La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) rechaza "cualquier tipo de agresión o acto vandálico que restrinja la operación logística de los sectores económicos".

El gremio de los constructores se unió a las voces que piden el cese de la protesta por parte de los camioneros y la pronta salida negociada de las diferencias entre estos y el Gobierno Nacional.

A través de un comunicado, Sandra Forero Ramírez, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), afirmó su apoyo a la búsqueda de una solución que garantice una política en materia de transporte de carga sostenible en el tiempo. (Lea: Con estas medidas el Gobierno intenta enfrentar el largo paro camionero)

“Camacol respalda el compromiso del Gobierno en la búsqueda de acuerdos que protejan y beneficien a todos los colombianos. El gremio confía en que se llegue pronto a consensos frente a los temas que han originado la huelga y que el funcionamiento de los sectores productivos y la economía regrese a la normalidad”, indica Forero en el comunicado.

Específicamente en este sector, el paro camionero está afectando la construcción de proyectos por la escasez de insumos en las regiones y los centros urbanos y, según cifras de la misma organización, la huelga ha tenido un impacto indirecto en la construcción de más de 180.000 mil viviendas y 5 millones de metros cuadrado de actividad no residencial. (Lea: Construcción de viviendas, afectada por el paro camionero)

“El impacto es generalizado en todas las regiones y la mayoría de sectores productivos, afectando la operación de las empresas, poniendo en riesgo empleo y a la población civil”, señaló Forero hace unos días.

En ese mismo sentido, la ejecutiva pidió que se respete el derecho al trabajo de los transportadores que no se han unido a la protesta y que, por el contrario, siguen operando por las vías del país. “Rechazamos cualquier tipo de agresión o acto vandálico que restrinja la operación logística de los sectores económicos”, señala.

El paro camionero cumple más de un mes, aún sin señales de acuerdo entre las dos partes, que ha generado traumas en diferentes sectores de la economía y ha motivado un incremento en el precio de algunos alimentos en las centrales de abasto. En la mañana de este lunes se retomaron las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el gremio transportador.

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Redacción Economía y Negocios /   El Espectador
Página Web - 2016/07/11
Fuente: http://www.elespectador.com

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Con la presencia del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, se realiza hoy el acto de entrega de 100 viviendas en el municipio de Amalfi, Nordeste de Antioquia, y se suscriben seis convenios con 5 alcaldes de igual número de localidades.

Primero, a las 2:00 p.m., el Vicepresidente arribará a Amalfi, donde entregará 100 viviendas gratis de la Urbanización Sol Naciente, a madres cabeza de hogar y familias en extrema pobreza, que harán realidad el sueño de tener su casa propia.

La construcción del complejo habitacional arrancó en julio de 2014 con una inversión inicial de 3.323 millones de pesos, con apoyo del Gobierno Nacional, la Gobernación, la Alcaldía local y la comunidad beneficiada.

La unidad Sol Naciente, situada en el sector de Pueblo Nuevo, la componen cinco bloques con 20 apartamentos cada uno.

Las viviendas disponen de 2 habitaciones, espacio de sala comedor que puede ser acondicionado para otra habitación, cocina, todos los servicios públicos, incluido el gas, y obras de urbanismo.

Cumplida la entrega de las viviendas en Amalfi, Vargas Lleras presidirá en Medellín la firma de convenios de vivienda gratuita fase dos.

Se trata de cinco acuerdos que suscribirá con los alcaldes de los municipios de Arboletes, El Bagre, Puerto Nare, San Luis y Zaragoza, quienes, a su turno, se comprometen a sacar adelante la construcción de 940 viviendas gratuitas de fase II.

El acto se llevará a cabo en el auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), a las 4:00 p.m., y en el mismo se espera la presencia de la ministra de Vivienda, Elsa Noguera; del gobernador, Luis Pérez Gutiérrez; y del gerente de la Empresa Vivienda de Antioquia (Viva), Guillermo Palacio.

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Carlos Mario Gómez /  El Colombiano
Página Web - 2016/07/12
Fuente: http://www.elcolombiano.com

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La alcaldía informó que estos hechos se estaban haciendo en nombre del Instituto Social de Hábitat y Vivienda desde agosto del año anterior.

La Alcaldía de Medellín denunció que en nombre del Instituto Social de Hábitat y Vivienda (Isvimed) se estaban haciendo estafas. El hecho se conoció luego de que varios ciudadanos instaurarán acusaciones en las que aseguraron que les cobraron dinero por la inscripción y los registros para acceder al proyecto de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA).

Según la entidad, esta situación se venía presentando desde agosto de 2015, cuando a un grupo de personas le ofrecieron la oportunidad  de tener vivienda propia en un programa que supuestamente era del VIPA. Muchas de estas personas eran desplazadas o víctimas de la violencia.

El ente explicó que “a manera de comprobante, en septiembre del mismo año recibieron un documento con logotipos del Isvimed adulterados y la firma falsificada del anterior director del Instituto, Iván Darío Sánchez Hoyos”.

El Isvimed afirmó que en el comprobante de pago a los ciudadanos les informaban que estaban siendo beneficiados con una vivienda de interés social  por ser víctimas de la violencia, pero esto no los excluía del pago de seguros, tramites notariales y otros.

En enero de este año les pidieron cancelar más de $2.400.000 para pagar los gastos de registro e inscripción. El depósito debían hacerlo en una cuenta del banco BBVA a nombre de unos de los representantes del proyecto de vivienda. Luego de cancelar les entregaron un comprobante con los logotipos de la secretaría.

