En los destinos residenciales, Davivienda prevé una contracción del 2,3 por ciento en el 2018.

Tras ser el año pasado el que más cayó, el sector edificador empezará a sentir una mejoría en el 2018, por la mayor disposición de los hogares a invertir en finca raíz y por el repunte de la oferta.

Pero la recuperación todavía no le alcanzaría para cerrar en terreno positivo este año, sino para moderar el descenso visto.

Así lo señala un análisis de la Dirección de Estudios Económicos de Davivienda, que prevé que los destinos residenciales tendrán una menor caída que los no residenciales.

“Proyectamos una leve contracción en destinos residenciales, explicada por la reducción en el número de metros cuadrados iniciados el año pasado (-2,8 por ciento) y la caída en las ventas de vivienda nueva”, explica Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos de Davivienda.

Y en destinos no residenciales se prevé una contracción de 6,3 por ciento, tras el mal comportamiento de las obras nuevas en el 2017.

El documento agrega que la actividad está en un periodo de ajustes, que se refleja tanto en la desaceleración de las ventas de vivienda nueva, como en la disminución de áreas licenciadas.

 

 

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Economía y Negocios / El Tiempo

Página Web - 2018/04/24

Fuente: http://www.eltiempo.com/

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En 232 programas se están construyendo colegios, centros de salud, bibliotecas y otros.

 

Hace 16 años, Juan Mena, desplazado por la masacre de Bojayá, que dejó 119 víctimas mortales y a la población sumida en el dolor, fue reconocido por el Gobierno Nacional por su condición de víctima. Parte de la compensación llegó hace cuatro años, a través de la alianza entre la Alcaldía de Barranquilla, la Fundación Julio Mario Santo Domingo y el Gobierno, que le asignaron una vivienda gratuita en el macroproyecto Villas de San Pablo en Barranquilla.

“Estoy muy agradecido porque mi vida cambió al 300 por ciento. No solo tenemos una vivienda propia, sino también, colegio, centro de salud y biblioteca. Todo esto dignifica tu vida y la de tu familia”, expresó.

La urbanización Villas de San Pablo hace parte de los 232 proyectos a los el Gobierno les asignó un paquete de obras complementarias. Estos se adelantan en 171 municipios, con una inversión es de 986.000 millones de pesos.

Con esta iniciativa se están construyendo 34 colegios, 46 centros de desarrollo infantil, 67 parques, 13 bibliotecas, ocho centros de salud, 18 proyectos de seguridad y convivencia, cinco locaciones para la recreación y desarrollo comunitario y tres puntos Vive Digital, para un total de 194 proyectos.

Camilo Sánchez, ministro de Vivienda, ciudad y Territorio, dice que su cartera no solo está entregando ladrillos, sino también “transformando vidas de los hogares en todo el país y construyendo ciudades dentro de las ciudades “.

En el caso de Villas de San Pablo, Sánchez señala que estas familias cuentan con infraestructura alrededor de sus casas, “lo que asegura el desarrollo social, a través de la integralidad de los programas de vivienda”.

Villas de San Pablo tiene 2.480 viviendas, zonas verdes y recreativas, senderos peatonales, acceso vial, biblioteca, punto de salud, conectividad y CAI. Adicionalmente tiene el colegio público más grande del país y beneficia a 2.880 estudiantes.

El colegio tuvo un costo de 25.970 millones de pesos y fue cofinanciado por el Ministerio de Educación, la Gobernación, el Distrito de Barranquilla, el Ministerio de Vivienda y la Fundación Julio Mario Santo Domingo, que lidera el desarrollo urbano y comunitario de la urbanización.

Hoy, Juan es uno de los líderes sociales más destacados de esa urbanización. “Nosotros recibimos talleres y capacitaciones en resolución de conflictos, convivencia, salud, educación, etc., con el objetivo de replicarlo en nuestras comunidades para que aprendan a vivir en armonía”, explica.

El proyecto en Cartagena

Otra ciudadela que se destaca es la Ciudad del Bicentenario, en Cartagena. También cuenta con el apoyo de la Fundación Julio Mario Santo Domingo, encargada de brindarles acompañamiento social a 4.789 familias que habitan la urbanización. Su objetivo es llevar bienestar a las comunidades vulnerables, a través de su modelo de intervención social, que busca el desarrollo urbano, social y empresarial.

Esta ciudadela cuenta con la Institución Educativa Jorge García Usta, que beneficia 1.440 niños y jóvenes. Esta obra fue la ganadora entre 59 iniciativas del premio Colombia 2020, gracias a su trabajo en pro de la construcción de paz en las comunidades educativas y sus entornos.

Además tiene un punto Vive Digital, dos centros de desarrollo infantil, una biblioteca, un refuerzo de cuadrante, un parque recreodeportivo y un centro de atención en salud. La inversión total de este proyecto fue de 34.933 millones de pesos.

 

Moderno colegio para niños caleños

Cerca de 1.800 niños y jóvenes de la urbanización Llano Verde, en Cali, reciben formación integral en una de las instituciones educativas más modernas que se ha construido en el Valle del Cauca.

