" frente a una inversión actual de unos 100 millones en Vivienda. "Y obviamente, salvo que nuestros impuestos crezcan, habrá que hacer ajustes presupuestarios", ha apuntado el consejero Toña.

 

 

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IKER RIOJA ANDUEZA / El Mundo
Página Web – 2015/06/18
Fuente: http://www.elmundo.es

 

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Las casas deshabitadas y ya usadas deberán inscribirse en cuatro meses como máximo

Galicia contará antes de que termine el año con un censo de viviendas vacías. Con él, los bancos y sus inmobiliarias o las sociedades dependientes de ellas como el Sareb pasarán a estar obligados a registrar las propiedades que tengan y se encuentren sin habitar en los municipios de más de 10.000 habitantes. El nuevo decreto al respecto presentado ayer por la Xunta afecta a las casas de entidades de crédito, de gestión de activos y a las procedentes de la reestructuración bancaria.

Este listado se podrá completar de forma voluntaria con los inmuebles de cualquier propietario anónimo, que los podrá inscribir con independencia del número de habitantes del concello en el que se encuentren.

«Queremos seguir dando respuestas que nos permitan garantizar el derecho constitucional a una vivienda», señaló este miércoles la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Ethel Vázquez, al detallar el alcance del anteproyecto de decreto que regulará el Censo de Viviendas Vacías de Galicia, un borrador abierto ahora a las sugerencias antes de ser aprobado en el último trimestre.

El mecanismo para anotar las viviendas es sencillo: los dueños deberán comunicarlo a través de una plataforma informática. En ella tendrán que reseñar datos como el titular de la vivienda, dirección, superficie, fecha de la última ocupación (si lo estuvo), fecha de licencia de primera ocupación, certificado de eficiencia energética y cualquier apunte adicional que se considere de interés. Será obligatorio no solo este registro inicial, sino también mantenerlo actualizado ante cualquier posible cambio. Si las casas son de protección oficial y han sido inscritas de manera voluntaria, habrá de incluirse información sobre la certificación de la promoción.

Cada inmueble tendrá un plazo máximo para ser añadido al censo. Las viviendas de nueva construcción deberán hacerlo en seis meses desde la emisión de la licencia de primera ocupación. El periodo se reduce a cuatro meses para viviendas usadas que hayan quedado vacías. Cuando el registro sea voluntario, no habrá tiempo límite. Se podrá hacer siempre. Una vez que el censo entre en vigor, habrá cuatro meses para unirse a él.

«Ni una familia en riesgo»

El objetivo, según expuso la conselleira Vázquez, es facilitar datos fiables en este ámbito que permita una planificación social de la política de vivienda en planes futuros. El decreto tendrá una disposición adicional que permita, si se considera necesario, que la obligatoriedad se extienda también a ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes. «No podemos darnos por satisfechos mientras una sola familia esté en riesgo de perder su hogar», reflexionó al respecto Vázquez.

Este censo se suma a otras medidas en la misma dirección, como el acuerdo alcanzado con Abanca la semana pasada por las que esta entidad financiera cederá viviendas vacías a los afectados por los desahucios. Este verano, además, se activará el «Bono Alugueiro» como apoyo urgente a quienes necesitan ayuda para asumir pagos.

 

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A. COCO / ABC
Página Web – 2015/06/18
Fuente: http://www.abc.es

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Sareb cederá 50 viviendas en los municipios con mayor demanda de alquiler social. El convenio será firmado formalmente tras la constitución del nuevo Ejecutivo regional

El Gobierno de Canarias ha alcanzado un principio de acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para la cesión de vivienda destinada a alquiler asequible.

El Ejecutivo regional informa en un comunicado que, según el acuerdo, impulsado por la empresa pública Visocán, Sareb cederá 50 viviendas en los municipios con mayor demanda de alquiler social, mientras que el convenio será firmado formalmente tras la constitución del nuevo ejecutivo regional.

Asimismo, el Convenio contempla que durante un periodo de tiempo determinado, el Gobierno Canario pueda destinar las viviendas de Sareb a familias con necesidades, con una mensualidad que nunca podrá exceder el 30% de sus ingresos.

Este acuerdo se enmarca en la Estrategia para hacer frente a la Pobreza y Exclusión Social al igual que la modificación de la ley de Vivienda, aprobada por el Parlamento canario para evitar el lanzamiento de familias en exclusión.

Por su parte, la cesión será por cuatro años y el Gobierno abonará al Sareb por las viviendas una cantidad que permitirá a esta compañía hacer frente a una parte del coste de mantenimiento que generan las viviendas, fundamentalmente gastos de comunidad e impuestos.

 

 

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EUROPA PRESS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / El Diario
Página Web – 2015/06/17
Fuente: http://www.eldiario.es

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Los madrileños tienen un amplio patrimonio público de pisos para quien más lo necesite. A las familias afectadas por impago siempre se les ha ofrecido recursos

Estaría siendo injusta si tras finalizar mi labor al frente de este Ayuntamiento, no plasmara mi inmenso agradecimiento a los madrileños por su solidaridad. Gracias a ellos, Madrid puede presumir de ser líder en políticas sociales. La primera en aplicar medidas innovadoras para reducir la exclusión a través de la vivienda.

