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Al comprador le permite que sus recursos se inviertan en un fondo mientras el proyecto es viable.

Las cifras recientes del comportamiento de la economía del país muestran una recuperación en varios sectores. El de edificaciones reportó un rezago importante, pero sin mayores efectos en los actores, entre ellos los compradores, los dueños de lotes, bancos financiadores y proveedores, entre otros.

Este escenario contrasta de manera positiva con la crisis de finales de los años noventa, en la cual, los efectos sí fueron significativos. Varios factores explican este escenario positivo: tasas de interés más bajas, una economía fuerte, desarrolladores inmobiliarios más formales y estructurados y, sobre todo, un escenario de confianza muy diferente al de los años noventa. Esa confianza se deriva de varias fuentes, entre ellas la de la figura fiduciaria, que es fundamental.

Los fideicomisos han apoyado los desarrollos inmobiliarios de todo tipo, tanto en la crisis de los noventa como en la época de mayor auge. Es importante tener en cuenta que los desarrollos no solo son en vivienda sino oficinas, bodegas, comercio y hoteles, entre otros.

Esquemas como fideicomisos que sustituyen promesas de compraventa para la adquisición de lotes, encargos de preventa o fideicomisos a través de los cuales se desarrolla todo el proyecto, entre otros, son herramientas de valor agregado en servicio del negocio inmobiliario. Al comprador le permite que sus recursos se inviertan en un fondo que administra la fiduciaria mientras se cumplen las condiciones para que el proyecto sea viable, como contar con licencias de construcción, aprobación de créditos, y viabilidad financiera y técnica, entre otros.

Si no se cumplen las condiciones dentro del plazo estipulado, se devuelven los recursos a cada interesado. Al desarrollador inmobiliario se le genera un vehículo que le permite conocer la viabilidad comercial del proyecto, realizar recaudos y pagos y garantizar los créditos otorgados para la obra.

Así mismo, el esquema fiduciario permite ‘aislar’ el proyecto de la misma compañía y de otros desarrollos, entre otras facilidades. Para el banco financiador son estructuras necesarias que le dan garantía y fuente de pago de los créditos que otorga. Por eso, mantener y, si es el caso, mejorar estas ventajas de los fideicomisos es más que necesario.

 

 


Economía y Negocios / El Tiempo

Página Web - 2018/07/07

Fuente: http://www.eltiempo.com/


La normatividad, según el decreto 1521 de 2008, permite que en Medellín las construcciones de edificios residenciales de cinco pisos o menos no estén obligados a instalar un ascensor, lo cual para las personas de la tercera edad o aquellos que tienen problemas de movilidad, es una barrera.

No existe hasta la fecha ninguna ley del orden nacional que agrupe las disposiciones de cada municipio. En los planes de ordenamiento territorial se toma como referencia el Decreto 20 de 1995 de la Cámara Colombiana de la Construcción, que fijó los cinco niveles o 15 metros de altura como mínimo en las edificaciones de Bogotá para adecuar elevadores.

Lo mismo sucede en ciudades como Cali o Barranquilla, incluso otras capitales colombianas sin que exista una explicación técnica de dichos parámetros.

Así lo afirma Gustavo Gómez, profesor de la Escuela de Construcción la Universidad Nacional, sede Medellín, quien incluso confirmó que desde hace más de 30 años, cuando empezó a trabajar en la instalación de ascensores en la ciudad, ya los proyectos seguían esa línea.

 

Temas de costos

“Eso obedece básicamente a una relación costo beneficio, porque no todos los proyectos pueden invertir en un ascensor. Se trata de normas arbitrarias que no tienen una lógica de altura”, explicó Gómez

El docente agregó que otro factor es el elevado precio de las importaciones de estos sistemas, pues los aranceles pueden llegar hasta el 120 % y en Colombia solo hay tres marcas reconocidas que los fabrican en el territorio nacional.

“Falta esa política de Estado para abaratar los costos de importación, y eso pasa factura porque en proyectos para estratos 1, 2 y 3, instalar un ascensor puede representar hasta el 25 % del total de las obras”, subrayó.

