De quienes permanecen en precarias condiciones, 23 lo hacen en el sector La Negra, de Alto Hospicio.

Cuando se cumplen cinco meses desde el terremoto del 1 de abril que afectó a la zona norte del país, Iquique aparece como una de las localidades más golpeadas por esta catástrofe. Así lo han sentido cerca de 35 familias que desde aquel día siguen viviendo en carpas.

De ellas, 23 lo hacen en el sector La Negra, de Alto Hospicio, específicamente en el campamento "La Negra Abandonada", como bautizaron al lugar debido a lo que aseguran "es un abandono de las autoridades". El resto de los damnificados que aún esperan solución lo hacen en la población Las Dunas I, en Iquique.

Precisamente en Las Dunas I, Marisela Zubicueta, junto a su esposo y un grupo de vecinos, viven desde el 1 de abril en una cancha del sector, donde han pasado necesidades y frío. "Aquí el viento no nos deja dormir de noche. Muchas veces nos hemos tenido que levantar para afirmar las carpas", relata la mujer.

Marisela señala que le anunciaron que el 5 de septiembre les darían una vivienda de emergencia en el mismo sector. "Vivíamos como allegados, y la situación en la que quedó nuestro departamento no nos permitió regresar ahí", afirma. Frente a ella, su madre tiene instalada una carpa, la que utiliza durante las noches o cuando comienzan a sentirse réplicas del terremoto de 8,2 grados Richter que sacudió la tierra en la zona norte a principios de abril pasado.

Una situación similar vivió hasta hace una semana Susana Durán Durán, quien permaneció 140 días residiendo en carpa en una cancha de una liga vecinal. "Nos entregaron una solución transitoria. Vivimos en una mediagua que tiene problemas de higiene, con roedores y baratas, pero es lo que nos entregaron. No podemos hacer más", se lamenta la pobladora.

Para el diputado Renzo Trisotti (UDI), el avance que ha habido desde el 1 de abril "es poco, lento, ineficaz, sin una estructura determinada, y, lo peor, aún no conocemos una estructura de planificación para superar la catástrofe. Es decir, no se han cumplido con las expectativas mínimas de la gente".

El parlamentario comenta que aparte de los problemas que viven los pobladores, existen dudas sobre el nivel de gastos de esta reconstrucción, valorados en $5 mil millones por las autoridades regionales. "Hemos recibido datos de adquisiciones y arriendos sobrevalorados, y a pesar de que hemos solicitado los antecedentes, estos no han llegado, por lo que los pedimos por Ley de Transparencia", asegura.

Ante dichos cuestionamientos, Julio Ruiz, el delegado presidencial para la reconstrucción, designado por la Presidenta Michelle Bachelet, dijo que los gastos han sido informados oportunamente a las autoridades políticas y a la ciudadanía a través de informes periódicos. "Incluso se han realizado diversas reuniones con los parlamentarios para explicar algunos temas o aclarar dudas, sin ningún problema. Ahora bien, si el diputado estima apelar a la Ley de Transparencia, está en pleno derecho de hacerlo, como todos los chilenos", señala Ruiz.

Desde la misma Delegación Presidencial, en tanto, afirmaron que el próximo fin de semana se espera entregar completo el barrio El Mirador. Este incluye 240 casas de emergencia, construidas con dineros conjuntos de la empresa minera Doña Inés de Collahuasi y el Gobierno.

Las soluciones de emergencia son de dos pisos, con 30 m2 construidos. Supuso una inversión de $2 mil millones.

Según cifras entregadas por la Onemi, en Tarapacá hubo 21.660 damnificados por los terremotos. De acuerdo con datos recogidos por la Delegación Presidencial, hubo 3.886 casas con daños menores, 1.546 con daños reparables, pero no habitables, y 752 que deben ser demolidas.

240

viviendas de emergencia serán entregadas el próximo fin de semana.

