Prefabricadas: parte de la solución a la emergencia habitacional (ARGENTINA)
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Combinan precio, diseño y estructuras estables a base material liviano y construcción en seco.
Por lo general, las casas prefabricadas son económicas y estables y el principal factor a tener en cuenta es considerarlas como bienes inmuebles o muebles. En el primer caso, están ancladas al suelo y reciben los suministros en forma equiparable a las edificaciones tradicionales y requieren permisos de construcción; únicamente pueden ubicarse sobre terrenos declarados urbanizables. En el segundo caso, no deben tener esos anclajes y ser autosuficientes en cuanto a suministros y abastecimientos. Las prefabricadas disminuyen los trámites burocráticos, más allá de que en cada caso debe obtenerse el CAT actualizado, junto con la parte técnica.
El plan piloto de implementación parcial o total de tecnologías de edificación modular y materiales alternativos de construcción industrializados o preindustrializados fue impulsado por la Secretaría de la Vivienda de la Nación, que además firmó un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Al incluirlo como parte de la solución a la emergencia habitacional, se supuso que aumentaría la capacidad de dar respuestas al déficit del sector en el país.
La ley de Defensa del Consumidor explicó en su artículo 1º, reglamentario de la 24240 de septiembre de 1993, que "en caso de ventas de viviendas prefabricadas, de los elementos para construirlas o de inmuebles nuevos destinados a viviendas, se facilitará al comprador una documentación completa suscripta por el vendedor en la que se defina en planta a escala la distribución de los distintos ambientes y de todas las instalaciones y sus detalles y las características de los materiales empleados".
Las personas decididas a comprarlas deben exigir el cumplimiento de lo publicitado y/o expuesto e incluso tener en cuenta que a veces se presentan irregularidades comunes; por ejemplo, al abonar señas por las prefabricadas a instalar, no siempre se recibe información sobre los adicionales, como los gastos administrativos, los traslados y/o los armados.
En diversas provincias y municipios exigen a los proveedores de sistemas constructivos industrializados que actualicen anualmente sus datos y el certificado de aptitud técnica (CAT). Este es emitido por la Dirección de Tecnología de la Secretaría de Vivienda de la Nación, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que envía profesionales e inspectores para verificar los productos de quienes deben inscribirse. Los proveedores son responsables de las presentaciones de los planos y las firmas de sus representantes técnicos autorizados en las dependencias locales específicas. Sólo con el CAT se pueden habilitar las viviendas, las cuales deben ser de materiales pesados (placas de cemento) o livianos (de madera) tratados adecuadamente. Luego de la verificación municipal, se tramitan los suministros de los servicios, como luz, agua y gas.
Carlos A. Hernández y David F. Esborraz recordaron, en "Las cláusulas abusivas en la contratación inmobiliaria", que "la Constitución nacional, a través de la reforma de 1957, otorgó al 'acceso a una vivienda digna' jerarquía de derecho fundamental (artículo 14 bis), lo que exigió una modificación del Código Civil que se reflejó en leyes tales como: las de ventas de inmuebles fraccionados y a plazos (14005 y 23266); de prehorizontalidad (19724 y 20276); de locaciones urbanas (23091); de titulación de inmuebles (24374); de financiamiento de la vivienda y la construcción (24441), y de 'leasing' (25248)".