Desde Coninsa Ramón H., una constructora referente en la capital antioqueña, manifestaron que el tema de los cinco pisos es algo “común” en el diseño de los proyectos de vivienda.

El arquitecto de esta firma, Luis Fernando Gaviria, comentó que al gasto de instalación se suma el mantenimiento, el cambio en las redes eléctricas para adecuarlo, lo que hace poco viable incluir un ascensor.

“También pensamos en los usuarios. En estratos 1, 2 y 3 es complejo el tema por costos de administración, allí uno trata de que el cobro a los copropietarios sea lo menor posible. Pero un edificio en estratos altos es diferente porque el usuario no ve tan exorbitante pagar un poco más”, señaló.

Gaviria comentó que si bien es verdad que a mayor altura en un edificio sin ascensor los precios del apartamento se abaratan, también sucede al contrario, pues hay compradores a quienes no les importa no tener elevador en la unidad y privilegian el hecho de tener una mejor vista o que no hayan vecinos arriba.

Para Berny Bluman, director de Colombia Accesible, la única solución posible para el vacío legal que existe y para garantizar los derechos de accesibilidad de personas con discapacidad física o de la tercera edad, es crear una ley que reemplace todos los decretos existentes y tener en cuenta a la población que pueda verse afectada cuando en un edificio residencial le toca vivir sin ascensor.

Gómez insiste en que esto solo es posible cambiarlo si desde el Estado impulsan la reducción del precio de las importaciones para generar más competencia en la venta de estos sistemas.

 

El POT de Medellín

“Toda edificación que cuente con más de quince metros de altura estará dotada del servicio de ascensor. Dicha altura será medida entre los niveles de piso acabado del acceso peatonal y el de enrase del último piso”, reza el decreto 1521 de 2008.

Andrés Felipe Aguilar, docente del área de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, explicó que debido a esto las unidades residenciales de cinco pisos o menos (en promedio un piso tiene 3 metros de altura), quedan sin obligación de adecuar elevadores, incluso las construcciones que en la última planta tienen un dúplex.

“El Plan de Ordenamiento Territorial que tenemos remite a ese decreto. No hay legislación para proteger a la población con movilidad reducida o adultos mayores dotando con ascensores a las propiedades horizontales”, anotó.

El profesor Gustavo Gómez anotó que lo ideal es que las unidades residenciales no vayan en contravía de la Ley 261 de 1997, la cual obliga a que todos los edificios de entidades públicas, de mínimo dos pisos, cuenten con elevador.

El panorama es diferente en otros países. Por ejemplo, en España solo basta con que uno de los propietarios del edificio levante su voz de protesta para que la administración de la unidad comience a buscar soluciones.

Así se contempló en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que desde el 4 de diciembre del año pasado volvió obligatorio que los edificios de vivienda, incluso de dos plantas, cuenten con un elevador.

 

Vivir sin ascensor

En el Valle de Aburrá los edificios de cinco o menos pisos construidos hace más de 30 años, incluso menos, no fueron diseñados con elevadores, apoyados en la normatividad vigente.

En Belén La Mota vive Víctor Manuel Álvarez, en una construcción que según él está bien hecha, de paredes gruesas, y en una zona donde tiene acceso a todos los servicios. Pero él, de 67 años, junto con su mujer, de 63, ya ven que la edad se les viene encima y cuando tienen que subir hasta el quinto piso cansados, y peor, cargados de cosas, es un verdadero karma.

“Nos toca subir el mercado entre los dos. Hace algunos años operaron a nuestra hija y recuerdo que tuvimos que llevarla hasta el apartamento sentada en un taburete, con ayuda de los muchachos de oficios varios. Es complicado”, contó.

Víctor Manuel agradeció que hasta ahora no ha tenido enfermedades que afecten su movilidad, pero es testigo habitual de vecinos que se accidentan o que son mayores y tienen bastantes dificultades al subir las escaleras.