ALEJANDRO RONDÓN / El Mercurio

Página Web - 2014/09/02

Fuente: http://diario.elmercurio.com/

"...cualquier conjunto habitacional con más de 250 estacionamientos debe realizar un 'Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano' (...) ¿Cuál ha sido la manera de hacerle el quite a la ley? Comprar grandes paños de terreno y fraccionarlos en pequeños proyectos con cifras menores a 250 estacionamientos...".

Pocas son las imágenes que indignen más a un santiaguino que ver cómo las calles de su ciudad se llenan de tacos interminables, con barrios otrora apacibles convertidos hoy en verdaderas pesadillas. Uno de esos lugares emblemáticos es Pedro Fontova, en Huechuraba, donde una calle pequeña, angosta, conecta a un sector donde viven miles y miles de personas. La pregunta de cualquier ciudadano es: ¿Por qué ocurrió esto? ¿Dónde estaba el alcalde, dónde estaba el intendente, dónde estaba el ministro, que no fueron capaces de prever y evitar que algo de esto ocurriera?

Así como muchas veces la ciudad tiene problemas que surgen de malas políticas públicas o de errores cometidos por la autoridad, en esta ocasión el principal error no viene de la autoridad, sino de algunos en el sector privado que empeoran la calidad de vida de todos por no responsabilizarse en colaborar para tener una ciudad más humana.

Para quienes no lo saben, en Chile existe por ley una forma de regular, limitar o mitigar el impacto vial del desarrollo inmobiliario. En el artículo 2.4.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) se señala claramente que cualquier conjunto habitacional con más de 250 estacionamientos debe realizar un "Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano" (EISTU), cuyo buen propósito es que los actores del sector inmobiliario asuman parte de los costos económicos de los impactos viales y ambientales que sus proyectos generan en la ciudad. Así, según el volumen de cada proyecto, las medidas de mitigación pueden considerar ensanche de calles, colocación de semáforos, cambios en la dirección del tránsito, ejecución de caleteras, empalmes con otras vías, etcétera.

Pero no todos asumen esa responsabilidad. Ahora, ¿cuál ha sido la manera de hacerle el quite a la ley? Comprar grandes paños de terreno y luego fraccionarlos en pequeños proyectos -sí, usted adivina bien-, todos con cifras menores a los 250 estacionamientos.

Es lo que hemos denominado "elusión urbana", una práctica que si bien no puede considerarse un delito, claramente es un método cuestionable para evadir un compromiso que en circunstancias normales debiera considerarse como uno de los costos del proyecto.

Ojalá Pedro Fontova fuera una excepción, pero en Buin y Paine cerca de 60 proyectos inmobiliarios menores a las 160 viviendas han colapsado una zona anteriormente rural, y sin siquiera invertir en infraestructura de veredas. En Las Rejas con Ecuador, comuna de Estación Central, siete torres de edificios en un mismo terreno han sido presentadas como proyectos distintos (donde cuatro de las torres tienen el mismo representante legal). Su impacto vial será muy significativo. 4.500 departamentos, 1.200 estacionamientos y cero estudio o dinero para compensación vial. ¿La razón? Abuso de la ley para eludir su obligación en materia de estacionamientos y de impacto vial. Y así suma y sigue, lo que lamentablemente ha terminado siendo una práctica generalizada en la ciudad.

Ha llegado el momento de ponerle el cascabel a ese gato. Para ello existe actualmente un proyecto llamado "Ley de Aportes al Espacio Público", enviado por el Ministerio de Vivienda al Congreso Nacional y que se encuentra en su segundo trámite, que elimina de raíz este problema al generar un aporte compensatorio proporcional al tamaño de cada conjunto habitacional que se realiza en Santiago.

A quienes se indignan con los "tacos" los invitamos también a indignarse con aquellas empresas que eluden su responsabilidad con la sociedad, mediante el subterfugio de fraccionar proyectos de esta manera. Solo una ley de aportes urbanos, que sea cumplida por todos los actores, nos permitirá construir la ciudad amable y armónica que todos deseamos y demandamos.