El megacolegio hace parte del paquete de obras complementarias de los proyectos de vivienda gratuita que se levanta en todo el país, con una inversión cercana a los 14.000 millones de pesos.

En esta ciudadela viven alrededor de 3.521 familias vulnerables. Cuentan con biblioteca, parque recreativo, punto Vive Digital, centro de salud y centro de desarrollo comunitario. La inversión aproximada en el proyecto de vivienda fue de 31.000 millones de pesos.

Como parte de la estrategia de acompañamiento social, y gracias a una alianza entre la Fundación Carvajal y el Ministerio de Vivienda, 38 beneficiarios de la urbanización se certificaron en servicios generales y quedaron vinculados a empresas de servicios.

 

Este acompañamiento social aspira a capacitar, certificar y emplear a un total de 100 habitantes del proyecto de vivienda.

Y es más. Una vez los beneficiarios se vinculan a sus trabajos continúa el acompañamiento, “se realizan visitas familiares para enseñarles el manejo de las finanzas personales y asegurarles que el dinero que ganen lo inviertan de la mejor manera”, explicó Jackeline Benavides, integrante del equipo de acompañamiento social del Minvivienda.

 

 

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Katya Chamié C. / El Tiempo

Página Web - 2018/04/23

Fuente: http://www.eltiempo.com/

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Reglamentación de la Ley de Vivienda Segura pone en cintura a esos servidores.

 

Casi tres meses después de haber sido creada, la nueva Superintendencia delegada para curadores urbanos ha asumido el conocimiento de 238 expedientes disciplinarios contra las curadurías por fallar en sus funciones de control y vigilancia.

El nuevo organismo, creado por la resolución 0064, que reglamentó la Ley de Vivienda Segura, empezó además a adelantar visitas a las curadurías urbanas del país y atender un sin número de peticiones y reclamos.

Solo en Santa Marta y Cartagena, la nueva entidad validó más de 1.500 licencias urbanas que habían aprobado las curadurías respectivas, y puso en conocimiento de las autoridades competentes las actuaciones detectadas como no procedentes en el caso del desplome del edificio Blas de Lezo II, que hace un año dejó 21 muertos y 22 heridos en la capital de Bolívar, a fin de que se determinen los presuntos responsables.

Con la creación de la nueva figura también se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, entre otras disposiciones.

La norma estableció igualmente que el Departamento Administrativo de Función Pública se encargará de adelantar los concursos de mérito, con los que los alcaldes designarán curadores urbanos en sus municipios o distritos.

“Con esta ley se busca eliminar los focos de corrupción y fortalecer las labores de las curadurías urbanas a la hora de tramitar y expedir licencias de urbanismo o de construcción”, indicó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al explicar que lo sucedido antes obedecía a que “el alcalde nombraba a los curadores y resultaba que algunos de ellos no contaban con la experticia necesaria en materia de construcción”.

La nueva reglamentación hace más estricto el concurso para la elección de los curadores, además de darle una mayor transparencia al proceso y, finalmente, proteger la vida de los ciudadanos que quedan vulnerables ante las irregularidades de los constructores irresponsables.

En la memoria de los colombianos aún sigue el caso del desplome del edificio Space, en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, donde murieron 12 personas en octubre del 2013. Y cuando se creía que ese tipo de tragedias no se volverían a repetir, el 27 de abril del año pasado colapsó el edificio Portal Blas de Lezo II, en el suroccidente de Cartagena.

Otras medidas

Además de la creación de la Superintendencia delegada y de la asignación a la Función Pública para apersonarse del concurso de elección de los curadores, la ley también introdujo una revisión independiente de los diseños estructurales de las construcciones, que estará a cargo de un profesional independiente (...) y que deberá ser laboralmente independiente del diseño estructural y del titular de la licencia. El costo de esa revisión de los diseños estructurales debe ser asumido por quien solicite la licencia.

Además de esta modificación, habrá una revisión de oficio por el curador urbano, quien deberá evaluar aspectos urbanísticos y estructurales, entre otros, para aprobar la licencia y dar inicio a la construcción. Esas dos tareas se hacen sobre planos.

La norma también establece una supervisión técnica independiente, que no solo garantiza que la construcción se desarrolle de acuerdo con los lineamientos de la licencia expedida, sino que también especifica la norma sismorresistente y expide una certificación para que quienes van a ocupar la edificación puedan trasladarse a ella.

Estas medidas se aplicarán a las edificaciones de más de 2.000 metros cuadrados, ampliando así el espectro de construcciones por controlar. Anteriormente las actuaciones solo aplicaban para las mayores a 3.000 m².

Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), considera que este es un “primer paso, en el marco de la eficiencia administrativa”, ya que, explica, “desafortunadamente hoy, aunque la función pública es una sola, las diferentes entidades que participan en ella actúan de manera aislada, generando reprocesos y desgastes”.