Por ello, su esposa María Cecilia Correa está dispuesta a pagar un poco más de los $190.000 que cuesta la administración, con tal de no tener que subir a pie.

Si se tiene en cuenta que una empresa referente en Medellín como Schindler instala elevadores en edificios de cinco pisos con un costo promedio de $80 millones, el gasto que asumiría cada vecino en el bloque de María Cecilia es de $5.300.000.

La firma detalló que hacer este tipo de adecuaciones no tiene ningún inconveniente en edificios viejos, que no contaban con el sistema, así como tampoco en nuevas construcciones que se planearon sin estos. Solo habría que hacer un estudio técnico y ver el espacio disponible para ubicar el ascensor.

Por otro lado, con los costos de mantenimiento que estipula la empresa (ver recuadro), la mensualidad de administración por mantenimiento subiría por hogar en $50.000, pero con la salvedad que hay que convencer a la mayoría en la asamblea de la copropiedad y, muchas veces, se lamentó Víctor Manuel, los dueños de apartamentos de los primeros pisos se oponen porque “los ven inconvenientes”.

 

Movilidad reducida

Paula Restrepo es la mamá de Thomás López, un niño de 12 años que sufre atrofia muscular espinal, una enfermedad que lo dejó sin fuerzas en los músculos y lo obliga a moverse en silla de ruedas.

Aunque a ella le gustaría vivir en una casa de dos plantas o en un apartamento dúplex, le resulta imposible porque necesita un lugar en el que su hijo tenga la mayor accesibilidad posible, donde no tenga que estar subiendo y bajando escalas.

“Uno se tiene que adaptar a las condiciones. Infortunadamente no todos los edificios donde uno quisiera vivir cuentan con ascensores que faciliten la vida a quienes tenemos estas situaciones”, comentó.

Para los que tienen más recursos, también está la alternativa de instalar este tipo de aparatos en sus domicilios. En Medellín, por ejemplo, la empresa Coldesa tiene una especie de plataforma para personas con movilidad reducida con un costo estimado de $21 millones.

Ahora Paula vive en un edificio de Envigado que tiene dos elevadores, aunque para prevenir cualquier eventualidad decidió instalarse en un segundo piso, pues ya tuvo una mala experiencia en un apartamento que estaba en el nivel 21.

“Cuando se dañaban los ascensores era terrible. Una vez tuve que subir a pie, cargando al niño, porque los dos que tenía la unidad estaban dañados y no los arreglaban el mismo día”, reveló.

Orlando Ramírez, administrador de un edificio en Envigado, comentó que las fallas más frecuentes en estos sistemas son ocasionados por el mal uso de las personas, que a veces traban las puertas o los accionan inadecuadamente.

Agregó que también se bloquean cuando hay fuertes lluvias, pues al ser aparatos que funcionan con electricidad cualquier sobrecarga los afecta. Pero si la administración está al día con las cuotas de mantenimiento, las empresas que los instalaron tienen la obligación de prestar servicio técnico las 24/7 cuando hay alguna emergencia.

Con la normativa vigente, las personas con limitaciones físicas o los adultos mayores se ven obligados a comprar en primeros pisos, en casas, o en unidades con elevadores; o a vender sus propiedades en caso de sufrir un accidente que les deje secuelas permanentes.

En definitiva

El decreto que rige el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín sobre ascensores es el 1521 de 2008, este obliga a instalar estos sistemas en edificios de más de 5 pisos o 15 metros de altura.

