Redes detrás de ‘negocio’. En la ciudad hay 149.089 personas en 133 asentamientos.

De día, cuando miembros de la Policía, con el Ejército y otro centenar de funcionarios de ‘un gran pelotón’ de funcionarios y de organismos de socorro para combatir las invasiones o nuevos asentamientos irregulares en Cali hacen recorridos o inspecciones, inclusive con un drone sobre la zona ecológica La Pedregosa, en lo alto de Polvorines, esta área se mantiene despejada.

En esta tarea que incluye ocho dependencias más de la Alcaldía con Fuerza Aérea y Parques Nacionales también intervienen los sobrevuelo de El Halcón, el helicóptero de la Policía para sumarse a la cruzada.

Pero cuando llega la noche, en esa área de La Pedregosa, en la ladera de la comuna 18, hay conatos de incendios y talas en el bosque. Suenan pitos y ollas cuando se acerca la Policía.

No son los únicos rastros de intentos de ocupación de predios. En estos tres últimos meses, que lleva operando la nueva Unidad de Reacción para el Control de Invasiones y Protección de Ecosistemas, se han controlado 10 incendios en la ladera, en esta comuna 18, así como en inmediaciones a los cerros tutelares y en la comuna 1.

La más reciente cifra de la Alcaldía y de esta unidad es la existencia de 133 asentamientos subnormales en la capital vallecaucana, sobre todo, en la ladera, donde hay 149.089 moradores, una cifra similar a la población de capitales como Arauca o Riohacha y ciudades intermedias como Buga o Cartago.

Los asentamientos en Cali corresponden a 38.400 hogares y lo preocupante es que el 39 por ciento de estos ranchos en los cerros Tres Cruces, Cristo Rey y La Bandera, y en el ecoparque Bataclán están en terrenos que no pueden ser urbanizados, porque así lo señala el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Ocupan áreas de alto riesgo no mitigable.

De acuerdo con fuentes de la Policía y otras autoridades, detrás de los intentos de invasiones este año, como por ejemplo, en La Pedregosa en lo alto de Polvorines y en un predio privado, también de la comuna 18, hay una estructura capaz de movilizar a más de un centenar de personas para que levanten cambuches. Pero hay más redes que en la última década han venido actuando bajo la sombra y ocasionando aparentes incendios forestales para que allí se levante vivienda ilegal.

Además de los cerros tutelares, Polvorines y en la comuna 1, las riberas de los ríos Cali, Aguacatal y Meléndez tampoco se escapan de estas redes.

Es así que van más de 40 construcciones que se han evitado en estos tres meses, además de que cerca de 1.300 personas han intentado tomarse la ladera. A su vez, van más de 57 personas que han sido detenidas por estas ocupaciones y se desarmaron más de 70 cambuches.

Según la secretaría de Vivienda de Cali y la Alcaldía, el objetivo es que no aparezcan más asentamientos no solo por los daños ecológicos, pues 500 hectáreas ocupadas están deterioradas por habitarlas, pese a que no debían estarlo. También por los riesgos para quienes se dejan llevar por ofertas de quienes les venden un lote en la montaña porque son suelos erosionados propensos a derrumbes como ha pasado con cada temporal en la comuna 20, que nació como un asentamiento desde hace más de medio siglo. Fue allí donde dos adultos y cuatro menores fallecieron en un derrumbe en diciembre del 2016 y dos adultos mayores en una creciente de una cañada, el mes pasado.

 

Tres hectáreas de bosques taladas

El Dagma busca sembrar más árboles, debido al año ecológico en la ladera y en los cerros tutelares. Solo en lo alto de Polvorines, hay 3 hectáreas de bosques taladas.

La Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) realizará este año con $ 2.549 millones la reconformación geomorfológica, control de erosión y conducción de aguas lluvias en el cerro La Bandera, donde en febrero pasado hubo un intento de ocupación, que dejó 45 personas detenidas.

 

 

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Cali / El Tiempo

Página Web - 2018/05/10

Fuente: http://www.eltiempo.com/

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Según Camacol, mantendría la dinámica de la oferta social y fortalecería la de estrato medio.

 

Durante el primer trimestre del 2018 se vendieron 42.000 viviendas nuevas en el país, que representaron un incremento de 11 por ciento respecto al último trimestre del año pasado, aunque frente al mismo periodo del 2017 la variación fue de -15,1 por ciento.

Estos datos revelados ayer por la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, dan cuenta de los contrastes que ha tenido el sector edificador, pero también de una dinámica que empieza a dar muestras de ajustes.

