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Trabajadores despedidos de la Fundación Caracas (Fundacaracas) y damnificados del refugio Samuel Antonio Maldonado protestaron en la avenida Principal de Altavista por la paralización de las obras de la Misión Vivienda en los expropiados Autolavado y Estacionamiento El Helicóptero y Aluminios Brito.

Al lugar llegó el representante de la Comisión Presidencial para Refugios Dignos (Copredig), teniente coronel Francisco Lugo, quien reconoció problemas con el suministro de materiales de construcción para ejecutar las obras en Altavista e invitó a una reunión hoy en la sede de la institución en Sabana Grande para buscar soluciones habitacionales de 31 familias damnificadas desde diciembre de 2010.

En mayo de 2012 representantes de Fundacaracas, ente adscrito a la Alcaldía de Libertador, tomaron los terrenos en la avenida principal de Altavista para levantar 112 viviendas. Allí estacionaban y reparaban sus camionetas los transportistas del bloque del Oeste.

Yusvelis Regalado, vocera del refugio Samuel Antonio Maldonado, explicó que el 20 de diciembre pasado la Constructora AMK, contratista de Fundacaracas, despidió a los 14 trabajadores, de las obras en Altavista alegando que "habían culminado el proyecto". "Ni siquiera ha comenzado. Tenemos unos pocos huecos y pilotes y cabillas oxidadas".

Alix Medina, afectada, alegó que llevan tres años viviendo mal en las instalaciones de un colegio. "Nuestro padrino de la Alcaldía de Libertador, Franco Manrique, nos abandonó. Ayer vino un miembro de Fundacaracas solo a dar la cara".

Alfredo Archila, despedido, también alegó que en la obra falló el suministro de materiales y la planificación. "Nos botaron y dijeron que comenzaríamos el siete de diciembre, pero fue un engaño colectivo", señaló.

 


JORGE HERNÁNDEZ / El Universal

Página Web - 2014/01/17

Fuente: http://www.eluniversal.com/


La montaña de Parque Caiza sufre por la irregularidad: tuberías improvisadas de aguas blancas, descargas por la carretera de aguas servidas y de lluvia, y la construcción no permisada afecta la estabilidad de la vía y de las viviendas.

Para Aura Contreras la obra pública que ha salvado a la zona de un colapso hídrico es un drenaje de aguas pluviales construido en 1958, aunque fue en los años 90 cuando arrancó la construcción masiva de conjuntos residenciales, y ahora el sector, atravesado por una única carretera principal (la avenida Maturín) es el hogar de veinte mil personas de Parque Caiza, Mirávila y Karimao.

Y aunque los edificios cuentan con plantas de tratamiento para descargar en las quebradas Agua Amarilla y San Isidro, los mismos residentes sospechan de la calidad del procedimiento. Además algunas casas y comercios tienen pozos sépticos rotos y otros descargan en las cunetas que conducen al antiguo drenaje.

En 2010 los vecinos solicitaron a la alcaldía de Sucre, a través del presupuesto participativo, un sistema de colectores de aguas servidas e identificaron donde irían las bocas de visita para que las construcciones se adhirieran. Como la obra no se llevó a cabo por falta de fondos, los problemas se acentuaron. El noviembre pasado una falla de borde cedió y ameritó el cierre total de la vía por más de un mes.

Para evitar que se repita, los vecinos Alí Jaspe y Ricardo Hurtado realizan inspecciones de la carretera. Saben que hay cinco fallas de borde preocupantes y tienen identificados los puntos críticos de descarga de aguas que causan socavamiento y daños al asfalto.

Al menos tres casos alertan a la comunidad. Uno de ellos es el de la familia Novielli, cuyo pozo séptico colapsó hace casi un mes, y aunque la alcaldía ofreció realizar la reparación, no consiguieron apoyo de la comunidad para abrir la viga de control de altura que evita el paso de camiones como el que necesitaban. Sus aguas negras corren ahora por la carretera

Otra situación similar es la del autolavado que funciona frente al conjunto Vista Linda, el cual deja correr sus aguas con jabón y grasas por la cuneta de la carretera.

Pero más les alarma el crecimiento de cinco zonas de construcción irregular. "No tienen acceso a servicios públicos formales y además nos preocupa la inseguridad, ya que aumenta cada día el paso de motos", explica Hurtado.

Los tres vecinos creen que la comunidad debe retomar conversaciones, y piden a la alcaldía asesoramiento en el mantenimiento de las plantas de tratamiento, así como retomar las obras de colectores.

 


ELISA VÁSQUEZ / El Universal

Página Web - 2014/01/17

Fuente: http://www.eluniversal.com/


Aura Contreras es dirigente vecinal de la urbanización Karimao Country, la más lejana de las zonas habitadas de la montaña de Parque Caiza. Le preocupa que las invasiones o construcciones irregulares causen mayores daños al socavamiento de la avenida Maturín.

-¿Cuántas construcciones irregulares existen hoy?