Contexto de la Noticia

Costos de mantenimiento de un elevador

En un edificio de Envigado de 72 apartamentos, que cuenta con dos ascensores, el gasto mensual de mantenimiento es de $800.000. Según el administrador Orlando Ramírez, las cuotas para cada inquilino se sacan teniendo en cuenta el coeficiente de copropiedad, el porcentaje que ocupa cada inmueble en el área total de la urbanización. Por eso, explica, los dúplex aportan cuotas de administración más caras (promedio de $300.000), mientras que otros apartamentos pagan cerca de $230.000. El abogado Andrés Felipe Aguilar, docente del área de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, detalló que, de acuerdo al artículo 29 de la Ley 675 de 2001, del pago por mantenimiento se puede exceptuar a quienes viven en el primer piso, siempre y cuando no usen zonas comunes a las que se lleguen con ascensor (gimnasio, piscina, parqueaderos, etc.). Pero este es un caso puntual, pues según la empresa Shindler, referente en esta tipo de instalaciones en Medellín, la variedad de elevadores es muy amplia. Esta compañía cuenta con el modelo 3300, el más pedido en la capital antioqueña para unidades, y el costo mensual del cuidado de cada estructura es de $800.000, sin repuestos.

 

 


Diego Zambrano Benavides / El Colombiano

Página Web - 2018/07/05

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


La primera temporada de lluvias en Colombia sigue dejando efectos negativos para la población. Fue hasta la segunda semana de junio para la región Andina y ahora baja hacia la Orinoquia y Amazonia, donde ya deja a 4.946 familias damnificadas, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), luego de reportar crecientes y deslizamientos en los departamentos de Arauca, Guainía y Vichada.

De acuerdo con el director de la Ungrd, Carlos Iván Márquez, el trabajo se ha concentrado en la atención humanitaria de los damnificados, que se ubican en Inírida, Atabapo, Guaviare, Puerto Carreño, Santa Rosalia, Arauca y Arauquita en estos tres departamentos.

La Ungrd indicó que, para atender la emergencia en Guainía, provocada por la creciente de los ríos Inírida, Atabapo y Guaviare, el Gobierno, con el apoyo de la Fuerza Aérea, envió a la zona alimentos, productos de aseo, cobijas y frazadas para las 958 familias afectadas, mientras que para Arauca y Vichada destinaron 19 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo agua, alimentos, ropa, cobijas y carpas.

 

Seguirá lloviendo


Luis Alfonso López, jefe encargado de la oficina de Alertas y Pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), explica que este proceso climático es normal, pues tradicionalmente la primera temporada se siente entre marzo y junio en la Andina, y de mayo a noviembre para el resto del país.

López deja claro que el pico de lluvias para esta región se sentirá en octubre, mientras que entre agosto y septiembre se espera que haya una reducción. Así mismo, destaca que, con el inicio de la temporada de ondas y ciclones tropicales, las lluvias se pueden acentuar en el país.

“Este fenómeno se siente desde que empezó, el pasado 1 de julio, y se extenderá hasta noviembre, por lo que las autoridades deben mantener monitores y trabajar con las comunidades”, explicó el funcionario.

 

En alerta roja

Ahora, el Ideam y la Ungrd se enfocan en dejarles claro a las comunidades sobre los riesgos y alertas que provoca el incremento de las precipitaciones, como alertas por deslizamientos y crecientes súbitas de ríos y quebradas, como lo mostró en el boletín de alertas, en el que informó que las autoridades y los pobladores deben estar atentos a los niveles altos e incrementos en el nivel de los ríos.

El Instituto, teniendo en cuenta este fenómeno, activó la alerta roja para las comunidades que estén cerca del río San Jorge en la Costa Caribe; el Cauca en la zona de La Mojana sucreña, y las cuencas media y baja del río Atrato.

Por otra parte, en la Orinoquia, reconoció que la alerta se concentra por los altos niveles de afluentes en el río Arauca, la cuenca baja del Meta, Guaviare y el Orinoco.

En cuanto a deslizamientos, el Ideam activó la alerta roja en los municipios de Alejandría e Ituango (Antioquia), y en Condoto (Chocó), mientras que, en la región Amazónica dejó en este mismo nivel de alerta a las poblaciones que están al lado del río Inírida.

 

Contexto de la Noticia

¿Qué sigue?

Alertas por deslizamientos

Luis Alfonso López, de la oficina de Alertas y Pronósticos del Ideam, también explicó que las autoridades de tránsito y transporte deberán reforzar sus esfuerzos y las tareas de prevención, debido a las alertas por deslizamientos que se tienen en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Casanare, Chocó Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander, debido al aumento de las lluvias. Además, manifestó que en las últimas 24 horas hubo un incremento en la cantidad de precipitación acumulada a nivel nacional y el mayor volumen registrado se presentó en Magangué (Bolívar) con 104,0 milímetros, durante el día.