La presidenta de Camacol destaca el hecho de que se emprendan acciones para promover la transparencia y la legalidad en los distintos trámites que se deben surtir en el marco de la actividad edificadora, con miras a proteger a los compradores de vivienda.

“Las medidas adoptadas por la Superintendencia para proteger las licencias urbanísticas expedidas en legal y debida forma se constituyen en un elemento diferenciador entre el constructor formal, que cumple con los parámetros exigidos por las normas y solicita todos los permisos y autorizaciones requeridos para construir, y el ilegal, que por no cumplir puede incurrir incluso en conductas que se pueden tipificar como penales”, puntualiza Forero.

Aunque la reglamentación de la ley le apunta a reducir al mínimo las posibilidades de que algo falle en la estructura de edificaciones, a través de la prevención, también estipula mecanismos de amparo, con medidas reparatorias basadas en el aseguramiento, las garantías bancarias y las fiducias, entre otros.

A la fecha, más de 600 constructores en ocho regiones del país han sido capacitados sobre la Ley de Vivienda Segura por el Ministerio de Vivienda, en alianza con Camacol.

 

Lo que debe tener en cuenta al comprar casa

Además de los cambios en la norma, que le apuntan a hacer cada vez más segura la construcción de las edificaciones en el país, el Ministerio de Vivienda recomienda que quienes estén contemplando la posibilidad de comprar casa consideren cinco recomendaciones claves para que la inversión esté garantizada.

• Verificar la existencia de licencia de construcción expedida por un curador urbano o autoridad municipal encargada de la expedición de licencias, las especificaciones de la construcción y la certificación del cumplimiento de la norma sismorresistente NSR-10.


• Corroborar que la empresa constructora haya efectuado la radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, con el fin de constatar que el inmueble cuente con los permisos y licencias respectivas.


• En caso de que la edificación lo requiera, es decir que sea una construcción de más de 2.000 metros cuadrados de extensión, se debe constatar que haya contado con la revisión independiente de los diseños estructurales y la supervisión técnica independiente.


• Una vez finalizadas las obras, se debe verificar que la edificación cuente con la autorización de ocupación de inmuebles, expedida por la autoridad de control urbano, o en caso de haber requerido supervisión técnica independiente –también aplica para las construcciones que superan los 2.000 metros cuadrados–, que cuente con el certificado técnico de ocupación.


• El último paso es el de solicitar el certificado de Cámara y Comercio de la empresa constructora responsable de la ejecución del proyecto.

 

Principales funciones de la Súper delegada

1. Fijar las directrices del concurso para la designación de curadores urbanos.


2. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos que formulen los usuarios en relación con el servicio de los curadores urbanos.


3. Adelantar los procesos disciplinarios a los curadores urbanos.


4. Imponer sanciones a los curadores urbanos, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación en asuntos disciplinarios.


5. Realizar visitas generales o especiales a los curadores urbanos en materia de vigilancia preventiva.


6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o prevenir irregularidades o situaciones anormales.


7. Solicitar información y realizar visitas de inspección.

 

 

 

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Mónica Vargas / El Tiempo

Página Web - 2018/04/23

Fuente: http://www.eltiempo.com/

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Supernotariado pide fortalecer inspecciones de policía y que secretarías de planeación cumplan leyes

 

La competencia del control urbano les corresponde a los alcaldes municipales o distritales, por conducto de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1801 del 2016 (Código de Policía).

El superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa, aseguró que el llamado es a efectuar un control urbano riguroso y permanente, que debe ser predio a predio.

“Esto solo es posible robusteciendo la figura del inspector de policía, a través de un grupo interdisciplinario, y la aplicación debida de las oficinas de planeación municipal”, indicó Mesa.

Ese fortalecimiento, según explicó el funcionario, es con el fin de que “hagan las visitas y el seguimiento a las distintas obras y construcciones que se autorizan, verificando que correspondan a las licencias expedidas y se den en las condiciones allí determinadas”.

Camilo Sánchez Ortega, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, también le apunta a la necesidad de que los alcaldes se acojan a la nueva reglamentación de la Ley de Vivienda Segura, la 1796 del 2016, y así contribuir a aumentar la seguridad de las edificaciones del país.

“El ministerio invita para que, con un adecuado control urbano se frenen las llamadas licencias urbanísticas y de construcción exprés, responsabilidad que tienen las entidades territoriales”, señaló Sánchez.

“Ellas deben garantizar que no se construyan edificaciones ilegales o mal planificadas, en tanto que esto puede afectar los intereses de los compradores de vivienda”, concluyó el jefe de la cartera de Vivienda.

En Colombia hay un total de 75 curadores urbanos y en su mayoría son arquitectos, pero también hay ingenieros civiles y catastrales. Estos se encuentran en las principales ciudades del país.

En los municipios que no cuentan con curadores, el trámite de las licencias de construcción debe realizarse con las secretarías de Planeación.

 

 

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Redacdción El Tiempo / El Tiempo

Página Web - 2018/04/23

Fuente: http://www.eltiempo.com/

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