Casas en el sector Los Olivos no tienen electricidad.

 

Hace dos años a la comunidad Los Olivos en el sector La Hormiga de Barinas, les aprobaron más de 100 millones de bolívares, a través del Consejo Federal de Gobierno para consolidar los servicios básicos, pero hasta la fecha todavía están sin electrificación, aguas blancas y servidas.

 

Coromoto Ruíz, habitante de Los Olivos, dijo que su comunidad fue concebida como piloto del programa Sustitución de Ranchos por Viviendas IV (Suvi), sin embargo, el proyecto ha quedado con problemas porque no se ha terminado.

 

Indicó que para la electrificación solo colocaron algunos postes y una guaya de baja tensión, que no ha sido la solución en el sector porque la mayoría está completamente a oscuras.

 

Ruíz aseguró que en la comunidad Los Olivos existe una diversidad de personas que incluye, a ciudadanos de la tercera edad, niños y discapacitados, que requieren de todos los servicios para poder tener una buena calidad de vida.

 

En total son 75 familias las que integran el programa Suvi IV en Los Olivos, pero de éstas hay 29 que no tienen las viviendas que les prometieron.

 

La vocera de los vecinos refirió que los recursos aprobados por el Consejo Federal de Gobierno, fueron entregados al Instituto Autónomo de Viviendas y Equipamiento de Barrios (Iaveb), que subcontrató para la realización del proyecto de electrificación a la empresa socialista Barinesa de Vialidad y Construcciones S.A (Barvialsa), que fue constituida con capital de la Gobernación de Barinas.

 

Las familias de Los Olivos, que de acuerdo con Coromoto Ruíz brindan respaldo al Gobierno Bolivariano, esperan que las autoridades definan quién se encargará de la terminación del proyecto, porque necesitan contar con todos los servicios básicos.

 

Los vecinos aseguran haber preguntado por los recursos de su proyecto en el Iaveb, y les han respondido que se encuentran por la reactivación de los trabajos de parte de Barvialsa, lo que deja en incertidumbre a los beneficiarios.

 

 

 

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El Universal

Página Web – 2014/08/18

Fuente: http://www.eluniversal.com

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Aseguran tener entre dos y seis años de espera en el lugar

Olvidados de las autoridades aseguran estar cinco familias del refugio provisional de la urbanización Antonio José de Sucre, conocida como Mume, en Urdaneta.

En un recorrido realizado por el equipo reporteril de ÚN se pudo constatar que la estructura tiene filtraciones en techos y paredes, y dos familias permanecen hacinadas en una sola sala.

María Bermúdez, una de las residentes, comentó que en el lugar hay 22 personas, de las cuales 13 son menores de edad, que llevan entre dos y seis años a la espera de viviendas.

“No hemos recibido ayuda de ningún tipo; se suponía que esto era provisional, pero el tiempo pasa y no hay respuesta de nadie”.

Leida Pérez, otra afectada, indicó que hace una semana acudieron a la alcaldía “y allí nos atendieron a las patadas, cuando nosotros lo que queríamos era tener información sobre nuestro caso”.

Adyaniz Noguera, alcaldesa de Urdaneta, conversó vía telefónica con ÚN y explicó que en el ayuntamiento están al tanto de la situación.

“Este lugar no es un refugio propiamente, por eso no aparecen en los registros; no obstante, estas familias serán atendidas prioritariamente en la entrega de viviendas”, acotó.

Noguera comentó que la alcaldía no tiene a su cargo la construcción de casas, pero servirá de enlace para el Ministerio de Hábitat y Vivienda responda en el corto plazo a estas familias.

“Debemos tener paciencia, pues las repuestas son un poco lentas, pero efectivas. En el municipio se adelantan proyectos habitacionales”.

 

 

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MAURIN HERNÁNDEZ / Últimas Noticias

Página Web – 2014/08/19

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve

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La gobernación hará esfuerzos por sacarlos en grupos de a tres

Habitantes de Villa del Mar (Catia La Mar) se alzaron ayer y reclamaron soluciones habitacionales, ya que el sector está en alto riesgo. Los vecinos trancaron tempranito y brevemente (entre 6:30 am y 7 am) la entrada de Arrecife. Comisiones de Polivargas llegaron al sitio y no hubo mayores complicaciones.

Exigían reubicación inmediata para, al menos, 15 de las 83 familias que viven en ranchos con piso de tierra, sin servicios -ni siquiera un baño, en muchos casos- y a punto de venirse abajo a causa de la inestabibilidad del terreno.

“Cuando llovió el sábado se prendieron las alarmas. Hubo movimientos pequeños de tierra en varias de las viviendas y comenzamos a llamar a los bomberos”, contó Liseth Henríquez, vocera comunal.

Ya han pasado varios sustos con los aguaceros en la entidad y, por ello, han insistido al Instituto de la Vivienda de Vargas (Ivivar) que les de una mano con las reubicaciones.