 

 


El Colombiano

Página Web - 2018/07/04

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Los primeros tres meses del año no trajeron buenas noticias para el sector constructor. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre enero y marzo el segmento construcción del país se contrajo 8,2 % con respecto al mismo periodo de 2017.

La tarea está enfocada a tener un segundo semestre más consolidado y a alcanzar un cierre de año mucho más fuerte que 2017 (momento en el que el sector de edificaciones cayó un 0,7 %, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -Dane-).

Es por esta razón que según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la proyección para el Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones establece una variación anual de 1,3% una vez finalice este año.

La meta es volver a desempeños muy parecidos a lo ocurrido en 2016, momento en el que la construcción creció 4,1 %, incluso por encima del 2 % al que se incrementó la economía del país para. Para ese momento se constituyó además como el segundo segmento más importante de la economía local, solamente superado por “servicios financieros e inmobiliarios”.

Ahora la miras está puesta sobre lo que pueda pasar en este 2018 y las cuentas que se empiezan a hacer para 2019.

“Gracias al repunte en la confianza de los consumidores, y la disposición para comprar vivienda, se espera que el segundo semestre dé señales de reactivación en los principales indicadores de la actividad edificadora y el mercado de vivienda nueva. No obstante, la nueva realidad del sector caracterizada por ciclos comerciales y constructivos más amplios, harán que el comportamiento del valor agregado sea de manera más lenta de lo previsto y con mayor contundencia hacia el año 2019”, afirmó Sandra Forero, presidente de Camacol.

Y la esa meta de crecimiento se sustentará, según los protagonistas del sector, en la medida en que exista una política estatal mucho más fuerte con miras a: incentivar la compra de vivienda (incluida las de interés social), así como planes de construcción con ese mismo fin.

Amparo Polanía, presidente de Constructora Colpatria, le dijo a EL COLOMBIANO que: “La construcción es un sector muy sano que sigue teniendo importancia grande dentro del desarrollo económico del país. Sí hay indicadores de ventas que no han sido los mejores, pero hay políticas para la adquisición de vivienda que han ayudado al impulso del sector”.

Sobre este punto, entre enero y abril de este año, se vendieron 57.002 unidades de vivienda. La cifra, aunque representa una caída de 12,6 % con respecto a los resultados del mismo periodo del año pasado, muestra un crecimiento cercano al 9,3 % si se compara con el acumulado de los últimos cuatros meses del año pasado.

Las viviendas de interés social, según Camacol, jugarán un papel importantísimo en la medida en que sus ventas sigan incrementándose de manera gradual.

“La vivienda social continúa reportando altos niveles en ventas; situación contraria a lo evidenciado para los segmentos medio (105 a 340 millones de pesos) y alto (más de 340 millones)”, añadió Forero.

Además de las edificaciones de vivienda, la construcción de espacios empresariales y comerciales serán fundamentales para jalonar el crecimiento que espera el sector para este año.

A cierre de 2018 se espera que la actividad edificadora del país supere la meta de inversiones anuales por 77 billones de pesos. El sector busca superar la cifra del aporte de 46 billones de pesos al PIB actual y generar más de los 1,8 millones de empleos que representa para el país, junto al sector inmobiliario.

En Definitiva

¿Qué debería pasar para que las actividades asociadas a la construcción crezcan? Las iniciativas gubernamentales y un aumento en la confianza inversionista serán muy importantes.

Contexto de la Noticia

¿Qué sigue?

 

Antioquia, con miras a mejorar

De acuerdo con el reporte preliminar de resultados para el Producto Interno Bruto (PIB departamental), que reveló Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el sector construcción presentó una baja participación (1,6 %) sobre la actividad económica de la región. Un incremento en la venta de viviendas será fundamental para las estimaciones hechas sobre este segmento en Antioquia. A inicios de 2018 las perspectivas estaban sobre las 23.500 unidades, a las cuales se les sumaría lo que se active por temas de proyectos VIS (Vivienda de Interés Social), que aún no empujan del todo al sector.