Con base en la información de Coordenada Urbana, área de investigación de Camacol, la directiva destacó el crecimiento de 15 por ciento en las ventas de la oferta residencial de estrato medio, mientras que las de la vivienda de interés social (VIS) crecieron 18 por ciento.

Para Forero, “la política de vivienda ha sido determinante. Sin embargo, este año el buen desempeño de las preventas dependerán, en gran medida, de que el subsidio a la tasa de interés tenga continuidad hasta el 2020”.

La directiva recordó que esto sería muy importante para impulsar los programas identificados como Mi Casa Ya-cuota inicial y Mi Casa Ya-vivienda social; es decir, todo el inventario de hasta 105 millones de pesos, que es el precio tope de la VIS. Igualmente, recordó que el beneficio impacta la oferta que se complementa con el subsidio que otorgan las cajas de compensación.

“Necesitamos que el mercado se siga moviendo. Actualmente existen subsidios que se entregarán en el 2019 a quienes compraron durante los dos últimos años, pero es importante la continuidad para que, además, los constructores se animen a lanzar proyectos ahora”, insistió, a la vez que agregó que la decisión, de paso, evitaría que mucha gente desistiera de hacer la inversión.

Apuesta a largo plazo

EL TIEMPO consultó al presidente de la constructora Apiros, Jorge Luis López, quien coincidió con Forero: “El efecto positivo de la política pública es evidente para la VIS y el estrato medio, pero seguir con esa tendencia implica tener apuestas en el mediano y en el largo plazo. De ahí, precisamente, la importancia de que haya un acompañamiento hasta el 2020”, enfatizó.

Según el empresario, la demanda por parte de las familias ha disminuido por temas coyunturales, como la expectativa por el tema electoral o la carga financiera que tienen. Por eso, la ampliación y, en el mejor de los casos, la continuidad de los beneficios, les ayudarían a contar con la certeza de que están en un mercado sin mayores riesgos.

Según Forero, junto con las tasas de interés, actualmente más favorables, una decisión en ese sentido sería el complemento ideal para impulsar la inversión. La directiva, con base en los datos de Coordenada Urbana, recordó que en el 2017 la tasa hipotecaria fue de 11,7 por ciento, en promedio, y datos consolidados a abril pasado indican que ya está en 10,7 por ciento.

A esto le agrega la intención de compra, que pasó de -5,1 por ciento el año pasado a 5,2 por ciento durante el primer trimestre del 2018.

“Por eso, atado a esto sería importante la continuidad de la política para seguir impulsando la industria y la generación de puestos de trabajo”, dijo la directiva, que destacó, además, que 12 de 19 regiones del país que monitorea Camacol mejoraron la dinámica.

 

 

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REDACCIÓN / El Tiempo

Página Web - 2018/05/08

Fuente: http://www.eltiempo.com/

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Salieron de su territorio y luchan por construir uno nuevo en la capital, pero ¿qué tan factible es?

 

Juliana Consuelo Prado Tenorio vive en una pequeña e improvisada casa en el sector de invasión Santa Bibiana, en Ciudad Bolívar. Sus ojos lucen cansados y tristes, su voz tiene un tono de esperanza. Es una afrodescendiente que se desplazó forzosamente a Bogotá hace siete años expulsada por la violencia irracional que se apoderó de Tumaco, el puerto del Pacífico con 23.148 hectáreas sembradas con coca, según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci 2017).

Idelfonso Ibargüen, estudiante de derecho, también dejó el Pacífico, específicamente Andagoya, un pueblo minero del departamento del Chocó. Soñaba con prestar el servicio militar y regresar a trabajar en la próspera mina de oro y platino, como todos sus coterráneos, pero en 1994 migró a Bogotá. Hoy sonríe, él encontró nuevas oportunidades.

 

Estas son apenas dos caras de la población afro en Bogotá que sumó 112.443 habitantes, según datos del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane); aunque la Encuesta Multipropósito de Bogotá, 2014, precisó que eran 115.088. En dos meses se conocerán los nuevos resultados de la encuesta y muy seguramente en su capítulo étnico los expertos confirmarán el crecimiento demográfico afro.

Juliana e Idelfonso viven en dos localidades distintas. La una hace parte de las 53.027* mujeres afro que habitan Bogotá, ella en particular en el sur. Idelfonso, estudiante de derecho, suma al grupo de 61.499* hombres y vive en el barrio Prados del Tintal, en la localidad Kennedy, en el centro.

Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Engativá y Kennedy son las seis localidades con mayor población afro. El 35 %* de ella está ubicada en los sectores que hacen parte del corredor sur – sur (Bosa y Ciudad Bolívar), lugares habitados por clases populares. La población se ubica mayoritariamente en los estratos socioeconómicos 1 y 2.