Tales normas se beneficiaron con la ley 24240, por proteger el derecho del consumidor y aplicarse a la "adquisición de inmuebles", expresión que comprende a todos los tipos contractuales mediante los cuales se transmiten o constituyen derechos reales o personales. Los aspectos jurídicos alcanzados quedan restringidos por cuanto se condiciona la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor a los negocios que tienen por objeto inmuebles nuevos para viviendas, incluso los terrenos adquiridos con el mismo fin, cuando las ofertas sean públicas y dirigidas a personas indeterminadas. De cualquier manera, el decreto 1798/94 del Poder Ejecutivo Nacional –que es el que reglamenta la ley 24240– comprendió las ventas de prefabricadas o de los elementos para construirlas –aun cuando sólo se los considere inmuebles por accesión– al considerar que tienen un matiz social parecido al regulado por la ley 14005 (la accesión es un modo de adquirir el dominio, por el cual el propietario de una cosa hace suyo no sólo lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora). En la accesión de cosas muebles a inmuebles, se edifica con materiales ajenos en suelo propio y al dueño del terreno le corresponde pagar los materiales, o se edifica en suelo ajeno sin conocimiento del dueño, por lo cual este hace suyo lo construido indemnizando a quien lo hizo. A su vez la reglamentación impone, a los proveedores de prefabricadas y a los de inmuebles nuevos, facilitar al consumidor "...una documentación completa suscripta por el vendedor en la que se defina en planta a escala la distribución de los distintos ambientes y de todas las instalaciones y sus detalles y las características de los materiales".
Desde julio del 2013 existe un "Reglamento argentino de estructuras de madera" del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (Cirsoc) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El mismo definió los métodos y las disposiciones para los diseños y las construcciones de estructuras con maderas aserradas y laminadas encoladas, aparte de productos derivados, como asimismo aquellos a utilizar en los diseños y las fabricaciones de uniones simples y múltiples. Hasta consideró los requisitos vinculados con los comportamientos mecánicos y la durabilidad de las estructuras, pero no tuvo en cuenta, sin embargo, aspectos tales como las aislaciones térmica y acústica. La calidad de los materiales, incluyendo los de las uniones mecánicas, debe satisfacer determinados requisitos.
El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 12 de junio de 2012, se destinó a quienes tuvieran de 18 a 65 años. Previó 400.000 créditos del Banco Hipotecario, gestionados por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para construir, ampliar, terminar y refaccionar viviendas, como asimismo adquirirlas en desarrollos urbanísticos. Posteriormente, permitió elegir entre modelos realizados en eucalipto y pino, propuestos por la Cámara Argentina de la Madera sobre la base de experiencias en Entre Ríos, como las de Martín Sánchez Acosta y Ciro Mastandrea, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Concordia.
"Las viviendas de madera abren una nueva perspectiva para solucionar la demanda habitacional, generar mano de obra especializada y agregar valor al sector forestal", declaró Gustavo Bordet cuando era intendente de Concordia en agosto pasado (fue elegido gobernador de Entre Ríos por el Frente para la Victoria el 25 de octubre). Con pequeños y medianos empresarios (pymes) y profesionales y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, se preparó una misión técnica a Canadá para interiorizarse acerca de los sistemas constructivos de viviendas en madera en uno de los países más avanzados en ese rubro. "Las ventajas no sólo tienen que ver con el costo y el tiempo de ejecución –menor al de las viviendas tradicionales– sino que son de excelente calidad", promocionó Bordet.
El Grupo de Estudios de Construcciones en Madera (Genoma), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), analizó la ejecución masiva de viviendas sociales mediante un sistema modulado de paneles de madera de fácil acople. En la propuesta de la FAU participó el Centro para el Desarrollo Foresto-Industrial (Cedefi), conformado por el INTA de Concordia, el INTI y la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional. El Cedefi avanzó en la construcción sistematizada, modulada e industrializada, encarada en gran parte en fábrica.
Entre los emprendimientos locales se presentó un modelo de 88 metros cuadrados en madera maciza industrializada, diseñado por Alicia Martín y Marta Stolkiner, de la Dirección de Forestación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Magyp), quienes cedieron sus derechos del proyecto para que cualquier habitante pueda usarlo.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación encaró el año pasado una inversión en 34 prefabricadas en la provincia de Santa Cruz, tras un convenio con la cartera social de la Municipalidad de El Calafate. Fueron destinadas a familias en situación de riesgo social y se hicieron en parcelas aledañas al inconcluso Plan Federal-2ª Etapa. Viviendas Roca realizó la mitad de ellas y la comuna asumió la responsabilidad de aportar las redes de servicios.
MIGUEL ÁNGEL FUKS / Rio Negro
Página Web - 2015/11/01
Fuente: http://www.rionegro.com.ar