 

 


Sergio Rodríguez Sarmiento / El Colombiano

Página Web - 2018/07/03

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Tres casos emblemáticos en Córdoba y Cauca ponen en peligro la adjudicación de predios


Campesinos a quienes se les adjudicó la finca Palmas de Chipilín, en el corregimiento Martinica en Montería, perdieron algunas de sus improvisadas casas hace tres meses en un incendio detrás del que, según las autoridades, estaría un grupo de invasores de tierras.

La finca, cuyo valor supera los 3.100 millones de pesos, fue adquirida por la Agencia Nacional de Tierras en octubre pasado para ser entregada a 45 familias de la Asociación Nacional de Campesinos (Anuc) de Córdoba, pero cinco meses después fue invadida por cerca de 100 familias

La agencia logró que las autoridades ordenaran el desalojo, y, aunque el procedimiento se llevó a cabo, en menos de tres días, los invasores regresaron.

Este caso no es el único documentado por la Agencia de Tierras, que ha hallado campesinos, indígenas, afros o empresarios invadiendo territorios de otros, o predios de la nación. Aunque no hay cifras oficiales sobre cuántas propiedades están invadidas, la Agencia de Tierras tiene registrados por lo menos tres casos emblemáticos que preocupan a las autoridades y podrían poner en riesgo el programa de formalización de tierras, que ya ha logrado adjudicar 1,5 millones de hectáreas (ver notas anexas).

En el caso de Palmas de Chipilín, la agencia compró la finca de 202 hectáreas el 30 de octubre del 2017 para entregársela a la Anuc. Pero mientras se hacía la organización y distribución de parcelas a 45 familias campesinas , otro número significativo de familias tomó el predio por vías de hecho, sacando de forma violenta a los adjudicatarios.

El pasado 13 de junio, funcionarios de la agencia, acompañados de la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, realizaron el desalojo, pero dos días después los invasores regresaron. Ahora, de acuerdo con la agencia, se debe iniciar nuevamente el proceso, que consiste en la presentación de una querella ante el inspector de policía para que cite a una audiencia de conciliación en la que se les pide a los invasores su retiro voluntario. Si la respuesta es negativa, se adelanta un nuevo desalojo.

El director de la Agencia de Tierras, Miguel Samper, ha dicho que quienes están invadiendo pueden quedar vetados para ser beneficiarios de los programas de adjudicación. “No van a acceder en ningún momento a un programa de adjudicación de baldíos o de formalización de la tierra o de entrega de tierras por parte de la agencia. Invadir no es la solución, en esta tierra tenemos que caber todos, pero no a la brava”.

Otro caso de invasión es el de seis predios de las haciendas San Joaquín, en Balboa, y El Carmen, en el Patía, Cauca, los cuales fueron adquiridos en enero de este año por la agencia para convertirlos en el hogar de 2.060 familias campesinas de Anuc. Hoy, esas familias no han podido establecerse en la propiedad porque integrantes de un consejo comunitario afro reclaman esa tierra y están impidiendo la llegada de los adjudicatarios.

Fuentes de la agencia dicen que la comunidad afro no se ha instalado completamente, pero impiden la adjudicación con el argumento de que las fincas están en territorio ancestral. Reuniones con líderes de la Mesa Afrocaucana no han logrado destrabar la situación en la que está en riesgo la inversión de 21.400 millones hecha por el Estado al comprar esas 1.950 hectáreas

El tercer caso que preocupa a la agencia es el de El Vichal, en Cereté, Córdoba. Sobre ese predio, el Consejo de Estado determinó que es un baldío de la Nación, lo que lo hace inadjudicable, a pesar de que era reclamado por empresarios.