La razón de que vivan en el corredor sur – sur es que allí los arriendos son menos costosos. Pero la condición de Juliana, de 57 años de edad, es mucho más dura, pues luego de quedarse sin trabajo no tuvo cómo pagar arriendo y le tocó invadir una ladera en Santa Bibiana, organizar su casa y recibir a diez familiares más. Su vivienda es de láminas de zinc, fría, de piso rústico y sin acceso legal a los servicios públicos.

“Cuando llegué a Bogotá con mi nieta Dayana estuve durmiendo cuatro días en un parque de Soacha. Luego conocimos a un señor, don Jairo, quien nos prestó un cuarto por ocho días y después alquilamos un lugar pequeño. Comencé a trabajar en una fábrica de arepas pero tuve un accidente. Me echaron del trabajo porque decían que ya no les servía. No tenía cómo pagar el arriendo. Y por eso nos vinimos para acá”, cuenta Juliana.

Ella salió de su pueblo, en zona rural de Tumaco, donde tenía casa propia. Sus padres eran dueños de una tierra en la que cultivaban el pancoger. “Comida no faltaba, pero las amenazas de la guerra de otros nos hicieron daño, nos mataron a unos familiares y salimos disparados. Unos para Cali, otros para Popayán. Hasta en Ecuador tengo dos hijas. Y otros estamos aquí en Bogotá, saliendo adelante”, dice.

A Idelfonso no lo tocó la guerra, pero sí el fin de la minería en Andagoya, cabecera urbana del municipio Medio San Juan, jurisdicción del departamento del Chocó. “Yo crecí en un pueblo que tuvo todo, como lo describió Gabriel García Márquez en una historia emblemática que los viejos siempre nos han recordado. Pero cuando se acabó la empresa minera, se apagaron las esperanzas de crecer en el pueblo”, es su relato.

En Andagoya funcionó la Chocó Pacífico, una empresa minera extranjera, próspera, que cerró en 1993 y pasó a manos de colombianos. En ese momento Idelfonso tenía 18 años de edad. Era apenas un chico al que los sueños se le comenzaron a escurrir como agua entre las manos. Un año después migró a Bogotá.

Lo que sí les ha tocado a ambos, Juliana e Idelfonso, es trabajar duro por ganarse un espacio en la capital. Ubicarse es difícil porque la discriminación es real en algunos sectores, como también lo son las limitaciones para insertarse laboralmente en una ciudad de 8 millones de habitantes. Como ellos, llegaron cientos de migrantes.

En los barrios donde hay mayoría de población afro, el 80 % de las familias viven arrendadas, explica Eddy Bermúdez Marcelín, subdirector de Etnias de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. “Vivir en la capital es costoso. La propiedad es cara y solo algunos de los que llevan más de 40 años residiendo aquí y que tienen hijos afros nacidos aquí, han tenido posibilidades de adquirir una vivienda”, explica.

“Mi única esperanza es que la alcaldía me apoye para conseguir una casita”, dice Juliana. La Alcaldía de Bogotá tiene un programa denominado Hábitat, que hace parte de una de las 73 “acciones afirmativas” fundamentadas en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Con las acciones se busca que los grupos históricamente discriminados gocen plenamente de sus derechos, como camino para la disminución de la segregación y la desigualdad.

Hábitat contempla financiar, adquirir, generar y/o habilitar el suelo urbanizado para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario. El apoyo a las familias seleccionadas asciende a 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes y depende del nivel de ingresos del hogar postulante. El Sudirector de Etnias informó que son 416 las familias afro inscritas, a 31 de diciembre de 2017. De ellas 16 tienen aportes aprobados, y únicamente a dos se les se ha entregado casa. Este inició en mayo del año pasado.

Quien aspira a una vivienda a través de Hábitat, debe probar que no tiene otra propiedad en el territorio nacional, no debe ganar más de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y no debe haber recibido ningún otro subsidio para vivienda. Además, presentar los documentos como cédula de ciudadanía y registro civil de cada uno de los miembros de la familia. Si son víctimas del conflicto armado deben inscribirse ante el Registro Único de Víctimas y para el caso de las minorías étnicas deben acreditar el registro expedido por el Ministerio del Interior.

Juliana reúne casi todos los requisitos, entre ellos, ser desplazada. No cumple, sin embargo, con la condición de un ingreso mínimo estable. Ella ya estuvo en la Unidad de Víctimas. “Ya hice esos trámites, pero en Hábitat me tienen en lista de espera”, dice.

