En una audiencia pública, con 36 propietarios como testigos, la Alcaldía de Itagüí dio la orden de demoler el edificio Babilonia, evacuado desde el 29 de junio por riesgo de colapso.

Los dueños de los apartamentos, silenciosos, escucharon la orden y reclamaron la presencia de la constructora Ruiz Sánchez y Asociados que no acudió a la diligencia, como tampoco lo hizo el pasado 30 de octubre.

En resolución No. 110428 del 6 de noviembre, la administración municipal confirmó que, según los estudios de vulnerabilidad presentados por Ruiz Sánchez y Asociados, Babilonia tiene defectos de construcción, materiales que no son suficientemente resisistentes y patologías asociadas al agotamiento estructural que han debilitado progresivamente el edificio, a tal punto que hoy “amenaza ruina”.

Óscar Muñoz, secretario Jurídico de Itagüí, explicó que esta es una decisión de primera instancia contra la que procede una apelación que sería resuelta, si es el caso, por el alcalde León Mario Bedoya, en un plazo de ocho días.

 

Así sería la demolición

Ángela Ramírez, administradora del edificio y propietaria de uno de los apartamentos, aseguró que la demolición no es la mejor noticia para ella y sus vecinos, pero aclaró que prefieren que se les garantice la seguridad y la vida. “En el evento de una repotenciación, lo que queremos es que haya alguien que responda por esa obra, porque si va a ser solamente la constructora, no confiaríamos en un trabajo hecho por ellos”, dijo.

Ramírez anunció que ya radicaron denuncias contra el constructor y que el equipo de abogados que representa a los 36 propietarios está estudiando qué otras acciones legales pueden tomar para exigir la reparación a las víctimas.

“Esperamos que logren responder por nuestro patrimonio. Nosotros veníamos muy contentos con la actitud de ellos (constructora), pero de un tiempo para acá no dan la cara y han tratado de hacer reuniones con algunos propietarios bajo cuerda”, agregó.

Otro edificio enfermo

Aunque aún no se ha hecho público el 100% de los estudios, Muñoz adelantó que el documento dejó al descubierto que el proceso constructivo no se hizo acorde con lo licenciado por la Curaduría Primera, que además hay dificultades en la resistencia de los materiales y que no se tiene certeza de que el edificio haya contado con la profundidad necesaria en sus fundaciones, pues no hay una bitácora del proceso constructivo.

El edificio Babilonia fue licenciado por la Curaduría Primera de Itagüí, en un documento con cálculos firmados por los ingenieros Jhonier Iván Mena Romaña y Adriana Aguirre Castaño. Ambos se comunicaron con EL COLOMBIANO para informar que no eran los calculistas de este proyecto a pesar de que en los documentos oficiales aparecen sus nombres, matrícula profesional, firma y sello.

La constructora no ha respondido aún quiénes fueron los diseñadores estructurales finales del edificio.

Cada apartamento, según Ramírez, tuvo un costo de entre $100 y $275 millones, y como gancho de venta ofrecían la ubicación, pues es vecina al almacén Éxito.

“En 2016 radiqué las primeras PQR por las grietas que se presentaban. El constructor hizo unas reparaciones y decía que tenían que ver con el asentamiento del edificio, pero las grietas reaparecían”, indicó la administradora.

En junio de 2018, y tras la apertura de nuevas grietas y la falla en una de las columnas, la oficina de Gestión del Riesgo de Itagüí ordenó evacuar la estructura que, desde ese momento, quedó bajo custodia de la constructora.

En los tres meses siguientes, Ruiz Sánchez y Asociados elaboró y presentó un estudio de vulnerabilidad, el mismo que sirvió como base para concluir que “el edificio no aguantaría un proceso de repotenciación, por la debilidad constructiva que tiene”, según explicó el secretario Muñoz.

 

El otro escenario

Si la orden de demolición queda en firme, la constructora deberá encargarse de todo el operativo que, según cálculos preliminares, costaría $2.000 millones. Pero algunos propietarios dijeron, fuera de micrófonos, que temen que la empresa no de la cara.

En ese caso, y una vez declarado el riesgo, el único camino que le quedaría a la Alcaldía sería buscar un mecanismo legal para llevar a cabo la demolición y trasladarle ese costo al constructor. “Lo que no queremos es que vaya a verse comprometida la tenencia del lote. Que quede claro que aquí nosotros somos las víctimas”.

Como en anteriores publicaciones, EL COLOMBIANO buscó la opinión de Gabriel Jaime Ruiz, representante de la constructora, pero no obtuvo respuesta ni en la empresa ni en el celular ..

