Un convenio entre Metrovivienda y la ERU, empresas del Distrito que dirige la misma persona, establece que ambas tendrán prelación entre sí para contratar obras que tienen prohibido ejecutar directamente. No es claro en qué proyectos la aplicarán.
A menos de ocho meses de terminar esta administración, la Alcaldía busca pisar el acelerador en una de sus políticas más atrasadas: la de vivienda de interés social. Una de las estrategias con que pretende lograrlo quedó escrita en un convenio que firmaron el pasado 7 de abril la Empresa de Renovación Urbana (ERU) y Metrovivienda, empresas del Distrito que son claves en este campo. Sin embargo, hay elementos que generan inquietudes: por un lado, se establece que ambas entidades tendrán prelación entre sí para contratar obras que tienen prohibido ejecutar directamente; por otro, las dos tienen como gerente al mismo funcionario: Nicolás Corso.
Metrovivienda promueve la construcción de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). A su cargo tiene una veintena de proyectos, entre ellos las VIP en el Chicó y la Plaza de la Hoja. La ERU, por su parte, coordina acciones para proyectos de recuperación de sectores deteriorados. Entre sus apuestas están los núcleos comerciales Estación Central y San Victorino.
El objeto del convenio es “aunar esfuerzos para coordinar las obras de urbanismo y construcción que requieran la ERU y Metrovivienda para el cumplimiento de sus objetos sociales”. Una cooperación que parece necesaria entre entidades importantes en la política de vivienda de la ciudad. El Espectador, sin embargo, se topó con cierto hermetismo a la hora de indagar por los proyectos en los cuales aplicarán el convenio, que regirá por dos años.
De Metrovivienda respondieron, por escrito, lo siguiente: “El convenio no compromete recursos y busca mejorar la eficiencia en ejecución en renovación urbana y habilitación de suelo para VIP y VIS”. Al pedir más detalles indicaron: “Esa es la respuesta”.
Así que el alcance puntual, por lo pronto, no es claro, aunque llaman la atención los documentos que soportan el convenio. En los estudios previos de la ERU se aclara que esta entidad “tiene taxativamente prohibido desarrollar obras de urbanismo de forma directa”. A su vez, Metrovivienda “tiene taxativamente prohibida la construcción de viviendas”. La restricción rige desde la creación de las entidades en 1998 y 1999.
No obstante, se indica que, dadas esas limitaciones, con el convenio se buscará que ambas empresas “tengan entre sí prelación al momento de contratar las obras que les ha sido prohibido ejecutar de manera directa”. Este objetivo lo refuerzan las cláusulas del convenio en las que se indica que las dos entidades podrán contratar entre sí las obras de construcción y urbanismo, de tal forma que la ERU desarrolle obras a través de Metrovivienda y viceversa, siempre en proyectos de VIP y VIS. Eso es algo que antes no ocurría.
Dos fuentes que conocen la administración y aceptaron dar un concepto sin que sus nombres fueran publicados plantearon dudas. Una exsecretaria de despacho indica: “Según las normas, estas entidades tienen funciones de regulación, reglamentación y dirección, no de ejecución de obras. En estos términos, no pueden poner reglas para entrar en ese terreno”. Por su parte, un abogado especialista en derecho administrativo agrega: “Las entidades públicas pueden hacer convenios de cooperación, pero en el ámbito de sus competencias. Sólo pueden hacer lo que expresamente les autorice la ley, y ese no es este caso”.
Mención aparte merece otro aspecto: Metrovivienda y la ERU tienen el mismo gerente, Nicolás Corso, quien ocupa ese cargo como titular en la primera y como encargado en la segunda. Firmó el convenio a nombre de la ERU, y por Metrovivienda delegó a la directora administrativa de esta entidad, Doris Nancy Alvis Palma. El abogado consultado explica que, a pesar de la delegación que hizo Corso, “se trata de un convenio consigo mismo”, algo en lo que coincide la exsecretaria. La inquietud también se le planteó a Metrovivienda, pero allí se negaron a responder.
El Espectador consultó a la Secretaría de Hábitat sobre los alcances del convenio. Después de estudiarlo, desde la oficina jurídica respondieron que compartían “la suma de competencias” entre la ERU y Metrovivienda y que el documento “goza de presunción de legalidad”. Reiteraron que el objetivo es la “celeridad en la ejecución de los proyectos”. Al consultarles por las cláusulas que se refieren a la habilitación para que una empresa ejecute las obras que la otra requiera, indicaron que no tenían más que decir.
Lo cierto es que la medida se suma a otras lanzadas en el último año de gobierno. El alcalde Gustavo Petro firmó en abril el decreto para incentivar la construcción de viviendas VIP en el centro, poniendo a disposición el 20% del suelo útil en predios no urbanizados y de renovación urbana.
Mejorar la gestión en vivienda es imperioso. El Distrito ya admitió que incumplirá con las 70.000 VIP prometidas en el Plan de Desarrollo, aunque resalta los logros (ver gráfico), sobre todo por el énfasis que ha hecho en que la población más vulnerable, como las víctimas del conflicto, sea la beneficiada.
Reglamentada la oferta de vivienda en arriendo
El alcalde Gustavo Petro y la secretaria de Hábitat, Helga María Rivas, firmaron el 4 de mayo pasado un decreto por medio del que reglamentan “la generación de oferta de vivienda, en ubicación temporal o en arriendo, para la población vulnerable”. Dicha Secretaría queda con la función de promover la formulación de estos proyectos, que pueden ser para reutilizar estructuras, remodelación de edificaciones, construcción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda; además, proyectos que planteen soluciones habitacionales integrales. Pueden ser de iniciativa pública o público-privada. Incluso las entidades distritales podrán proponer el desarrollo de proyectos de este tipo en bienes que hayan adquirido para cumplir con sus funciones.
La principal consideración detrás de esta política es que “el acceso a la vivienda digna no se refiere exclusivamente a la financiación de la propiedad”. La población beneficiada debe ser vulnerable, incluidas las víctimas del conflicto armado.
REDACCIÓN BOGOTÁ / El Espectador
Página Web – 2015/05/16
Fuente: http://www.elespectador.com
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