Desde 1989, campesinos del corregimiento Rabo Largo alertaron sobre la invasión por parte de un grupo de particulares. Desde entonces comenzó un largo proceso en el que integrantes de la familia Milane Calume, propietaria de la empresa Proagrocor; las familias Calume Spath y Castillo Calume, de la empresa Calume Spath y Compañía, y el señor Luis Alejandro Otero alegaron ser los dueños del terreno.

En su calidad de inadjudicable, el predio de 263 hectáreas y que está avaluado en 17.000 millones no será entregado de forma definitiva a nadie, pero con su recuperación material, que fue hace un mes, la agencia puso en marcha un nuevo reglamento para que campesinos de escasos recursos puedan beneficiarse con sus cultivos transitorios.

 

Agencia les ha puesto orden a 1,5 millones de hectáreas

Con 1’572.955 hectáreas formalizadas desde el nacimiento de la Agencia Nacional de Tierras, hace dos años, han sido beneficiadas 40.420 familias.

La entidad, cuyo propósito es poner orden a la propiedad rural a través de la adjudicación de tierra a campesinos que no tienen y la legalización de quienes hacen uso de ella pero no han formalizado esa situación, señala que hoy ya se han entregado 37.126 predios en todo el país.

La cifra es récord si se tiene en cuenta que las hectáreas entregas en seis años en procesos de restitución de tierras –procesos de devolución relacionados con el conflicto armado– llegan a las 291.000 que benefician a cerca de 40.000 personas.
De los 48.480 procesos de adjudicación de baldíos resueltos a la fecha, los cuales hacen parte de esta estrategia que avanza de la mano con el acuerdo de paz, 34.199 culminaron con adjudicaciones, 9.184 se negaron, entre otras razones porque eran predios con protección especial o los peticionarios no cumplían los requisitos para recibir el beneficio, y 5.097 más terminaron archivados.

Al Fondo de Tierras, que también hace parte del acuerdo de paz y debe proveer siete millones de hectáreas para familias que no la tengan, cuenta ya con 517.249 hectáreas inscritas.

En entrevista con EL TIEMPO el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, aseguró que "la conflictividad social por la tierra es la mayor amenaza" en el proceso de adjudicación de predios.

¿Cuál es el mayor impacto que ha generado la Agencia Nacional de Tierras en estos dos años de funcionamiento?

Han sido tres: el primero es que pusimos al país a hablar de tierras. El asunto de la tierra no se abordó por décadas y hoy ocupa uno de los primeros renglones de la agenda nacional. El segundo es que logramos reincorporaran a la vida productiva más de 41.000 familias. Se trata de familias que convertimos en propietarias de su tierra y hoy pueden acceder a créditos, subsidios, vivienda, gracias a ese título de propiedad. Por último, sembramos esa semilla de masificar la formalización, para que a futuro rinda sus frutos en condiciones de desarrollo y progreso en el campo colombiano.

La invasión de tierras es uno de los grandes desafíos de los procesos de formalización, ¿qué otras amenazas hay en este proceso y cómo se están atacando?

Tal vez la mayor amenaza sea la conflictividad social. Las pretensiones y demandas de tierra son enormes por parte de todas las comunidades. Debemos entender que en esta tierra tenemos que caber todos, y que la tierra no se reproduce milagrosamente como los panes y los peces. Debemos hacer un gran pacto por la tierra en el que garanticemos que podemos poner a producir el campo sin darle codazos al otro.

El Centro Democrático ha criticado la estrategia de formalización rural que quedó en el acuerdo de paz. ¿Cómo responder a esas críticas y qué esperar del próximo gobierno?

En las reuniones de empalme, el equipo de Iván Duque ha demostrado gran interés no solamente por seguir el proceso sino por profundizarlo, darle fuerza. Con la formalización, ordenando el territorio como se ordena la casa, podemos demostrar que esa dicotomía entre la agroindustria y el pequeño o mediano propietario no existe y, al contrario, se puede generar ese esfuerzo conjunto hacia la productividad y el desarrollo del campo que todos estamos esperando.

 

 


Justicia / El Tiempo

Página Web - 2018/07/02

Fuente: http://www.eltiempo.com/