El caso de Idelfonso es distinto: lleva 24 años trabajando y viviendo en Bogotá, pero no ha podido comprarse un apartamento. “Los costos son elevados, acceder a los subsidios es una lotería. Ahorré en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pero me surgieron otras necesidades y no pude continuar”.

Idelfonso se gana $1’500.000 al mes; el arriendo le cuesta $ 650.000; gasta $ 300.000 en servicios públicos; paga $ 100.000 en salud. “Y todavía no he sumado alimentación, transporte y los gastos de la educación de mi hija”, dice y sonríe.

La Secretaría Distrital del Hábitat desde el año 2016 ha asignado en total 88 subsidios distritales para la adquisición de vivienda a hogares con integrantes afrocolombianos, a través de distintos programas, de los cuales se han legalizado 51, es decir, que cuentan con escritura pública de compraventa.

En los barrios de Bogotá, los afro que son propietarios se sienten más seguros. En los sectores se les reconoce de una forma distinta que a los que viven arrendados. “Yo tengo muchos años en la ciudad pero no he podido tener una propiedad ”, cuenta Héctor Armando Murillo Rentería. Su madre trabajó 38 años en la minera en Andagoya. En 1991, a él lo nombraron gerente liquidador de la compañía Chocó - Pacífico, y allí estuvo hasta el año 1994, cuando llegó otra persona a reemplazarlo en el cargo. “Yo vivo aquí desde 1967 y me siento bogotano, también andagoyence, pero ante todo soy afro. No puedo negar que pesa no tener casa propia en Bogotá. Me gustaría en unos años volver a Andagoya”, precisa.

Diego Alejandro Peña Restrepo, director de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía, explicó que el 37 % de los afrodecendientes que viven en la capital lo hacen en casas; el 60.2% en apartamentos y el 2.8% en cuartos o habitaciones. Además, indicó que el 71 % de la población afro viene mayoritariamente de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Bolívar. Del total de la población afro, el 40 % tiene menos de cinco años de vivir en la capital colombiana.

El valor de la tierra, para la gente de “Afrotá”, como arriesgadamente decidimos llamarla en este reportaje, no es solo económico, sino cultural, el que construye territorio. Así lo creen Juliana e Idelfonso. Muy lejos del Pacífico afirman su afrodescendencia luchando por un espacio físico que sueñan conquistar algún día.

 

 

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Ginna Morelo / El Tiempo

Página Web - 2018/05/09

Fuente: http://www.eltiempo.com/

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Estudio del SGC muestra que este pueblo tolimense está en riesgo por su ubicación geográfica.

 

El estado de algunas viviendas, así como de la escuela y el hospital es cada vez más deplorable. Las grietas que poco a poco consumen a Villarrica, en el oriente de Tolima, lo convierten en un municipio con un riesgo latente. Su ubicación geográfica ha llevado a que las autoridades contemplen reubicar el municipio tras un informe presentado el 18 de enero por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El informe, según Marta Calvache, directora de geoamenazas en el SGC, muestra que este municipio tiene una geología con alto grado de complejidad ante riesgos por sismos y lluvias. Uno de los apartes del estudio muestra que Villarrica cada año se mueve unos 14 milímetros y las estructuras empiezan a flaquear.

Información de este reporte solicitado por las autoridades locales indican que en los últimos dos años, los fenómenos geológicos como la remoción en masa tienen en riesgo varias zonas del casco urbano, con alertas en el 80 por ciento de las viviendas del municipio, afectando a aproximadamente 5.000 habitantes.

Durante esta primera temporada de lluvias en el país, organismos de socorro han emitido diferentes alertas ante el posible desbordamiento de la quebrada El Botadero, que pasa muy cerca del municipio.

Arelis Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Obrero, señala que este problema ha sido de toda la vida en el municipio, por lo que aún no sabe si sea cierto que hay una alerta real ante lo que ocurre.

“Aquí hay casas que ya no son habitables -señala Rodríguez-; con el tiempo se han abierto de tal modo que tienen unos huecos gigantes. Nos preocupa esta situación porque si es verdad que va a pasar algo grave, no hemos visto que las autoridades hagan algo para reubicarnos”.

Obrero es uno de los barrios, junto a Miraflores y Centro, que más riesgo tienen en un eventual desbordamiento de la quebrada. Autoridades hablan de unas 88 viviendas con urgencia inmediata de ser reubicadas, pero según el alcalde de la ciudad, Arley Beltrán, se han tenido problemas para moverlos.