Claudio Orrego - Intendente de la Región Metropolitana / El Mercurio

Página Web - 2014/09/02

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Se trata de planes de corto y mediano plazo. Destaca uso de fondos espejo del Transantiago y agilización de concesiones.

A un día de dejar su cargo, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Daniel Hurtado, entregó ayer al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, un documento con 18 medidas de corto y mediano plazo que apuntan a impulsar la reactivación de la economía.

Hurtado aprovechó la cita de Hacienda con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -a la cual asistió como presidente de rama- para llevarle al ministro esta propuesta con iniciativas en los sectores de infraestructura y de vivienda y urbanismo.

El titular de la CChC comentó que está cayendo la actividad en todas las áreas de la construcción tanto en el ámbito público como privado y que los proyectos que entregaron al gobierno generarían empleos.

"Ya tenemos en nuestro sector un 9,5% de desempleo, y proyectamos un 12% para este año", indicó Hurtado. Explicó que si se alcanza dicho porcentaje, se trataría de cerca de 85 mil personas sin trabajo en este rubro que genera 700 mil puestos laborales.

Las iniciativas

Entre las medidas de corto plazo, el documento plantea la utilización de una parte de los fondos espejo del Transantiago y los FNRD (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte urbano en regiones; también, planes de reparación de baches post invierno, licitación de caminos básicos y mejoramiento de aeródromos, y para dar inicio a la construcción de pequeños embalses. A la vez, propone la licitación de sistemas de agua potable rural y acelerar las ingenierías de proyectos en general. En materia de concesiones destaca la ejecución del plan de seguridad normativa de carreteras, agilizar terceras y cuartas pistas y desarrollar los hospitales Salvador-Geriátrico y Santiago Occidente a través del sistema de concesiones.

En vivienda, la CChC señala que se debería implementar un programa extraordinario para la materialización de unos 50 mil subsidios otorgados, pero que no han sido ejecutados por parte de los beneficiarios. Hurtado recordó que una medida de este tipo se adoptó en 2009.

Igualmente, se propone incrementar los presupuestos de los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas para 2015. En este último caso, en la CChC estima que Vialidad debería elevar en 10 a 20% su presupuesto anual, que ronda los US$ 1.600 millones.

ÁREAS VERDES

Mejoramiento de plazas y construcción de 30 parques están entre las iniciativas.

"Si llegamos a 12% de desempleo en nuestro sector, se trataría de cerca de 85 mil personas que estarían sin trabajo".
DANIEL HURTADO, PRESIDENTE DE LA CCHC

Marco Gutiérrez V. / El Mercurio

Página Web - 2014/08/28

Fuente: http://diario.elmercurio.com/

Iniciativa obligará a todos los edificios a pagar el impacto vial que generan.

El proyecto de ley de aportes busca obligar a todas las construcciones nuevas a mitigar los impactos viales que generan. Hoy solo lo hacen las que tienen más de 150 estacionamientos (en promedio), pero con la iniciativa todos deberán pagar compensaciones, dependiendo de su magnitud. La idea, presentada por el gobierno anterior, fue acogida por el actual, pero, según especifica el jefe de la división de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Pablo Contrucci, la cartera le introducirá modificaciones.

En las próximas semanas ingresará al Congreso una indicación sustitutiva que busca hacer más flexible la iniciativa. Entre los cambios, se ampliará la compensación económica que hagan los desarrolladores inmobiliarios para que puedan financiar la construcción de áreas verdes y espacios públicos. El proyecto actual solo permitía hacerlo en vialidad o planes de transporte.

Según Contrucci, se crearán dos fondos. "Uno local, para financiar problemas de impacto inmediato y otro fondo de aplicación para un ámbito mayor de la ciudad. Eso lo estamos definiendo con el Ministerio de Transportes", explica.

El Mercurio

Página Web - 2014/08/26

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