Los madrileños cuentan con un amplio patrimonio público de viviendas a disposición de quienes más lo necesitan. Ha sido durante estos años de crisis cuando ha habido que aplicar medidas de urgencia para que muchas de las familias que atravesaban dificultades, no las viesen agravadas por la pérdida de su vivienda.

Es el origen de la Red de Vivienda Solidaria, viviendas con un coste muy reducido para que las familias con problemas puedan estabilizarse y mejorar su situación socioeconómica sin tener que preocuparse de la vivienda. Se ayuda a estas familias en la búsqueda de empleo, en la organización familiar y en todos aquellos aspectos que se estaban deteriorando como consecuencia de la pérdida del trabajo y del hogar.

Han pasado dos años de trabajo, tanto de los servicios sociales municipales como de las Entidades Sin Ánimo de Lucro que se han sumado a este programa, y con más de 400 pisos asignados, se empiezan a cosechar los frutos, ya que las familias van logrando mejorar su situación y dar el salto a otra vivienda dejando este recurso de emergencia para otros.

Este programa ha sido calificado como Buena Práctica Internacional en el X Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas, en Dubái en 2014.

Tener la vivienda garantizada ayuda a las familias a destinar sus recursos y sus esfuerzos a otros aspectos necesarios para su mantenimiento. Por eso, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, EMVS, les ha facilitado tanto el acceso a una vivienda como el pago de cantidades ajustadas a sus ingresos.

Fruto de esta política se han firmado 894 planes de pago. 894 familias que no podían pagar el alquiler de su vivienda protegida, y que han encontrado la solidaridad necesaria para poder ajustar el alquiler y la deuda acumulada a sus ingresos e ir pagando la vivienda sin riesgo de ser desahuciados.

Algunas voces se han levantado injustamente contra este Consistorio haciendo creer que se llevan a cabo desahucios por impago. El Ayuntamiento de Madrid, no me cansaré de repetirlo, no desahucia por motivos económicos, únicamente por ocupación ilegal y conflictividad vecinal. Prueba de ello es que, incluso a aquellas personas que se han visto envueltas en un proceso de desahucio por impago de la hipoteca a entidades bancarias o incluso a prestamistas, siempre se les ha ofrecido un recurso para resolver su situación. Es algo de lo que podemos estar orgullosos. Madrid siempre responde.

Respuestas para todos, viviendas para todos. A través de la EMVS se ha facilitado el acceso a una vivienda en alquiler a los jóvenes, a las familias con menos recursos. Para ello, incluso se llevó a cabo una modificación del reglamento de adjudicación de vivienda para despenalizar la renuncia -consistente en impedir que pudiera solicitar vivienda protegida durante cinco años- cuando por desempleo o imposibilidad de acceder al crédito, renunciaba a la vivienda protegida que se le asignaba.

No es la única medida dirigida a facilitar una vivienda. En la actualidad, más de del 60% de las viviendas de la EMVS están destinadas a actuaciones con un marcado carácter social. Además, con el objetivo de que ninguna familia tenga que destinar más de un 30% de sus ingresos mensuales al abono de la misma, o el 20% en caso de que sus ingresos no superen una vez el IPREM, se ha revisado el contrato de más de mil familias, que ahora pagan una renta adecuada a sus ingresos. Son políticas sociales aplicadas directamente en beneficio de quienes más lo necesitan. Gracias de nuevo a los madrileños que mantienen estas viviendas.

A esta gestión se suma la del exitoso Servicio Municipal de Alquiler. Una oficina que ha cumplido diez años y que incentiva y garantiza el alquiler entre privados. Gestiona con éxito 22.000 viviendas, en las que se alojan 54.500 ciudadanos, y a día de hoy es la única que presta este tipo de servicio de forma gratuita.

Políticas de rehabilitación

En esta fotografía de la vivienda, Madrid sale muy bien retratada. Son un ejemplo sus viviendas innovadoras y sostenibles, reconocidas con los más prestigiosos premios y visitadas por numerosas delegaciones de otras ciudades y países, que quieren aprender de nosotros. Que comprueban cómo las políticas de rehabilitación que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid no son comparables con las de ningún otro municipio en España. Estas políticas han permitido que, desde 2003 hasta ahora, el Ayuntamiento haya destinado 96 millones de euros para un total de cerca de 100.000 actuaciones de rehabilitación en la ciudad de Madrid.

Para continuar con este trabajo, en 2014 se ha creado el Servicio de Ahorro Energético y Rehabilitación, SAER, un punto de asesoramiento y acompañamiento al ciudadano en el campo del ahorro energético y la rehabilitación. El resultado, una ciudad comprometida socialmente, innovadora, sostenible y donde todos tienen un sitio. Canta Sabina, Medalla de Oro de Madrid, que «aquí ya no queda sitio para nadie». Y no lo puedo compartir porque, perdonen la insistencia, la solidaridad y generosidad de los madrileños sostiene y mantiene un sistema que promueve la igualdad de oportunidades y reparte los recursos entre quienes más lo necesitan. Gracias, Madrid.

 

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ANA BOTELLA / ABC
Página Web – 2015/06/17
Fuente: http://www.abc.es

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