“Mucha gente no se ha querido ir -dice el Alcalde-; lo que pasa es que tenemos la urgencia con esas viviendas, pero nuestra idea es gradualmente ir moviendo el municipio, porque su ubicación no hace que las condiciones sean favorables. El hospital ya tiene graves afectaciones y algunas viviendas están muy mal”.

Según Arelis, desde hace más de 30 años que vive en el municipio, la comunidad ya se ha acostumbrado a vivir con esta alerta. Las noches se pasan con linterna, agua y celulares a la mano. En su vivienda, por ejemplo, todos tienen un silbato y en los últimos meses conformaron un sistema de alertas que no funciona muy bien cuando llueve.“Siempre dicen que la tierra se mueve y se mueve -dice Arelis-; yo la verdad no veo que se mueva nada, pero la casa de mi mamá sí tiene muchas grietas”.

 

Mover un municipio

El 29 de diciembre del 2017, el municipio decretó la calamidad pública. El pasado 5 de mayo, las lluvias generaron afectaciones mayores en 600 viviendas por una leve emergencia con la quebrada.

La emergencia está cada vez más cerca, pero los recursos para mover a un municipio de 6.200 habitantes no es una tarea sencilla de concretar.

“Se han conformado unas mesas de trabajo para analizar la situación con Gestión del Riesgo, Cortolima y otras entidades -explica Arley Beltrán-; esperamos que se pueda solucionar pronto de alguna manera, porque el 80 por ciento del sistema de alcantarillado ya colapsó y cada vez se ve más cerca una emergencia que podría ser lamentable”.

Según el Alcalde, para reubicar al municipio se necesitan 112 hectáreas. Por ahora, hay un plan de utilizar un predio más pequeño que sería donado por el Ejército, pero aún no se ha concretado ese paso.

El Concejo Municipal de Villarrica trabaja en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) para declarar un lote como zona urbana y que se inicie el traslado de las familias.

“Lo importante es salvar vidas humanas -señala Beltrán-; hemos escrito para que conozcan la problemática y nadie responde, con los recursos del municipio no se lograrían reubicar ni 10 familias”.

Para mitigar los riesgos, el SGC propuso dos obras que tendrían un costo de 130.000 millones de pesos, pero desde la gobernación tolimense manifiestan que todos esos recursos no se encuentran en las arcas departamentales.

No obstante, muchos habitantes de este colorido municipio han aprendido a ver las grietas como parte del paisaje de esta población ubicada a 115 kilómetros de Ibagué, por lo que muchos no se quieren mover, pues creen que si no ha pasado nada en los últimos 15 años, difícilmente pase ahora.

Es una de las razones por las que Edinson Andrés Molina, del barrio Gaitán, cree que el proyecto de reubicar el municipio sería un proyecto largo y tedioso para la población.

Él, que lleva 41 años viviendo de la construcción en este municipio de calles destapadas y rodeado por el verde de las montañas, considera que se debe tener mayor presencia de las autoridades para que realicen las tareas de mitigación necesarias en lugar de mover a toda una población que se acostumbró a vivir con el temor de desaparecer.

“Nosotros hacemos un llamado al Gobierno para que haya mayor presencia de entidades -dice Molina-; se espera un mejoramiento del plan maestro de alcantarillado. No es tanto oponerse a la reubicación, lo que el Gobierno debe hacer es obras de mitigación. Consideremos que esto es imposible de reubicar, pero es que el Estado tampoco le ha prestado atención”.

Carlos Quiroga, director departamental de Gestión del Riesgo en Tolima, asegura que el trabajo en este municipio se viene realizando de manera rápida para evitar tragedias.

“Las 88 viviendas en riesgo inminente se deben trasladar cuanto antes -asegura Quiroga-, pues en esta temporada del año, las lluvias golpean más fuerte y no podemos esperar a que pase algo grave. Todas las acciones que estamos realizando están enfocadas a evitar una tragedia, muchas personas no aceptan los subsidios de vivienda, cinco personas han accedido, pero hay gente que no quiere abandonar sus viviendas”.

La tierra se sigue moviendo. Cada vez las grietas se hacen más grandes, pero a la población no parece ya importarle, pues desde hace 12 años vienen escuchando que serán reubicados.

Autoridades hablan de constantes esfuerzos para conseguir el objetivo, pero advierten que el Gobierno debe atender el tema económico del traslado. Mientras tanto, la lluvia sigue cayendo y el tiempo se hace cada vez más corto.

 

 

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Miguel Ángel Espinosa B. / El Tiempo

Página Web - 2018/05/09

Fuente: http://www.eltiempo.com/

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