-En la montaña hay cinco barrios en crecimiento, dado el aumento de los asentamientos irregulares: uno cerca del centro de entrenamiento de Viasa, otro en el Fundo Agrario Maturín (detrás de la valla de Pdvsa), el tercero detrás de Vistas Daymar, otro detrás de Mirávila y el último al lado de la urbanización Karimao Country. Nos preocupa qué harán con sus aguas servidas.

-¿Qué es lo primero que necesitan para organizar su sistema de descargas?

-Asesoramiento de la alcaldía de Sucre para que los vecinos sepan cómo hacer mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas, porque contratan a empresas y los malos olores continúan.

-¿Y en materia de obras?

-Comenzar por un estudio de factibilidad que nos diga dónde irían los colectores y quiénes deben conectarse a ellos. Con las nuevas obras los colectores deberían conducir a la quebrada San Isidro, que tiene un buen embaulado, hecho cuando se levantaron las residencias Vistas Daymar, que son las más antiguas.

 


El Universal

Página Web - 2014/01/17

Fuente: http://www.eluniversal.com/


Puerto La Cruz.- Los vecinos aun esperan la decisión de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de Anzoátegui, sobre las denuncias de las invasiones en Colinas de El Samán en Barcelona y, que el alcalde Guillermo Martínez, se comprometió a solventar la problemática que afecta a 1.600 familias.

La toma ilegal comenzó durante la gestión de Inés Sifontes, con un aproximado de 100 personas y a la fecha ya van más de 400 personas, que cada día se apropian de más extensiones de terreno, donde los condominios iban a construir un centro de salud, un Simóncito, un parque deportivo y un liceo, pues los sectores carecen de instituciones escolares.

En nombre del consejo comunal, Genoveva Andújar, narró que hay más de 15 expedientes en la Fiscalía, cuyo titular es Harrison González, quien les dijo que iba a pedir un avocamiento, porque ese caso es político y mientras eso sucede, se ha incrementado el número de ranchos, que ya casi están pegados a las casas y edificios de los sectores: Colinas, El Samán, Las Aves, Pirámides, Rincón Country, Terrazas del Mar y otras zonas residenciales que llevan 30 años construidas.

Otra de las preocupaciones de los vecinos son los índices delictivos. Diariamente se producen entre cuatro y cinco robos, sobre todo a aquellas personas que no tienen vehículos particulares y deben transitar peatonalmente por el lugar.

Se han producido no solo atracos, sino también secuestros y, todo está denunciado en el Ministerio Publico. De esta situación tiene conocimiento además del alcalde Martínez y la Guardia Nacional, los diputados del Consejo Legislativo, entre ellos, Oscar Silva, quien ha dicho que actuará en el caso, y todavía esperan las acciones legales.

Andújar exhortó a las autoridades a que reubiquen a esos ciudadanos en los edificios de la Misión Vivienda que construyen cerca del sitio, para que tengan un hogar digno como reza la Constitución y no tengan que vivir en medio de canales de aguas putrefactas. Destacó que los primeros invasores llegaron del barrio Las Mercedes, que es otra toma ilegal que está al frente de la vía de El Rincón de la zona rural.

Al lugar se trasladó la semana pasada una comisión de la alcaldía capitalina junto a los cuerpos policiales, conversaron con los habitantes, prometieron y no ha pasado nada.

Este jueves, los grupos de invasores estaban talando y quemando nuevos espacios para seguir la construcción de ranchos, lo que sigue alarmando a las familias de la localidad, quienes ven con impotencia que los están rodeando de estas ilegales e improvisadas estructuras.

 


MIRIAM RIVERO / El Universal

Página Web - 2014/01/17

Fuente: http://www.eluniversal.com/


El Instituto Nacional de Tierras Urbanas no tiene estudios que certifiquen que el espacio, perteneciente a la UCV, es apto para viviendas

 

Con 12 votos, 9 de la fracción de la Unidad y 3 del Polo Patriótico, la Cámara Municipal de Sucre acordó solicitar a la Comisión de Urbanismo, Vialidad y Transporte la elaboración de un informe jurídicoadministrativo sobre el decreto de afectación de un terreno en Macaracuay, cuyo titular es la Fundación Universidad Central de Venezuela.

Juan Carlos Vidal, presidente de la comisión, señaló que deben entregar el documento el lunes 20 de enero ante la Secretaria de la Cámara del municipio Sucre "a fin de que sea discutido, aprobado o negado en la sesión ordinaria del 21 de enero".

El concejal informó que luego de que sea debatido el informe se les concederá el derecho de palabra a los vecinos, a representantes de la Fundación UCV y del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, adscrito al Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Se conoció que el Instituto Nacional de Tierras Urbanas aún no tiene estudios que certifiquen que el espacio -que es patrimonio público de la principal casa de estudios del países apto para la construcción de viviendas.

A principios de año el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat, emitió el decreto de afectación para justificar la ocupación temporal del terreno de 19.000 metros cuadrados, ubicado en la urbanización Macaracuay.

 


El Nacional

Impreso Digital - 2014/01/17

Fuente: http://www.el-nacional.com/