 

En definitiva

Uno de los 15 edificios enfermos del Valle de Aburrá está ad portas de ser demolido. Los estudios entregados por el constructor evidenciaron que está en riesgo de colapso inminente.

 

Contexto de la Noticia

 

Paréntesis

El drama de los propietarios

Una vez finalizó la audiencia, los copropietarios se reunieron para cuestionar de nuevo la ausencia del constructor. “¿Será que antes de que tumben el edificio, nos dejan entrar a sacar el calentador a gas y la estufa? Mire que eso vale plata”, dijo una de las señoras presentes.

La administradora del edificio respondió que su queja junto con la petición de exención del impuesto predial se radicará hoy ante la Alcaldía.

 

 

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Vanesa Restrepo / El Colombiano

Página Web -2018/11/07

Fuente: http://www.elcolombiano.com/

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640 familias pasarán de vivir DE  zona de invasión a hogares formales y con servicios básicos.

Deisy González es madre cabeza de familia. Llego de Chaparral, Tolima, a Bogotá hace siete años en busca de un mejor futuro para sus hijos, en especial para María, su niña de 20 años que es invidente. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a una situación que no le dejó otra opción: construir su casa en Caracolí, una zona de alto riesgo, al sur de la ciudad.

“El papá de mis hijos se fue, y a mí no me alcanza para pagar un arriendo. Vivía en una casa por aquí cerca pero llegó el día en que no pude pagar más. Comencé a buscar una casita, para que me la arrendaran bien económica, y no encontré nada. Entonces, empecé a caminar por el barrio y me di cuenta que había un lote en donde habían tumbado unas casas hacía poco. Era feo, había mucha basura, perros muertos, el olor era terrible pero no podía hacer nada más porque no tenía dinero. Decidí empezar a construir aquí”, cuenta.

Deisy se dedica al reciclaje. Tiene ocho hijos: cuatro que ya “están grandes, se casaron y se fueron de la casa” y otros cuatro que viven con ella. Ya es abuela y su nieta, de apenas cuatro meses, también vive allí. Además, cinco perros y dos gatos también hacen parte de la familia.

Para poder llegar a su casa hay que caminar 20 minutos desde el centro del barrio. El trayecto de 45 grados de inclinación o un poco más, hace que hasta los residentes, que suben a diario, se fatiguen.

González vive en un palacio, que aunque es de latas y cemento, tiene una particularidad: el panorama de la ciudad es inigualable. Tres alcobas con vista VIP de los cerros orientales y el centro de Bogotá, una cocina pequeña con un bombillo de luz amarilla colgando en la mitad y un patio de ropas con una vista de ensueño, son su hogar.

Al igual que Deisy,  cientos de familias más, viven en este sector. Caracolí es un barrio al que no es fácil llegar y en el que es muy sencillo perderse. Está ubicado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Tiene casas de colores, calles empinadas y una gran problemática: Más de 600 familias se encuentran en riesgo debido a que construyeron sus casas en un terreno del Distrito y que fue tomado sin ningún aviso (invasión).

Por la inclinación del terreno, un deslizamiento, puede desaparecer estas construcciones. Además, no cuentan con estudios sísmicos ni servicios básicos; La situación es complicada: si las familias no se van lo pueden perder todo, pero, estas casas son lo único que tienen.

Aunque el panorama parece desalentador, el pasado 8 de octubre Deisy González y otras 640 familias sintieron que había la posibilidad de cambiar esta situación. La secretaria Distrital de Hábitat, a través de la Caja de Vivienda Popular anunció que en el barrio, las familias serían reubicadas para garantizar que no se presente una tragedia.

Miller Castillo, director de reasentamientos humanos de la Caja de Vivienda Popular, aseguró que Bogotá es la primera capital de América Latina en hacer una reubicación como prevención, y no, luego de que se presenta la emergencia. Añadió, que “La idea es poder llegar a todos estos hogares, hacerle la oferta institucional que tiene la administración distrital en el sentido de que se hagan participes y acepten la oferta que tenemos de relocalización transitoria y relocalización definitiva”.

La oferta de la que Castillo habla, consiste en un servicio de reubicación en la cual, las personas del barrio dejan sus hogares y miran la opción de adquirir una nueva vivienda a través de los proyectos de urbanización que tiene la entidad. Se deciden por alguno y aceptan entrar a hacer parte de estas viviendas de interés social.