La secretaria privada de la gobernación, Yamileth Maldonado, llegó al sitio con personal de Ivivar e instaló una mesa de trabajo con los vecinos para seleccionar a las familias más afectadas. Maldonado indicó que en la cuota de adjudicaciones que toca a la gobernación, en obras de Misión Vivienda (30%), tratarán de darles respuesta en grupos de tres familias.

“Pedimos al Min-Vivienda que aumente el cupo para los varguenses, prometido en 70%, para que puedan atender rápidamente casos como los nuestros”, clamó Henríquez.

 

 

 

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FRANK HERNÁNDEZ / Últimas Noticias

Página Web – 2014/08/19

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve

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Uno de los sectores más perjudicados por la caída de la producción de cemento en el país, es precisamente el área de la construcción. Sólo en el estado Lara, el 70% de las obras privadas se encuentran paralizadas, de acuerdo con datos aportados por el presidente reelecto del gremio, Francisco Mendoza.

 

Tras la nacionalización, Cemex de Venezuela disminuyó considerablemente su producción. Incluso cambió los parámetros para la distribución del cemento, teniendo como prioridad a los consejos comunales y obras de la Misión Vivienda.

 

Esta situación, lejos de promover el desarrollo de proyectos, deprimió aún más la ya fatigada actividad inmobiliaria en el país.

 

Al respecto, Francisco Mendoza advierte que la ausencia de una verdadera investigación que determine hacia dónde se dirige la producción de cemento, ha promovido un mercado paralelo que ha disparado los precios de los insumos básicos como cemento y cabilla.

 

Aunque el saco de cemento gris tiene un precio regulado de 68 bolívares, el constructor lo consigue en el mercado sólo si cancela 640 bolívares por saco.

 

La realidad no es distinta en el caso del cemento blanco, pues el saco se comercializa hasta en 940 bolívares. "Dependiendo de la urgencia que tengas, los revendedores te ofrecen el saco a mayor o menor precio. 70% de las obras privadas de construcción están completamente paralizadas por el problema de insumos. Además, también enfrentamos muchas trabas en la asignación de divisas. El Gobierno nacional no ha llamado a los constructores para ofertar dólares preferenciales, esto se traduce en otras fallas en la dotación de insumos que no se producen en Venezuela”.

 

La inseguridad jurídica es otro elemento en el rosario de problemas que enfrentan los constructores.

 

Desde hace varios años, el gremio inmobiliario y de la construcción advirtieron que si no se establecían parámetros que garantizaran la propiedad privada, se generarían escenarios de conflicto entre propietarios e invasores. "Esto tristemente se vio reflejado en casos como La Pastoreña. Lamentablemente nuestras advertencias no fueron escuchadas en su debido momento”.

 

La no oportuna aplicación de normas en Yacural, dejó como saldo dos muertos y toda una comunidad enfrentada por el derecho a la vivienda.

 

Atención Alcaldes

 

A juicio de Mendoza, los alcaldes pueden desarrollar estrategias que permitan el desarrollo del sector construcción en la entidad.

 

En detalle, el gremio se plantea la instauración de una Mesa Técnica de los Permisos, con el objeto de agilizar la obtención de permisos básicos para el desarrollo de las obras.

 

Vale destacar que esta propuesta fue presentada al alcalde Alfredo Ramos cuando era aspirante a la conducción del municipio. "No hemos podido establecer contacto con el alcalde Ramos ni tampoco con José Barreras, alcalde de Palavecino. Esperamos que incorporen nuestras propuestas pues así se podrían agilizar los permisos del Ministerio del Ambiente, Hidrolara, Corpoelec y demás variables urbanas de las alcaldías”.

 

El déficit de viviendas en el país alcanza los dos millones trescientas mil unidades habitacionales. De este número, el estado Lara expresa un 12%. "No podemos olvidar las necesidades de infraestructura, vialidad en general, mantenimiento del sistema eléctrico, mejoramiento de las instalaciones en hospitales, culminación de la obra Yacambú, el estacionamiento de Santa Rosa, entre otras obras de envergadura”.

 

En este contexto, la Cámara de la Construcción no se opone al desarrollo del monumento Manto de María, promovido por la Gobernación de Lara y cuya inversión supera los 400 millones de bolívares. "Aplaudimos que por primera vez se haya concretado la integración de los tres niveles de Gobierno para la ejecución de una obra. Por supuesto que el estado Lara necesita proyectarse, pero creemos que hay otras necesidades más apremiantes”.

 

El criterio de priorizar obras de relevancia reúne el sentir del ciudadano larense que se pregunta: ¿Qué pasó con las Torres del Sisal?, ¿cuándo culminarán la extensión de la avenida Ribereña detrás de El Garabatal?, ¿quién se hará cargo de recuperar la maltratada vialidad?, ¿cuándo llegará el agua por tubería a la zona norte?

 

 

 

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HAYDELUZ CARDOZO / El Impulso

Página Web – 2014/08/18

Fuente: http://elimpulso.com

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