Reglamentación de la Ley de Vivienda Segura pone en cintura a esos servidores.
Casi tres meses después de haber sido creada, la nueva Superintendencia delegada para curadores urbanos ha asumido el conocimiento de 238 expedientes disciplinarios contra las curadurías por fallar en sus funciones de control y vigilancia.
El nuevo organismo, creado por la resolución 0064, que reglamentó la Ley de Vivienda Segura, empezó además a adelantar visitas a las curadurías urbanas del país y atender un sin número de peticiones y reclamos.
Solo en Santa Marta y Cartagena, la nueva entidad validó más de 1.500 licencias urbanas que habían aprobado las curadurías respectivas, y puso en conocimiento de las autoridades competentes las actuaciones detectadas como no procedentes en el caso del desplome del edificio Blas de Lezo II, que hace un año dejó 21 muertos y 22 heridos en la capital de Bolívar, a fin de que se determinen los presuntos responsables.
Con la creación de la nueva figura también se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, entre otras disposiciones.
La norma estableció igualmente que el Departamento Administrativo de Función Pública se encargará de adelantar los concursos de mérito, con los que los alcaldes designarán curadores urbanos en sus municipios o distritos.
“Con esta ley se busca eliminar los focos de corrupción y fortalecer las labores de las curadurías urbanas a la hora de tramitar y expedir licencias de urbanismo o de construcción”, indicó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al explicar que lo sucedido antes obedecía a que “el alcalde nombraba a los curadores y resultaba que algunos de ellos no contaban con la experticia necesaria en materia de construcción”.
La nueva reglamentación hace más estricto el concurso para la elección de los curadores, además de darle una mayor transparencia al proceso y, finalmente, proteger la vida de los ciudadanos que quedan vulnerables ante las irregularidades de los constructores irresponsables.
En la memoria de los colombianos aún sigue el caso del desplome del edificio Space, en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, donde murieron 12 personas en octubre del 2013. Y cuando se creía que ese tipo de tragedias no se volverían a repetir, el 27 de abril del año pasado colapsó el edificio Portal Blas de Lezo II, en el suroccidente de Cartagena.
Otras medidas
Además de la creación de la Superintendencia delegada y de la asignación a la Función Pública para apersonarse del concurso de elección de los curadores, la ley también introdujo una revisión independiente de los diseños estructurales de las construcciones, que estará a cargo de un profesional independiente (...) y que deberá ser laboralmente independiente del diseño estructural y del titular de la licencia. El costo de esa revisión de los diseños estructurales debe ser asumido por quien solicite la licencia.
Además de esta modificación, habrá una revisión de oficio por el curador urbano, quien deberá evaluar aspectos urbanísticos y estructurales, entre otros, para aprobar la licencia y dar inicio a la construcción. Esas dos tareas se hacen sobre planos.
La norma también establece una supervisión técnica independiente, que no solo garantiza que la construcción se desarrolle de acuerdo con los lineamientos de la licencia expedida, sino que también especifica la norma sismorresistente y expide una certificación para que quienes van a ocupar la edificación puedan trasladarse a ella.
Estas medidas se aplicarán a las edificaciones de más de 2.000 metros cuadrados, ampliando así el espectro de construcciones por controlar. Anteriormente las actuaciones solo aplicaban para las mayores a 3.000 m².
Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), considera que este es un “primer paso, en el marco de la eficiencia administrativa”, ya que, explica, “desafortunadamente hoy, aunque la función pública es una sola, las diferentes entidades que participan en ella actúan de manera aislada, generando reprocesos y desgastes”.
La presidenta de Camacol destaca el hecho de que se emprendan acciones para promover la transparencia y la legalidad en los distintos trámites que se deben surtir en el marco de la actividad edificadora, con miras a proteger a los compradores de vivienda.
“Las medidas adoptadas por la Superintendencia para proteger las licencias urbanísticas expedidas en legal y debida forma se constituyen en un elemento diferenciador entre el constructor formal, que cumple con los parámetros exigidos por las normas y solicita todos los permisos y autorizaciones requeridos para construir, y el ilegal, que por no cumplir puede incurrir incluso en conductas que se pueden tipificar como penales”, puntualiza Forero.
Aunque la reglamentación de la ley le apunta a reducir al mínimo las posibilidades de que algo falle en la estructura de edificaciones, a través de la prevención, también estipula mecanismos de amparo, con medidas reparatorias basadas en el aseguramiento, las garantías bancarias y las fiducias, entre otros.
A la fecha, más de 600 constructores en ocho regiones del país han sido capacitados sobre la Ley de Vivienda Segura por el Ministerio de Vivienda, en alianza con Camacol.
Lo que debe tener en cuenta al comprar casa
Además de los cambios en la norma, que le apuntan a hacer cada vez más segura la construcción de las edificaciones en el país, el Ministerio de Vivienda recomienda que quienes estén contemplando la posibilidad de comprar casa consideren cinco recomendaciones claves para que la inversión esté garantizada.
- Verificar la existencia de licencia de construcción expedida por un curador urbano o autoridad municipal encargada de la expedición de licencias, las especificaciones de la construcción y la certificación del cumplimiento de la norma sismorresistente NSR-10.
- Corroborar que la empresa constructora haya efectuado la radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, con el fin de constatar que el inmueble cuente con los permisos y licencias respectivas.
- En caso de que la edificación lo requiera, es decir que sea una construcción de más de 2.000 metros cuadrados de extensión, se debe constatar que haya contado con la revisión independiente de los diseños estructurales y la supervisión técnica independiente.
- Una vez finalizadas las obras, se debe verificar que la edificación cuente con la autorización de ocupación de inmuebles, expedida por la autoridad de control urbano, o en caso de haber requerido supervisión técnica independiente –también aplica para las construcciones que superan los 2.000 metros cuadrados–, que cuente con el certificado técnico de ocupación.
- El último paso es el de solicitar el certificado de Cámara y Comercio de la empresa constructora responsable de la ejecución del proyecto.
Principales funciones de la Súper delegada
- Fijar las directrices del concurso para la designación de curadores urbanos.
- Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos que formulen los usuarios en relación con el servicio de los curadores urbanos.
- Adelantar los procesos disciplinarios a los curadores urbanos.
- Imponer sanciones a los curadores urbanos, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación en asuntos disciplinarios.
- Realizar visitas generales o especiales a los curadores urbanos en materia de vigilancia preventiva.
- Ordenar medidas necesarias para subsanar o prevenir irregularidades o situaciones anormales.
- Solicitar información y realizar visitas de inspección.
Mónica Vargas / El Tiempo
Página Web - 2018/04/23
Fuente: http://www.eltiempo.com/