Las razones para hacer la reubicación de estas familias, según Castillo, son: “primero, por qué las condiciones sanitarias que tiene ese sector son bastante álgidas. No tiene servicios públicos oficiales y porque la pendiente del terreno donde se encuentra ubicado es superior al 45 por ciento y la zona está determinada como zona de alto riesgo”.

Mientras que estas familias son reubicadas, en sus hogares finales, la entidad les paga el arriendo por aproximadamente un año, y al final, sólo deben pagar 80.000 pesos para hacer los trámites de escrituración de la nueva vivienda.

El proceso para postularse, y que ya lleva un mes en curso, ha recibido hasta el momento 467 postulaciones de las familias residentes en la zona.

Deisy insiste en que, aunque algunos de sus vecinos se niegan a abandonar el sector y dejar sus casas por miedo a que les incumplan, ella no tiene a quién más acudir. “Yo decidí postularme a este proyecto porque quiero lo mejor para mis hijos. Quiero que me den una nueva vivienda y no seguir viviendo como lo estamos haciendo ahora, aunque es de latica y mi casa es muy cómoda debo hacer lo mejor por ellos”.

Según la Caja de Vivienda Popular, se espera que para finales de este mes se dé inicio a la reubicación temporal de las 640 familias. La entrega de los nuevos hogares sería en noviembre de 2019.

 

 

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Bogotá / El Tiempo

Página Web -2018/11/06

Fuente: https://www.eltiempo.com/

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En Caracolí, un pueblo de 4.600 habitantes situado en el Magdalena Medio antioqueño, la quebrada La Reina se desbordó esta mañana, como consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en esa localidad durante los últimos ocho días.

“La gente estaba preparada y, por ello, no se registraron ni pérdidas humanas ni daños materiales”, le dijo a EL COLOMBIANO Luis Emilio Giraldo, mandatario local.

El alcalde fue categórico en señalar que esta emergencia nada tiene que ver la situación vivida en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en donde ayer comenzó a operar la primera compuerta, vertiendo al río Cauca parte del embalse represado. Todo, anotó, se debe al crudo invierno.

“El desbordamiento de La Reina ocurrió a las 9:00 a.m. pero la gente ya estaba muy al tanto, gracias al sistema de alertas que manejamos y a los simulacros de emergencias que hemos realizado”.

La semana pasada, agregó el alcalde, Caracolí se vio afectado por el desbordamiento de La Reina y del río Nus. En esa oportunidad se inundaron cinco barrios. En total, 170 personas, de 60 familias, perdieron desde sus colchones hasta sus mercados, por lo cual recibieron ayuda de la municipalidad.

Uno de esos mismos cinco barrios, Arenales, se inundó hoy, precisó Giraldo.

Héctor Daza, quien tiene familiares en Caracolí y le suministró a EL COLOMBIANO fotos de las inundaciones en su pueblo, señaló que ademas de este fenómeno “el municipio está con rotos por todas partes, porque con unos trabajos de cuestionable calidad se viene cambiando el alcantarillado”.

 

 

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Germán Jiménez Morales / El Colombiano

Página Web -2018/11/05

Fuente: http://www.elcolombiano.com/

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Más de 20 viviendas, 11 puentes y vías terciarias fueron afectadas por creciente súbita del río.

 

Las autoridades trabajan en la atención de la emergencia que viven desde el pasado primero de noviembre los habitantes de Cañasgordas (Occidente de Antioquia), luego de que una creciente súbita del río Sucio causara daños en 11 puentes, más de 20 viviendas y casi todas las vías terciarias.

Una comisión técnica del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), en cabeza de la directora Juliana Palacio, llegó este lunes festivo al municipio para analizar la situación y emprender las acciones necesarias.

La funcionaria explicó que la emergencia invernal afectó varios sitios del municipio, tanto de zonas rurales como urbanas. También dijo que el Dapard se reunió con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y analizaron los daños que la emergencia invernal causó en la infraestructura.

"La primera solución que vamos a hacer es la reconstrucción de los puentes que la avenida torrencial se llevó, luego vamos a mirar el registro único de damnificados para llegar con la ayuda humanitaria que requieran", explicó Palacio.

Entre tanto, Margarita Lopera, alcaldesa del municipio, indicó que aún quedan varias vías terciarias cerradas y que en este momento están incomunicados un corregimiento y una vereda. Añadió que en algunos puntos están trabajando con la maquinaria que opera en el túnel del Toyo.

 

 

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Medellín / El Tiempo

Página Web -2018/11/05

Fuente: https://www.eltiempo.com/

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