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Redacción Nacional / El Espectador
Página Web - 2016/07/08
Fuente: http://www.elespectador.com

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El debate sobre el riesgo de construir a la orilla del río se opaca por discusiones políticas. Constructoras beneficiadas son socias de una empresa que financió al alcalde Peñalosa.

Lo que debería ser un debate técnico sobre el riesgo de construir a orillas del río Bogotá, se ha convertido en la reactivación de la batalla entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el exalcalde Gustavo Petro (ambos con aspiraciones presidenciales). La lucha ahora se libra alrededor del proyecto de vivienda Campo Verde, en Bosa. Al final, las beneficiadas son dos constructoras socias de una empresa que financió la campaña del alcalde Enrique Peñalosa.

El proyecto, que contempla la construcción de 6.200 viviendas para los más pobres, se levantará en un terreno que el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (Idiger) consideró hasta el año pasado zona de alto riesgo de inundación. Con el cambio de alcalde, y luego de las obras de adecuación hidráulica que hizo en el río la CAR, ese concepto cambió. El Idiger, con nuevo jefe, dice que ese riesgo ya no existe.

Desde que Peñalosa, junto con el vicepresidente y la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, anunció la reactivación del proyecto, las críticas no han parado, sobre todo de exfuncionarios de la administración Petro. El primero fue el exdirector del Idiger Javier Pava, quien asegura que el riesgo de inundación persiste. Luego fue Petro, que a través de un video cuestionó a Peñalosa y a Vargas Lleras por llevar a una zona de riesgo a víctimas de la violencia, y señaló que la decisión del “alcalde de Camacol y de Vargas Lleras” sólo beneficia a los constructores.

Ante los señalamientos, la nación salió a responder. La ministra calificó cualquier crítica al proyecto Campo Verde como un acto de politiquería. “El exalcalde se contradice. En su modificación al POT (que suspendió el Consejo de Estado) declaró la zona como de riesgo medio y hoy siembra pánico diciendo que el terreno es inundable”.

Pero fue más allá. Noguera reveló que el exmandatario vendió la participación del Distrito en el proyecto por $27.410 millones a las constructoras Bolívar y Marval, y acordó que el suelo tenía condiciones desarrollables. La ministra aclaró que el Minvivienda no elige proyectos que incumplan las evaluaciones técnicas, y Campo Verde no es la excepción. “Confiamos en la intervención que hizo la CAR sobre el río Bogotá, con la ampliación de cauce y la elevación de jarillones. Las obras cubren el área de influencia de Campo Verde y las familias pueden estar tranquilas”.

Vale recordar que las constructoras Marval y Bolívar, que le compraron la participación en Campo Verde al Distrito y hoy se ven beneficiadas con la decisión de destrabar el proyecto, son socias de la empresa Dónde Adquirir Vivienda, que financió con $200 millones la campaña de Peñalosa.

Ante el pronunciamiento de la ministra, Javier Pava, exdirector del Idiger, recordó que, si bien en el suspendido POT de Petro se declaró la zona como de riesgo medio, se trataba de un plano a gran escala. Agregó que a Noguera le faltó decir que existe un plano de detalle en un concepto de 2013, en el que se identifica la zona en riesgo de inundación.

Insiste en que, aunque las obras de la CAR mitigan el desbordamiento del río, ese no es el único riesgo. Están el drenaje de El Tintal, el canal Cundinamarca, el río Tunjuelo y la evacuación de aguas de la estación Gilbraltar. “Todo eso lo evaluamos en el concepto que declaró la zona de alto riesgo. Incluso, las inundaciones de 2011 no fueron por desbordamiento, sino por el colapso de los drenajes de la ciudad, que afectaron el canal Cundinamarca. Nada de eso está resuelto”.

Sobre la venta de la participación del Distrito, Pava explicó que, luego de que el Tribunal de Cundinamarca prohibió obras en esa zona, los constructores se interesaron en comprarle al Distrito. “La administración no iba a ir en contra de su propio concepto ni el de la ley. Fue cuando los constructores ofrecieron comprar. Es claro que lo hacen porque sólo tenían que esperar el cambio de administración y buscar que el nuevo gobierno les habilitara el suelo, como ya ocurrió”, concluyó.

En medio de la disputa política, que ha opacado la discusión técnica, queda esperar a que el nuevo concepto que minimiza el riesgo en la zona sea acertado, por el bien de los que llegarán a ese sector a cumplir su sueño de tener vivienda.

“Ministra de Vivienda miente”: Petro

Ante la crítica de la ministra de Vivienda, Petro respondió de manera categórica: “la funcionaria no está diciendo la verdad”.  El exalcalde se refiere puntualmente a lo que dijo la jefa de la cartera, quien expresó su extrañeza de que el exmandatario hoy critique la ubicación del proyecto y diga que es zona de riesgo, cuando él mismo, en su modificación del POT (que está suspendida por el Consejo de Estado), la había declarado como de riesgo medio. 

Según el exmandatario indicó que su modificación del POT consideró el suelo de Campo Verde como suelo de protección no urbanizable. “Lo hicimos por el riesgo de inundación y así quedó por escrito en el mapa de suelos de protección, que la ministra no presentó. La zona de campo Verde, excepto lo que construimos, es zona de protección por riesgo”.

Sobre el capítulo de la venta de la participación del Distrito (en cabeza de Metrovivienda) en el proyecto, Petro indicó que se tomó la decisión de sacar a la administración de los planes de urbanizar el borde de Bogotá, para concentrar los trabajos en el centro de la ciudad. “Esa es la política correcta de vivienda para las familias de escasos recursos”, concluyó.

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Alexánder Marín Correa / El Espectador
Página Web - 2016/07/08
Fuente: http://www.elespectador.com

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